IARAF

Informe considera que con un ajuste de 139 MM se lograría la meta propuesta al FMI del déficit primario 2019

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Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) desarrollado por Nadin Argañaraz, Ariel Barraud y Valentin Mongi muestra como la propuesta de reducir el gasto público presentado por el Gobierno nacional es excesivo y llevaría las metas muy por debajo de las previstas. Estiman que con un ajuste de 139 mil millones de pesos se lograría lo pautado con el FMI.
¿Pasados de rosca?: si se avanza con una reducción del gasto de 300MM, el déficit primario de 2019 será de 0,3% del PIB en lugar del 1,3% planteado
El gobierno nacional continúa este mes, previo al envío al congreso del Presupuesto 2019, con las negociaciones con los gobiernos provinciales para delinear las modificaciones necesarias sobre los gastos para alcanzar la meta fiscal de déficit primario equivalente al 1,3% del PIB, que se incluyó como uno de los compromisos en el acuerdo con el FMI.
El punto de debate radica en las estimaciones realizadas sobre la baja necesaria del gasto. De acuerdo a las estimaciones que el Ministerio de Hacienda presenta a los gobiernos provinciales, el gasto primario no automático (es decir el que no está legalmente vinculado a la evolución de la inflación) debe bajar en $297,7 MM expresados “en moneda de 2018”. Por su parte, las estimaciones de IARAF sugieren que la baja necesaria en 2019 debería ser igual a $139 MM con respecto al estimado para el cierre anual del mismo gasto de 2018. La diferencia es no menor.
Concretamente, las estimaciones del gobierno nacional se encuentran fundadas en los siguientes puntos acerca de lo que se espera ocurra en 2019: una baja de los Ingresos equivalente a 0,5 puntos porcentuales (p.p.) del PIB, una suba del componente automático del gasto primario (indexado por inflación pasada) igual a 0,6 p.p.; y la exigencia propia de la meta fiscal que debe bajar 1,4 p.p. con respecto a 2018. Por otro lado, el componente no automático aportaría 0,3p.p. a la baja del peso del gasto.
En suma, la baja extra necesaria para cumplir la meta asciende a 2,2 p.p. del PIB. Es decir, el componente no automático debe aportar un ajuste extra igual a 2,2 p.p. del PIB para cumplir con la meta de déficit primario (1,3% del PIB).
Ahora bien, cuando se traduce a valores nominales la baja extra necesaria de 2,2 p.p. del PIB, el criterio oficial fue el de calcular el recorte “en moneda de 2018” y “en moneda de 2019”, multiplicando los 2,2 p.p. por los respectivos PIB estimados para cada uno de estos años. Se tiene que a valores de 2018, esos 2,2 p.p. equivalen a $297,7 MM, mientras que a moneda de 2019 la rebaja equivale a $360,5 MM.
No obstante, manteniendo todos los valores oficiales, si el ajuste efectivamente llevado a cabo en 2019 fuese de $297,7 MM (es decir que el gasto no automático pase de $1.233,7 MM en 2018 a $936 MM en 2019, como se puede apreciar en el cuadro), se sobrecumpliría la meta fiscal, a tal punto que el déficit primario en 2019 resultaría de apenas $54,6 MM y equivaldría a 0,3% del PIB de dicho año.

En efecto, el componente no automático terminaría aportando una baja superior a la necesaria para cumplir la meta fiscal (-3,49 p.p.) y caería 24,1% con respecto al valor nominal de 2018.
Por otro lado, el criterio IARAF considera las mismas estimaciones sugeridas por el gobierno nacional, con la salvedad que incorpora el aporte que realiza el crecimiento nominal del PIB1
al esquema ahorro- inversión, y el impacto positivo que el mismo genera en la consideración de los Ingresos Totales, que otorgan así un mayor “espacio fiscal” para llevar a cabo la política de gastos. De esta forma, es posible obtener, por simple diferencia aritmética, la baja necesaria en valores nominales del componente no automático en 2019 que permita que la diferencia entre ingresos totales y gastos primarios (el resultado primario) sea exactamente de $213,3MM, el monto requerido por la meta comprometida, es decir el 1,3% del PIB del 2019. Así, surge que el recorte extra que debería experimentar el gasto primario no automático asciende a $139 MM, lo que implicaría una caída igual al 11,5% con respecto al ejercicio fiscal 2018.

