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Sturzenegger cerró la puerta a cambios en la yerba: “El foco está en exportar, no en cobrar un precio que la yerba no tiene”

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Federico Sturzenegger ratificó en Puerto Iguazú, en el corazón turístico de la principal provincia productora de yerba mate del país, una definición que difícilmente cause satisfacción entre los productores misioneros: el Gobierno nacional no piensa modificar la política de desregulación del sector.

En diálogo con Economis, durante el encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado defendió el nuevo esquema del mercado yerbatero y rechazó la idea de que la crisis del precio de la materia prima deba resolverse mediante una nueva intervención estatal.

La respuesta llegó en un momento especialmente sensible. Mientras Sturzenegger participaba del encuentro empresario en Iguazú, productores yerbateros volvían a manifestarse por los valores que reciben por la hoja verde y una parte del sector atribuye directamente el deterioro de sus ingresos a la pérdida de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Sturzenegger planteó otra lectura. “Me parece que tenemos un sector yerbatero que está con récord de producción, está con récord de exportaciones. Definitivamente, el futuro de la industria es la expansión del mercado de exportación, que es infinito”, sostuvo.

Para el funcionario, la penetración prácticamente universal que alcanzó la infusión en el mercado doméstico demuestra que el desafío ya no pasa por encontrar consumidores dentro de la Argentina, sino fuera de sus fronteras.

“No hay ningún motivo por el cual la industria yerbatera le pueda vender yerba al 96 por ciento de las familias argentinas y no pueda hacer lo mismo en todo el resto del mundo con el producto espectacular que tiene”, afirmó.

Y enseguida lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Tenemos que poner el foco en ese crecimiento y no necesariamente en cobrarle a los argentinos un precio que la yerba no tiene”.

La discusión, sin embargo, tiene una frontera que en Misiones resulta decisiva: una cosa son los números agregados de producción, ventas y exportaciones y otra es la situación económica del productor que entrega la hoja verde.

Economis le planteó precisamente esa diferencia. La expansión de la industria y de los mercados externos no necesariamente implica que todos los eslabones de la cadena atraviesen la misma situación. El pequeño productor enfrenta hoy el deterioro del precio de su materia prima en un mercado con abundante oferta.

Sturzenegger sostuvo la lógica de mercado. “Todas las industrias tienen sus distintos eslabones y sus distintos participantes y eso genera un precio, que es el que está en el mercado”, respondió.

No hubo, en ese punto, una promesa de intervención específica para recomponer el ingreso del productor primario. La propuesta nacional vuelve a aparecer más adelante en la cadena: hacer crecer el mercado para ampliar la demanda.

“El Gobierno nacional está 100 por ciento a disposición de la industria para el desarrollo de los mercados de exportación. Me parece que tenemos que apostar a lo grande”, insistió.

Economis fue entonces directamente a la definición política: ¿puede haber un cambio en la política nacional para la yerba mate?

La respuesta fue terminante. “No, no, no”.

Sturzenegger descartó así una revisión del rumbo desregulador y desplazó nuevamente la discusión desde el precio de la hoja verde hacia la ampliación del negocio yerbatero.

“Nosotros vamos a estar siempre codo a codo para ayudar a la industria, desarrollar la industria de exportación. Estamos desarrollando muchísimos nuevos mercados y me parece que el foco está ahí”, aseguró.

La definición tiene peso político porque se produce en Misiones y en plena discusión sobre las consecuencias del nuevo esquema yerbatero. Desde la entrada en vigencia de las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, el INYM perdió herramientas centrales de intervención económica, entre ellas la capacidad de fijar precios obligatorios para la materia prima.

Para Sturzenegger, esa regulación no es el camino que permitirá resolver el problema estructural de la actividad.

Su apuesta es otra: más mercado, más exportaciones y más productos derivados de la yerba mate.

El ministro también planteó que la internacionalización de la yerba no debería limitarse a exportar el paquete tradicional que consumen argentinos, paraguayos, uruguayos y parte del mercado regional.

“El producto tampoco necesariamente tiene que venderse de la manera que lo consumimos en Argentina”, señaló.

Allí aparece una de las claves de su visión sobre el futuro de la actividad. Sturzenegger mencionó expresamente la posibilidad de desarrollar bebidas energizantes, bebidas diuréticas y otros productos derivados, capaces de insertar la materia prima en categorías de consumo mucho más amplias que la infusión tradicional.

“Hay un sinfín de usos que tiene la yerba mate y estoy seguro de que la industria lo va a desarrollar”, afirmó.

