hidrovía Paraná-Paraguay

Interbarge propone bajar hasta US$1.000 por contenedor el costo logístico del NEA con una red de puertos

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La competitividad de la forestoindustria del NEA puede jugarse tanto dentro de un aserradero como sobre el río. Para Diego Azqueta, CEO de Interbarge, la región ya tiene producción, mercados y capacidad industrial para crecer, pero necesita resolver el eslabón que conecta las chacras y las plantas con los puertos de salida. Su propuesta apunta a desarrollar una red fluvial que permita consolidar cargas cerca de los centros productivos y llevarlas directamente hacia destinos internacionales, reduciendo el costo logístico y evitando pasos administrativos innecesarios por Buenos Aires.

Azqueta presentó esta visión durante el encuentro realizado en Posadas por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina (AFoA). La empresa que conduce opera desde hace dos décadas en la hidrovía y cuenta, según explicó, con 240 barcazas y 14 remolcadores, principalmente afectados al movimiento de cargas paraguayas, brasileñas y bolivianas. Ahora busca ampliar esa experiencia hacia las cargas de Misiones y Corrientes.

El punto de partida de su planteo es modificar la lógica actual del transporte. Para el empresario, cada productor debería poder consolidar un contenedor en su propia planta o en un centro cercano y trasladarlo hasta un puerto de la región, donde pueda iniciar el circuito hacia su destino final. Posadas, Ituzaingó, Corrientes y otros puertos próximos a las zonas productivas formarían parte de ese esquema.

La diferencia no es solamente geográfica. También es económica. Azqueta estimó que, para productores de Eldorado, el ahorro potencial derivado del tramo fluvial podría alcanzar los US$1.000 por contenedor. En Corrientes, donde el costo terrestre hasta los puertos es menor, el beneficio sería más acotado. El dato permite dimensionar cuánto pesa la distancia en la estructura de costos de las empresas del NEA.

El problema aparece cuando esa carga debe pasar por Buenos Aires. Cada desvío incorpora transporte, manipulación y procesos administrativos y aduaneros que, según el empresario, podrían evitarse si existiera una operatoria fluvial integrada desde los puertos regionales. “No tienen por qué seguir pagando el costo logístico que significa llegar a Buenos Aires con la carga consolidada”, planteó.

El cabotaje como cuello de botella

Para Interbarge, la principal restricción actual no es la disponibilidad de producción sino el marco regulatorio. Azqueta definió a la actual ley de cabotaje como un “corset” que limita las alternativas disponibles para operar con embarcaciones, tripulaciones y condiciones que permitan construir una oferta competitiva.

La consecuencia es directa: con las reglas actuales, el transporte fluvial pierde parte de la ventaja que debería tener frente al camión. Según sus estimaciones, operar bajo el esquema vigente puede llevar el costo del transporte fluvial al doble, erosionando buena parte del ahorro potencial que ofrece el río.

“Hay que cambiar la forma de pensar esto”, sostuvo. La compañía propone comenzar gradualmente, pero con una planificación que contemple el desarrollo conjunto de los distintos puertos. La lógica es que una mayor cantidad de cargas permita aumentar la frecuencia, mejorar la utilización de las embarcaciones y reducir progresivamente los costos.

Azqueta puso como referencia una escala de 600 contenedores semanales para que el sistema alcance una dimensión capaz de sostener una operación eficiente. En una primera etapa, los volúmenes podrían ser menores, pero el objetivo es construir una red que permita combinar cargas y destinos.

La estrategia también requiere embarcaciones adaptadas a las características del río. Interbarge trabaja en el diseño de unidades que puedan operar eficientemente en el Alto Paraná, desde la zona de Ciudad del Este e Iguazú hasta la confluencia con el río Paraguay, y continuar luego por el Paraná medio y el Río de la Plata.

El objetivo final es ampliar las alternativas. Buenos Aires, La Plata o Montevideo podrían convertirse en puntos de conexión con los mercados internacionales, pero sin que toda la carga deba concentrarse necesariamente en Buenos Aires antes de comenzar su recorrido marítimo.

Posadas, dentro de una red regional

Azqueta fue enfático respecto del papel del puerto de Posadas. Frente a una consulta sobre las limitaciones actuales de la terminal, aclaró que Interbarge considera al puerto misionero como una pieza relevante de la futura red logística.

