Hoja verde

La Multisectorial Oberá llevó al Concejo su reclamo contra el DNU 70 y pidió respaldo a la demanda judicial por la yerba

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volvió a llegar al ámbito institucional. Durante la sesión de este martes, representantes de la Multisectorial Oberá se presentaron ante el Concejo Deliberante local para solicitar el acompañamiento formal a la medida cautelar y al pedido de declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, particularmente en los artículos que modificaron el funcionamiento del mercado yerbatero.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por asociaciones de productores y cooperativas para intentar revertir los efectos de la desregulación implementada por el Gobierno nacional, que eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios y regular distintos aspectos de la actividad.

En ese marco, los representantes de la Multisectorial entregaron una copia de la carta de apoyo firmada por los concejales Pablo Ullón, Verónica Noguera, María Luisa Glum, Maximilian Binder y Marcelo Sedoff, quienes expresaron su respaldo al planteo de las entidades productivas.

La nota presentada ante el cuerpo deliberativo lleva las firmas de Milcíades Mazacote y Hugo Sand, en representación de la Multisectorial Oberá. El documento solicita el acompañamiento institucional a la acción judicial promovida por seis asociaciones de productores y una federación de cooperativas que buscan frenar los efectos de la desregulación introducida por el DNU 70/2023.

Según argumentan las entidades, la norma “no es ni de necesidad ni de urgencia” y su aplicación generó un fuerte deterioro en la economía yerbatera. Sostienen que la eliminación de herramientas regulatorias profundizó la crisis de los pequeños y medianos productores, debilitó el poder de negociación de la producción primaria y agravó la situación social en las zonas rurales.

En la presentación también se advierte sobre el impacto que la crisis tiene sobre los trabajadores de la actividad. Los productores señalaron que cada vez más tareferos optan por cruzar la frontera para buscar empleo en Brasil, ante la falta de oportunidades y la caída de los ingresos vinculados a la cosecha de yerba mate.

La actividad tiene un peso determinante en la economía provincial. De acuerdo con los datos expuestos por la Multisectorial, la cadena yerbatera involucra a cerca de 13 mil productores y alrededor de 15 mil tareferos y tareferas, constituyéndose en una de las principales fuentes de empleo y generación de ingresos de Misiones.

Tras la sesión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, agradeció el acompañamiento de los concejales y describió el escenario social que atraviesan numerosas familias vinculadas al sector.

“Estamos acá haciendo un eco de miles de familias que deben viajar a Brasil a buscar el pan para sus hijos. Me refiero a los tareferos que tenemos. Oberá es mucho barrio tarefero y esto ocurre en toda la provincia de Misiones”, expresó.

Sand insistió en la necesidad de recuperar condiciones que permitan garantizar un precio justo para la hoja verde y sostuvo que la crisis requiere respuestas políticas concretas. En ese sentido, convocó a los distintos sectores de la dirigencia provincial y nacional a involucrarse en la búsqueda de soluciones para la producción y el empleo rural.

Asimismo, reclamó una resolución rápida de la Justicia respecto de la demanda presentada contra el DNU 70/2023. “Hay miles de familias esperando una definición”, sostuvo el dirigente agrario, quien considera que una decisión favorable podría contribuir a restablecer mecanismos de protección para la actividad.

La presentación ante el Concejo Deliberante de Oberá se suma a una serie de acciones que productores, cooperativas y organizaciones rurales vienen desarrollando en distintos ámbitos institucionales con el objetivo de recuperar herramientas de regulación para una economía regional que atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.

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APAM pidió la renuncia del presidente del INYM

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera sumó un nuevo capítulo institucional. La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) solicitó formalmente la renuncia del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, al considerar que su gestión no representa los intereses de los distintos eslabones de la actividad y que el organismo perdió capacidad de respuesta en el contexto de la desregulación del mercado.