Es una apuesta a cambiar la escala del negocio. La Argentina tiene un mercado interno extraordinariamente maduro, pero la yerba todavía posee una participación marginal frente a otras bebidas e infusiones en buena parte del planeta. Para el Gobierno nacional, allí está la oportunidad que debe perseguir el sector.

Dos diagnósticos frente a una misma crisis

La discusión deja expuestas dos miradas que hoy atraviesan a la economía yerbatera.

Desde buena parte del sector primario se reclama recuperar instrumentos capaces de equilibrar una cadena caracterizada por miles de productores frente a una industria mucho más concentrada. El argumento es que aumentar producción o exportaciones no garantiza, por sí solo, una distribución suficiente del ingreso hacia la chacra.

Sturzenegger parte de la premisa contraria: el precio debe surgir del mercado y el Estado debe concentrar sus esfuerzos en remover obstáculos y ayudar a ensanchar la demanda, especialmente mediante las exportaciones.

Mientras los productores que protestan en las afueras del hotel donde se desarrolló el encuentro de finanzas, miran el precio del kilo de hoja verde que sale de la chacra, Nación mira el tamaño potencial del mercado mundial. Uno reclama una respuesta inmediata sobre el ingreso; el otro propone una transformación de escala que necesariamente requiere tiempo, inversiones, innovación comercial y apertura de destinos.

En Iguazú, Sturzenegger dejó claro cuál de esas dos estrategias seguirá el Gobierno nacional. Y puso incluso un horizonte temporal.

“Me imagino una industria de la yerba en diez años que es muchísimo más grande que la que tenemos hoy”, aseguró.

Después volvió sobre la misma idea: “Estoy convencido de que en diez años vamos a tener una industria mucho más grande que la que tenemos actualmente”.

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Brito: “Los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”

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El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, eligió Puerto Iguazú para poner en palabras una mirada que combina respaldo al ordenamiento macroeconómico con una advertencia sobre el punto más sensible que enfrenta ahora el programa económico: la estabilización todavía no consiguió traducirse con suficiente fuerza en actividad, empleo e ingresos.

“El nivel de actividad hoy es el tema en Argentina, el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo”, sostuvo Brito en una diálogo con Economis y otros medios, durante su participación en la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú.

No es una observación menor viniendo de uno de los principales banqueros del país. Brito respaldó la necesidad de eliminar el déficit fiscal y consideró inevitable la corrección de buena parte de los subsidios que sostenía el Estado. Pero también marcó una diferencia con uno de los supuestos centrales sobre los que se apoyó el cambio de modelo: la velocidad con la que el mercado podía reordenar la economía.

“Para mí es un error de diagnóstico creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó.

Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.

“Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”. 

Equilibrio fiscal, pero con matices

Brito no cuestiona el corazón fiscal del programa económico. Por el contrario, sostuvo que la Argentina había llegado a una situación en la que prácticamente no existían alternativas.

Cuando un Estado mantiene déficit y ya no consigue quién lo financie, explicó, quedan dos caminos: ajustar o emitir dinero. La experiencia inflacionaria argentina, planteó, mostró los límites de la segunda alternativa.

Sí puede discutirse, según el empresario, dónde debía recaer el recorte.

En ese sentido, defendió la reducción de los subsidios generalizados a las tarifas. “No hay países en el mundo, ni desarrollados ni subdesarrollados, que tengan subsidios de tarifa de la magnitud que tenía Argentina”, señaló.

Y utilizó su propio caso para graficar la distorsión: “Acá se subsidiaba la oferta y yo era subsidiado, yo, Jorge Pablo Brito. Entonces eso era algo que estaba claramente mal y había que resolverlo”. 

La corrección tarifaria redujo el ingreso disponible de las familias al mismo tiempo que la economía todavía no generó suficiente empleo e inversión como para compensar ese impacto. Según Brito, el peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar pasó de niveles cercanos al 5 por ciento a alrededor del 25 por ciento, en un contexto que además combinó tasas de interés reales excepcionalmente elevadas, pérdida de puestos de trabajo y deterioro de ingresos. 

Uno de los ejes de la jornada del IAEF fue el crecimiento de la morosidad. Brito reconoció el problema, aunque evitó una lectura catastrófica.

En el sistema bancario, explicó, la mora involucra a más de dos millones de clientes, aunque representa menos del 10 por ciento. En Banco Macro, sostuvo, las nuevas generaciones de créditos muestran mejores indicadores de cumplimiento que las anteriores, una señal que alimenta la expectativa de que el deterioro haya comenzado a revertirse. 

“No hay nada que nos haga pensar que eso vaya a incrementarse a futuro”, aseguró. “Somos muy optimistas de que esto se va a poder resolver en el corto plazo”. 

