HUGO ALCONADA MON

Nación recaudó $1,5 billones para rutas, ejecutó apenas 26% y mantiene más de $1 billón en inversiones financieras

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La paralización de la obra pública nacional tiene una contracara financiera de dimensiones extraordinarias. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Estado recaudó $1.503.252 millones a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), recursos que tienen como destino específico la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas. Sin embargo, solamente $394.406 millones llegaron efectivamente a ese objetivo.

Los datos surgen de una investigación de La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, elaborada a partir de balances contables, informes mensuales de cuentas y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública.

El resultado es una subejecución acumulada del 73,8% durante los primeros dos años y medio de la gestión libertaria. Mientras las rutas nacionales acumulan deterioro, obras paralizadas y reclamos de provincias y sectores productivos, el fideicomiso terminó mayo con más de $1 billón colocado en inversiones financieras.

La magnitud permite dimensionar una de las paradojas de la política de infraestructura nacional: no se trata únicamente de una caída de los recursos disponibles para las rutas. Una parte sustancial del dinero fue efectivamente recaudada, pero no llegó al asfalto.

De cada $100 recaudados, apenas $26 llegaron a las rutas

El comportamiento del SisVial muestra fuertes oscilaciones, pero una constante: la ejecución se mantuvo muy por debajo de la recaudación.

En 2024, ingresaron $360.238 millones y se ejecutaron apenas $40.668 millones, equivalente al 11,3%.

Durante 2025, la ejecución mejoró hasta el 39%: se aplicaron $270.592 millones sobre una recaudación de $692.514 millones.

Pero entre enero y mayo de 2026 volvió a desplomarse. Sobre $450.500 millones recaudados, solamente $83.144 millones se destinaron al sistema vial: 18,5% del total.

Sumados los tres períodos, Nación recaudó $1,503 billones y ejecutó $394.406 millones. Es decir que, por cada $100 que ingresaron al sistema con destino vial, aproximadamente $26 fueron utilizados para ese propósito y $74 quedaron sin ejecutar.

Un impuesto con destino específico

El punto central de la investigación es la naturaleza de esos recursos. El SisVial es un subsistema del fideicomiso creado mediante el decreto 976/01 y recibe una parte del impuesto a los combustibles líquidos. Su finalidad legal es financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.

El Ministerio de Economía funciona como autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario.

Según explicó a LA NACION un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema, la afectación específica de los recursos buscó precisamente impedir que el dinero recaudado para infraestructura vial terminara absorbido por otros gastos del Estado.

El mecanismo había sido implementado por exigencia del Banco Mundial para garantizar que esos fondos quedaran jurídicamente vinculados a las rutas.

Más de $1 billón en inversiones financieras

El dato más significativo aparece al observar qué ocurrió con los recursos que no fueron ejecutados.

Al 31 de mayo de 2026, la cartera de inversiones financieras del SisVial alcanzaba los $1.001.018 millones.

De ese monto:

$854.234 millones estaban colocados en títulos públicos, mientras que otros $146.784 millones permanecían en plazos fijos.

La comparación con el ritmo de las obras resulta elocuente. Sólo durante marzo, el SisVial destinó $1.090 millones a obras viales mientras su cartera financiera aumentó en $83.840 millones, al pasar de $785.136 millones a $868.976 millones.

Dos meses después ya había superado el billón de pesos. El esquema experimentó además una transformación durante 2025.

Hasta mediados de ese año, las inversiones se concentraban fundamentalmente en plazos fijos del Banco Nación. Pero desde julio comenzó a crecer con fuerza la participación de títulos públicos.

En junio representaban el 11,5% de la cartera; en julio saltaron al 61,5% y en agosto al 79,4%. Para diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones invertidos por el SisVial estaba colocado en letras del Tesoro.

Recursos para intervenir hasta 25.000 kilómetros

La dimensión del dinero retenido adquiere otra escala cuando se traduce a infraestructura.

Un economista especializado en asuntos públicos consultado por LA NACION calculó que, tomando como referencia el costo por kilómetro surgido de una licitación reciente de Vialidad Nacional, con los recursos acumulados en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas.

La cifra equivale aproximadamente a dos tercios de la red vial nacional, aunque el propio especialista aclaró que se trata de una estimación aproximada.

