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Paritarias: Gobierno hurga en letra chica para forzar pauta del 15%

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El sostén de una pauta de 15% para los aumentos salariales de este año llevó al Gobierno a revisar la letra chica de los Convenios Colectivos de Trabajo. En ese afán el Ministerio de Trabajo le hizo saber a la Asociación Bancaria, un gremio que ya arrancó su paritaria y puede convertirse en faro para el resto, que de no allanarse a ese tope podrá perder algunas prerrogativas como la percepción de la cuota solidaria del 1% sobre los sueldos de cada empleado del sector financiero. Se trata de un ítem clave para el sindicalismo tradicional, con muchas organizaciones que retienen desde un 0,5% hasta el 4% por cada trabajador no afiliado al gremio en acuerdo con las respectivas cámaras empresarias.
La contribución que cada año renueva el sindicato a cargo de Sergio Palazzo figura en los acuerdos del sector desde los tiempos de su antecesor, Juan José Zanola, y mereció objeciones judiciales con algunos fallos contrarios que se aplicaron a cada caso particular. El instrumento también llegó a juicio en otros casos e incluso la Corte Suprema, en 2014 ante una demanda contra el sindicato de la industria de la pintura, falló en el sentido de poner un límite a la capacidad pactarlos por parte de empleadores y gremialistas.
Por la cuota vigente en La Bancaria hubo esta semana una reunión reservada entre Palazzo y el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau. El dirigente había sido anoticiado por los banqueros de la posibilidad del fin de la contribución solidaria con el cumplimiento del plazo del acuerdo paritario del año pasado, el 31 de diciembre. Fue una novedad para el gremialista, que cada año volvía a incorporar casi de manera automática esa retención de 1 por ciento.
Para la cartera laboral, en dificultades para encarrilar las paritarias de este año en la pauta oficial y más aún desde el escándalo que salpica al ministro Jorge Triaca, representó un elemento nuevo de presión hacia Palazzo. La discusión quedó pendiente pero el dirigente, que reclama para este año una suba de al menos 15% más la posibilidad de instauración de una cláusula gatillo por eventuales disparadas inflacionarias (la herramienta que promocionó el año pasado el Ejecutivo y que en este caso planea erradicar) supo que de no hacer concesiones podría perder validez la cuota solidaria en su gremio.
La contribución representa un ingreso determinante para gran cantidad de sindicatos. Se aplica, a pesar de su denominación, de manera forzosa a todos los no afiliados al gremio bajo la presunción de que a pesar de no formar parte de esa organización cada uno percibe de igual modo los beneficios de la gestión salarial de cada año. Como suele suceder en el fuero laboral hubo fallos en uno y otro sentido pero las organizaciones mantuvieron intacta su percepción.
Por tratarse de una erogación de cada trabajador no implica un gasto extra para el empleador, que actúa sólo como agente de retención. En ese sentido terminó por convertirse en un elemento clave para las paritarias al garantizar un ingreso al sindicato adicional al aporte de los afiliados y al correspondiente por ley para la obra social. De hecho en las cámaras patronales también existen cuotas forzosas que cobran de sus asociados en función de sus nóminas de trabajadores, como en el caso de la metalúrgica Adimra con las firmas de la actividad. Entre los casos paradigmáticos de vigencia de las cuotas solidarias figura el de Camioneros, el sindicato de Hugo Moyano, que percibe de cada chofer un 3% descontado de su sueldo por ese concepto, que se suma a otros ítems no presentes en general en los Convenios Colectivos de Trabajo como un aporte de 1,5% en concepto de seguro de sepelio. También se benefician de este tipo de contribuciones forzosas de los no afiliados otros sindicatos como la Unión Tranviarios Automotor (UTA, 1%) o el gremio de los empleados de entidades civiles y deportivas (Utedyc, 2%), mientras que Comercio, de Armando Cavalieri, logró años atrás incorporar un descuento por un monto que en la actualidad es de $100 por cada empleado mercantil aunque con destino a la obra social Osecac. Otros sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pactaron un descuento por cada operario pero que debe pagar el empleador. (Ambito)