Brito aprovechó la entrevista con Economis para enviar además un mensaje directo a los clientes de Macro que atraviesan dificultades financieras.

“Convoco a todos los clientes que están en mora a que vengan. En el caso de mi banco van a encontrar una ayuda para poder refinanciar a tasas ventajosas y plazos convenientes”, afirmó. 

Pero trazó una línea frente a las propuestas políticas que buscan resolver el sobreendeudamiento afectando los derechos de los acreedores.

Para el presidente de Macro, una intervención de ese tipo podría solucionar un problema coyuntural a costa de generar otro mucho más profundo: reducir estructuralmente la oferta de crédito.

“Si violentamos o afectamos los derechos de los acreedores, eso en definitiva termina afectando la capacidad de dar préstamos”, advirtió. 

El argumento de Brito va más allá de la coyuntura de la mora. Su diagnóstico es que una de las debilidades estructurales argentinas es precisamente la escasez del crédito privado en relación con el tamaño de la economía.

“Cuantos menos préstamos tenemos en relación al producto, menos desarrollados somos”, sintetizó.

Pero hizo una distinción sobre la calidad del financiamiento. El desafío no pasa únicamente por multiplicar préstamos al consumo, sino por construir un sistema capaz de prestar a largo plazo.

“El préstamo bueno no es necesariamente el de consumo. Es el préstamo hipotecario, el que permite a un individuo comprarse una vivienda, a una pyme o a una empresa financiar capital de trabajo”. 

Allí aparece otra de las restricciones argentinas: el costo financiero.

Brito señaló que sobre cada préstamo existe una carga impositiva correspondiente a los tres niveles del Estado que puede terminar siendo superior al propio spread financiero de las entidades bancarias.

Para bajar el costo del crédito, planteó, también será necesario revisar esa estructura. 

Ante la pregunta sobre cómo recuperar el poder adquisitivo, Brito volvió sobre una palabra: productividad.

Su secuencia es inversión, productividad, creación de empleo y, finalmente, recuperación del salario real.

“Productividad genera empleo y la competencia del empleo es lo que genera aumento de salarios”, explicó.

“Para que aumente el salario real, lo que tenemos que generar es aumento del empleo y el aumento del empleo se genera pura y exclusivamente con inversión”, insistió. 

Desde su rol empresario, aseguró que ésa es precisamente la estrategia que intenta llevar adelante en las compañías que conduce: identificar oportunidades de inversión capaces de generar crecimiento.

Brito mira al interior: “Debe ser el gran ganador”

En Iguazú, el presidente de Banco Macro dejó además una definición especialmente relevante para Misiones y las economías regionales.

“El interior es el gran ganador” del nuevo modelo económico, afirmó, aunque inmediatamente introdujo una condición: para que ese potencial pueda convertirse en producción, exportaciones y empleo, la Argentina necesita infraestructura.

El riesgo, según Brito, es repetir viejos desequilibrios territoriales. Si las oportunidades económicas cambian de lugar pero la infraestructura no acompaña, el país puede volver a generar procesos migratorios y cuellos de botella como los ocurridos décadas atrás.

Por eso planteó la necesidad de “empezar a trabajar diagramando este nuevo modelo de país”, con infraestructura capaz de acompañar el desarrollo productivo de las provincias. 

Misiones, sostuvo, tampoco debería quedar al margen.

Brito identificó a la energía, el petróleo y el gas como motores de buena parte de la Patagonia y a la agricultura como un vector que atraviesa numerosas provincias del centro y del norte. En ese escenario, planteó que las exportaciones deberían adquirir mucho más peso dentro de la economía argentina, pero con una condición adicional: incorporar valor agregado. 

La infraestructura aparece, en su visión, como el puente entre el equilibrio macroeconómico y la recuperación de la economía real.

Argentina, dijo, tiene una infraestructura “totalmente desinvertida y atrasada”. Recuperarla permitiría atacar dos problemas simultáneamente: mejorar la competitividad futura y generar actividad y empleo ahora.

Y no necesariamente mediante obra pública financiada directamente por el Estado.

Brito planteó que el Gobierno puede crear incentivos y marcos regulatorios capaces de movilizar capital privado hacia rutas, ferrocarriles y obras hídricas.

“Todo eso debería generar un plan de infraestructura para generar empleo en el corto plazo”, sostuvo. 

Es, en definitiva, el matiz que Brito introduce al debate económico desde el sector privado. El equilibrio fiscal aparece como una condición que no debería abandonarse. Pero no alcanza.

La segunda etapa necesita inversión. Necesita crédito. Necesita infraestructura. Y, sobre todo, necesita velocidad para que los sectores que pueden crecer comiencen a hacerlo antes de que el ajuste de quienes perdieron termine profundizando el freno de la actividad.

