Herrera Ahuad

Un corte a la insensatez

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Un acto de humillación”. “De vejación”. Cuentan que el Gobernador se enfureció cuando conoció los detalles del maltrato a cientos de misioneros durante las “auditorías” de Nación para determinar la validez de las pensiones por discapacidad. Cientos de personas en largas filas bajo el sol, sin ninguna contención, esperando ser atendidos por un grupo de jóvenes sin identificación, sin médicos y apurados por militantes libertarios enardecidos ante los reclamos. 

Las “auditorías” estuvieron repletas de irregularidades. La falta de profesionales es apenas una. El cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, Buenos Aires, denunció que le falsificaron la firma para las “constancias” entregadas, que no eran otra cosa que un papel sin sello ni membrete de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

El médico también negó un vínculo con los libertarios: “Me enteré que en Misiones incluso me quisieron vincular con La Libertad Avanza, pero yo no tengo ninguna relación con esa fuerza política”, relató el profesional al diario Clarín. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así“, afirmó. 

No exagera. Salvo en los años más oscuros de la historia, nunca hubo semejante nivel de atropello a ciudadanos por parte del poder central, acostumbrado a creer que puede mirar con menosprecio a quienes viven más allá de los límites geográficos de la capital.

Por ese cúmulo de vejámenes, Hugo Passalacqua ordenó a la Fiscalía de Estado presentar un amparo ante la Corte Suprema. “Es extremadamente importante. No es una denuncia mediática ni política. Es seria, tuvimos que recabar documentación, testimonios, etc para acreditar en una Corte nada menos. Algo serio, como amerita la barbaridad que hizo la Nación”, detalló Passalacqua. El mandatario misionero, conmovido, puso énfasis en que más allá del rumbo político, la gobernanza debe tener carácter humano. “Si se pierde eso se pierde todo”.

La demanda de Misiones ante la Corte exige el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones no contributivas por invalidez, el pago retroactivo a quienes perdieron el beneficio en los últimos meses, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia, medidas para garantizar la continuidad de las prestaciones, transparencia del proceso y respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. 

Aunque parezca el menor de los males, la falta de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad es quizás lo más grave de la situación. El desprecio por el otro. El desdén. La falta de empatía. La indolencia. Los operativos en Misiones fueron coordinados por Samantha Stekler. La delegada del PAMI y diputada electa fue la encargada de alquilar los hoteles y elegir los lugares donde se hicieron las “auditorías” que terminaron en escándalo. 

Sea del signo político que sea, el Gobierno debe estar para proteger a sus ciudadanos, no para darles la espalda ni para ahondar su vulnerabilidad. No hay Excel ni motosierra que justifique la degradación. Por eso no sorprendió que incluso los aliados votaran a favor de la ratificación de la ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Presidente. Milei se quedó en soledad en su negativa. Apenas lo acompañaron seis senadores de la LLA y una del PRO. Los senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en línea con el posicionamiento de Passalacqua. Martín Goerling Lara, que en la primera votación estuvo ausente, ahora votó a favor en contra del veto. 

No se trata de evadir controles ni auditorías, sino de respetar al otro. Sin embargo, el Gobierno parece disfrutar de llevar al extremo el avasallamiento. La irregularidad de la auditoría en Misiones no es una excepción. En otras provincias ocurrió lo mismo. Salta también reclamó ante la Corte Suprema. 

No son excepciones: el propio Presidente Javier Milei, su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sostuvieron durante meses que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores del país no existían. Esa supuesta evidencia sirvió para justificar la suspensión del envío de alimentos, mientras millones de kilos de mercadería se acumulaban en depósitos oficiales.

Sin embargo, tras un largo reclamo de la diputada nacional Natalia Zaracho y un fallo judicial favorable, el ministerio de Capital Humano reconoció oficialmente que esa auditoría nunca existió. En su lugar, sólo se realizaron verificaciones parciales y administrativas, que abarcaron apenas al 6% de los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios y sin trabajo de campo real. Es decir, no hubo auditoría en términos legales ni metodológicos.

El episodio revela una estrategia discursiva basada en un relato fabricado y amplificado por parte del aparato mediático: instalar una cifra impactante (“el 50% no existe”) para legitimar un ajuste sobre las políticas alimentarias, aunque careciera de sustento. 

Más allá de la cuestión técnica, el trasfondo es político: Milei buscó instalar un símbolo de “despilfarro y corrupción” en los sectores más vulnerables para justificar el desmantelamiento del sistema de asistencia. La revelación no solo desnuda esa maniobra, sino que también plantea interrogantes sobre los límites de la posverdad en la gestión pública.

En contraste, la realidad se empeña en contradecir el relato oficialista. Para ser un Presidente especialista en generar riqueza con o sin dinero, los resultados son bastante escasos, apenas sostenidos por la contención de la inflación, que no alcanza ante el desmoronamiento del poder adquisitivo de millones de familias. 