La nota, enviada el 21 de junio, sostiene que desde la llegada de Correa a la presidencia del Instituto se profundizaron los problemas que afectan a productores, tareferos, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias. Para la entidad, la conducción actual no solo fracasó en la defensa del sector, sino que además debilitó el funcionamiento institucional del organismo en un momento considerado crítico para la economía yerbatera.

Entre los principales cuestionamientos figura el derrumbe del precio de la materia prima. APAM afirma que actualmente la hoja verde se comercializa, en muchos casos, en torno a los 200 pesos por kilo, con modalidades de pago mediante cheques diferidos a 90 e incluso 180 días, una situación que, según la organización, compromete seriamente la sustentabilidad económica de los productores primarios.

La entidad también advirtió sobre el deterioro de los indicadores productivos y comerciales. Citando estadísticas del propio INYM, recordó que la cosecha de hoja verde cayó un 43% en apenas dos años de desregulación. Mientras entre enero y abril de 2024 se habían cosechado más de 268 millones de kilos, en el mismo período de 2026 la producción descendió hasta 151,9 millones de kilos.

A esa retracción productiva se suma una disminución del consumo interno. Según los datos mencionados por APAM, durante los primeros meses de 2026 las ventas en el mercado doméstico alcanzaron 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año anterior, lo que representa una caída del 5,5% y el nivel más bajo de los últimos cinco años.

Cuestionamientos a la gestión del INYM

Más allá de la situación económica, APAM apunta directamente al funcionamiento institucional del Instituto. La organización sostiene que durante la gestión de Correa se redujo la actividad del organismo “a su mínima expresión” mediante el despido de 21 trabajadores especializados y el desmantelamiento de áreas consideradas estratégicas, como el Área Técnica, Registros y Fiscalización.

Asimismo, cuestiona la reducción de la actividad de las comisiones internas y del Directorio, al considerar que ello limitó los espacios de debate y construcción de consensos en un contexto donde el sector demanda respuestas frente a la desregulación del mercado, el incremento de los costos productivos y la pérdida de rentabilidad.

La entidad también formuló críticas sobre decisiones administrativas adoptadas por la conducción del organismo. En ese sentido, cuestionó la incorporación de Samuel Miño, excandidato a concejal por La Libertad Avanza, al frente del Área Técnica, señalando que el nombramiento se habría realizado sin informar previamente al Directorio y sin respetar los procedimientos institucionales habituales.

En la misma línea, APAM también objetó la designación de un secretario privado para la Presidencia cuando el organismo ya cuenta con una estructura administrativa destinada a cumplir esas funciones, además de expresar reparos sobre la organización del área de Recursos Humanos.

La polémica por la posible incorporación de la Ilex dumosa

Otro de los puntos centrales del planteo se vincula con las versiones periodísticas que señalaron la posibilidad de avanzar en una modificación normativa que habilite la incorporación de otras especies vegetales dentro de la denominación comercial de yerba mate.

APAM cuestionó que Rodrigo Correa no haya desmentido públicamente esas versiones y manifestó preocupación por la eventual posibilidad de equiparar la Ilex dumosa con la Ilex paraguariensis, especie que históricamente define la producción tradicional de yerba mate.

Para la organización, una eventual modificación de esas características implicaría un cambio estructural para toda la cadena productiva. Sostiene que incorporar otras especies bajo la misma denominación comercial podría afectar la identidad del producto, debilitar su posicionamiento como alimento funcional y erosionar uno de los principales atributos diferenciales que la yerba mate argentina logró construir tanto en el mercado interno como en el exterior.

La presentación de APAM eleva la presión política sobre la conducción del INYM en un escenario donde la desregulación impulsada por el Gobierno nacional continúa generando fuertes tensiones entre los distintos actores de la cadena yerbatera. El reclamo también refleja el creciente debate sobre el rol que debe cumplir el Instituto en un mercado sin facultades para fijar precios, pero que sigue siendo considerado por productores y cooperativas como una herramienta clave para sostener la competitividad y la identidad de una de las principales economías regionales de Misiones y Corrientes.