El propio Brito lo resumió desde Iguazú: Argentina necesita empresarios “que se animen, que inviertan”.

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Quema de muñeco y repudio cultural popular en Posadas ante la llegada de Javier Milei a Misiones

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La quema de un muñeco, que simbolizó los daños provocados por las políticas neoliberales y coloniales del Gobierno nacional, coronó la jornada de protesta realizada esta tarde en la plaza 9 de Julio de Posadas, en repudio a la visita de Javier Milei a Misiones.

Convocado por la Multisectorial por la Soberanía de Misiones, el espacio público se transformó en un punto de encuentro, arte y lucha colectiva. A través de bandas de música y diversas expresiones artísticas, el festival reunió a vecinos y militantes para visibilizar la crisis socioeconómica derivada de las medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional.

El festival y la vigilia cultural comenzaron a las 18:00 con la presencia de jubilados que exigieron ingresos dignos, trabajadores despedidos atravesados por la incertidumbre y jóvenes precarizados que reclaman un futuro previsible. También se sumaron familias afectadas por los recortes en el área de discapacidad y productores locales golpeados por el impacto del modelo neoliberal en el trabajo de la tierra.

Uno de los momentos centrales de la jornada ocurrió cuando los asistentes encendieron la pira del muñeco. La figura representó el desempleo y la vulneración de derechos básicos, como el acceso a los alimentos, al agua y a la energía, además del deterioro de la salud y la educación pública, el transporte y los emprendimientos provinciales. Asimismo, se denunció el desmantelamiento de instituciones clave para el desarrollo regional y científico, como el INYM, el INTA y el CONICET.

La quema, impulsada por la Multisectorial, recuperó la tradición regional del ritual popular de la Fiesta de San Juan: el fuego como elemento purificador que quema los males para dar paso al renacer y a la esperanza colectiva.

Con la participación de representantes de más de 70 agrupaciones, la jornada de este jueves reafirmó el compromiso de defender el trabajo, la salud, la educación y la producción frente al ajuste del Gobierno nacional.

Las manifestaciones continuarán mañana, viernes 4, con una concentración frente al Campus de la Universidad Nacional de Misiones, otro espacio emblemático de la resistencia social contra las medidas de ajuste.

El presidente Javier Milei participará este viernes 4 de septiembre de 2026 en el cierre de la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el Hotel Loi Suites de Puerto Iguazú, en lo que será su primera visita oficial a la provincia desde su asunción. Formarán parte de la comitiva oficial ministros y referentes del gabinete económico, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

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Javier Timerman: “El Gobierno está jugando demasiado al borde y es riesgoso subestimar el malestar de la gente”

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La estabilidad puede ser una condición necesaria para crecer. Pero todo depende de qué se entienda por estabilidad. Para Javier Timerman, la Argentina todavía está lejos de haberla conquistado: consiguió ordenar algunos indicadores económicos, moderar la inflación y encaminar una transformación de su estructura productiva, pero aún no logró convencer a los inversores de que esas reglas sobrevivirán al próximo cambio político.

Esa fue la definición central que dejó el asesor financiero, con cuatro décadas de experiencia en el mercado estadounidense, durante el Encuentro de Ejecutivos de Finanzas realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú.

En una entrevista con Economis, Timerman cuestionó la idea de que uno o dos años de calma sean suficientes para considerar estabilizada a una economía marcada históricamente por crisis, cambios abruptos de rumbo y políticas que se desarman con cada nuevo gobierno.

“Primero deberíamos definir qué es estabilidad. Yo creo que con la estabilidad sí alcanza, pero definamos estabilidad. Estabilidad no es que durante un año, un año y medio o dos los indicadores económicos estén estables. Eso significa que hay indicadores económicos estables”, diferenció.

Para el analista, la verdadera estabilidad llegará cuando la comunidad inversora acepte que la Argentina ya no tiene vuelta atrás en determinadas políticas. No será el resultado de una baja temporal de la inflación ni de algunos meses de tranquilidad cambiaria, sino de una acumulación prolongada de confianza.

“Para un país como la Argentina, eso no demanda dos años. Probablemente demande diez”, afirmó.

Timerman sostiene que la estabilidad no puede limitarse a una planilla económica. También requiere acuerdos políticos, instituciones previsibles y un debate público menos violento. El país será estable, explicó, cuando un cambio de gobierno no implique nuevamente la demolición de todas las reglas construidas por la administración anterior.

“Habrá estabilidad cuando el cambio político no altere determinadas reglas de juego, cuando los partidos las acepten, el discurso baje varios decibeles y el péndulo deje de asustarnos”, señaló.

