Dar el ejemplo

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La imperiosa necesidad de mostrar resultados positivos ante un problema medular como el déficit fiscal, obligó al gobierno de Mauricio Macri a desplegar una serie de medidas para bajar el gasto público. El ajuste prometido busca el objetivo de ser “ejemplificador” desde la política, aunque con resultados impredecibles.
El achique del gasto político es siempre bienvenido y reclamado por la sociedad que paga los costos. Sin embargo, no parece ser más que una reacción impulsada por el escándalo que protagonizó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien fue premiado con la confianza presidencial y del gabinete.
El objetivo de fondo parece ser no solo achicar gastos, sino marcar pautas en las negociaciones salariales, claves en la inflación anual y en la contención del gasto del Estado.
Macri prometió reducir la planta política, lo que equivale a un 25 por ciento del presupuesto de la política en el Poder Ejecutivo. Aunque suene igual, no es el mismo 25 por ciento que aumentó la planta del Estado desde que él mismo tomó el timón del Gobierno.
También congelará salarios de los funcionarios de primera línea y despedirá a los familiares directos de los ministros que fueron incorporados en los últimos dos años. Con esto, pretende ahorrar 1.500 millones de pesos al año, el equivalente al 0,034 del gasto público en 2018. Una gota en el mar, según economistas consultados por Economis, incluidos los más liberales.
De acuerdo a los anuncios del Presidente, se desprende que las medidas no cambiarán radicalmente el escenario. Terminar con el nepotismo es una meta utópica, pero si se trata de “gestos”, mejor hubiera sido no potenciarlo en los últimos dos años.  La promesa solo alcanza a familiares directos de ministros, cuando hay cuñados, primos, suegros y novias, además de varios Ceos sin cartera que también tienen a sus más cercanos como colaboradores.  
Si se saca de encima a los familiares de los ministros, -la familia de Jorge Triaca es una de las más numerosas con sueldo del Estado- serán apenas un puñado en comparación a la estructura aumentada con ministerios, secretarías y direcciones varias de nombres extensos e insólitos. Tampoco se dice nada de amigos y entenados, que sí pueden ser nombrados. Si habrá ajuste, pasará por otro lado. Temen los empleados públicos, que será en su salario que, si no congelado, tendrá mínimas correcciones.
“La austeridad tiene que partir de la política. La política no debe tener ventajas excepcionales, insisto, debe ser un ejemplo de austeridad”, presionó Macri. 
“Por primera vez en 100 años se dio de manera simultánea que bajó el déficit fiscal, bajó el gasto, bajó la inflación y bajaron los impuestos, y todo esto con la economía creciendo; esto no pasó en 100 años”, se envalentonó el Presidente.
Para sostener el nivel de optimismo, para el Gobierno es vital predicar con el ejemplo. La “baja del gasto político” es mostrar austeridad en momentos en que se inician las negociaciones salariales con un techo tácito del quince por ciento. El límite no es aceptado por el sindicalismo. Los gremios advierten que no sólo se pierde poder adquisitivo en referencia al año pasado, sino que la inflación de este año puede ser igual o superior a la de 2017.
Juan José Aranguren, el ministro del Excel, ya ajusta hacia arriba los tarifazos de gas y electricidad, porque sus cálculos fueron hechos en base a un dólar de 19,30 y ya en estos días, coquetea con los 20 pesos. La paradoja es que el propio Aranguren ató el precio de los combustibles al valor dólar, que se disparó por las metas “recalibradas” del equipo económico para inyectar un poco de optimismo a una economía deprimida por las altas tasas que impone Federico Sturzenegger desde el Banco Central. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Según los especialistas del mercado energético, el costo mayorista de la electricidad fue proyectado en u$s 74,8 por MWh para 2018, a una tasa de cambio de 19,30 pesos por dólar, lo que representaba 1440 pesos por MWh. Con la moneda estadounidense a 20, el precio se acerca a 1500 pesos por MWh, cuatro por ciento más que la anterior estimación y 20 por ciento más que en 2017 (1250 pesos por  MWh).
En la cartera de energía admiten que aún faltan “correcciones” de entre el 25 y 30 por ciento en la electricidad y de hasta el 50 por ciento en el gas.
Las subas tienen correlato en el bolsillo del consumidor y generan efectos políticos diversos. Emsa es el ejemplo local del desquicio de las tarifas. A los aumentos nacionales se sumaron actualizaciones locales que son difíciles de entender cuando se traducen en las boletas. Emsa aduce que obedecen a la quita de subsidios y a los cambios en las tarifas sociales que aplicó la Nación.
La oposición, encarnada por la versión local de Cambiemos, pide que bajen las tarifas y denuncia a la empresa local por el golpe al bolsillo con los mismos argumentos con los que en el país se cuestionan los tarifazos de Aranguren. Cambiemos insiste en que se respete una audiencia pública a la que no fue convocada Misiones.   
Del otro lado, una multisectorial conformada por Derechos Humanos, los diputados provinciales Roque Gervasoni y Martín Sereno, representantes de EMSA, referentes barriales, funcionarios de organismos provinciales y de la Municipalidad de Posadas, así como el equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, presentó un amparo en la Justicia para frenar los aumentos nacionales. El defensor del Pueblo, Alberto Penayo resaltó que el consumo de energía “no es algo suntuoso en nuestra provincia por las altas temperaturas que se registran, por lo que esta decisión de la Nación nos impacta negativamente sin que se reconozca nuestra particular situación de dependencia de la energía eléctrica”. El mismo parámetro se utiliza en las otras provincias del norte que están padeciendo los mismos ajustes.
Otra medida anunciada por el propio Macri es una reforma al sistema de becas del plan Progresar, que dejará de depender de la Anses para integrarse al presupuesto de Educación. Ya no será un programa de acceso universal para quienes quieran culminar sus estudios en las distintas etapas de escolaridad, sino que tendrá condiciones más exigentes para renovar el beneficio.
Los cambios pegan de lleno en una población como la de Misiones, donde gracias al Progresar se logró recuperar y aumentar la población educativa, especialmente en los niveles medios y superiores.  
El año pasado fueron becados 44.197 jóvenes con un impacto económico anual de 330.452.100 pesos. Si bien en mayo se produjo una baja significativa en la cantidad de beneficiarios, que fueron excluidos por la implementación de un nuevo sistema en el Ministerio de Educación de la Nación, lo que redujo a poco más de 16 mil becados; la persistencia del equipo provincial llevó a que se cierre el año con 44.197. Del total que culminaron el 2017, el 0,1 % continúa sus estudios en Educación Especial, el 14 % en Formación Profesional, el 2 % realiza la terminalidad del primario, el 36 % del secundario y el 48 % está en el terciario o universitario.
La idea de volver a premiar a quienes tienen mejores resultados, es resistida por los pedagogos, ya que  los beneficiarios son jóvenes que no solamente estudian, y que deberán ahora mantener un ritmo de estudio igual que los chicos de clase media y alta, cuyos proyectos de vida están pensados solo para estudiar en esta etapa de sus vidas. Por eso, hay temor de que aumente la tasa de abandono en el nivel superior.
Estos chicos que ahora necesitan al Estado son los que nacieron en la Argentina de la crisis de 2001, mal alimentados, con familias totalmente desmanteladas, una triste realidad que rápidamente olvidamos todos. Siento que la sociedad los ubica en el casillero equivocado, no creo que sean los “vagos ni ni”, confesó, desesperanzada una docente vinculada al programa.