La visión de la empresa es que el Alto Paraná debería contar con una cantidad mucho mayor de puertos operativos. Como referencia, señaló que del lado paraguayo existen varios puntos de carga en una zona donde del lado argentino todavía hay una infraestructura portuaria mucho más limitada.

“Creemos que el Puerto de Posadas va a ser muy importante para el sistema”, sostuvo. En su planteo, la terminal misionera no aparece como una alternativa aislada, sino como uno de los nodos de un esquema que debería incorporar también a Ituzaingó, Corrientes y otros futuros puntos de embarque.

Esa integración es clave porque la eficiencia no depende exclusivamente de un puerto. Un sistema con múltiples puntos de carga permitiría acercar el contenedor al productor, combinar volúmenes y ofrecer diferentes alternativas de salida según el destino y las condiciones de cada momento.

El desafío es bajar costos, no solo mover cargas

La discusión sobre la hidrovía suele concentrarse en la disponibilidad de embarcaciones o en la infraestructura portuaria. Azqueta amplió el análisis hacia toda la estructura de costos. Financiamiento, combustible, impuestos, tripulaciones y regulaciones terminan determinando cuánto paga finalmente el productor.

El empresario sostuvo que una operación competitiva requiere inversiones, pero también condiciones financieras razonables. A eso se suman los costos laborales y la necesidad de contar con suficientes tripulaciones para garantizar la continuidad del servicio. “Es un problema completo de todo el sistema”, explicó.

La estructura tributaria también incide. Ingresos Brutos, impuestos vinculados al transporte, combustibles y otros costos se trasladan finalmente al precio del flete. Por eso, para Interbarge, cualquier reforma del cabotaje debería analizarse junto con el resto de las variables que determinan la competitividad.

El planteo tiene una consecuencia política concreta: no alcanza con habilitar un puerto si luego operar desde allí resulta más caro que transportar la mercadería cientos de kilómetros por camión. El objetivo debería ser construir una alternativa logística que sea efectivamente competitiva para las empresas.

Una oportunidad para la forestoindustria del NEA

La propuesta aparece en un momento en que las inversiones forestales de Misiones y Corrientes buscan ampliar su escala y aumentar sus exportaciones. Grandes proyectos industriales ya están modificando la estructura productiva regional, pero el costo para llegar a los mercados externos continúa siendo uno de los principales obstáculos.

Para Azqueta, el río puede convertirse en una herramienta para destrabar ese límite. El transporte fluvial tiene menores costos de mantenimiento y una capacidad de carga significativamente mayor que el transporte terrestre, pero necesita escala y reglas que permitan aprovechar esas ventajas.

La propuesta de Interbarge no plantea que el camión desaparezca. Por el contrario, el objetivo es que cada modalidad cumpla el tramo donde resulta más eficiente: el transporte terrestre para conectar la producción con el puerto y el fluvial para trasladar grandes volúmenes hacia los nodos de exportación.

En esa arquitectura, el puerto deja de ser simplemente una infraestructura y pasa a funcionar como una extensión logística de la industria. Para una empresa forestal ubicada en Misiones o Corrientes, poder consolidar allí la carga y emitir desde ese punto la documentación correspondiente al destino final significaría reducir movimientos, tiempos y costos.

Azqueta resumió el desafío en una premisa empresarial antes que discursiva: Interbarge quiere ganar dinero con el negocio, pero necesita que también gane la región. La ecuación, en su visión, consiste en alcanzar grandes volúmenes, operar con una estructura eficiente y segura y trasladar parte de esa eficiencia al productor.

El mensaje para Misiones y Corrientes es claro. El potencial productivo ya existe y los mercados también. El próximo salto puede depender de que el río deje de ser una frontera logística y pase a convertirse en una vía de salida competitiva hacia Europa, China, Estados Unidos y otros destinos.

La condición, según Interbarge, es modificar las reglas que hoy encarecen esa alternativa. Si el cabotaje logra adaptarse a las necesidades de la producción regional y los puertos comienzan a funcionar como una red, Posadas podría dejar de ser solamente un punto de infraestructura para convertirse en uno de los nodos de una nueva matriz logística del NEA.

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El Gobierno da marcha atrás con la reforma del practicaje y suspende el decreto que desató un conflicto en la Hidrovía

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La decisión representa un cambio de estrategia del Ejecutivo. Apenas una semana después de impulsar una desregulación orientada a flexibilizar el acceso al mercado del practicaje, el Gobierno optó por restablecer transitoriamente el régimen anterior a través del Decreto 716/20026 para desactivar una crisis que comenzaba a impactar sobre uno de los engranajes más sensibles de la logística argentina.