Mientras esas condiciones no aparezcan, la economía continuará atravesando períodos de mayor tranquilidad y otros de renovada desconfianza. Ese movimiento explica, a su entender, por qué muchas compañías mantienen una posición cautelosa a pesar de reconocer los avances macroeconómicos.

El razonamiento del inversor todavía es defensivo: no sabe si las condiciones actuales tendrán continuidad y, por lo tanto, demora proyectos, reduce su exposición o invierte menos de lo que podría. En ese escenario, la estabilidad no está consolidada: apenas hay indicadores que, por ahora, permanecen relativamente ordenados.

“Cuando alguien dice ‘yo no sé qué va a pasar’, entonces no hay estabilidad”, resumió.

La diferencia no es semántica. Define cuánto capital está dispuesto a arriesgar el sector privado, durante cuánto tiempo y en qué actividades. La inversión de largo plazo exige algo más que una foto favorable: necesita la certeza de que el próximo gobierno no volverá a cambiar el tablero.

Timerman reconoce que los indicadores actuales muestran una transformación de la economía argentina. También advierte que una modificación de semejante profundidad inevitablemente produce ganadores y perdedores.

Durante décadas, numerosas empresas operaron dentro de una economía cerrada, sin crédito y con escasa competencia. En lugar de invertir para mejorar su productividad o conquistar mercados, destinaban apenas lo indispensable para mantener la facturación. La apertura encuentra ahora a una parte de ese entramado empresario rezagado, con dificultades para competir y sin certezas sobre su propia supervivencia.

“Cuando se hacen estas transformaciones no se puede esperar que no haya sectores beneficiados y sectores perjudicados. Es imposible evitarlo”, sostuvo.

El problema no se limita a las compañías que quedaron atrasadas. También alcanza a aquellas que podrían desarrollar productos competitivos, incorporar tecnología y buscar nuevos destinos, pero que todavía temen que el péndulo político vuelva a moverse en sentido contrario antes de que sus inversiones maduren.

La Argentina queda así atrapada en una contradicción: necesita inversiones para fortalecer su competitividad, pero la falta de continuidad política desalienta precisamente los proyectos que podrían sostener ese cambio.

La transformación tampoco impacta de manera uniforme sobre el territorio. Mientras sectores como la minería, la energía y buena parte del agro aparecen como los grandes ganadores del nuevo esquema, otras economías regionales enfrentan costos elevados, falta de infraestructura, asimetrías fronterizas y problemas de competitividad que no se resuelven únicamente con estabilidad macroeconómica.

En Misiones, esa discusión adquiere una dimensión concreta. La provincia no cuenta con gas natural, soporta mayores costos logísticos y energéticos y compite diariamente con las economías de Brasil y Paraguay. Tampoco dispone de la escala de las provincias mineras, petroleras o productoras de soja.

Timerman consideró que el programa económico debe reconocer esas diferencias y construir, junto con los gobernadores, políticas capaces de equilibrar las condiciones de provincias e industrias muy distintas.

“El plan económico debería tomar en cuenta las diferencias entre las regiones de la Argentina. Tiene que haber una política acordada con los gobernadores, con ciertos consensos que permitan equilibrar lo que ocurre en las distintas provincias y actividades”, planteó.

El asesor financiero destacó que la Argentina logró volverse atractiva en sectores que años atrás parecían condenados al estancamiento. El caso de la energía demuestra, a su juicio, que es posible transformar ventajas potenciales en actividades competitivas. El desafío consiste en detectar qué otros sectores pueden recorrer un camino similar.

Eso supone revisar también el papel del Estado. Timerman rechazó los dos extremos que suelen dominar la discusión argentina: la idea de que el Estado no sirve para nada y aquella que lo presenta como solución para todos los problemas.

“Hay que evaluar los sectores en los que la Argentina puede ser competitiva y utilizar al Estado para incentivar determinadas industrias, pero hacerlo inteligentemente, como hacen todos los países”, explicó.

El péndulo ideológico impide construir una estrategia productiva de largo plazo. Mientras la discusión permanezca atrapada entre la ausencia total del Estado y su intervención permanente, será difícil diseñar una política capaz de atender a empresas, actividades y provincias con necesidades profundamente diferentes.

El riesgo de una economía de serrucho

La pregunta decisiva es cuánto tiempo están dispuestas a esperar la sociedad y la dirigencia política. Timerman considera peligroso suponer que una economía con avances y retrocesos, ganadores visibles y perdedores persistentes puede mantenerse indefinidamente sin producir consecuencias electorales.

“Es muy riesgoso pensar que esta economía de serrucho, donde hay ganadores y perdedores, no tendrá en algún momento consecuencias políticas. El Gobierno está jugando demasiado al borde de algo que no sabemos cómo puede terminar”, advirtió.