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APAM pidió la renuncia de Rodrigo Correa al frente del INYM y profundiza la disputa por la crisis yerbatera

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera sumó un nuevo capítulo. La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) solicitó formalmente la renuncia de Rodrigo Correa a la presidencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), al considerar que su gestión no representa los intereses de los distintos actores del sector y que ha contribuido al deterioro institucional del organismo.

La nota fue enviada el 21 de junio desde Colonia Guaraní, en Oberá, y expone una serie de cuestionamientos que abarcan desde la situación de los precios de la materia prima hasta decisiones administrativas y políticas adoptadas durante la gestión del actual presidente del Instituto.

La entidad sostiene que Correa “no trabaja en beneficio del sector” y define a ese universo como integrado por tareferos, productores, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias.

Uno de los principales argumentos de APAM se vincula con el derrumbe del precio que reciben los productores por la hoja verde.

Según la organización, actualmente muchos productores reciben alrededor de 200 pesos por kilo y, en algunos casos, con plazos de pago que se extienden entre 90 y 180 días.

La crítica se produce en medio de una fuerte discusión sobre los efectos de la desregulación del mercado yerbatero impulsada tras el DNU 70/2023, que eliminó las facultades del INYM para fijar precios mínimos de la materia prima.

Desde distintos sectores productivos vienen advirtiendo que la pérdida de herramientas regulatorias provocó una caída significativa de los valores pagados al productor, generando un fuerte deterioro en la rentabilidad de las explotaciones.

Menos cosecha y menor consumo

APAM también respaldó su pedido con datos estadísticos del propio Instituto.

La entidad señaló que la producción de hoja verde se redujo drásticamente en los últimos dos años. Mientras entre enero y abril de 2024 se cosecharon 268,3 millones de kilos, en el mismo período de 2026 la cifra descendió a 151,9 millones de kilos, una caída cercana al 43%.

A la vez, advirtió que el mercado interno también muestra señales de debilitamiento.

Según los datos citados por la organización, entre enero y febrero de 2026 el consumo alcanzó 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año anterior, lo que representa una retracción del 5,5%.

Para APAM, estos indicadores reflejan el impacto de la crisis que atraviesa la actividad y la falta de respuestas institucionales para revertir la situación.

La entidad productora también apuntó contra la conducción administrativa del Instituto. En el documento sostiene que durante la gestión de Correa se redujo el funcionamiento del organismo “a su mínima expresión”, mencionando el despido de 21 trabajadores y el desmantelamiento de áreas consideradas estratégicas, entre ellas el Área Técnica, Registros y Fiscalización.

Asimismo, cuestionó la reducción de la actividad de las comisiones internas y del Directorio, al considerar que se limitaron los espacios de debate en un momento particularmente complejo para la economía yerbatera.

“La discusión sobre cómo enfrentar la crisis provocada por la desregulación y los crecientes costos de producción requiere más institucionalidad y más participación, no menos”, planteó la organización.

Designaciones bajo la lupa

Otro de los puntos incluidos en el pedido de renuncia está relacionado con recientes incorporaciones de personal dentro del organismo.

APAM cuestionó la designación de Samuel Miño, excandidato a concejal por La Libertad Avanza, al frente del Área Técnica del Instituto, al considerar que la decisión no habría sido comunicada al Directorio ni respetado los mecanismos institucionales habituales.

La entidad también expresó reparos sobre la incorporación de un secretario privado para la presidencia y planteó interrogantes respecto de la estructura actual del área de Recursos Humanos.

El último punto del documento se refiere a una discusión que comenzó a tomar fuerza dentro del sector respecto del futuro de la yerba mate como producto diferenciado.

APAM cuestionó versiones periodísticas que atribuyen a sectores cercanos a la conducción del Instituto la intención de avanzar hacia una flexibilización conceptual que permita equiparar la Ilex paraguariensis —la especie tradicional utilizada para elaborar yerba mate— con otras especies del mismo género, entre ellas la Ilex dumosa.