El practicaje constituye un servicio esencial para la navegación comercial. Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes en el ingreso y egreso de buques en ríos, puertos y canales nacionales, especialmente en la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. Cualquier interrupción de este servicio puede traducirse en demoras operativas, mayores costos logísticos y pérdidas económicas para exportadores, importadores y terminales portuarias.

Según explica el decreto, la reforma aprobada mediante el Decreto 690/2026 buscaba eliminar regulaciones consideradas obsoletas y reducir barreras de ingreso para nuevos prestadores del servicio. Sin embargo, la implementación provocó medidas de fuerza por parte del sector, generando una situación que el propio Gobierno calificó como una “crisis” para el funcionamiento del sistema de practicaje y pilotaje.

Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad Nacional convocó a representantes del sector para negociar una salida. De ese encuentro surgió un consenso que incluyó cuatro compromisos: normalizar inmediatamente la prestación del servicio, suspender la aplicación del nuevo decreto, crear una mesa intersectorial para redactar una nueva regulación y avanzar en una reducción del 20% de las tarifas vigentes del practicaje y pilotaje.

Aunque el nuevo decreto oficializa la suspensión del régimen aprobado la semana pasada y restablece la normativa previa, la rebaja tarifaria consensuada durante la negociación todavía no fue incorporada en el articulado. Es decir, el Gobierno reconoce ese entendimiento en los fundamentos de la medida, pero deberá instrumentarlo posteriormente mediante la normativa correspondiente.

La nueva Mesa de Trabajo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y reunirá a funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector privado. El objetivo será consensuar una regulación que combine mayor competencia con previsibilidad operativa, evitando nuevos conflictos que afecten la actividad portuaria.

La decisión también evidencia un cambio de enfoque frente a un sector estratégico para la economía. Mientras el Decreto 690 había privilegiado una rápida liberalización del mercado, la nueva medida reconoce que cualquier modificación regulatoria requiere acuerdos con los actores involucrados para garantizar la continuidad de un servicio considerado crítico para el comercio exterior.

Desde una perspectiva económica, la resolución busca minimizar uno de los mayores riesgos para la cadena exportadora: la paralización o ralentización del tránsito de buques en plena campaña comercial. La Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y constituye un activo estratégico para la generación de divisas. En ese contexto, evitar interrupciones operativas se convierte en una prioridad tanto para el Estado como para el sector privado.

En términos de periodismo de soluciones, el decreto no implica el abandono de la intención oficial de modernizar el sistema de practicaje. Por el contrario, propone reemplazar una reforma unilateral por un proceso de construcción de consensos entre organismos públicos y operadores privados, con el objetivo de elaborar una regulación técnicamente sólida, jurídicamente estable y capaz de garantizar simultáneamente seguridad en la navegación, competencia económica y continuidad del servicio.

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Nación, el NEA y Paraguay coordinan una estrategia para blindar las fronteras y combatir el crimen organizado

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Con el foco puesto en reforzar la seguridad de una de las regiones más sensibles del país, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó en Resistencia el II Consejo Regional de Seguridad Interior, un encuentro que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores del Nordeste Argentino y autoridades de la República del Paraguay para coordinar estrategias frente al crimen organizado y las amenazas transnacionales.

La apertura contó con la presencia de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el gobernador del Chaco, Leandro Zdero; el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero; además de los ministros de Seguridad de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, representantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Fuerzas Federales, policías provinciales y equipos técnicos.

La agenda estuvo centrada en fortalecer la seguridad de las fronteras, profundizar la cooperación bilateral con Paraguay y coordinar acciones para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado transnacional, el tránsito aéreo irregular y la protección de la Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada un corredor estratégico tanto para el comercio como para la seguridad regional.

Durante el encuentro también se presentó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, elaborado por la Agencia Federal de Emergencias, que busca mejorar la preparación y la respuesta conjunta de la Nación y las provincias frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. El programa contempla mecanismos de monitoreo, prevención y articulación para minimizar el impacto de eventuales inundaciones y otras emergencias hidrometeorológicas.

Monteoliva destacó además los avances de los planes Paraná y Guaçurarí, diseñados para consolidar una presencia permanente de las Fuerzas Federales en los principales pasos fronterizos del Nordeste. Según explicó, estas iniciativas apuntan a incrementar la capacidad operativa del Estado en zonas consideradas críticas para el ingreso y tránsito de organizaciones criminales.