El problema se vuelve más delicado porque, según su mirada, todavía no existe una alternativa política que garantice la continuidad de los avances alcanzados y, al mismo tiempo, corrija los costos de la transición. Si el malestar se traduce en un voto de castigo, la respuesta podría ser otro movimiento violento del péndulo.

Timerman recordó la volatilidad que precedió a las elecciones presidenciales de 2023. Horacio Rodríguez Larreta comenzó aquel año como uno de los principales aspirantes; después apareció Patricia Bullrich; Sergio Massa llegó a ejercer durante algunas semanas una centralidad casi presidencial y finalmente Javier Milei ganó el balotaje.

“No sabemos qué puede pasar. Es riesgoso subestimar que la gente muchas veces diga: ‘Entiendo que la estabilidad de los indicadores es importante, pero si a mí me va mal en lo personal, voto un cambio’”, sostuvo.

La advertencia toca el núcleo del dilema oficial. El Gobierno puede exhibir equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria y ordenamiento de las variables financieras, pero esos resultados no garantizan respaldo político si una parte importante de la sociedad no percibe mejoras en su empleo, sus ingresos o su capacidad de consumo.

Timerman también cuestionó con dureza a la oposición. Aseguró que el peronismo todavía no consiguió construir una agenda que incluya una autocrítica sobre sus gobiernos ni una definición clara frente a los principales debates económicos.

“El peronismo no logra discutir una agenda que contenga cierta autocrítica. Hoy no se sabe qué piensa”, afirmó.

Puso como ejemplo la discusión sobre la independencia del Banco Central. Dentro del mismo espacio conviven dirigentes que rechazan la iniciativa, otros que podrían acompañarla y sectores que ni siquiera explicitan una posición. Esa ambigüedad impide saber si las decisiones responden a convicciones económicas o simplemente a necesidades tácticas.

En el caso de Axel Kicillof, Timerman sugirió que el gobernador bonaerense podría estar priorizando la construcción territorial y la incorporación de intendentes antes que la formulación de una propuesta nacional. Para el analista, el peronismo está concentrado en la competencia política, pero posterga la tarea más importante: ofrecer una alternativa programática.

La diferencia con el oficialismo, observó, es evidente. Se puede coincidir o no con Milei, pero sus funcionarios repiten una orientación reconocible: consideran que la inflación debe continuar bajando, plantean que la mora es una relación entre privados y anticipan que profundizarán las reformas. Del otro lado, en cambio, aparecen grandes objetivos -más empleo, producción o desarrollo- sin políticas concretas para alcanzarlos. “Son objetivos, no políticas”, sintetizó.

Timerman consideró que la oposición cometerá un error si propone regresar al punto de partida. La sociedad puede buscar un gobierno que resuelva los problemas que la gestión de Milei no solucionó, pero difícilmente quiera renunciar a los avances obtenidos en materia de estabilidad de precios y orden macroeconómico.

Por eso, estimó que el peronismo debería reconocer los logros del Gobierno y concentrarse en aquello que considera necesario corregir. Allí podría encontrar una agenda propia: administrar la transición hacia una economía más abierta sin destruir la matriz industrial, diseñar políticas de reconversión y contemplar los tiempos que requieren empresas, trabajadores y provincias para adaptarse.

“Sería más inteligente que el peronismo reconociera los logros de este Gobierno y apuntara a solucionar lo que todavía no fue resuelto. Pero no lo hace. No discute”, cuestionó.

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Con la estabilidad sola no alcanza: empresarios respaldan el rumbo, pero advierten por los costos de la transición

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Con la estabilidad sola no alcanza. Y ¿qué estabilidad? En el salón de convenciones del Loi Suites quedó revoloteando esa paradoja. El consenso de que con la estabilidad es una condición necesaria, pero por sí sola no alcanza. Y la pregunta sobre qué tipo de estabilidad está parada la Argentina. Entre los ejecutivos de finanzas de las principales empresas del país, no hay dudas de que las reformas macro que impuso Javier Milei son correctas, pero al mismo tiempo, admiten que pueden no ser suficientes para contener a una economía que anda en varias velocidades a la vez y, sobre todo, a quienes son las víctimas necesarias de un proceso de “destrucción creativa”. El mejor ejemplo de esas velocidades es que la visita del presidente Javier Milei -la primera desde que asumió- chocará de lleno con una protesta de productores yerbateros que reclaman por la caída de los precios que impuso la desregulación, pilar de la economía libertaria.

