La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volvió a llegar al ámbito institucional. Durante la sesión de este martes, representantes de la Multisectorial Oberá se presentaron ante el Concejo Deliberante local para solicitar el acompañamiento formal a la medida cautelar y al pedido de declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, particularmente en los artículos que modificaron el funcionamiento del mercado yerbatero.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por asociaciones de productores y cooperativas para intentar revertir los efectos de la desregulación implementada por el Gobierno nacional, que eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios y regular distintos aspectos de la actividad.

En ese marco, los representantes de la Multisectorial entregaron una copia de la carta de apoyo firmada por los concejales Pablo Ullón, Verónica Noguera, María Luisa Glum, Maximilian Binder y Marcelo Sedoff, quienes expresaron su respaldo al planteo de las entidades productivas.

La nota presentada ante el cuerpo deliberativo lleva las firmas de Milcíades Mazacote y Hugo Sand, en representación de la Multisectorial Oberá. El documento solicita el acompañamiento institucional a la acción judicial promovida por seis asociaciones de productores y una federación de cooperativas que buscan frenar los efectos de la desregulación introducida por el DNU 70/2023.

Según argumentan las entidades, la norma “no es ni de necesidad ni de urgencia” y su aplicación generó un fuerte deterioro en la economía yerbatera. Sostienen que la eliminación de herramientas regulatorias profundizó la crisis de los pequeños y medianos productores, debilitó el poder de negociación de la producción primaria y agravó la situación social en las zonas rurales.

En la presentación también se advierte sobre el impacto que la crisis tiene sobre los trabajadores de la actividad. Los productores señalaron que cada vez más tareferos optan por cruzar la frontera para buscar empleo en Brasil, ante la falta de oportunidades y la caída de los ingresos vinculados a la cosecha de yerba mate.

La actividad tiene un peso determinante en la economía provincial. De acuerdo con los datos expuestos por la Multisectorial, la cadena yerbatera involucra a cerca de 13 mil productores y alrededor de 15 mil tareferos y tareferas, constituyéndose en una de las principales fuentes de empleo y generación de ingresos de Misiones.

Tras la sesión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, agradeció el acompañamiento de los concejales y describió el escenario social que atraviesan numerosas familias vinculadas al sector.

“Estamos acá haciendo un eco de miles de familias que deben viajar a Brasil a buscar el pan para sus hijos. Me refiero a los tareferos que tenemos. Oberá es mucho barrio tarefero y esto ocurre en toda la provincia de Misiones”, expresó.

Sand insistió en la necesidad de recuperar condiciones que permitan garantizar un precio justo para la hoja verde y sostuvo que la crisis requiere respuestas políticas concretas. En ese sentido, convocó a los distintos sectores de la dirigencia provincial y nacional a involucrarse en la búsqueda de soluciones para la producción y el empleo rural.

Asimismo, reclamó una resolución rápida de la Justicia respecto de la demanda presentada contra el DNU 70/2023. “Hay miles de familias esperando una definición”, sostuvo el dirigente agrario, quien considera que una decisión favorable podría contribuir a restablecer mecanismos de protección para la actividad.

La presentación ante el Concejo Deliberante de Oberá se suma a una serie de acciones que productores, cooperativas y organizaciones rurales vienen desarrollando en distintos ámbitos institucionales con el objetivo de recuperar herramientas de regulación para una economía regional que atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.