La organización sostuvo que una eventual equiparación podría afectar la identidad histórica del producto, sus características diferenciales y el posicionamiento construido durante décadas en los mercados nacionales e internacionales.

En ese contexto, reclamó definiciones públicas de Rodrigo Correa y exigió que cualquier debate sobre modificaciones de fondo en la identidad del producto sea abordado por el conjunto de la cadena yerbatera y los órganos institucionales del INYM.

El pedido de APAM se suma a las crecientes tensiones que atraviesa la actividad yerbatera en Misiones y Corrientes, en un escenario marcado por la caída de los precios de la materia prima, la retracción de la cosecha, la discusión sobre el rol regulador del Instituto y los proyectos legislativos que buscan devolver al INYM las facultades para fijar valores mínimos para la hoja verde.

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La cooperativa que desafía la crisis yerbatera: paga hasta el doble que el mercado por la hoja verde

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Mientras buena parte de los productores yerbateros de Misiones recibe entre $150 y $200 por kilo de hoja verde en un mercado desregulado y atravesado por una profunda crisis de rentabilidad, la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo El Colono de Campo Ramón decidió tomar un camino diferente: pagar $400 por kilo a sus asociados, más del doble de los valores predominantes en la cadena.

La estrategia no responde únicamente a una decisión comercial. Es una definición de supervivencia para cientos de familias rurales que enfrentan una de las coyunturas más complejas de los últimos años.

“Las cooperativas como la nuestra se formaron a partir de una necesidad en una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora. Necesitamos que nuestros productores puedan vender a precios razonables”, explicó Carlos Bietcheller, presidente de la entidad.

La experiencia de El Colono se presenta como una excepción en un contexto en el que la desregulación del mercado yerbatero y la fuerte concentración industrial generan crecientes tensiones entre productores e industrias. Según sostiene Bietcheller, la diferencia radica en el modelo cooperativo y en la integración de la cadena productiva.

“Nuestro objetivo es defender al productor”, remarcó el dirigente, al señalar que la eliminación de intermediarios y el agregado de valor permiten sostener mejores precios para la materia prima.

Sin embargo, incluso el valor de $400 por kilo está lejos de representar una recuperación plena. El presidente de la cooperativa advirtió que, ajustado por inflación, equivale aproximadamente al precio que recibían los productores hace tres años, reflejando el deterioro acumulado de la rentabilidad del sector.

El modelo de El Colono también fue destacado por Ricardo Maciel, representante del Gobierno de Misiones en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), quien señaló que el crecimiento de la entidad es el resultado de una estrategia sostenida de agregado de valor y reinversión.

“Es un lindo ejemplo de un proceso de trabajo. Iniciaron secando yerba en secaderos de terceros, después fueron construyendo su secadero y vendían canchada, mientras envasaban su yerba Grapia Milenaria en molinos de terceros. Hoy tienen su propio molino y destinan toda su canchada a venderla elaborada. Y con esos recursos, hace quince días iniciaron el acopio y están secando”, explicó.

Maciel remarcó además que el valor de $400 por kilo de hoja verde responde a una decisión interna de la cooperativa destinada a proteger a sus productores asociados. “Por supuesto, ese precio es para los socios”, precisó.

El funcionario sostuvo que la experiencia demuestra que es posible construir alternativas dentro de la cadena yerbatera cuando existe integración productiva. Según indicó, la cooperativa fue avanzando gradualmente desde la prestación de servicios de terceros hacia el control de cada una de las etapas del proceso, capturando más valor y devolviéndolo a los productores a través de mejores precios por la materia prima.

La apuesta de la cooperativa fue avanzar más allá de la producción primaria. Con inversiones en infraestructura propia desarrolló un secadero con estacionamiento natural, una herramienta clave para industrializar la materia prima y capturar mayor valor dentro de la provincia.