En julio, una familia tipo en la Argentina necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza y cubrir el costo de la canasta básica, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. La comparación entre el salario mínimo y la línea de pobreza muestra una situación incluso peor que la del año 2001, cuando el país estuvo al borde de la disolución tras el fracaso de la alianza y la década menemista. 

El deterioro también se observa en otras variables analizadas, como las jubilaciones mínimas y la desindustrialización. Cifra señala que el retroceso no puede atribuirse únicamente a coyunturas externas adversas, sino que responde también a decisiones de política económica que priorizaron la apertura comercial y la disciplina fiscal sobre el sostenimiento del aparato productivo y del mercado interno. La contracción de la industria y el deterioro de los ingresos previsionales son dos caras de una misma estrategia de ajuste. La política económica está siendo más letal que el Covid: desde noviembre de 2023 cerraron 15.564 empresas. Durante la pandemia, 15.398 bajaron las persianas

En el medio, el Gobierno acaba de romper con su promesa más firme: la libre flotación del dólar. Hace apenas unas semanas, Milei y todo el equipo económico se burlaban en un streaming de las críticas a la política económica. “¿El dólar está intervenido?”, le preguntó un inocente Alejandro Fantino. “¡¡Flotaaaa!!”, le respondieron todos entre risotadas. No flota más. Las medidas de contención indirecta del dólar se fueron desgastando y perdiendo potencia, hasta que el escándalo de las coimas de Karina dinamitó la confianza. El dólar se disparó y el temblor llegó a las acciones. El Tesoro tuvo que usar la bala de plata y no le quedó otra que intervenir en el mercado para calmar la fiebre. Con una aspirina.

En ese escenario, este domingo el gobierno enfrentará una batalla electoral clave. Buenos Aires va a las urnas para renovar su Legislatura y las encuestas anticipan que el peronismo está cinco puntos arriba de la Libertad Avanza, con diferencias más amplias en algunas secciones electorales. El cierre de campaña encabezado por Milei, en medio del escándalo por las presuntas coimas y sobreprecios que protagoniza su hermana Karina, fue una muestra del desencanto: apenas un puñado de militantes en contraste con la euforia exhibida en el escenario. Los sondeos coinciden en que LLA sumará otra derrota en las provincias, aunque los acólitos insisten en matizar que “lo que importa es octubre”. Pero más allá del resultado, la elección es clave porque lo que implica para dos que no son candidatos: el Presidente y Axel Kicillof, quien representa al “kirchnerismo muerto” que se resiste a morir. 

Misiones también piensa en octubre. Pero como nunca antes, el silencio domina la campaña. Los pintados de violeta, hacen mutis por el foro. Diego Hartfield pasó la semana tuiteando sobre el US Open. Ni una sola idea, ni una sola propuesta. Solo retuits. Del resto se sabe nada. 

Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura, quien fue uno de los primeros en cuestionar el manoseo de las pensiones, ahora marcó la cancha con el precio de la yerba mate y recordó que en 2023, cuando era gobernador se logró alcanzar los 50 centavos de dólar. Ahora vale, en el mejor de los casos, 250 pesos y hasta 180 como paga Las Marías, la yerbatera de Corrientes. Herrera Ahuad anticipó que en el Congreso volverá a pelear por la regulación del mercado yerbatero, al que definió como imperfecto, por el desequilibrio entre muchos productores y pocos compradores que controlan los precios.

Más allá de la crisis del sector primario yerbatero, Misiones exhibe datos económicos que contrastan con el deterioro nacional. Subió el empleo -108.492 puestos de acuerdo a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo- y también aumentó el número empresas empleadoras con una suba mensual de 0,9% (+83), con el agro como protagonista en ambos casos. Misiones tiene uno de cada tres empleos registrados en el NEA.

También como la principal exportadora de la región y se convirtió en la sexta provincia del país con mayor peso de manufacturas en sus exportaciones superando largamente a Corrientes y Chaco. Misiones fue la provincia con el mayor volumen de exportaciones en la región con USD 262 millones, explicando el 40,9% del total regional. Las ventas al exterior crecieron al 11,6% contra el año anterior y también mostraron importantes incrementos contra los primeros semestres de los años previos (+41,6% vs. 2023 y +20,7% contra 2022). En esta línea cabe resaltar que no solo creció contra esos años, sino que Misiones tuvo su mejor primer semestre desde el 2002.

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Volver a los 50 centavos de dólar: la meta de Herrera Ahuad para sostener la producción yerbatera

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El presidente de la Legislatura Provincial y candidato a diputado nacional, Oscar Herrera Ahuad, volvió a poner al centro de la agenda política el futuro de la cadena yerbatera. En un contexto de desregulación y vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el exgobernador recordó el antecedente alcanzado durante su gestión, cuando se logró que el kilo de hoja verde se pagara 50 centavos de dólar, un precio histórico que permitió a los productores saldar deudas, invertir en maquinaria y sostener la producción.

