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Según el Iaraf, los fallos de la Corte representan 15% del ajuste fiscal para el déficit cero

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Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) los fallos por la precoparticipación a favor de San Luis y Santa Fe serían equivalentes al 15% del esfuerzo fiscal para alcanzar el equilibrio primario en 2019
En noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis y declaró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realizaba por aquel entonces el Estado Nacional para financiar a la Anses; y devolver a estas provincias la suma retenida desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan, con una modalidad a acordar entre las partes involucradas.
Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de San Luis por los reclamos por la precoparticipación que la Nación retuvo durante años, se espera otro que beneficiaría a Santa Fe. Los dos equivaldrían a unos $75.000 millones, el 15% del esfuerzo fiscal para alcanzar el equilibrio primario este año, señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en su último informe.

El trabajo de investigación indica que los $15.000 millones para San Luis equivalen casi a la mitad de la coparticipación esperada para este año e incluso supera el presupuesto provincial para gasto en personal ($13.700 millones). También financiaría el 77% del gasto de capital previsto para este año.
“Las cifras en danza explican la constancia con la que el gobierno de San Luis se negó a firmar cualquier acuerdo o pacto federal que le impidiera continuar con sus reclamos”, explica el reporte.
Por el lado de las finanzas nacionales, la cifra equivale al uno por ciento de lo que se espera que se transfiera en 2019 de manera automática a las provincias por concepto de coparticipación y leyes especiales.
Los economistas insisten en que el fallo se torna más relevante porque es antecedente clave para el reclamo de Santa Fe que podría sumar unos $60.000 millones (0,33% del PBI).
El monto equivale al 45% de la coparticipación que recibirá este año. Es una vez y media el gasto de capital presupuestado ($42.577 millones) y 61% de lo que gastará en personal ($98.236 millones).
Si al fallo de San Luis se le suma el potencial a favor de Santa Fe, los $75.000 millones representan 0,4% del Producto. En términos de recursos nacionales equivale al 24% de la recaudación de Ganancias o al 11% de los ingresos por IVA.
El Iaraf indica que si se realiza un dimensionamiento respecto al objetivo de equilibrio fiscal primario, la suma representa el 15% del esfuerzo fiscal necesario para alcanzar esa meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional este año.
El reporte advierte que “no se espera que la restitución de tales cifras -producto de años de menosprecio institucional del federalismo- se efectivicen en un solo periodo, sino que el fallo deja abierto a un acuerdo entre las partes acerca del tiempo y forma en que se realizará”.

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Según un estudio del IARAF solamente Santa Cruz, Chaco y Jujuy habrían tenido déficit en 2018

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El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado por Nadin Argañaraz, Florencia Maldonado y Julieta Manso muestra que bajo un comportamiento idéntico de los salarios, solamente Santa Cruz, Chaco y Jujuy habrían tenido déficit en 2018
El hecho de analizar únicamente el resultado financiero deriva en una interpretación parcial de la situación fiscal de las provincias, sobretodo en un año de atraso salarial como fue 2018. Haciendo un estudio con mayor nivel de detalle sobre las jurisdicciones, se  puede encontrar una marcada heterogeneidad en la solidez del resultado fiscal y de la política de ejecución de gastos.
Muchas provincias tuvieron una política de atraso salarial significativa que les permitió mejorar sus cuentas fiscales a través de una caída real del gasto en personal. Esta situación constituye una mejora endeble, dado que, en la medida que los salarios se recuperen a  través de paritarias, el ahorro obtenido tenderá a desaparecer. La situación más probable es que se achique la brecha entre variación salarial y variación de los precios, sobretodo porque el año 2019 es electoral. 
Cuando se supone un comportamiento igual del gasto en personal para todas las provincias durante los primeros 9 meses de 2018, se tiene que 9 jurisdicciones mantienen el superávit financiero, aunque lo reducen. Este grupo está conformado por las provincias de  Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y Salta. Por otra parte, un grupo de 9 provincias mejoran el superávit financiero (CABA, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero). Córdoba y Corrientes eliminarían su déficit financiero, pasando a obtener superávit. Finalmente, las  jurisdicciones de Chaco, Jujuy y Santa Cruz agudizarían el déficit financiero.
Más aún, si se hiciera un supuesto de igual comportamiento en el gasto de obra pública, Córdoba y Corrientes mejorarían aún más el resultado financiero.
Las discusiones actuales entre gremios y autoridades de las diferentes provincias, seguramente terminarán achicando la brecha entre variación salarial y variación de precios existente en los primeros 9 meses de 2018. Esto repercutirá en un salto de nivel en el gasto  público de las provincias, principalmente en aquellas con mayor atraso salarial real. La suposición de una variación salarial similar entre provincias permite medir el impacto de esta situación en los resultados fiscales de cada una.