Un ejercicio que fundamenta que el criterio IARAF es correcto
Con el fin de esclarecer cada criterio, se propone analizar el debate con valores efectivos y no bajo proyecciones de los componentes.
Se traslada la discusión al pasado y se hace el supuesto de cómo se hubiera dado esta misma discusión si en Agosto de 2016 se  estuvieran llevando a cabo las proyecciones para el ejercicio fiscal 2017. Esto tiene la ventaja de que todos los números fiscales son ya conocidos y efectivos. El punto de partida es un resultado primario deficitario igual al 4,2% del PIB en 2016, y se supone que la meta fiscal propuesta para 2017 es igual al 3,8% del PIB (que como se sabe fue el valor que efectivamente mostró el déficit primario en aquél año).
Al asumir que los valores efectivos de 2017 corresponden a “estimaciones” realizadas para lograr la meta, y trabajando con las mismas clasificaciones de ingresos y gastos que en la sección previa, se observa que la baja extra necesaria del componente de gasto no automático debía ser de 2,07p.p. del PIB, producto de que los Ingresos Totales cederían 0,97p.p., el componente de gasto automático subiría 0,73p.p. y la “meta” le exigiría bajar en 0,4p.p. el resultado primario, ya que el mismo debía pasar del -4,2% del PIB en 2016 al -3,8% del PIB en 2017.

De esta manera, aplicando un criterio similar al oficial en la actualidad, se establecería que el ajuste necesario en 2017 expresado “en moneda de 2016” (es decir utilizando el PIB de 2016) hubiera sido de $169,5 MM. En efecto, el gobierno nacional propondría que el ajuste a realizarse en 2017 equivaldría a $169,5MM en relación al valor ejecutado en 2016. Si efectivamente se hubiera cumplido con este precepto, como se puede apreciar en el cuadro a continuación, en 2017 se hubiera obtenido un sobrecumplimiento de la meta fiscal ya que el déficit primario hubiera sido del 1,2% del PIB. El componente no automático, reduciéndose en $169,5 MM, termina cediendo 4,7p.p. en relación al PIB de 2017, producto de una caída nominal igual al 15%.

Por su parte, el criterio IARAF establecería que, dada la “meta” de déficit del 3,8% del PIB, y manteniendo el resto de las variables de ingresos y gastos automáticos en los mismos valores que en el escenario anterior, el verdadero aporte del componente no automático debía ser una suba nominal igual a $108,2 MM (variación interanual del +9,6%) con respecto al ejercicio 2016. Esto resulta incluso cualitativamente contrario a las estimaciones oficiales, puesto que en este escenario el componente no automático puede subir nominalmente respecto a 2016 (como de hecho ocurrió en la realidad) y aún podría alcanzarse la meta fiscal de 3,8% del PIB. De esta manera, el componente no automático compensa los 2,07 p.p. de reducción del tamaño del gasto respecto al producto necesarios para alcanzar la meta fiscal, sin que fuera necesario un ajuste o reducción del mismo, hecho que fue permitido por la consideración de que el PIB 2017 superaría al de 2016.