Pese a eso, hay confianza en que la desaceleración de la inflación es clave para fortalecer inversiones. Esa es la principal conclusión de una encuesta presentada con la participación de más de 100 de las principales empresas líderes de la Argentina. Los ejecutivos consultados prevén para el 2026 un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad de sus compañías.   

Con respecto a las inversiones, el 84% de los empresarios destacó que crecerán o permanecerán constantes con relación al 2025. Este año estuvieron enfocadas principalmente en activos fijos, incorporación de tecnología y fortalecimiento del capital de trabajo. 

Pese a la alta expectativa, la primera jornada del encuentro realizado en la ciudad de las Cataratas careció de representantes del Gobierno nacional, aunque se espera que este viernes estén el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el de Economía, Luis Caputo y finalmente, el presidente Javier Milei. Sturzenegger, al igual que Patricia Bullrich, eran esperados este jueves, pero uno no llegó y la senadora optó por esperar la cadena nacional presidencial.

La postal del primer día de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas fue, entonces, la de un empresariado que respalda el rumbo general, pero comienza a ponerle condiciones al entusiasmo. El déficit cero, la baja de la inflación, la eliminación de la maraña cambiaria y la recuperación de estadísticas públicas confiables ya no aparecen como materias de discusión. El interrogante se trasladó a otro terreno: cuánto tiempo puede sostenerse la transición sin que sus costos económicos y sociales terminen debilitando las propias reformas.

Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, lo explicó con la imagen más potente de la jornada: en la Argentina corren dos relojes y no marcan la misma hora.

Uno es el reloj de las reformas estructurales. Allí entran la reforma laboral, el rediseño tributario, la transformación del Estado y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Son decisiones cuyos resultados se miden en años o décadas y que, según Miedziak, pueden definir el perfil productivo del país durante los próximos veinte años.

El otro es el reloj de la caja. No tiene la paciencia de la macroeconomía ni puede esperar a 2030. Es el de la pequeña y mediana empresa que debe pagar los salarios el cuarto día de cada mes, el del productor yerbatero que necesita liquidar la cosecha, el del hotel de Puerto Iguazú que factura en pesos y compite con Brasil o Paraguay y el del comerciante obligado a renovar capital de trabajo con tasas muy superiores a las vigentes en los países vecinos.

La distancia entre ambos tiempos concentra la principal amenaza. Las mismas medidas que podrían generar una economía más competitiva en el largo plazo también pueden acelerar, en el presente, la caída o reconversión de empresas y actividades que no tienen espalda financiera para esperar los beneficios prometidos. No es una impugnación del programa económico. Es el reconocimiento de que el tránsito hacia ese nuevo modelo tiene ganadores, perdedores y plazos que no siempre coinciden.

Para Miedziak, si ambos relojes no consiguen encontrarse, el peligro es el regreso del péndulo argentino: un nuevo salto desde una economía cerrada y regulada hacia una apertura extrema, o viceversa. La sustentabilidad de las reformas dependerá, por lo tanto, de que comiencen a producir resultados visibles en la vida cotidiana.

“No hay reforma sostenible sin resultados que la gente vea e impacte en su realidad personal y familiar”, planteó. La definición condensó el tono del encuentro: respaldo al rumbo, pero también un pedido para que el orden macroeconómico deje de ser solamente una promesa futura y empiece a convertirse en inversión, empleo y mejora de los ingresos.

Empresas resistentes, pero todavía cautelosas

La encuesta anual sobre financiación e inversión elaborada por EY Argentina y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas expuso esa mezcla de confianza y prudencia. El relevamiento, que alcanza a más de cien compañías líderes, mostró que el proceso de estabilización todavía avanza de manera heterogénea.

Durante el último año, el 51% de las empresas indicó que sus ventas aumentaron, una proporción inferior al 62% registrado en el relevamiento anterior. En el otro extremo, el 32% informó una caída. La rentabilidad tampoco mostró un resultado uniforme: mejoró para el 32%, permaneció estable para el 30% y empeoró para el 34%.

La expectativa mejora cuando las compañías miran hacia 2027. El 68% prevé un crecimiento de sus ventas y el 53% espera una mayor rentabilidad. Casi la mitad proyecta aumentar sus inversiones, principalmente en bienes de capital e incorporación de tecnología, dos destinos que concentraron el 70% de las respuestas. Otro 19% planea reforzar el capital de trabajo.

La inversión, sin embargo, todavía depende demasiado de los recursos propios. La autofinanciación representa el 31% de las fuentes utilizadas por las compañías, seguida por los bancos y entidades financieras locales, con el 22%, y los aportes de las casas matrices, con el 15%. Para el 69% de los ejecutivos, las necesidades de financiamiento no cambiaron respecto del año anterior, un dato que también revela cautela frente al endeudamiento.