Está claro que los objetivos perseguidos son los correctos. Austeridad en la política, ahorro de los recursos públicos y un Estado en el que no sobre personal.
El Estado misionero es uno de los pocos que va en línea con esa idea. Es la cuarta provincia con menor cantidad de empleados públicos por habitante y recién asumido, el gobernador Hugo Passalacqua congeló los ingresos a la planta política. Solo se pueden sumar docentes, policías y médicos, en las áreas esenciales del Estado.
Misiones además, en un lote minúsculo de provincias, logró el año pasado una mejora sustancial en el resultado económico que será superavitario en un importe cercano a los 2.500 millones de pesos, debido a que los recursos corrientes se incrementaron en un diez por ciento por encima de los gastos corrientes, al mismo tiempo en que creció exponencialmente la inversión en obra pública.
Según un informe oficial de la secretaría de Hacienda, se estima que el gasto en capital consolidado de Misiones en 2017 cerrará en 8.408 millones de pesos lo que representa un incremento del 41 por ciento (+2.449 millones) con respecto a 2016, cuando se alcanzaron los 5.959 millones.
La ejecución de la obra pública superó holgadamente la inflación, y se observa que en términos reales (es decir, eliminando el efecto de la inflación), la obra pública creció por encima de 14 por ciento.
Este aumento de la obra pública se observa tanto en aquellas financiadas con rentas generales de la Provincia como aquellas financiadas con recursos federales, de modo que este dato no es menor: la obra pública mejoró su ritmo tanto porque la Nación mejoró el envío de remesas para obras públicas ejecutadas por la Provincia (+43%) como porque también las obras financiadas con rentas generales de la provincia también recibieron más fondos (+39%).
La política de Estado de Misiones se caracteriza por una participación importante en el nivel de gasto de capital. Por ejemplo, en promedio para los últimos cinco años fue equivalente al 24,62 por ciento del total de las erogaciones del presupuesto. Este número supera de manera relevante al promedio de las 24 restantes jurisdicciones en  el periodo comprendido entre el año 2013 al primer semestre de 2017 (último dato publicado por Ministerio de Hacienda de la Nación), que en cuyo caso ese promedio fue solo de 13,33 %.
La noticia es excelente porque coloca a Misiones en un lote de pocos. Hay provincias con los sueldos a estatales atrasados o en cuotas y que se financian con endeudamiento o asistencias extraordinarias del Estado nacional, como ATNs o adelantos de Coparticipación. En Misiones, sin estridencias, se predica con el ejemplo.
      