El contraste resulta particularmente relevante para las provincias y economías regionales, donde la infraestructura vial constituye un componente directo del costo logístico. El deterioro de las rutas no sólo impacta sobre seguridad y tiempos de viaje: también encarece el transporte de mercaderías, aumenta costos de mantenimiento y reduce competitividad.

Entre 65% y 70% de las rutas, en estado regular o malo

La acumulación financiera ocurre mientras crecen las advertencias sobre el estado de la infraestructura.

Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó que entre 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, situación que vinculó con la subejecución presupuestaria y la paralización de obras.

Los reclamos también comenzaron a multiplicarse entre los gobernadores. Alberto Weretilneck, de Río Negro, describió las rutas nacionales de su provincia como “heridas, rotas y olvidadas”, mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, advirtió sobre el profundo deterioro de distintos corredores.

La problemática tiene una dimensión especialmente sensible para provincias alejadas de los grandes centros de consumo, como Misiones, donde prácticamente toda la producción y el abastecimiento dependen del transporte terrestre y de corredores nacionales estratégicos.

Economía concentra las decisiones

Desde marzo de 2024, la decisión final sobre estos fondos quedó concentrada en el Ministerio de Economía.

El decreto 215/14 -según detalla la investigación- ubicó a la cartera conducida por Luis Caputo como fiduciante y autoridad de aplicación de los fondos fiduciarios integrados con recursos nacionales. Posteriormente, una resolución ministerial delegó facultades en la Secretaría Legal y Administrativa, con intervención previa de la Secretaría de Hacienda.

LA NACION consultó al ministro Caputo y a sus principales colaboradores sobre los desembolsos, las inversiones financieras y los criterios utilizados para seleccionar montos, instrumentos y plazos, pero no obtuvo respuestas antes de la publicación de la investigación.

Desde el Banco Nación, en tanto, señalaron que la entidad actúa únicamente como fiduciaria y ejecuta las instrucciones que recibe del Ministerio de Economía.

Un exdirector del Banco de Inversión y Comercio Exterior consultado por el diario describió el funcionamiento como una lógica propia de una “mesa de dinero”: obra pública prácticamente detenida mientras los recursos disponibles se orientan hacia inversiones financieras hasta su eventual utilización.

Más de $1,03 billones que no llegaron al asfalto

El balance final sintetiza la magnitud del fenómeno. Al cierre de mayo, el SisVial mantenía $1.001.018 millones en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.

En conjunto eran $1.038.779 millones que no habían sido volcados a infraestructura vial.

El dinero está. Pero, por ahora, una proporción sustancial permanece en activos financieros mientras el deterioro vial continúa trasladando costos a las provincias, las empresas, el transporte y los usuarios.

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El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli tras una tensa pulseada política

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En una de las votaciones más sensibles para la relación entre el Gobierno nacional y el Senado, la Cámara alta aprobó finalmente el pliego de Verónica Michelli para ocupar la vacante de jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. La decisión se produjo luego de una intensa negociación política que expuso diferencias internas dentro del oficialismo y dejó en evidencia los límites de la capacidad de disciplinamiento de la Casa Rosada sobre sus propios aliados parlamentarios.

La magistrada obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, luego de que el pleno habilitara previamente el tratamiento de su candidatura con una mayoría especial de 63 votos a favor y apenas dos rechazos. El resultado significó una derrota política para el Poder Ejecutivo, que pocas horas antes había remitido formalmente al Senado el pedido de retiro del pliego.

La controversia se originó por el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del denominado caso $LIBRA, una causa que incomoda al oficialismo. Sin embargo, la mayoría de los bloques decidió avanzar con la designación bajo el argumento de que las relaciones familiares no constituyen impedimento para evaluar los antecedentes profesionales de una candidata que ya había atravesado el proceso de audiencias públicas y obtenido dictamen favorable.

Bullrich se diferenció de la Casa Rosada

Uno de los movimientos más relevantes de la jornada fue protagonizado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien se apartó de la postura impulsada por el Ejecutivo y defendió el tratamiento del pliego. Aunque finalmente optó por abstenerse en la votación, dejó una definición que sintetizó su posición política.

“No se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, sostuvo antes de la votación, al tiempo que destacó que Michelli había realizado los méritos necesarios para llegar a esa instancia institucional. Luego anunció su abstención y concluyó con una frase cargada de significado político: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

La postura de Bullrich ya había generado ruido dentro del oficialismo desde comienzos de la semana. El lunes por la noche comunicó públicamente que el Senado debía continuar con el tratamiento parlamentario del pliego, una posición que contrastó con la decisión posterior del Gobierno de solicitar formalmente su retiro.