La inconsistencia entre el criterio oficial y el criterio IARAF, queda así en evidencia cuando se propone un escenario de discusión hipotético en 2016 para el ejercicio 2017, y se lo compara con la realidad efectivamente verificada.
Se observa que para alcanzar la meta fiscal en 2017, ningún componente del gasto primario debió ajustarse nominalmente a la baja (crecieron nominalmente), a pesar de una baja en los Ingresos Totales igual a 0,97p.p. del PIB de 2017. De hecho, si se aplicaba para el año 2017 un criterio de ajuste similar al que actualmente se propone de manera oficial en vistas al año que viene, el resultado primario 2017 hubiese sido un déficit de sólo el 1,2% del PIB, y el componente no automático habría caído fuertemente, un 15% con respecto a 2016. Queda claro con esta comparación contra fáctica que el crecimiento nominal del Producto Bruto Interno y la caída de ciertos componentes en términos reales, posibilita la concreción de las metas fiscales con una exigencia de ajuste del gasto muy inferior a la planteada.
Ahora bien, volviendo al caso actual y las proyecciones 2019, el objetivo es más restrictivo que el considerado para el bienio anterior, no obstante la esencia de la discusión es la misma. Por un lado, el 60% del gasto primario pasa a ser automático (ajustable por inflación), lo que limita el margen de acción. Por otro lado, la dinámica fiscal exige un aporte del gasto no automático igual a 2,2p.p. del PIB. De esta manera, es inevitable un recorte nominal del componente no automático en 2019 para alcanzar la meta fiscal. Pero si se considera el criterio oficial y el ajuste equivale a $297,7 MM, el gasto no automático caerá un 24,1% en relación al cierre estimado para 2018 y se sobrecumplirá la meta fiscal, ya que el déficit primario alcanzado representará sólo el 0,3% del PIB.
Por su parte, siguiendo el criterio IARAF y manteniendo el resto de las cifras iguales a las oficiales, el ajuste necesario en 2019 implicaría una caída nominal del gasto no automático del 11,5% para alcanzar la meta fiscal equivalente al 1,3% del PIB. En este caso, el ajuste a repartir entre los distintos niveles de gobierno en 2019 respecto a 2018 deberá ser de $139 MM.
 
1 El planteado por las propias cifras oficiales.

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Día de la Independencia Tributaria: este año va del 19 de junio al 20 de julio

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Según el último informe del IARAF un trabajador asalariado formal debería trabajar en 2018 entre 171 y 202 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno
Este año, el Día de la Independencia Tributaria en Argentina para una familia asalariada comenzó el 19 de junio y puede llegar hasta el 20 de julio, según el nivel de ingreso del hogar, señala un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Los argentinos trabajan la mitad del año y un poco más sólo para pagar los impuestos de los tres niveles del Estado: el nacional, el provincial y el municipal.
Según el informe del IARAF, el próximo 20 de julio los hogares argentinos de familias asalariadas celebrarán el “día de la independencia tributaria”. El indicador sirve para exponer de manera sencilla y comprensible para el público hasta dónde alcanza el nivel de presión tributaria de un Estado sobre sus ciudadanos.
“Según los resultados obtenidos, un trabajador asalariado formal en Argentina debería trabajar en 2018 entre unos 171 y 202 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno. En consecuencia, el día de la independencia tributaria se ubica en Argentina, para el año 2018, entre el 19 de junio y el 20 de julio”, señala el IARAF.
De todas maneras, hay una buena noticia: El dato, aunque sigue siendo preocupante, marca una leve mejora respecto del año pasado en el caso de los salarios mas altos. En 2017, la independencia tributaria comenzó el 21 de junio y cerró el 24 de julio. El peor año de carga tributaria sobre las familias asalariadas fue 2015, en el que se trabajó para el Estado hasta el 12 de agosto. Los primeros en “liberarse” ese año lo hicieron el 21 de junio.
Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos, la situación mejoró levemente para los que están entre los ingresos más bajos, y más fuerte para los que tienen una mayor carga fiscal. Los primeros comienzan a “liberarse del Estado” dos días antes en que lo hacían mientras gobernaba el kirchnerismo. Los segundos, 23 días antes. Si la comparación se hac e hasta 2011, los que están en el piso de ingresos perdieron 1 día. Ese año se liberaban el 18 de junio. En tanto, los de mayores ingresos todavía están 12 días peor. Ese año se desprendían del pago de impuestos el 4 de julio.
El informe del IARAF señala que la rebaja “obedece a la actualización de los mínimos no imponibles y los tramos de las escalas del Impuesto a las Ganancias que afecta a empleados en relación de dependencia, a la reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales, y al comienzo del cronograma de reducción de contribuciones patronales dispuesta en la Ley de Reforma Tributaria”.
El reporte señala que “la reducción que se observó en años anteriores para los tres estratos de mayores ingresos, que son los que pagan el Impuesto a las Ganancias, ha comenzado a extenderse al estrato inferior, que no afronta este tributo ni tampoco el de Bienes Personales, pero que será el más benef iciado por el monto a deducir de la remuneración sobre la cual se calculan las contribuciones patronales al régimen jubilatorio, cuyo primer tramo de $2.400 mensuales se empezó a aplicar en febrero en 2018”.