Herrera Ahuad cuestionó la política del gobierno nacional que eliminó las facultades regulatorias del INYM y habilitó la libre plantación. Según el dirigente misionero, esa decisión provocó un desplome del precio que perciben los productores: “La desregulación redujo drásticamente el precio de la hoja verde. Hoy se paga apenas $250, cuando debería rondar los $650 si se mantuviera la referencia de 50 centavos de dólar que conseguimos en 2023”.

En ese año, recordó, el laudo oficial fijado por el Ministerio de Agricultura (resolución 107/23) llevó el precio a un equivalente de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde. “Ese valor permitió que miles de productores cancelaran deudas y reinvirtieran en sus chacras. Incluso los más críticos terminaron admitiendo que fue un punto de inflexión para la economía yerbatera”, remarcó.

El impacto en los productores

Los números reflejan el deterioro: en 2023 el precio llegó a $370 (0,58 dólares), mientras que en 2025 apenas alcanza los $250, menos de la mitad de lo que debería ser. “El libre mercado benefició a los grandes molinos, pero no al consumidor ni al productor. La brecha entre el origen y la góndola se amplió y el pequeño productor quedó relegado”, señaló.

Herrera Ahuad subrayó que la teoría del mercado libre no se cumple en este sector: “Hoy la producción cae un 25% por efecto del clima y las ventas suben un 15%. En un mercado perfecto, el precio debería subir. Sin embargo, al productor le pagan menos, mientras el precio en góndola se mantiene o aumenta. Esto demuestra que la yerba mate es un mercado imperfecto, que necesita regulación para distribuir las ganancias de manera equitativa”.

En plena campaña, el debate yerbatero se convirtió en un eje electoral. Mientras los liberales defienden la continuidad de la desregulación y la competencia como único regulador de precios, otros sectores –con Herrera Ahuad como vocero más visible– reclaman una intervención pública que garantice un precio sostén en dólares.

El candidato propone reinstalar el INYM con facultades plenas para fijar precios mínimos, actualizar la referencia semestralmente y explorar mecanismos de financiamiento y modernización productiva. También destacó la importancia de abrir mercados externos, recordando la reciente exportación de una cooperativa misionera a la India como ejemplo de la necesidad de diversificar destinos.

Para Herrera Ahuad, la meta es clara: “Volver a los 50 centavos de dólar no es nostalgia, es justicia para nuestras familias productoras. El verdadero desafío de la política es construir consensos que garanticen un precio justo y sostenible en el tiempo”.

La experiencia de 2023 demuestra que es posible combinar un precio justo para el productor con récords de consumo interno y exportaciones. La pregunta que queda abierta es si la dirigencia política tendrá la voluntad de reinstalar reglas de juego que permitan sostener la producción yerbatera sin condenar al desarraigo a miles de familias en Misiones y el Nordeste.

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El costo del desdén

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Lo que se encontraron funcionarios judiciales y escribanos del Gobierno provincial durante el segundo día de “auditoría” de las pensiones por invalidez que se hizo en San Ignacio, marca a las claras el desdén de la Nación para con los derechos y el impacto de la motosierra en la vida de las personas. 

La Provincia decidió ir a la Justicia en defensa de esos derechos segados en el altar del ajuste. El vicegobernador Lucas Romero Spinelli fue el encargado de instruir a la Fiscalía de Estado, que mandó a certificar el operativo montado por Nación: el equipo “auditor” estaba compuesto por jóvenes veinteañeros, algunos militantes libertarios, ninguno de ellos médicos, ninguno perteneciente directamente a Capital Humano o algún ministerio nacional. 

Se contrató una empresa para realizar los controles y los “auditores” tenían en su poder formularios pre firmados por médicos que nunca vieron a los pacientes misioneros. Lo mismo sucedió en otras partes del país. 

En Misiones se estima que perdieron sus pensiones más de 10 mil personas. Muchas no recibieron ni una explicación. Ni carta documento ni pedido de presentarse en algún lugar para confirmar que efectivamente se movilizan en una silla de ruedas o son ciegos o padecen alguna malformación. Otros recibieron las cartas documento en domicilios equivocados. 

Las pensiones no se actualizaron en los últimos dos años y valían 280 mil pesos hasta el mes pasado. Ese monto, obviamente no cubre necesidades. Pero al perder la pensión, también pierden obra social, medicamentos caros e insumos. 

El ajuste fue ordenado por Diego Spagnuolo, el ex funcionario que desató un tsunami de consecuencias impredecibles al conocerse grabaciones en las que reveló una trama de corrupción, retornos y sobreprecios que encabezan la mesa chica presidencial: Karina y Lule Menem.

Las revelaciones de Spagnuolo irrumpieron en el escenario electoral que parecía calmo para el Gobierno. La calma mutó en desesperación en las últimas horas, cuando se conocieron otras grabaciones, esta vez de la propia Karina Milei.  