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Preocupación en los gremios estatales por el pago escalonado en varias provincias

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Mientras en Misiones las negociaciones salariales y de condición docente siguieron adelante durante el receso de verano, en otras provincias el panorama es desalentador para los gremios.
En Mendoza, los docentes no recibirán aumento hasta que no acepten una suba promedio del 15 por ciento en tres etapas. Los demás gremios estatales aceptaron ese techo en tres tramos: enero, junio y noviembre. Pero los docentes quieren un aumento que empate la inflación o por lo menos llegue al 20 por ciento.
Sin embargo, el gobernador radical Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional, advirtió que ningún estatal cobrará por encima de ese techo y en esas condiciones.  
En paralelo, en Río Negro, donde gobierna Alberto Weretilneck, un difuso aliado nacional, se pagarán los sueldos en forma escalonada y desde el 2 de febrero. Con la acreditación de los salarios de la totalidad del sector docente, se iniciará el viernes el cronograma de pago de sueldos de enero a los trabajadores de la Administración Pública Provincial.
El pago de salarios continuará el lunes 5 con los empleados de la Policía, mientras que el martes 6 se abonarán los sueldos del personal de Salud Pública.
El miércoles 7 cobrará sus haberes la totalidad de los agentes nucleados en la Ley 1844, porteros y Pensiones de Bomberos Voluntarios.
El pago de sueldos finalizará el jueves 8 con los Poderes Legislativo y Judicial y Organismos de Control.
En Misiones, en cambio, los salarios se pagan en tiempo y forma y en el sector docente, la Provincia asume desde este año el 50 por ciento del adicional compensador que la Nación pagaba para los sueldos que no alcanzaban el promedio nacional. De todos modos, al no existir paritaria nacional, las negociaciones salariales corren por cuenta de los acuerdos que puedan alcanzar gremios y el Gobierno provincial. Las negociaciones continuarán en los próximos días.
 

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Moyano: “Si voy preso, que sea en la celda de al lado de padre de Macri”

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Dispuesto a confrontar como nunca antes con el presidente Mauricio Macri, Hugo Moyano se defendió hoy de las causas judiciales que se amontonan en su contra y dijo que “el Gobierno cree que se puede llevar a todo el mundo por delante”.