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Iaraf: el Gobierno puede gastar más de lo previsto e igual sobrecumplir la meta fiscal

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El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) destaca que si bien ingresos y gastos crecerían según lo presupuestado, el mayor crecimiento del PBI provoca la baja.
El anuncio del Gobierno donde anticipara que este año se ahorrarán unos u$s 3.200 millones en las cuentas públicas volvió a colocar al déficit fiscal en el centro de la agenda económica. El ministro de Hacienda Nicolás Duvojne, proyectó una baja del déficit fiscal desde el 3,2% del producto bruto interno proyectado, para este año, al 2,7% ratificando los esfuerzos oficiales para “reducir la volatilidad del mercado cambiario de los últimos días”.
En ese contexto, desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) anticiparon que con este anuncio el Gobierno “no va a ceder a cambios legislativos que impliquen un costo fiscal no incluido en la ley de presupuesto”. En ese punto los especialistas analizaron que este sobrecumplimiento de la meta de este año “marcaría el compromiso del Gobierno con una verdadera aceleración de la reducción del déficit primario en un contexto de gradualismo”.
En informe presentado este mismo viernes tras el anuncio, IARAF consideró que “el gradualismo fiscal tiene como esencia la reducción del déficit primario” y con el anuncio de este viernes el Gobierno “podría sobrecumplir la meta fiscal gastando nominalmente más que lo previsto”.
Asimismo, desde el instituto que dirige Nadin Argañaraz indicaron que “sería relevante que la reducción de 0,5% extra de este año se traslade a los siguientes”. Teniendo en cuenta estos cálculos el Gobierno debería anunciar que la meta fiscal de 2019 caería a 1,7% del PBI y que la del 2020 alcanzaría al 0,7% del producto bruto.

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De cada $100 que se pagan por luz o gas, $27 son impuestos indirectos