Según trascendió en ámbitos parlamentarios, la ministra puso su renuncia a la conducción de la bancada a disposición del presidente Javier Milei, quien finalmente decidió sostenerla en el cargo. Sin embargo, el episodio profundizó las diferencias con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que había impulsado una estrategia más dura para bloquear la designación.

El interbloque Popular inclinó la balanza

La aprobación del pliego fue posible gracias al respaldo mayoritario del interbloque Popular, que aportó 21 votos positivos sobre sus 25 integrantes. Sólo estuvieron ausentes Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

La negociación se extendió durante más de una hora en un cuarto intermedio marcado por fuertes discusiones entre los presidentes de bloque. Finalmente, el oficialismo cedió ante la presión de los sectores dialoguistas y aceptó incluir el expediente en el temario.

El acuerdo permitió además destrabar el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que habían sido dictaminados tras las audiencias públicas realizadas entre el 13 y el 15 de mayo, una cuestión que se había transformado en el principal foco de conflicto institucional de la sesión.

Más allá del caso puntual de Michelli, la discusión dejó planteada una cuestión de fondo sobre el funcionamiento del sistema de designación de magistrados y el equilibrio entre los poderes del Estado.

La mayoría de los senadores interpretó que permitir el retiro de un pliego ya dictaminado por razones vinculadas a la actividad periodística de un familiar sentaría un precedente complejo para futuros procesos de selección judicial. En esa lectura, el respaldo a Michelli terminó funcionando también como una defensa de la autonomía institucional del Senado frente a las presiones políticas coyunturales.

Nueve nuevos pliegos judiciales ingresaron al Senado

Mientras se resolvía la situación de Michelli, la Cámara alta dio ingreso parlamentario a otros nueve expedientes enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes estratégicas en distintos tribunales federales y nacionales.

Entre las postulaciones figuran Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Javier Jorge Cosentino para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Ramiro Ariel Mariño para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54; Ángela Cecilia Pagano Mata para el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia; José Ignacio Polizza para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14; María Gabriela Janeiro para el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5; Diego Andrés Villanueva para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42; Mariano Adolfo Klumpp para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9; y Miguel Ángel Asturias para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27.

La incorporación de estos expedientes anticipa que la disputa por la integración del Poder Judicial continuará ocupando un lugar central en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas. La aprobación de Michelli mostró que, aun con una Casa Rosada decidida a intervenir en el proceso, el Senado conserva márgenes propios de negociación y capacidad para imponer sus tiempos y decisiones.

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Crisis libertaria por el veto a una candidata a jueza: Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei

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La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.

El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.

Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.

La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.

Un bloque en estado de deliberación

La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.

Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.

La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.

Señales para la oposición dialoguista

Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.

La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.

Críticas a la estrategia de la Casa Rosada

Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.

También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.

La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.

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Senado: el Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza, cuñada de un periodista

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El Gobierno nacional envió este miércoles al Senado de la Nación el pedido de retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

La medida de la Casa Rosada se fundamenta en un veto de naturaleza política: la candidata es cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, autor de recientes investigaciones que salpicaron a figuras de la administración libertaria.

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto.

Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

La orden de frenar el ascenso judicial, que el propio presidente Javier Milei había firmado a mediados de marzo, provino de la Secretaría General de la Presidencia.

La nota formal remitida al Senado para retirar la postulación lleva las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero Penal Económico.

Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con emisarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de la propia jefatura libertaria, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión. Greenway y Catania están propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

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Un documento en el celular de Novelli menciona US$5 millones por el respaldo de Milei al criptoactivo $LIBRA

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Según registros recuperados por peritos judiciales, el memo detallaba pagos escalonados vinculados a anuncios públicos del Presidente y a un eventual contrato de asesoría en blockchain. La causa investiga el rol de intermediarios y comunicaciones previas al lanzamiento del token.

Un documento recuperado del teléfono celular del lobista Mauricio Novelli —quien facilitó el contacto entre la Casa Rosada y el empresario estadounidense Mark Hayden Davis— detalla un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA.

El contenido forma parte del material que analiza la Justicia en la causa sobre la creación y promoción de ese token. El texto fue hallado entre las notas redactadas por Novelli en su celular y posteriormente eliminadas, pero recuperadas por peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

La información fue revelada por los periodistas Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi, del diario La Nación, quienes accedieron a copias del documento incorporado a la investigación.