La última encuesta de Zuban & Córdoba confirma un repudio mayoritario hacia los funcionarios señalados: 65,5% de los argentinos cree que Karina Milei y los hermanos Menem deberían renunciar y ponerse a disposición de la justicia

El dato adquiere mayor peso al observar que el reclamo no proviene solo de la oposición, sino que también atraviesa al círculo de poder económico y mediático. En paralelo, 69,9% de la población afirma que no pondría “las manos en el fuego” por los involucrados, marcando distancia de la reacción presidencial de blindaje político. El 56 por ciento cree que Milei debería ser sometido a un juicio político y el 60 cree que el Gobierno quedó debilitado.

El deterioro de la reputación ya se traduce en fuga de apoyo electoral. Un 12,8% de los votantes que acompañaron a Milei en el ballotage de 2023 asegura que ya no lo volverá a votar tras el escándalo, cifra que se suma a otro 13% que había roto con el oficialismo antes del caso. En un año electoral, incluso un 3% de fuga puede definir un resultado. 

La erosión se cristaliza en otro indicador: 47,4% de los encuestados percibe al gobierno de Milei como más corrupto que los anteriores, contra apenas un 22% que lo considera libre de corrupción.

Con la eyección de Spagnuolo, el operativo de contención de daños ha sido inútil para despegar al Presidente del escándalo. Se busca desprestigiar al ex funcionario -uno de los visitantes más asiduos de Casa Rosada y la Residencia de Olivos- y negar la autenticidad de las grabaciones. Pero el vocero Javier Adorni cometió un desliz: “Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, tuiteó. Dos detalles pasados por alto. El vocero considera que el escándalo es que se haya grabado a un funcionario y no la trama de corrupción. Segundo, revela que las grabaciones falsas ocurrieron dentro de las oficinas presidenciales. No aclares que oscurece. 

El Gobierno buscó despegarse y desprestigiar a Spagnuolo. Una auditoría interna reconoce que hubo “errores” en el paso de la motosierra por el sistema de pensiones por invalidez.  Las cifras oficiales muestran que el proceso de citación presenta dificultades significativas. De las 997.654 citaciones emitidas, 504.802 no fueron entregadas, lo que representa un 50,59 % del total. En Chaco, el 79,08 % de las citaciones no llegó a destino, mientras que en Buenos Aires el porcentaje fue del 38,26%. Otras provincias, como Formosa y Misiones, también registraron tasas elevadas de notificaciones fallidas, con 73,91% y 73,57% respectivamente.

Pero no hay “error” de un funcionario, sino una práctica deliberada. Misiones sufrió una fuerte merma en los fondos nacionales destinados a programas sanitarios sensibles. El caso más crítico es el del Programa Incluir Salud, que financia tratamientos para personas con discapacidad:

  • En 2022, Nación giraba $1.234 por afiliado. Ese monto nunca se actualizó y hoy, con inflación acumulada y la disparada de costos, representa una caída abismal en términos reales.
  • En diálisis, Misiones pasó de recibir $83 millones mensuales a solo $58 millones, pese a que la demanda de pacientes se mantiene en 128 personas en diálisis tres veces por semana.

La diferencia la cubre la Provincia: una diálisis cuesta $75.500 por sesión. Un módulo mensual con 13 sesiones ronda el millón de pesos por paciente, mientras que en casos pediátricos el costo escala a 2 millones de pesos. “Si estas familias tuvieran que pagar en el sector privado, sería imposible”, señalan en el área de Salud de la Provincia, que absorbió todo el impacto sin resignar atención. Si el paciente no se somete a diálisis, su vida corre peligro. El ajuste intempestivo mata

Misiones está absorbiendo el impacto del ajuste nacional. Con fondos propios está cubriendo las ausencias y particularmente en salud, la demanda crece, con personas que dejaron de pagar la prepaga o perdieron su obra social. Se acaba de poner en funcionamiento el PET, que estará a disposición de los pacientes en el hospital Escuela y se invirtieron otros 450 millones en un tomógrafo pediátrico de última generación. 

De todos modos, el médico Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Legislatura y candidato a diputado nacional, advirtió que sobre el riesgo latente sobre los recursos. “Hicimos un cambio importantísimo en nuestra provincia, en materia económica, sanitaria, productiva, en innovación, ciencia, tecnología, salud, cultura. Pero tengamos cuidado, porque todas estas construcciones… después simplemente por una medida tomada por un gobierno, pasa la motosierra, corta todo lo que hay para cortar”, describió.

Ejemplificó esa situación con sectores estratégicos: “Fíjense lo que pasa con el sector yerbatero… le pasó la motosierra y se la cortó completa la planta. En seis años se funden todo”. 