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Misiones, entre las cinco provincias que más invirtieron en obras

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A pesar de las fuertes limitaciones que tuvo en 2018 la mayoría de las provincias para sostener la obra pública con fondos propios, cinco distritos lograron destinar un importante volumen de recursos a bienes de capital, en las puertas del electoral 2019.
Según un informe de la consultora IARAF, San Juan (27,3%), Santiago del Estero (27,2%), Misiones (18,1%), CABA (17,2%) y Córdoba (16,6%) fueron las provincias que más fondos invirtieron en obras. Mientras que en el otro extremo, las jurisdicciones que le dieron una menor importancia relativa al gasto de capital fueron Buenos Aires (5,5%), Entre Ríos (5,5%), Santa Cruz (6,8%), Tucumán (8,3%) y Chaco (8,8%).
“En el caso de CABA y Córdoba destinaron una mayor parte del gasto a las erogaciones de capital, ambas con una participación superior al 15%. En el otro extremo se encuentra Buenos Aires, donde el gasto de capital presentó una participación del 5,5%”, precisa el estudio.
“Se destaca la provincia de La Pampa, que destinó el 13% de las erogaciones totales al gasto de capital. En el otro extremo se encuentra la provincia de Santa Cruz, con una participación del gasto de capital del 6,8% en el gasto total”, agrega el IARAF.

Misiones presentó el mayor coeficiente de gasto de capital/gasto total dentro del
grupo BI-AD, con el 18,1%. En tanto, Entre Ríos niveló una participación del 5,5% de las erogaciones
de capital.

En el grupo de provincias de ingresos bajos, Misiones presentó el mayor indicador de superávit corriente
(14,9%). En tanto Chaco, Jujuy y Entre Ríos presentaron indicadores inferiores al 5%.
En la mayor parte de las provincias, el superávit corriente tuvo como factor explicativo el atraso salarial real. En el acumulado al mes de septiembre puede apreciarse una disminución real del gasto en personal en 20 jurisdicciones. Las caídas más significativas se presentaron en las provincias de Chubut, Misiones, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chaco, superiores al 10% interanual.

En el acumulado al tercer trimestre del año, todas las provincias presentaron un resultado de capital
negativo sobre sus ingresos totales. Sin embargo, se observan provincias como CABA (14%), Córdoba (14%), Santiago del Estero (15,9%) y San Juan (17,4%) en donde el déficit de capital representó más del 13% de sus ingresos. En el otro extremo, se ubicó la provincia de La Rioja, con un déficit menor al 1%.

En el grupo de provincias de bajos ingresos, de Misiones presentó el mayor indicador de déficit de capital (11,9%). En tanto, Entre Ríos y Tucumán presentaron indicadores inferiores al 3%.
Por último, se analiza el resultado financiero, que surge de la diferencia entre los ingresos totales y
los gastos totales de una jurisdicción. En otras palabras, la suma de cada uno de los resultados expuestos anteriormente (corriente y de capital) definirá la situación financiera global de cada provincia.
Al medir la participación de este resultado en los ingresos totales, se aprecia que sólo cinco provincias
presentaron déficit financiero hasta el tercer trimestre de 2018. Santa Cruz es la provincia más comprometida, ya que mostró un déficit financiero del 5%. Luego, le siguen las provincias Jujuy, Córdoba y Corrientes con déficits financieros respecto a sus ingresos totales del 1,2%, 1% y 1% respectivamente. Por último, aparece Chaco que registró un resultado financiero negativo del 0,1%.
En el otro extremo, se ubican las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y San Juan, las cuales presentaron un superávit financiero superior al 10% de sus ingresos totales.