La ministra también remarcó como una decisión estratégica la incorporación de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de integrar el control migratorio a la política de seguridad, fortalecer la vigilancia en las fronteras y mejorar la coordinación entre los organismos con competencia en la materia.

Otro de los ejes del Consejo fue el fortalecimiento del control del espacio aéreo y de la Hidrovía Paraná-Paraguay mediante un mayor intercambio de inteligencia, coordinación operativa e investigaciones conjuntas destinadas a identificar y desarticular las redes criminales que utilizan corredores terrestres, fluviales y aéreos para el tráfico de drogas, personas y mercaderías ilegales.

Al cierre de la reunión, las autoridades nacionales, provinciales y paraguayas ratificaron el compromiso de profundizar el trabajo conjunto para consolidar una estrategia regional basada en la planificación, el intercambio de información y la cooperación permanente frente a los desafíos que plantea la seguridad en el Nordeste argentino.

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El Gobierno convoca a audiencia por la Vía Navegable Troncal, claves de la discusión ambiental

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Nación convoca a Audiencia Pública ambiental por la concesión de la Vía Navegable Troncal

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó, mediante la Resolución 48/2025 publicada el 2 de octubre en el Boletín Oficial, la convocatoria a Audiencia Pública virtual para el 3 de noviembre de 2025, en la que se debatirá el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental previo al nuevo proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, la principal ruta fluvial del comercio exterior argentino.

La medida se enmarca en la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional y en el Decreto 709/2024, que establecieron la obligatoriedad de instancias participativas antes de adjudicar concesiones de dragado, redragado, mantenimiento y señalización.


Transparencia y participación: un requisito constitucional

De acuerdo con la resolución firmada por el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, el procedimiento busca garantizar la participación ciudadana no vinculante, pero de obligada consideración, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que asegura el derecho a un ambiente sano y el deber estatal de preservarlo.

El Anexo III de la resolución establece que podrán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas interesadas, con plazo entre el 17 y el 31 de octubre de 2025 a través del sitio oficial de la ANPYN. Los participantes deberán completar el Formulario de Inscripción (Anexo IV), indicando si lo hacen como particulares, representantes de personas físicas o jurídicas, y presentar un resumen de su exposición con posibilidad de adjuntar documentación en PDFanexo_7478439_3anexo_7478439_4.

La audiencia se desarrollará de manera remota desde las 9:00 horas del 3 de noviembre, lo que permitirá la participación federal de interesados en todo el país. Cada expositor dispondrá de un máximo de 5 minutos para intervenir, bajo un esquema que asegura la igualdad, la oralidad y la publicidad de los aportes.


Antecedentes y el peso estratégico de la Hidrovía

La Vía Navegable Troncal, que se extiende desde la confluencia del Paraná (km 1238) hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata (km 239,1 del canal Punta Indio), es considerada la “columna vertebral” del comercio exterior argentino, ya que por allí circula más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

El proceso de licitación internacional para su concesión arrastra más de cuatro años de prórrogas. Tras la caducidad del contrato original en 2021, la operación quedó en manos transitorias de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.), organismo que fue disuelto en enero de 2025 por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/25, dando paso a la creación de la actual ANPYN.

El nuevo esquema licitatorio contempla régimen de concesión de obra pública por peaje o de servicio público mediante tarifas, modelo que deberá conciliar intereses entre el Estado, las concesionarias y los usuarios de la vía, bajo control ambiental estricto.


Repercusiones esperadas y próximos pasos

La convocatoria a audiencia pública abre un espacio institucional de debate que, aunque no vinculante, es condición indispensable para legitimar la licitación de una de las infraestructuras más sensibles para la competitividad de la Argentina y de las economías regionales.

Se prevé la participación de cámaras empresarias, sindicatos, universidades, especialistas ambientales y provincias ribereñas, que han reclamado mayor protagonismo en la toma de decisiones.

Finalizada la audiencia, la ANPYN deberá elaborar un informe de cierre dentro de los 10 días hábiles, y fundamentar en un plazo máximo de 30 días cómo se incorporaron —o por qué se descartaron— las propuestas presentadas.

La resolución también designa como presidente de la audiencia al Ing. Ariel Cherubini, con Marcelo Peyregne y Pablo Kanovich como instructores.