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) actualizó la matriz de costos de producción de la hoja verde, que arrojó un valor de $411,46 por kilo puesto en secadero. A ese monto, hay que sumarle un 30 por ciento adicional necesario para garantizar la rentabilidad del productor, lo que eleva el precio de referencia a $534,9 por kilo. Sin embargo, la realidad del mercado muestra una distancia alarmante: la industria está pagando actualmente entre $250 y $304 por kilo, muy por debajo del nivel calculado como necesario para sostener la actividad. Y en algunos casos extremos, como en la zona centro de Misiones, entre Oberá y Campo Grande, los productores reciben apenas $180 por kilo, el valor más bajo registrado en la provincia.

En un encuentro con concejales de la provincia, Herrera Ahuad también habló del sector maderero y de la salud pública: “Hoy discutimos la tuberculosis. Porque se eliminan las agencias reguladoras que no son caprichosas… Acá pasó la motosierra por el ANMAT y empezamos a tener cien muertos”.

El exgobernador también advirtió sobre los efectos de la desregulación: “La gente no se da cuenta de esto hasta que tiene una víctima por el fentanilo contaminado. ¿Y por qué está contaminado? Porque nadie lo controla”.

Herrera también se preguntó sobre la validez de los datos sobre la pobreza que celebró el Gobierno de Milei.  “¿Dicen que la pobreza bajó 20 puntos? Este índice de pobreza es el mismo índice de pobreza que tenía Alberto Fernández en noviembre del año 2023, es el mismo”.

“Pero ¿cómo se entiende que hoy tengas un 20% menos de pobres y no hayas creado un puesto de trabajo? Sin trabajo, bajamos la pobreza. Es magia eso. Cuéntenme cómo se hace sin que el Estado ponga plata”, reflexionó.

En Misiones la obsesión es sostener el empleo. Es la única provincia con más de cien mil empleos privados y la Provincia se sostiene como aliada del sector privado para que no se pierda ninguno. El gobernador Hugo Passalacqua renovó una línea de créditos de cien mil millones con el Banco Nación y la Provincia subsidiará entre 7 y 14 puntos la tasa para facilitar inversiones en el sector forestal, yerbatero y financiamiento de exportaciones. El mismo día también se selló un acuerdo por el cuál Misiones recupera conexión aérea internacional, entre Puerto Iguazú y el aeropuerto de Lima, en Perú, por donde transitan 30 millones de pasajeros anuales y se puede conectar con 23 países y 70 destinos turísticos. Desde diciembre habrá cuatro vuelos semanales con Flybondi y a un costo low cost, de solo 180 dólares. 

En medio del trayecto hacia las elecciones de octubre, ninguna de las oposiciones se expresó sobre el escándalo de las coimas y los sobreprecios. El ex tenista libertario Diego Hartfield, tuitea sobre Djokovic y celebra el festival de importaciones de Shein en medio del cierre de fábricas textiles en todo el país. 

Según datos oficiales, las importaciones a través de couriers alcanzaron en julio de 2025 un total de USD 98 millones, y en los primeros siete meses del año acumularon USD 408 millones, casi el doble de lo registrado en todo 2024. Esta avalancha de productos asiáticos, principalmente indumentaria, se apalancó en los cambios normativos que abarataron las compras en el exterior y en la facilidad logística para ingresar mercadería al país. La Fundación ProTejer alertó que entre enero y julio las importaciones textiles crecieron un 97% en volumen respecto del año anterior. En el rubro indumentaria el salto fue aún más dramático: 123%, mientras que los productos textiles para el hogar treparon un 195%. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reveló que el 33% de las compras internacionales digitales proviene de plataformas chinas, con Shein concentrando cerca del 10% del total. Este fenómeno, conocido ya como “efecto Shein”, no solo genera un cambio cultural en los hábitos de consumo, sino que está erosionando la estructura productiva nacional. Con ventas locales en caída, fábricas textiles advierten sobre el riesgo para 400 mil empleos. 

El impacto es aún más severo en Misiones, donde el comercio local enfrenta una doble competencia: por un lado, la irrupción de las plataformas digitales; y por otro, la cercanía con Paraguay y Brasil, mercados donde los precios de la indumentaria suelen ser más bajos.

En la actualidad, el tipo de cambio favorece a los compradores misioneros que cruzan la frontera para adquirir ropa a menor costo, lo que profundiza la caída de ventas en los comercios locales. Para los empresarios textiles y comerciantes de la provincia, esta combinación es letal: deben sostener costos impositivos y laborales argentinos, mientras compiten con productos importados ultra baratos y con el atractivo adicional del turismo de compras en las ciudades vecinas.

El resto de los opositores también juega al silencio. Ramón Puerta juega a seducir a los desencantados del PRO y a captar el voto del viejo peronismo. De Ramón Amarilla, ahora enrolado en el partido FE, poco se sabe por estas horas, salvo que uno de sus laderos, también expulsado de la Policía por sedición,. cayó preso por un robo a mano armada de 50 millones. 