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Un nuevo análisis del IARAF tiene por objeto describir las características de la mochila tributaria que tienen los servicios públicos y posteriormente medir el impacto de cambios en el peso de la mochila sobre el valor total de la factura actual
La quita de subsidios al gas y a la energía eléctrica está generando una suba importante del valor de las facturas.
Esta realidad pone nuevamente en la superficie la discusión sobre el impacto de la carga tributaria en el valor de la factura.
Un nuevo análisis del IARAF tiene por objeto describir las características de la mochila tributaria que tienen los servicios públicos mencionados y posteriormente medir el impacto de cambios en el peso de la mochila sobre el valor total de la factura actual.
La carga tributaria indirecta que recae sobre el consumo final tanto de energía eléctrica como de gas natural se compone, en su esencia, de Impuesto al valor agregado (21%), Impuesto a los ingresos brutos provincial (5%), tasa municipal general (1%) y tasa municipal específica (10% en el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo).
Esta carga tributaria representa el 37% del valor de la tarifa (aquí se denomina tarifa al costo del servicio antes de impuestos). Es decir que la mochila tributaria es de este orden.
Desde el punto de vista del consumidor, lo relevante es saber cuánto de la factura, es decir, lo que paga por el servicio, son impuestos. El cálculo sería en consecuencia 37/137. Es decir que de cada $100 que se pagan por energía eléctrica o por gas natural por redes $27 son impuestos indirectos.
No se consideran impuestos directos como el impuesto a las ganancias ni impuestos al trabajo. Solamente la mochila indirecta que recae sobre estos servicios.
Si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa. Si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor al aumento porcentual de la tarifa.
Mientras menor es el aumento de la tarifa, más potente es la reducción de la carga tributaria. Esto obedece al hecho de que la carga tributaria sobre la tarifa original es relativamente significativa en comparación con la carga tributaria total de la nueva tarifa.
A mayor aumento de tarifa menos potente es la reducción de la carga tributaria. Teniendo en cuenta el funcionamiento de la carga tributaria sobre las tarifas y el objetivo de disminuir el impacto en las facturas de los cambios tarifarios, el IARAF propone lo siguiente:
Para lograr el menor impacto de la suba de tarifas en las facturas que paga el consumidor,
– Poner en 0% la alícuota del IVA por dos años (2018 y 2019). A partir del tercer año iniciar el restablecimiento gradual de la alícuota. Una posibilidad sería que en 2020 el IVA sea del 5%, en 2021 del 10%, en 2022 del 15% y retorne al 21% recién en 2023.
De esta manera la alícuota de IVA empezaría su restablecimiento en años donde la inflación haya llegado a un dígito y la suba de tarifas solamente necesite seguir a la inflación (no recuperar atraso).
– Poner en 0% la alícuota del IVA a consumidores finales a priori no debería generar problemas a las empresas prestadoras, dado que seguirían facturando a empresas y profesionales inscriptos en IVA con alícuota del 27%.
En el caso de empresas distribuidoras que pudieran llegar a tener saldo a favor de IVA, la AFIP debería instrumentar los mecanismos necesarios para que sean devueltos en tiempo y forma al igual que ocurre con otras actividades, como las de exportación.
– Reformar el Consenso Fiscal recientemente firmado entre la Nación y las Provincias estableciendo la exención a nivel provincial y municipal del impuesto a los ingresos brutos que recae sobre la distribución de energía eléctrica, gas y agua (a nivel municipal formalmente se le llama tasa de seguridad e higiene) a partir de este año.
En la actualidad se establece un cronograma en el que la exención se alcanza recién para el año 2020.
– Implementar desde este año 2018 la eliminación de tasas municipales específicas a la distribución de servicios públicos como energía eléctrica y gas natural por redes en todo el país.
Esta propuesta es la de mayor costo fiscal directo, dado que elimina toda la carga tributaria.
Con la reducción de impuestos indirectos se establece un nuevo subsidio a la energía. La particularidad es que se lo brindaría resignando recaudación.
A nivel de provincias y municipios el Consenso ya establecía la eliminación. A nivel nacional el cambio de IVA es transitorio. Se entiende que se debe avanzar con el sinceramiento tarifario, por eso se considera que esta propuesta es más pertinente que atrasar la corrección tarifaria. Debe tenerse en cuenta que es un subsidio transitorio y claramente determinado.
El costo fiscal no es todo efectivo, ya que una parte es recaudación que todavía no se tiene. Es decir que habría una resignación de recaudación efectiva y otra de recaudación potencial.
Debe resaltarse que el Consenso Fiscal ya establecía la exención para el año 2022, lo que para las provincias y municipios significa que tendrían que adelantar ese año a hoy.
Para financiar la pérdida de recaudación es necesario disminuir otros gastos de los tres niveles de gobierno.
La ley de responsabilidad fiscal vigente brinda un marco adecuado para la baja del peso del gasto público en la economía. Resulta importante aclarar que para el caso de empresas o profesionales responsables inscriptos la baja posible de carga tributaria se reduce a los impuestos provinciales y tasas municipales.
“Esto obedece a que el IVA no es un costo, sino un crédito fiscal. La disminución de la carga provincial y municipal debería hacerse con igual criterio que para consumidores finales”, concluyen desde el IARAF.