De este modo, la agenda sobre la Hidrovía entra en una fase decisiva: sin la audiencia pública ambiental no podrá avanzarse en el nuevo llamado licitatorio internacional, que definirá el futuro de la gestión de la principal arteria fluvial del país.

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Puertos y navegación: cómo será el nuevo régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó un nuevo procedimiento para el otorgamiento de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional, previsto en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 19.492/44. La Resolución 41/2025, publicada el 9 de septiembre en el Boletín Oficial, deja sin efecto la Resolución 52/2021 del entonces Ministerio de Transporte y establece un esquema más ágil y transparente para autorizar embarcaciones extranjeras cuando no existan barcos argentinos disponibles.

Con este cambio, el organismo busca atender las necesidades del comercio marítimo y fluvial con mayor previsibilidad y seguridad jurídica, en un contexto en el que el 80% de los pedidos de excepción presentados en 2024 y 2025 no pudieron ser cubiertos por buques de bandera nacional.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 creó la ANPYN como autoridad portuaria nacional, en reemplazo de la antigua Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Este reordenamiento administrativo otorgó al organismo autarquía y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como privado, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El marco legal de referencia es el Decreto-Ley 19.492/44, que estableció la reserva del cabotaje para embarcaciones de bandera argentina, salvo excepciones en casos de inexistencia de oferta nacional. Desde 2021, esos permisos eran gestionados por la cartera de Transporte, pero las demoras y la baja disponibilidad de barcos con matrícula local evidenciaron la necesidad de un cambio.

En los últimos dos años, sobre 130 publicaciones para cubrir operaciones de cabotaje, solo 23 recibieron ofrecimientos de buques de bandera y apenas 2 resultaron viables, según datos oficiales.

El nuevo procedimiento: digitalización y plazos claros

El Anexo I de la Resolución 41/2025 establece un procedimiento con tres pilares: digitalización de trámites, plazos mínimos y declaraciones juradas de inexistencia de buques disponibles en la matrícula nacionalanexo_7459769_1.

  • Presentación digital: las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con un plazo mínimo de 3 días hábiles antes del inicio de la operación.
  • Documentación exigida: se requerirán estatutos del solicitante, matrícula y certificados del buque, seguros (P&I, casco y maquinarias), contrato de servicio (si corresponde) y una declaración jurada sobre la inexistencia de alternativas nacionales.
  • Certificado de Excepción: una vez aprobado, será válido por hasta 180 días y podrá presentarse ante Prefectura Naval, Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros organismos.
  • Prórrogas y renovaciones: los permisos podrán extenderse por razones climáticas o técnico-operativas debidamente justificadas, e incluso renovarse de forma ilimitada siguiendo el mismo procedimiento.

El régimen también fija un control ex post: dentro de los 15 días hábiles posteriores a la operación, el peticionante deberá presentar documentación aduanera y un informe detallado. La falta de cumplimiento podrá derivar en la negativa de futuros permisos.

El Director Ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, subrayó que el nuevo esquema “no busca flexibilizar la normativa, sino adaptarla a la realidad del sector”, garantizando transparencia y eficiencia.

Para las navieras extranjeras y cargadores, el procedimiento abre un canal más ágil para cubrir operaciones críticas de comercio, especialmente en tráficos regionales vinculados a la hidrovía Paraná-Paraguay y el Atlántico sur.

Sin embargo, desde el sector naviero local podrían surgir críticas: la posibilidad de renovar excepciones “de forma ilimitada” genera temores de una mayor extranjerización de los servicios, en detrimento de la flota nacional. El artículo 13 del anexo incluso habilita a los armadores locales a impugnar un certificado si demuestran que cuentan con un buque disponible en las mismas condiciones, lo que anticipa posibles conflictos administrativos y judiciales.

Desafíos y próximos pasos

El nuevo régimen busca equilibrar dos objetivos: preservar la prioridad de la bandera argentina en el cabotaje y, al mismo tiempo, evitar cuellos de botella logísticos por falta de flota nacional.

De cara al futuro, la clave estará en el desarrollo de una política integral para la marina mercante argentina: la agilización de excepciones puede dar previsibilidad a corto plazo, pero no sustituye el desafío estructural de fortalecer la flota de bandera.

La ANPYN queda posicionada como actor central en esa agenda, con capacidad regulatoria y de control sobre un sector clave para la competitividad de las exportaciones, la integración territorial y la soberanía logística del país.

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