Un memo con pagos escalonados

El texto recuperado tiene formato de memorando y estaba dirigido a Davis y a su entorno cercano. Según los registros analizados por los investigadores, habría sido redactado entre octubre y noviembre de 2024, poco antes del viaje del empresario a la Argentina para reunirse con Milei en la Casa Rosada.

El documento detalla tres pagos que, en conjunto, suman US$5 millones.

Según el contenido del memo, el esquema previsto contemplaba:

  • US$1,5 millones en tokens o dinero en efectivo como adelanto.
  • US$1,5 millones adicionales cuando el Presidente anunciara en redes sociales que Davis o su equipo lo asesoraban en temas vinculados a blockchain.
  • US$2 millones más tras la firma presencial de un contrato de asesoría tecnológica en blockchain o inteligencia artificial para el Gobierno argentino o para Milei.

El mensaje, redactado en inglés informal, comenzaba con la frase: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, en aparente referencia a Hayden Davis.

Hasta el momento no existen pruebas judiciales de que ese supuesto acuerdo haya sido validado por funcionarios del Gobierno, ni de que el memo haya sido efectivamente enviado.

Coincidencias con hechos posteriores

El contenido del documento coincide con algunos acontecimientos que ocurrieron meses después.

El 30 de enero de 2025, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada. Tras ese encuentro, el Presidente publicó en su cuenta oficial en la red social X una fotografía junto al empresario estadounidense y afirmó que lo estaba asesorando en temas de blockchain y criptoactivos.

Ese mismo día, según reveló el diario Clarín, ambas partes firmaron un entendimiento vinculado a cooperación tecnológica.

Los registros de ingresos a la Casa Rosada muestran que Davis entró al edificio gubernamental a las 13:56, apenas un minuto después que Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy. Los tres se retiraron a las 14:31.

Comunicaciones previas al lanzamiento

Los datos recuperados del teléfono de Novelli también muestran un intenso intercambio de comunicaciones en torno al lanzamiento del token.

De acuerdo con el análisis pericial, Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas y mensajes con el lobista durante las horas previas y posteriores al debut de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025.

Los registros también incluyen:

  • 14 comunicaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo, considerado entonces parte del llamado “triángulo de hierro”.
  • Tres contactos con Demian Reidel, quien en ese momento era jefe de asesores económicos.

La primera llamada entre Caputo y Novelli aparece registrada a las 23:37 del mismo día del lanzamiento, cuando el escándalo por el desplome del criptoactivo ya se había desatado.

El mensaje que Novelli sugería publicar

Entre los archivos del celular también aparece un borrador de mensaje que Novelli redactó tras una conversación telefónica con Caputo el 16 de febrero de 2025.

En ese texto proponía el contenido de un eventual mensaje presidencial en la red social X. “Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, escribió antes de redactar el tuit sugerido.

Finalmente, ese texto no fue publicado. Sin embargo, el Presidente difundió un mensaje de tono similar en el que afirmó que había apoyado un “supuesto emprendimiento privado” sin tener participación en el proyecto y que decidió eliminar el tuit una vez que se interiorizó sobre los detalles.

La secuencia del día del lanzamiento

El análisis de los registros telefónicos permite reconstruir los minutos previos al anuncio público del token.

El 14 de febrero de 2025, Novelli intentó contactar primero a Karina Milei desde Dallas a las 17:53, sin éxito.

Posteriormente:

  • A las 18:44 intentó comunicarse con el Presidente.
  • Diez minutos después logró una llamada con Milei que duró 1 minuto y 25 segundos.
  • A las 18:56 volvió a comunicarse con el mandatario durante 13 segundos.

Un minuto después se activó el sitio Viva La Libertad Project, la plataforma asociada al lanzamiento del token.

A las 19:01, Milei publicó el tuit en el que difundía $LIBRA, incluyendo el código necesario para acceder al contrato del token.

Según el análisis de expertos informáticos citado en la investigación, 22 segundos antes de ese mensaje ya se habían registrado 87 transacciones desde 74 billeteras virtuales, que compraron activos por 13,5 millones de dólares.

La causa judicial continúa en etapa de investigación para determinar responsabilidades y la eventual existencia de vínculos financieros o contractuales detrás del lanzamiento del criptoactivo.

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