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Misiones y otras 12 provincias aprovecharon la “letra chica” del Pacto Fiscal y subieron Ingresos Brutos este año

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Un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que la gran mayoría de las 23 provincias que adhirieron al Pacto Fiscal, y que tiene por espíritu principal reducir la presión impositiva, terminaron subiendo en lo que va del año el impuesto a los Ingresos Brutos.
Misiones esta entre las que subieron los impuestos junto a otras 12 provincias relevadas por el IARAF. Sin embargo, ninguna de estas provincias incumplió el Pacto Fiscal sino que aprovecharon la “letra chica” del acuerdo, que prevé una baja gradual en un plazo de cinco años en Ingresos Brutos a la mitad.
Esa letra chica les ponía a las provincias topes máximos a IIBB en el primer año de vigencia del acuerdo. Casi todas aprovecharon y subieron al máximo los gravámenes ahí donde les estaba permitido en virtud de esta “letra chica” del Pacto Fiscal.  Algo así como comprometerse a encarar una dieta que se va a poner más rigurosa con el tiempo, pero que en el primer año permite comer casi todo. La mayoría decidió aprovechar al máximo ese “permitido”.
El informe del IARAF destaca que hubo un sector castigado como pocos en esos incrementos en las alícuotas de IIBB y ese fue el comercio.
También es cierto que a algunos sectores Ingresos Brutos les bajó. En el caso de Misiones, lo más destacado fue la eliminación de IIBB para las exportaciones y la reducción del gravamen para la actividad industrial.
Apenas cinco distritos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, efectivamente bajaron los impuestos a los Ingresos Brutos, que en casi todas las provincias es la principal fuente de recaudación propia (no el principal ingreso, que siempre es la Coparticipación). En el caso de Misiones, Ingresos Brutos representa aproximadamente el 95% de lo que recauda mensualmente la Dirección General de Rentas.
Lo que no dice el informe del IARAF es que la provincia de Buenos Aires fue compensada en el Pacto Fiscal con el equivalente a 60.000 millones de pesos anuales (ajustables por inflación). Recursos que obviamente le permiten a la provincia gobernada por Maria Eugenia Vidal bajar la presión impositiva provincial.
En tanto, Tierra del Fuego es para el IARAF la única provincia que no cumplió con la letra del Pacto Fiscal porque mantuvo “un porcentaje adicional a las alícuotas del IIBB con destino a un fondo de financiamiento de servicios sociales”. Esa sobretasa no cumple con la letra del acuerdo, dice el estudio.
Misiones, la única del NEA que convirtió en ley el Pacto Fiscal
El análisis del IARAF excluye a San Luis, única provincia que no adhirió al Pacto Fiscal, y también a las cinco que aún no ratificaron en sus Legislaturas este acuerdo entre Nación-provincias. Formosa, Chaco, Corrientes, Chubut y Santa Cruz aún no lo hicieron. De ahí surge otro dato significativo: Misiones es la única provincia del NEA que ya convirtió en ley el Pacto Fiscal.
El Pacto Fiscal firmado entre Nación y Provincias es mucho más amplio que el compromiso de bajar Ingresos Brutos. En rigor, incluyó también la redistribución del Impuesto a las Ganancias a través de la Coparticipación de una forma que benefició marcadamente a Buenos Aires (fue una reparación histórica por el Fondo del Conurbano bonaerense, que se eliminó) y perjudicó a ciertas provincias (Misiones entre ellas) que a cambio, reciben mensualmente una compensación económica.
Además, las provincias aceptaron retirar las demandas ante la Corte Suprema por la supuesta mala liquidación de la Coparticipación, por lo cual recibieron un bono que en el caso de Misiones, reportará el equivalente a unos 66 millones de pesos mensuales durante 10 años.
 

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