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Para el Gobierno, paritarias del 15% “recomponen salarios y pueden ser pagadas por los empleadores”

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Mientras los Gremios rechazan techo a paritarias del 15% impuesto por el Gobierno. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó que el Gobierno pretende que las paritarias fijen este año aumentos salariales del 15%, un porcentaje que, a su criterio, permite “recomponer salarios” y “puede ser pagado” por los empleadores. “El 15% es un reflejo claro de la recomposición salarial y de lo que puede ser pagado por los empleadores”, sostuvo el funcionario.
Triaca indicó, en declaraciones radiales, que “durante los últimos años trabajamos para bajar la inflación. Y también, en el marco de paritarias, trabajamos con los empresarios y los trabajadores para que los empresarios puedan hacer ofertas que puedan pagar y los trabajadores puedan recomponer sus salarios”.
“Ese es el marco de negociación general en la que hemos trabajado”, enfatizó el ministro, quien señaló además que para este año “tenemos un cambio de meta de inflación y apuntamos a esas metas”. 
Por ese motivo, comentó: “creemos que la economía va a apuntar a esos cambios de metas de inflación” que, según el Gobierno, será del 15% en 2018.
Triaca sostuvo que “el cierre promedio de la inflación en 2016 fue del 37%. El número bajó en 2017 y estuvo en alrededor del 22,5% promedio. Ahora, se van a aplicar las cláusulas gatillo en aquellos convenios que hayan superado la inflación anual, que fue del 24,8%. La inflación baja de manera sostenida”.
También, consideró que las paritarias “son procesos donde van habiendo distintas negociaciones para ver cómo se recompone el poder adquisitivo el salario y cuánto pueden pagar los empleadores”.
“Por eso, habiendo modificado las metas de inflación, estamos mucho más cerca de saber cómo va a ser el proceso inflacionario”, concluyó el jefe de la cartera laboral.
La intención oficial de cerrar paritarias en el 15% ya encuentra resistencia en distintos sindicatos, que la consideran insuficiente. En 2017, la Casa Rosada pretendió aumentos salariales que no superaran el 17%, pero la mayoría de los gremios acordó subas de entre 18 y el 21%.

Gremios rechazan techo a paritarias del 15% impuesto por el Gobierno

Luego de las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras la primera reunión de ministros del año, los gremios salieron a cuestionar el techo paritario del 15% impuesto por el Gobierno.
Vamos a trabajar en el marco de las paritarias libres para, sin perjudicar al trabajador en su salario real, lograr comprometernos todos con esta búsqueda de la meta del 15%“, dijo el funcionario en una conferencia de prensa que brindó en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada.
En este marco, las primeras respuestas del sector gremial no se hicieron esperar. María Laura Torre, secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), exigió al Gobierno que convoque a paritarias y dijo que ese gremio rechaza el 15% y quiere cláusula gatillo.
En 2017 tuvimos en salario efectivo 27% y salario consolidado 24%“, dijo la sindicalista al tiempo que señaló que “algunos economistas prevén una inflación superior al 20%”.
En la misma línea expresaron su preocupación los gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid y Omar Maturano, quienes denunciaron un intento del Gobierno “de avanzar” sobre el movimiento obrero.
En un encuentro que llevaron a cabo en la sede nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, los voceros de ese sindicato afirmaron que “las negociaciones paritarias serán todo un tema”. “Nadie garantiza que se cumpla la pauta inflacionaria anual del 15%, como no ocurrió en 2017. Además, es inaceptable que se procure eliminar la cláusula gatillo ante una eventual o real estampida. Habrá contienda y será un 2018 muy movido“, añadieron.