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La coparticipación de enero-octubre creció un 43,6% en términos nominales y solo 9,8% en términos reales

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Un informe del IARAF, llevado adelante por Nadin Argañaraz, Ariel Barraud y Florencia Maldonado sobre la Coparticipación de octubre, plantea que “la compensación por el fondo de autarquía de AFIP permitió un crecimiento en términos reales en las provincias”.
De acuerdo a los datos del mes de octubre, el monto recibido por las jurisdicciones en concepto de Coparticipación y Leyes Especiales alcanzó los $101.703 millones, presentando un crecimiento del 50% respecto al envío de fondos durante el mismo mes del año  anterior. Si se tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre los fondos enviados a las provincias, la coparticipación durante el mes de octubre registró una suba de 2,8% en términos reales.
Este año, la coparticipación mensual contiene un envío por compensación a las provincias en un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del destino de la recaudación total del Impuesto al Cheque a la ANSES, de acuerdo al Consenso fiscal firmado entre las provincias y el Estado nacional. En el mes de octubre la compensación enviada a las provincias fue de $1.999 millones.
Asimismo, en octubre de este año, las provincias de Chaco, Misiones, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y CABA recibieron un pago por un total de $610 millones producto de un reclamo originado en el cambio de metodología de financiamiento de AFIP (fondo de autarquía) decidido a finales de 2016, en concepto de regularización correspondiente al período enero-abril de 2017, que aún no había tenido acuerdo para su restitución.
Cabe remarcar, entonces, que de no haberse enviado dichos fondos en concepto de autarquía de AFIP a las ocho jurisdicciones mencionadas, el crecimiento en la coparticipación de octubre habría rondado el 2,2% real.

Analizando los valores correspondientes a los diez meses transcurridos del año, en el Gráfico 2 se aprecia que el consolidado provincial recibió $882.830 millones en concepto de coparticipación y leyes especiales. Dentro de estos envíos se encuentra la compensación fruto del consenso fiscal, que se ubicó en $14.889 millones.
El crecimiento registrado en el período enero – octubre del corriente año fue de 43,6% en términos nominales y 9,8% en términos reales.

Coparticipación por provincia
Resulta interesante centrar el análisis por provincia, sobre todo dado los cambios establecidos en el aludido consenso fiscal.
De acuerdo al crecimiento que mostraron los envíos en el mes de octubre, en el gráfico 3 se aprecia que Buenos Aires es la provincia que evidenció un incremento más alto, seguida de CABA. En el caso de Buenos Aires los envíos nacionales aumentaron 63,1% interanual. En tanto, la jurisdicción de CABA mostró un crecimiento de 62,8%.
Le sigue un grupo de siete jurisdicciones (San Juan, Jujuy, Tucumán, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero y Misiones) que en el mes de octubre crecieron entre 48% y 49% interanual, debido al pago recibido en virtud del reclamo sobre el financiamiento de AFIP mencionado anteriormente. Los envíos al resto de las jurisdicciones crecieron entre 42% y 47% interanual.
No obstante, en un contexto inflacionario como el de Argentina, es necesario tener en cuenta los efectos de la inflación sobre los fondos coparticipados. En este sentido, se aprecia una caída real de la coparticipación en diez provincias, que va del 0,1% al 3%
interanual.

Para analizar la evolución real de la coparticipación en los últimos meses, resulta útil dividir las provincias en tres grupos: Buenos Aires, CABA y las 22 jurisdicciones restantes.
En el caso de Buenos Aires no se evidencian caídas de la coparticipación en términos reales durante el período analizado. En el mes de octubre de este año se aprecia un incremento real de 11,8 % en los envíos por coparticipación.
CABA tampoco registra caídas en términos reales, excepto en el mes de abril de 2018, que evidenció una baja real del 11,9% interanual. La razón está en la corrección (que como se indicó en informes anteriores resulta sólo parcial) del coeficiente de distribución, seguido de la devolución de los fondos extras que venía recibiendo desde enero de 2018 por el incumplimiento del Consenso Fiscal. El crecimiento real del mes de octubre rondó el 11,6% interanual, en parte (3,1 puntos porcentuales de crecimiento) explicado también por el envío de fondos originado en el reclamo sobre el financiamiento de AFIP.
Respecto al resto de provincias, hasta el momento se registraron dos caídas reales en 2018. La primera ocurrió en el mes de julio (-3% interanual) y la segunda en septiembre (-6,3% interanual). El último dato de octubre revela un leve crecimiento de 0,1% real, posibilitado por el envío de fondos en concepto de regularización del período enero-abril de 2017 a las siete provincias mencionadas.  De no haber recibido estos ingresos, la caída en la coparticipación de octubre habría rondado el 0,5% real.