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En las horas más oscuras

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Hablé con el Presidente y le dije: “Están choreando, te podés hacer el boludo , pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina”. La voz que dice esto es la de Diego Spagnuolo, eyectado funcionario que reveló una trama de corrupción en el corazón mismo del gobierno de Javier Milei. “Karina” no es otra que la hermana del Presidente, quien según el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se quedaba con un “retorno” de los contratos con proveedores del Estado por montos de entre 500 y 800 mil dólares mensuales, en un esquema del que también participaría Eduardo “Lule” Menem, otro funcionario del riñón presidencial. 

Spagnuolo fue detenido -está demorado- y es una bomba de tiempo. No es un cuatro de copas. Íntimo de Milei desde mucho antes de llegar a la Presidencia, registra al menos 38 visitas a la Quinta de Olivos y 48 a la Casa Rosada. 

Hasta el cierre de esta columna, la única reacción oficial fue despedir a Spagnuolo, lo que paradójicamente suena más a una confirmación que a una desmentida. La grabación sería de agosto del año pasado, lo que permite imaginar la magnitud de la podredumbre que salpica a la mesa chica presidencial. El ex titular de la ANDis no es una víctima, sino un eslabón más del esquema. Si sabía de un hecho de corrupción, estaba obligado a denunciarlo ante la Justicia, lo mismo que el propio Presidente cuando supuestamente se enteró. Por eso en la Libertad Avanza ahora temen que Spagnuolo se convierta en un “arrepentido”.

El (nuevo) escándalo estalló en un momento sensible, no ya por la cercanía de las elecciones, sino cuando se discutía en el Congreso el impacto de la motosierra en las políticas de discapacidad, el ajuste en el Garrahan y en las universidades. 

Spagnuolo se jactaba de la motosierra en los planes de atención a la discapacidad. Es autor de una de las frases que serán recordadas de este Gobierno: “Si tenés un hijo discapacitado es problema tuyo, no del Estado”. 

El Programa Federal Incluir Salud, que gestiona la atención de personas con discapacidad, se encuentra en emergencia. Entre los recortes recientes, 100 mil beneficiarios perdieron sus pensiones este año y se proyecta llegar a 400 mil. Spagnuolo había endurecido los requisitos de acceso y promovido auditorías cuestionadas por discriminatorias. Las resoluciones contenían términos ofensivos hacia las personas con discapacidad, lo que generó condena social y mediática. Ajuste para muchos, retornos para unos pocos. Karina Milei, El Jefe, quedó en el ojo de la tormenta. Si se aplica la misma doctrina jurídica que a Cristina Fernández, el Presidente no puede no saber.

The Boss, tuiteó Diego Hartfield, quien esta semana se sacó la foto de campaña con Karina Milei.

La crisis de corrupción se suma a la crisis política. En el Congreso fue una semana negra para el Gobierno. La Cámara de Diputados rechazó con mayoría especial, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La insistencia en la norma obtuvo 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando los dos tercios necesarios (165). Los misioneros Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik se manifestaron a favor de la insistencia de la ley, mientras que los aliados al Gobierno nacional, Martín Arjol y Emanuel Bianchetti votaron a favor del ajuste. La puertista libertaria Florencia Klipauka estuvo ausente. De esta manera, si el Senado ratifica la decisión con la misma mayoría especial, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgar la ley, conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. 

La Cámara baja también convirtió en ley el proyecto impulsado por gobernadores que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, aprobada con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, busca garantizar que esos fondos se distribuyan entre las provincias de manera proporcional a la Ley de Coparticipación, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su asignación. Según datos expuestos en el recinto, 2024 registró la menor distribución de ATN en dos décadas, apenas un 7,3% del total disponible, mientras que en 2025 se alcanzó un 20%. En promedio, el 12,7% distribuido durante esta gestión se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

El Senado, donde el oficialismo tiene una minoría aún más reducida, convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. Allí también se escuchó otra frase que quedará en la memoria: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado“. Lo dijo la senadora Álvarez Rivero del PRO, en una brutal competencia oficialista por quien se muestra más inhumano

Pero vaya que es necesario ese derecho. Estas derivaciones no son una opción, sino un paso esencial para garantizar el acceso a tratamientos adecuados para niños y adolescentes con patologías cuya resolución requiere atención especializada. Desde Misiones, en el primer semestre se coordinaron 229 viajes para atención médica de 170 pacientes, de los cuáles 144 fueron al Garrahan. 

La decisión de trasladar a un paciente se basa en criterios médicos estrictos que buscan asegurar el mejor resultado posible para su salud. Para muchas patologías, especialmente las oncológicas, existen protocolos y normas de tratamiento a nivel nacional e internacional que establecen que su manejo debe realizarse en centros de mayor complejidad. Estos centros garantizan no solo el acceso a terapias específicas (quimioterapia, radioterapia, trasplantes de médula ósea), sino también al soporte clínico integral necesario para manejar los efectos del tratamiento. La derivación, en estos casos, es un requisito del estándar de cuidado. Otras patologías, si bien no tienen una norma de derivación obligatoria, por su complejidad requieren especialistas y grupos multidisciplinarios que no se encuentran disponibles en la provincia. Casos como trasplantes de órganos, cardiopatías congénitas complejas, síndromes genéticos raros o neurocirugías de alta complejidad exigen la intervención coordinada de múltiples especialistas (cirujanos, intensivistas, genetistas, imagenólogos, etc.) y tecnología de vanguardia que solo los centros de referencia como el Garrahan pueden ofrecer.