De esa estrategia nació Grapia Milenaria, una marca de yerba mate agroecológica que logró abrirse camino en mercados internacionales, entre ellos México, demostrando que los pequeños productores pueden competir cuando logran integrarse y diferenciarse.

La cooperativa también impulsó acciones de promoción y visibilización de la crisis yerbatera mediante los denominados “yerbatazos”, realizados en ciudades como Buenos Aires, Paraná y Catamarca. Allí comercializan el producto a precios accesibles y destinan los recursos obtenidos a financiar la cosecha y sostener a los productores asociados.

Bietcheller considera que la crisis actual exige medidas específicas para los pequeños productores. Entre las propuestas que impulsa figura un esquema de subsidios y alivio impositivo segmentado, destinado a compensar las diferencias estructurales entre las explotaciones familiares y los grandes grupos productivos.

La idea es que los productores de menor escala puedan afrontar cargas tributarias y costos de producción que hoy resultan cada vez más difíciles de sostener en un contexto de precios deprimidos.

El desafío de retener a los jóvenes en las chacras

Más allá de los números, la preocupación central de la cooperativa pasa por el futuro del sistema productivo. La caída de la rentabilidad no solo compromete la continuidad de las explotaciones familiares, sino también el relevo generacional.

“Una cosecha de yerba mate por año tiene que alcanzar para vivir”, resume Bietcheller. Cuando eso no ocurre, los jóvenes comienzan a buscar oportunidades fuera del ámbito rural y se acelera el abandono de las chacras.

En ese escenario, las cooperativas aparecen como uno de los últimos espacios de contención económica y social para los pequeños productores. El desafío es sostener un modelo que permita que la producción siga siendo una alternativa viable y que las nuevas generaciones encuentren futuro en el campo misionero.

La experiencia de El Colono demuestra que, aun en un mercado golpeado por la sobreoferta y la caída de precios, existen herramientas para distribuir mejor el valor dentro de la cadena. La pregunta es si esos modelos podrán escalar lo suficiente como para transformar una crisis sectorial que hoy amenaza a miles de productores en toda la cuenca yerbatera.

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Sturzenegger afirmó que el INYM “duplicaba” el precio de la yerba, pero los datos muestran una realidad más compleja

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La desregulación del mercado yerbatero volvió a instalarse en el centro del debate económico luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendiera públicamente la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia de la materia prima. Según el funcionario, el organismo “duplicaba el precio de la yerba” que pagan los consumidores argentinos y su intervención impedía el desarrollo pleno de una industria que hoy exhibe récords de producción y exportación.

Durante una entrevista reproducida por la cuenta oficial Oficina de Respuesta Oficial, Sturzenegger sostuvo que el DNU 70 eliminó una distorsión de mercado que beneficiaba a productores e industriales a costa de los consumidores. “Le sacamos al INYM la potestad de fijar el precio y el precio cayó a la mitad”, afirmó. A su vez, señaló que la eliminación de restricciones permitió alcanzar niveles récord de producción y ventas externas.

Sin embargo, al contrastar esas afirmaciones con los datos oficiales disponibles, surge una realidad bastante más compleja que la planteada por el funcionario nacional.

¿La yerba cayó a la mitad?

El principal punto de controversia es la evolución del precio al consumidor. Sturzenegger aseguró que la eliminación de la fijación de precios provocó una caída del 50% en el valor de la yerba. No obstante, los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no muestran una reducción de esa magnitud.

Según el relevamiento utilizado para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires, el paquete de medio kilo de yerba mate registró en marzo de 2026 un precio promedio de $2.225,8, apenas 1,1% por debajo de los $2.250,6 observados en febrero.

Más aún, diez meses antes, en junio de 2025, el mismo producto tenía un precio promedio de $2.230, prácticamente idéntico al valor registrado actualmente. Es decir, lejos de verificarse una caída del 50%, los precios al consumidor permanecieron relativamente estables durante el último año.