Alejandro Kelman, socio de EY Argentina, explicó que la autofinanciación continúa funcionando como el refugio natural de las empresas mientras se consolida el orden macroeconómico. El desafío será recuperar el crédito estructurado y el mercado de capitales para financiar proyectos de una escala que los balances empresarios difícilmente puedan sostener por sí solos.

Energía, agro e infraestructura encabezan las expectativas

La energía volvió a destacarse como el sector con mayor potencial de crecimiento, con el 37% de las menciones. Le siguieron los agronegocios, con el 23%, y la infraestructura, con el 17%. Son, precisamente, tres sectores que exigen inversiones de largo plazo, financiamiento abundante y reglas que sobrevivan a los cambios de gobierno.

Para mejorar la competitividad, el 61% de los ejecutivos reclamó una simplificación tributaria y administrativa. Otro 19% pidió acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas. Entre los incentivos fiscales, el 29% se inclinó por reducir alícuotas a cambio de reinvertir utilidades y el 28% propuso bajar las cargas sociales cuando se genere nuevo empleo.

La confianza necesaria para invertir sigue atada a tres demandas centrales: un plan económico claro y sustentable, mencionado por el 27%; una reforma tributaria que estimule la inversión, elegida por el 25%; y una política cambiaria estable, señalada por el 20%.

El respaldo al rumbo, en consecuencia, no equivale a un cheque en blanco. Los empresarios valoran la reducción de la inflación y la normalización de variables básicas, pero quieren saber si esas condiciones podrán sostenerse y si estarán acompañadas por impuestos más simples, crédito, infraestructura y reglas previsibles.

La tecnología aparece como otra frontera decisiva. El 28% de los consultados señaló a la inteligencia artificial como una de las tendencias con mayor impacto sobre sus negocios, mientras que el 26% manifestó preocupación por la irrupción de competidores no tradicionales. Para pasar de la estabilidad al crecimiento, el 30% priorizó aumentar la productividad mediante la integración de inteligencia artificial y tecnología, y el 29% volvió a reclamar reglas básicas que permitan planificar a largo plazo.

La microeconomía, la deuda pendiente

El economista Daniel Artana llevó la discusión hasta el núcleo del problema. La inflación, advirtió, afecta negativamente el crecimiento, pero derrotarla no resuelve por sí sola los déficits acumulados durante décadas. La macroeconomía puede encaminarse mientras la micro continúa atrapada entre baja productividad, informalidad, escasa innovación, deterioro del capital humano y una infraestructura insuficiente.

La inversión argentina apenas supera el 17% del producto, un nivel demasiado bajo para sostener una expansión robusta y prolongada. El rezago no nació con el actual Gobierno, sino que es consecuencia de lo que Artana definió como una “larga siesta de décadas”. Mientras el mundo atraviesa la revolución de la inteligencia artificial, la Argentina todavía debe reconstruir condiciones elementales para competir.

La salida implica asumir costos. Algunas empresas conseguirán reconvertirse; otras quedarán en el camino. Esa dinámica genera tensiones económicas, sociales y políticas que no pueden descartarse como un daño colateral sin importancia. La pregunta de largo plazo, señaló Artana, es qué dolor está dispuesta a soportar la sociedad para modificar una estructura que lleva dos décadas con la productividad estancada.

Allí reaparece la paradoja que atravesó toda la jornada. La estabilidad es imprescindible porque sin ella no hay cálculo posible, no existe crédito de largo plazo y cualquier inversión queda rehén de la próxima crisis. Pero la estabilidad también debe ser examinada por su calidad: puede haber equilibrio fiscal con empresas sin financiamiento, calma cambiaria con sectores incapaces de competir y menor inflación con familias cuyos ingresos todavía no alcanzan.

El empresariado reunido en Puerto Iguazú no pidió abandonar el programa ni volver atrás. Al contrario, consideró que las reformas deben sostenerse. Pero dejó una advertencia: el orden de las grandes variables solamente será políticamente durable si consigue bajar hasta la economía real.

En el Loi Suites hubo confianza, aunque sin euforia. Las empresas creen que pueden vender más, mejorar su rentabilidad e invertir. También saben que el crédito sigue siendo escaso, que la presión tributaria reduce competitividad y que no todos llegarán con la misma fortaleza al final del ajuste.

El Gobierno propone pasar de la estabilidad al crecimiento. Los ejecutivos financieros coinciden con ese destino. La discusión que quedó abierta en Puerto Iguazú es cómo atravesar el camino sin que el reloj de las reformas termine quedándose sin empresas, trabajadores y respaldo social antes de marcar la hora prometida.

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