El Senado también aprobó la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales. El Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”. En ambos casos, los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, del Frente Renovador, votaron afirmativamente, en línea con el modelo político misionerista. 

El Gobierno nacional podría optar por vetar total o parcialmente las leyes, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil. Si toma ese camino, enfrentará un mayor descontento social por el ajuste en áreas tan sensibles. 

Las encuestas ya marcan el deterioro de la imagen presidencial. El último trabajo de Poliarquía arroja malos datos para el Gobierno a pocas semanas de la elección en la provincia de Buenos Aires. La aprobación de Javier Milei registra su mayor caída intermensual y, por primera vez, muestra un saldo negativo. La legitimidad se erosiona cuando predomina la percepción de beneficios concentrados. En agosto, solo el 35% cree que Milei gobierna “para la mayoría de la gente”, el nivel más bajo de su mandato.

A esto se suma una fuerte caída en las expectativas económicas y en la visión general sobre el país para el próximo año. Este deterioro está vinculado, en buena medida, al impacto negativo de los vetos presidenciales: tanto el del aumento de jubilaciones como el de discapacidad. Son hechos que refuerzan una de las principales debilidades del presidente que surgen en las encuestas: la falta de sensibilidad social o empatía hacia los sectores más vulnerables

Se agrega a la creciente incertidumbre económica de las últimas semanas y el aumento de la conflictividad política, incluso con varios gobernadores en provincias donde hasta hace poco existía una relación de colaboración.

Según Poliarquía, la aprobación de la gestión de Milei cayó cuatro puntos y se ubica en 49%, por primera vez por debajo de la desaprobación. El valor es 11 puntos inferior a su máximo registrado en enero pasado. 

La ecuación es sencilla. El bastión de Milei estaba dado en la contención de la inflación y en la transparencia que prometía. En ambos casos, flaquea. La economía no crece desde febrero, a contramano de aumentos del costo de financiamiento para empresas, caída del crédito y tasas exorbitantes. Ni siquiera la contención de la inflación se traduce en una mejor condición de vida, ya que el poder adquisitivo todavía no se recuperó del deterioro de la devaluación inicial y de la brutal suba de tarifas. La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses.
La irregularidad en el crédito privado se elevó en junio en todos los segmentos, con especial foco en los créditos personales y las tarjetas de crédito.

En contraste, en Misiones el Gobierno provincial sostiene el respaldo a los sectores más vulnerables y apuntala a la economía con incentivos permanentes, como los programas para el consumo, que incluyeron a la fintech Naranja X, con sus más de cien mil usuarios en la tierra colorada. Dato no menor: en un país donde la inflación es un problema para millones de hogares, en Misiones se logró contener el precio del pan en los últimos seis meses gracias al acuerdo entre la Provincia y la cámara de panaderos.

La lectura del Presupuesto 2026 permite analizar la anatomía de la inversión. El proyecto diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, destina el 69,17 por ciento del total a Educación y cultura, Salud y Bienestar Social, lo que equivale a $2,831 billones de los 4,092 billones proyectados. La inversión en áreas sociales es una constante del modelo renovador. Encabeza los presupuestos de los últimos años y se refleja en la incorporación de tecnología y recursos humanos. Este viernes, por caso, se puso en funcionamiento el Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET), con una inversión de unos dos millones de dólares. El equipo permite detectar linfomas, melanomas, cáncer de cuello uterino y próstata, entre otras patologías, además de tener aplicaciones en enfermedades neurológicas. El viernes, tres pacientes inauguraron el equipo, marcando un hito en la salud pública.

Hasta ahora, alrededor de 100 pacientes misioneros por mes debían viajar a Buenos Aires, Córdoba o Corrientes para acceder a este estudio, con un alto costo económico, logístico y emocional. Con la puesta en marcha del equipo en el Parque de la Salud, esos traslados dejarán de ser necesarios. El servicio será accesible a toda la población, tanto con cobertura de obra social como sin ella, reforzando el modelo de salud pública inclusiva que distingue a Misiones en la región.

El Presupuesto destina a obras de infraestructura el 9,8% del total, mientras que al Desarrollo de la Economía (productivo, industria, energía, puertos, transporte) 8,54% (≈ $349,39 mil millones).