El jefe de los camioneros, a quien lo investigan por lavado de dinero y otras presuntas irregularidades vinculadas al gremio y al club Independiente, ironizó cuando lo consultaron si temía ir a la cárcel. “Si voy preso, que sea en la celda de al lado del padre de Macri”, dijo en una entrevista televisiva en Crónica.
Moyano reconoció que no habla con Macri desde hace dos meses y fue crítico del rumbo económico. “La inflación va a superar el 20 por ciento y quieren imponer el 15”, señaló con respecto a las negociaciones paritarias.

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Paritarias: Gobierno hurga en letra chica para forzar pauta del 15%

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El sostén de una pauta de 15% para los aumentos salariales de este año llevó al Gobierno a revisar la letra chica de los Convenios Colectivos de Trabajo. En ese afán el Ministerio de Trabajo le hizo saber a la Asociación Bancaria, un gremio que ya arrancó su paritaria y puede convertirse en faro para el resto, que de no allanarse a ese tope podrá perder algunas prerrogativas como la percepción de la cuota solidaria del 1% sobre los sueldos de cada empleado del sector financiero. Se trata de un ítem clave para el sindicalismo tradicional, con muchas organizaciones que retienen desde un 0,5% hasta el 4% por cada trabajador no afiliado al gremio en acuerdo con las respectivas cámaras empresarias.
La contribución que cada año renueva el sindicato a cargo de Sergio Palazzo figura en los acuerdos del sector desde los tiempos de su antecesor, Juan José Zanola, y mereció objeciones judiciales con algunos fallos contrarios que se aplicaron a cada caso particular. El instrumento también llegó a juicio en otros casos e incluso la Corte Suprema, en 2014 ante una demanda contra el sindicato de la industria de la pintura, falló en el sentido de poner un límite a la capacidad pactarlos por parte de empleadores y gremialistas.
Por la cuota vigente en La Bancaria hubo esta semana una reunión reservada entre Palazzo y el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau. El dirigente había sido anoticiado por los banqueros de la posibilidad del fin de la contribución solidaria con el cumplimiento del plazo del acuerdo paritario del año pasado, el 31 de diciembre. Fue una novedad para el gremialista, que cada año volvía a incorporar casi de manera automática esa retención de 1 por ciento.
Para la cartera laboral, en dificultades para encarrilar las paritarias de este año en la pauta oficial y más aún desde el escándalo que salpica al ministro Jorge Triaca, representó un elemento nuevo de presión hacia Palazzo. La discusión quedó pendiente pero el dirigente, que reclama para este año una suba de al menos 15% más la posibilidad de instauración de una cláusula gatillo por eventuales disparadas inflacionarias (la herramienta que promocionó el año pasado el Ejecutivo y que en este caso planea erradicar) supo que de no hacer concesiones podría perder validez la cuota solidaria en su gremio.
La contribución representa un ingreso determinante para gran cantidad de sindicatos. Se aplica, a pesar de su denominación, de manera forzosa a todos los no afiliados al gremio bajo la presunción de que a pesar de no formar parte de esa organización cada uno percibe de igual modo los beneficios de la gestión salarial de cada año. Como suele suceder en el fuero laboral hubo fallos en uno y otro sentido pero las organizaciones mantuvieron intacta su percepción.
Por tratarse de una erogación de cada trabajador no implica un gasto extra para el empleador, que actúa sólo como agente de retención. En ese sentido terminó por convertirse en un elemento clave para las paritarias al garantizar un ingreso al sindicato adicional al aporte de los afiliados y al correspondiente por ley para la obra social. De hecho en las cámaras patronales también existen cuotas forzosas que cobran de sus asociados en función de sus nóminas de trabajadores, como en el caso de la metalúrgica Adimra con las firmas de la actividad. Entre los casos paradigmáticos de vigencia de las cuotas solidarias figura el de Camioneros, el sindicato de Hugo Moyano, que percibe de cada chofer un 3% descontado de su sueldo por ese concepto, que se suma a otros ítems no presentes en general en los Convenios Colectivos de Trabajo como un aporte de 1,5% en concepto de seguro de sepelio. También se benefician de este tipo de contribuciones forzosas de los no afiliados otros sindicatos como la Unión Tranviarios Automotor (UTA, 1%) o el gremio de los empleados de entidades civiles y deportivas (Utedyc, 2%), mientras que Comercio, de Armando Cavalieri, logró años atrás incorporar un descuento por un monto que en la actualidad es de $100 por cada empleado mercantil aunque con destino a la obra social Osecac. Otros sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pactaron un descuento por cada operario pero que debe pagar el empleador. (Ambito)

