Blockchain, precios reales y control digital: la apuesta a la trazabilidad para ordenar el mercado yerbatero
La crisis de la yerba mate no se explica únicamente por el derrumbe del precio de la hoja verde. Detrás de cada reclamo de los productores aparecen preguntas que hoy nadie puede responder con precisión: cuánto se paga realmente por la materia prima, qué márgenes obtiene cada eslabón de la cadena, dónde se generan las mayores rentabilidades y cuánto del valor final del paquete regresa al productor. En un mercado desregulado, donde el Instituto Nacional de la Yerba Mate perdió herramientas para intervenir en la formación de precios, Misiones busca construir una nueva arquitectura de transparencia basada en la información. Esa es la lógica que atraviesa el proyecto de ley impulsado por Carlos Rovira para crear un Sistema Provincial de Trazabilidad Digital de la Yerba Mate, una iniciativa que apunta a registrar cada operación, seguir cada lote y transparentar cada transacción desde la chacra hasta la góndola.
Más que una innovación tecnológica, la propuesta constituye un intento de recuperar capacidad de regulación indirecta en una actividad estratégica para la economía provincial. Sin fijar precios ni intervenir en el mercado, el proyecto busca hacer visible aquello que hoy permanece disperso, opaco o difícil de verificar: quién compra, cuánto compra, cuánto paga y cuánto gana. En otras palabras, transformar la información en una herramienta de equilibrio para una cadena donde los productores son mayoría, pero al mismo tiempo, el eslabón más débil.
La iniciativa impulsada por el diputado Carlos Rovira propone crear el Sistema Provincial de Trazabilidad Digital de la Yerba Mate, una herramienta obligatoria para registrar, identificar, seguir, validar y controlar toda la cadena: producción, acopio, transporte, secanza, estacionamiento, molienda, fraccionamiento, distribución, comercialización, importación y exportación. El proyecto aparece como respuesta política y económica al nuevo escenario abierto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que eliminó la capacidad regulatoria del Instituto Nacional de la Yerba Mate y dejó a Misiones ante el desafío de construir sus propios instrumentos de control y transparencia.
La ley no fija precios, pero intenta hacer visible lo que hoy suele quedar oculto: quién compra, cuánto compra, a qué precio, cómo paga, qué margen obtiene cada eslabón y cuánto llega realmente al productor primario. Para eso crea el Centro de Transacciones de la Yerba Mate, bajo la órbita de la Agencia Tributaria Misiones, con facultades para publicar precios de referencia, precios reales promedio de mercado y márgenes por etapa, desde la hoja verde hasta el paquete en góndola o para exportación.
La iniciativa apunta especialmente al punto más sensible de la cadena: la primera operación entre el productor y el comprador de materia prima. Allí el proyecto exige validación reforzada, registro de origen, cantidad, precio, traslado, recepción, stock y destino. También introduce trazabilidad económica y financiera: el pago deberá poder verificarse mediante medios registrados e interoperables, con identificación de partes, fecha, monto y efectiva percepción. En otras palabras, no bastará con declarar una operación: deberá poder probarse que existió y que fue cancelada.
El proyecto combina control fiscal, transparencia comercial y tecnología. Menciona blockchain, inteligencia artificial, tokenización, códigos QR y contratos inteligentes como herramientas posibles para asegurar integridad, autenticidad y auditabilidad de la información. Transformar la trazabilidad en una herramienta de defensa del productor y de ordenamiento del mercado.
La fundamentación de Rovira describe la asimetría estructural del sector. Misiones tiene más de 12 mil productores yerbateros y alrededor del 70 por ciento explota menos de 10 hectáreas. Esa atomización deja a miles de familias rurales expuestas frente a compradores con mayor poder económico, financiero y comercial. El proyecto sostiene que, sin información confiable y verificable, la desregulación castiga con más fuerza al eslabón más débil.
También hay un incentivo fiscal: molinos y fraccionadores que cumplan regularmente con el sistema podrán acceder a bonificaciones en Ingresos Brutos. La exención será del 100 por ciento para quienes comercialicen hasta 25 mil kilos mensuales de yerba mate envasada, y del 50 por ciento para quienes vendan entre 25.001 y 50 mil kilos. Es una señal dirigida a pequeños y medianos actores industriales: formalizarse, registrar y transparentar también tendrá premio tributario.
El proyecto no reemplaza al Instituto Nacional de la Yerba Mate ni recupera por sí solo la potestad nacional de fijar precios. Pero sí intenta construir una pizarra verificable del mercado real. No impone el precio, pero expone la cadena.