Otra diferencia saliente es que la Provincia está desendeudada: lo destinado a servicios de deuda (amortizaciones + intereses) equivalen al 0,34% de los ingresos (exposición muy baja). Este punto es crucial, porque otorga autonomía y posibilidad de dirigir los recursos a las áreas sensibles y tener las cuentas en orden. En Corrientes, por ejemplo, el gobernador Gustavo Valdés tuvo que pedirle al Banco provincial que le anticipe 45 mil millones de pesos para poder pagar los sueldos de agosto. La urgencia tiene explicación: los correntinos van a las urnas el próximo domingo y Juan Pablo Valdés, su hermano, es el candidato a sucederlo. Uno de los rivales de Valdés chico es Lisandro Almirón, candidato de la Libertad Avanza, envuelto en otro escándalo que salpica al Jefe Karina: el suegro encabeza una fundación que recibe mercadería retenida por la Aduana, de la que puede disponer .

Corrientes, el modelo ideal para radicales y macristas, exhibe sus flaquezas en el momento menos esperado. La fragilidad económica es evidente: el Banco de Corrientes no puede dar créditos hipotecarios UVA por iliquidez. Y la oposición denunció que cortaron el suministro a comedores escolares. La provincia vecina también pierde terreno en las exportaciones. Quedó tercera en el NEA, detrás de Chaco, mientras que Misiones bate récords, con un acumulado de 310 millones de dólares en lo que va del año.

De la crisis en Corrientes no habló nadie del radicalismo misionero, apadrinado por Valdés. De la crisis del Gobierno nacional tampoco los libertarios. Apenas Ramón Puerta, en su regreso como candidato a diputado nacional, se animó a cuestionar la política nacional: “Una cosa es el ajuste y otra el desbarajuste”, dijo para despegarse de la alianza que el partido Activar selló con la Libertad Avanza de la mano de su hijo Pedro, retirado a cuarteles de invierno por el escándalo de pedofilia que protagonizó su amigo y socio político Germán Kiczka. Aunque en medio de la investigación judicial lo defendía, Puerta padre tuvo que hacer malabares para remarcar que él no tiene ni tuvo nada que ver con el ahora condenado a catorce años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

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Ganaderos recibieron toros para expandir la cuenca lechera de Misiones

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El Gobierno provincial avanza con la estrategia de fortalecer las cuencas lecheras mediante el acceso a material genético de calidad, uno de los factores más onerosos de la cadena productiva. Con este objetivo, se llevó adelante la entrega de 10 toros lecheros, valuados en más de 50 millones de pesos, a organizaciones de productores, y de ovinos a escuelas agrotécnicas de Campo Grande. Los ejemplares fueron seleccionados bajo estrictos protocolos sanitarios, libres de brucelosis y tuberculosis.

El acto se realizó en el Centro de Genética Aplicada de Aristóbulo del Valle, donde el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, encabezó la entrega junto al presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad.

En sus palabras, el ministro destacó que con esta entrega “ratificamos nuestro compromiso de seguir acompañando a los productores en cada etapa de la cadena, garantizando que la genética de calidad no sea una barrera, sino una herramienta para crecer. La lechería misionera tiene futuro, y el Estado provincial actúa para consolidarlo”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Animal, Carlos Caraves, subrayó la importancia de estas acciones en la mejora de los indicadores productivos ya que “la incorporación de reproductores de calidad impacta directamente en el aumento de los litros de leche producidos. Nuestro trabajo apunta a que cada vez más familias productoras tengan acceso a este tipo de herramientas que de manera individual serían muy difíciles de alcanzar”.

Las cooperativas y asociaciones que recibieron los ejemplares fueron: Sarandí, Agroindustrial Aurora, La Familia, Esperanza Km 7, La Soberana, CAUL, Las Mercedes, Pozo Azul, Polvorín y Tres Marías. Estuvieron presentes representantes de las organizaciones, además de autoridades de las localidades beneficiarias. La jornada contó además con la participación de los médicos veterinarios Victoria García Giugno, César Berger y Carlos Marks, quienes acompañaron el proceso técnico de la entrega.

El sector lechero en Misiones

La provincia de Misiones cuenta con tres cuencas lecheras principales: la del Alto Uruguay, la del Nordeste y la zona Centro/Sur, esta última en proceso de consolidación. En total, existen 12 organizaciones lácteas que agrupan a 300 familias productoras, con una producción diaria de 17.000 litros de leche. Cada productor posee en promedio 10 vacas lecheras, con rendimientos de 13 litros por día, en chacras de unas 25 hectáreas, donde el 90% de la base nutricional es por pastoreo.

El Centro de Genética Aplicada cumple un rol estratégico en este esquema, ya que desde hace más de una década desarrolla programas de mejoramiento reproductivo en bovinos adaptados a la región. Allí funciona también el Centro de Extracción y Congelado de Semen en pajuelas, que permitió conformar un banco genético provincial y avanzar en técnicas de inseminación que disminuyen riesgos reproductivos y mejoran la productividad

Con esta política, Misiones afianza un camino sostenido de inversión y acompañamiento técnico al sector lechero, entendiendo que el acceso a genética de calidad es clave para incrementar la competitividad, garantizar la sostenibilidad y fortalecer el arraigo de las familias productoras en sus territorios.

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