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Para el Gobierno, paritarias del 15% “recomponen salarios y pueden ser pagadas por los empleadores”

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Mientras los Gremios rechazan techo a paritarias del 15% impuesto por el Gobierno. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó que el Gobierno pretende que las paritarias fijen este año aumentos salariales del 15%, un porcentaje que, a su criterio, permite “recomponer salarios” y “puede ser pagado” por los empleadores. “El 15% es un reflejo claro de la recomposición salarial y de lo que puede ser pagado por los empleadores”, sostuvo el funcionario.
Triaca indicó, en declaraciones radiales, que “durante los últimos años trabajamos para bajar la inflación. Y también, en el marco de paritarias, trabajamos con los empresarios y los trabajadores para que los empresarios puedan hacer ofertas que puedan pagar y los trabajadores puedan recomponer sus salarios”.
“Ese es el marco de negociación general en la que hemos trabajado”, enfatizó el ministro, quien señaló además que para este año “tenemos un cambio de meta de inflación y apuntamos a esas metas”. 
Por ese motivo, comentó: “creemos que la economía va a apuntar a esos cambios de metas de inflación” que, según el Gobierno, será del 15% en 2018.
Triaca sostuvo que “el cierre promedio de la inflación en 2016 fue del 37%. El número bajó en 2017 y estuvo en alrededor del 22,5% promedio. Ahora, se van a aplicar las cláusulas gatillo en aquellos convenios que hayan superado la inflación anual, que fue del 24,8%. La inflación baja de manera sostenida”.
También, consideró que las paritarias “son procesos donde van habiendo distintas negociaciones para ver cómo se recompone el poder adquisitivo el salario y cuánto pueden pagar los empleadores”.
“Por eso, habiendo modificado las metas de inflación, estamos mucho más cerca de saber cómo va a ser el proceso inflacionario”, concluyó el jefe de la cartera laboral.
La intención oficial de cerrar paritarias en el 15% ya encuentra resistencia en distintos sindicatos, que la consideran insuficiente. En 2017, la Casa Rosada pretendió aumentos salariales que no superaran el 17%, pero la mayoría de los gremios acordó subas de entre 18 y el 21%.

Gremios rechazan techo a paritarias del 15% impuesto por el Gobierno

Luego de las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras la primera reunión de ministros del año, los gremios salieron a cuestionar el techo paritario del 15% impuesto por el Gobierno.
Vamos a trabajar en el marco de las paritarias libres para, sin perjudicar al trabajador en su salario real, lograr comprometernos todos con esta búsqueda de la meta del 15%“, dijo el funcionario en una conferencia de prensa que brindó en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada.
En este marco, las primeras respuestas del sector gremial no se hicieron esperar. María Laura Torre, secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), exigió al Gobierno que convoque a paritarias y dijo que ese gremio rechaza el 15% y quiere cláusula gatillo.
En 2017 tuvimos en salario efectivo 27% y salario consolidado 24%“, dijo la sindicalista al tiempo que señaló que “algunos economistas prevén una inflación superior al 20%”.
En la misma línea expresaron su preocupación los gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid y Omar Maturano, quienes denunciaron un intento del Gobierno “de avanzar” sobre el movimiento obrero.
En un encuentro que llevaron a cabo en la sede nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, los voceros de ese sindicato afirmaron que “las negociaciones paritarias serán todo un tema”. “Nadie garantiza que se cumpla la pauta inflacionaria anual del 15%, como no ocurrió en 2017. Además, es inaceptable que se procure eliminar la cláusula gatillo ante una eventual o real estampida. Habrá contienda y será un 2018 muy movido“, añadieron.

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