La comparación de largo plazo también muestra otra dinámica. En 2023, antes de la desregulación, los paquetes de medio kilo de marcas líderes como Taragüi, Unión, Rosamonte o Amanda se comercializaban entre $500 y $700. Aunque la inflación acumulada en Argentina obliga a relativizar las comparaciones nominales, los datos tampoco permiten concluir que la intervención del INYM implicara un sobreprecio equivalente al doble del valor de mercado.

Récord de producción, pero no récord histórico

El segundo argumento del ministro se apoya en el crecimiento de la producción. Los datos estadísticos del INYM muestran que entre enero y abril de 2026 ingresaron a secaderos 151,9 millones de kilos de hoja verde.

La cifra representa un incremento respecto del mismo período de 2025, cuando se habían procesado 109,6 millones de kilos hasta abril. Sin embargo, no constituye un récord histórico. Durante el mismo período de 2024 el ingreso de hoja verde alcanzó 268,3 millones de kilos, muy por encima del volumen actual.

Por lo tanto, si bien la cosecha muestra una recuperación respecto del año pasado, los números disponibles no permiten afirmar que la actividad atraviese el mayor nivel productivo de su historia.

Exportaciones en niveles elevados

Donde sí aparecen indicadores positivos es en el comercio exterior.

Entre enero y abril de 2026 las exportaciones totalizaron 14,82 millones de kilos.

Ese volumen supera los registros de igual período de 2022, 2023 y 2024, aunque todavía se encuentra por debajo del excepcional desempeño observado durante 2025, cuando las ventas externas alcanzaron 58,8 millones de kilos al cierre del año.

La expansión exportadora aparece como uno de los puntos más sólidos de la estrategia oficial. Sin embargo, el crecimiento de las ventas al exterior no logró disipar el malestar que atraviesa gran parte de los productores primarios, especialmente en Misiones, donde la caída del precio de la hoja verde generó protestas, reclamos y una profunda crisis de rentabilidad.

Un mercado interno que se mantiene estable

Otro dato relevante es el comportamiento del consumo doméstico.

Entre enero y abril de este año las salidas de molino destinadas al mercado interno alcanzaron 89,6 millones de kilos.

La cifra se ubica por encima de los niveles registrados durante 2024 y en línea con los valores históricos observados en los últimos años, confirmando que el mate continúa siendo uno de los productos de consumo masivo más arraigados del país.

De hecho, los envases de medio kilo siguen concentrando más de la mitad de las ventas, con una participación del 55,64%, mientras que los paquetes de un kilo representan el 38,28%. Ambos formatos explican casi el 94% del mercado interno.

La discusión de fondo

Detrás del debate estadístico subyace una discusión mucho más profunda sobre el modelo de desarrollo de la actividad yerbatera.

Para el Gobierno nacional, la intervención del INYM generaba distorsiones de precios y limitaba la expansión productiva. Desde esta mirada, la desregulación permitirá aumentar la competitividad, conquistar mercados internacionales y transformar a la yerba mate en un producto global.

Sin embargo, productores, cooperativas y sectores vinculados a la economía regional sostienen que la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto debilitó el poder de negociación de los pequeños productores frente a molinos e industrias concentradas, acelerando una caída del precio de la materia prima que no se reflejó en igual medida en las góndolas.

La paradoja es que mientras el Gobierno exhibe mayores volúmenes de producción y exportación como prueba del éxito de la desregulación, miles de productores misioneros continúan denunciando una pérdida de rentabilidad que amenaza la sustentabilidad económica de la actividad.

En ese escenario, la discusión sobre el futuro del INYM ya no gira solamente en torno a la formación de precios. Lo que está en juego es el equilibrio entre eficiencia económica, desarrollo exportador y sostenibilidad social de una economía regional que involucra a más de 12.000 productores en Misiones y Corrientes, y que forma parte de una de las cadenas agroindustriales más emblemáticas de Argentina.

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