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Barrionuevo advirtió a Macri “a los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín, y De la Rúa y no terminaron sus mandatos”

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El titular del gremio de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, envió un mensaje al gobierno nacional, en el marco de la anunciada embestida contra los gremios, especialmente los de la CGT. “A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y terminaron mal”, advirtió.
Ayer, en declaraciones al canal Todo Noticias, Barrionuevo recordó que “a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa” y que esos gobiernos “terminaron mal”. La amenaza se completó con una metáfora: “le muerden la cola al león y terminan mal”, agregó.
Para Barrionuevo “el Gobierno no encuentra el rumbo, privilegia la timba financiera y no vienen las inversiones” y pidió que “se hagan cargo y que no nos ataquen a nosotros”. En ese sentido, adelantó que “por ahora no hay reconciliación con el Ejecutivo”.
También desestimó que se vaya a acordar “techos” en las paritarias. “Yo no lo voy a hacer. Falta mucho para ponernos a negociar. Y si quieren limitar los mandatos, que pongan una fecha. ¿Cuánto más puedo durar frente a mi gremio? No hay problema con ese proyecto, que se trate en el Congreso”, remató. 
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Intimaron a 450 sindicatos a regularizar su situación

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Será bajo apercibimiento. Si no lo hacen perderán la personería gremial. El plazo deberá ser no mayor a 60 días de acuerdo a las directivas que Mauricio Macri dictó al ministro de Trabajo Jorge Triaca.

El Gobierno dará a conocer en los próximos días una resolución que intima a unos 450 gremios a regularizar su situación bajo apercibimiento de ser excluidos del registro de asociaciones sindicales.

La resolución está dirigida a unos 450 sindicatos, de un total de 3.263, que deberían regularizar su situación en un plazo no mayor a 60 días, de acuerdo a las directivas que el presidente Mauricio Macri dictó al ministro de Trabajo Jorge Triaca.

La medida, que el Gobierno consensuó con la cúpula directiva de la CGT, se encuadra dentro del proyecto de reforma laboral que hasta el momento se encuentra trabada en el Senado y luego debería pasar a Diputados.

“Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales”, determinaría textualmente la resolución en su primer punto, de acuerdo a lo publicado por un matutino porteño.

El mismo texto indica que deberá excluirse del registro “a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones periódicas establecidas en la ley 23.551”.

En el sexto considerando de la resolución se indica que “la asociación sindical que no mantenga los requisitos que le permitieron acceder al registro o que no cumpliera con los deberes impuestos (…) por un período prolongado de tiempo, pierde, por propia conducta, el derecho a integrar ese registro y por lo tanto debe ser dada de baja de dicho instrumento de control y publicidad”.

A fines de octubre el presidente Mauricio Macri había cuestionado la cantidad de sindicatos existentes en el país al señalar que más de 3.000 se encuentra registrados, pero solo 600 firman paritarias anualmente.

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Entra en vigencia la reforma laboral en Brasil

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Brasil pone en vigencia este sábado la reforma laboral impulsada por el presidente Michel Temer, a cuatro meses de su aprobación en el Congreso. La nueva legislación pone en alerta a la industria argentina, ya que las empresas perderían competitividad con sus pares brasileños. La implementación de la norma en Brasil, se da en el marco del proyecto de ley del Gobierno del presidente Mauricio Macri para una reforma laboral en el país. Mientras que la CGT puso reparos a varios artículos del proyecto, varios empresarios de alto rango se mostraron afines a la modificación.

“De aquí en adelante la economía va a seguir creciendo y vamos a recoger los frutos de la nueva ley laboral” con más empleo, afirmó Michel Temer. La reforma laboral promulgada por el mandatario entra en vigor a partir de este sábado. “La nueva ley no le va a quitar los derechos a nadie” aseguró el presidente durante una entrevista. En otro tramo del reportaje el mandatario agregó que en el futuro los empleados contarán con carteras de trabajo digitalizadas.

La norma instituyó el principio de que “lo acordado está por sobre lo legislado”, permitiendo que los pactos en cada empresa se sobrepongan a lo que fija la propia ley y los convenios colectivos. Además quedó establecida una forma de contratación más flexible a través del contrato de trabajo “intermitente” y la posibilidad de que las vacaciones sean seccionadas en tres veces. El desempleo bajó un 0,6% en septiembre, cuando fue del 12,4%, afectando a 13 millones de ciudadanos, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas.

En Argentina, el empresario Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, despertó la polémica semanas atrás con un tuit en el que se sumó al reclamo de la mayoría de los empresarios argentinos: una reforma laboral. El fundador de la cuarta empresa más grande del país, cuyo valor supera los u$s 12.000 millones, según la revista Forbes, escribió en su cuenta de Twitter: “Viendo la reforma laboral Brasilera, Argentina puede 1) imitarla, 2) salirse del Mercosur, 3) resignarse a perder millones de empleos a Brasil“.

Por su parte, Jorge Di Fiori, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Sevicios (CAC), afirmó en agosto pasado que apoya una reforma laboral aunque aclaró que “no como la de Brasil”. En ese sentido, el empresario respaldó la idea de que los empleados paguen su seguro de desempleo aunque consideró que “no es éste un buen momento para implementarlo”. Asimismo, remarcó que es el Gobierno el que debe avanzar con la reforma.

La CGT, en tanto, sostuvo respecto a la medida brasileña que “según los análisis de sindicatos y especialistas, la contrarreforma laboral afecta negativamente más de 120 aspectos individuales y colectivos que protegían las condiciones de trabajo“. Según la Confederación, la reforma contiene un listado de medidas que afectarán directamente a los empleados.

Entre las cuestiones perjudiciales para los trabajadores, la CGT mencionó que permite la negociación individual entre el patrono y el trabajador; elimina la idea de jornada de trabajo y crea el trabajo intermitente; permite el despido por común acuerdo entre empleador y trabajador; inutiliza el salario mínimo nacional y los pisos salariales por gremio y bloquea caminos que hasta ahora el trabajador tenía para reivindicar sus derechos ante la justicia laboral.

La central obrera también criticó que la reforma impulsada por Temer permite que la negociación colectiva con el patrón reduzca derechos que aún quedan en la ley, así como también admite el trabajo de mujeres embarazadas en ambientes considerados insalubres; inviabiliza la ley que reglamentó la convención sobre el trabajo doméstico y que garantizó derechos históricos a las trabajadoras del hogar; admite pago al trabajador/a por periodo trabajado, recibiendo por horas o a diario; elimina el financiamiento a los sindicatos, que era obligatorio desde los años 40; imponer la “negociación” entre el trabajador y el patrono, sin presencia del sindicato, lo que facilita la imposición de condiciones por debajo del acuerdo colectivo; facilita la contratación a destajo, por horas o por producción, con lo cual el trabajador/a está expuesto a una situación de permanente inestabilidad.

Finalmente, tras la reunión de este jueves del consejo directivo, la CGT ratificó su rechazo al proyecto de Macri, al señalar que tiene “puntos inaceptables“, por lo que pidió “importantes modificaciones” para consensuar la normativa y advirtió que el oficialismo “no tiene los votos para aprobarlo” en el Congreso.

Los dirigentes cegetistas aclararon que están de acuerdo con los cambios puntuales que venían charlando con el Ministerio de Trabajo (blanqueo laboral de trabajadores informales, formación profesional y la creación de la Agencia de Tecnología Médica), pero del proyecto integral que presentó luego el Gobierno sólo aprueban sin reparos la extensión de licencias por paternidad.

Del resto del borrador, indicaron que hay puntos que se pueden debatir pero rechazan 14 artículos que consideran “el corazón del proyecto”, es decir todo lo referido a la Ley de Contrato de Trabajo, en especial “el cambio de filosofía del trabajo como relación tutelar y que ahora trata de nivelar las asimetrías entre el empleado y el empresario”, indicó Héctor Daer.

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