Por otra parte, resulta útil analizar el comportamiento de los envíos de coparticipación a provincias acumulado a octubre. El mismo es recogido en el Gráfico 5, y permite tener una mejor referencia de lo que se terminará dando en el año en materia de envíos a provincias. En los diez meses transcurridos puede apreciarse que Buenos Aires y CABA encabezan el ranking de provincias con mayor crecimiento interanual acumulado (57,6% y 52,7% respectivamente), seguidas por un grupo de provincias que vieron crecer estos recursos por entre el 41% y el 39%, mientras que otro grupo de jurisdicciones vieron tasas inferiores al 38%, con el caso de San Luis (fuera del consenso) como extremo inferior con un crecimiento del 35,4%.
Como ya se mencionó en informes anteriores, existen distintos factores que explican el crecimiento divergente de la coparticipación (recaudación, devolución de pre coparticipación, etc.), dividiendo las jurisdicciones en tres grupos. Por un lado, las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, cuyo crecimiento dependió básicamente de la recaudación de impuestos coparticipables. Por otro lado, un grupo de jurisdicciones que, además de crecer por este factor, se vieron beneficiadas por la devolución de tres puntos extras de precoparticipación en el marco de la devolución gradual del 15% de la precoparticipación. Finalmente, las jurisdicciones Buenos Aires y CABA son las que registran un mayor incremento acumulado dado que, además de los dos factores mencionados anteriormente, suman otros factores que generaron una suba en la coparticipación superior al promedio.

En el caso de Buenos Aires el crecimiento extra estuvo explicado por los cambios en la distribución de impuestos generados a partir del Consenso Fiscal, mientras que en CABA hubo un crecimiento artificial de su coparticipación que no se ha podido homogeneizar al del resto de las jurisdicciones con la corrección de su coeficiente de distribución. Esto significa que CABA debería haber crecido a la par del resto de jurisdicciones, según lo que exige el Consenso Fiscal.
Cuando se tiene en cuenta los efectos de la inflación sobre los envíos a provincias se observa que durante los diez meses transcurridos Buenos Aires y CABA registraron incrementos de 20,4% y 16,7% respectivamente. En el otro extremo, la coparticipación de Córdoba, Santa Fe y San Luis creció entre 3,5% y 5,2% interanual en términos reales. El resto de las jurisdicciones mostraron un crecimiento entre el 6% y 8% real.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución real de la coparticipación acumulada, donde es posible apreciar la brecha de crecimiento que se generó a partir de enero de 2018, fecha en que entró en vigencia el Consenso Fiscal. El acumulado al mes de octubre sugiere que el conjunto de provincias, excepto Buenos Aires y CABA, crecieron 6,8% en términos reales.
El crecimiento al cierre del año dependerá del desempeño de la recaudación de impuestos coparticipables y la evolución del índice de precios durante precisamente el último bimestre.

 

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Impuesto a los bienes personales: el Congreso discute una suba

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Actualmente se presenta la posibilidad de modificar la Ley del Impuesto a los Bienes  Personales, aplicando diferentes reformas que en resumen darían origen a un incremento  en la presión tributaria sobre los contribuyentes alcanzados.
 
Las principales disposiciones contenidas en las discusiones y propuestas son las  siguientes:
a) Una modificación que resultaría apropiada es la derivada del incremento en el  mínimo exento. Este mínimo fue ajustado para el ejercicio fiscal 2016, luego de  casi una década de congelamiento, llevándolo a $800.000 y fijando una senda de  crecimiento que lo aumentaba a $1.050.000 para el ejercicio 2018 y siguientes.
Evidentemente, estos valores tenían implícita una tasa de inflación decreciente,  algo que no se ha verificado, ya que el acumulado de inflación para 2016, 2017 y 2018 seguramente estará en torno al 120%. La adecuación del mínimo propuesta es consistente con esta nueva realidad inflacionaria, y evitará que muchas familias vuelvan a quedar alcanzadas por el tributo como sucedía hasta el año
2015. 
b) Por otra parte, se incluiría en el impuesto a las propiedades rurales que se arrienden para su explotación por terceros. Esta modificación aparece como lógica toda vez que al momento de derogarse el impuesto a la Ganancia mínima presunta, que alcanzaba a esos bienes, los mismos habían quedado fuera de toda  imposición al patrimonio, generando una desigualdad con respecto a los  inmuebles urbanos alquilados, que sí deben tributar el impuesto a los bienes  personales
c) Finalmente, se abandona la alícuota plana del 0,25% anual, que era la que se había determinado para los años 2018 y siguientes, y se vuelve al esquema  anterior de alícuotas progresivas, estableciendo el 0,5% para activos gravados que superen los $5.000.000 y el 0,75% para los que superen los $20.000.000. Respecto a este incremento de alícuota cabe realizar las siguientes consideraciones:
i. Evidentemente implica una ruptura de las condiciones planteadas en el marco del “blanqueo de capitales”, ya que cuando el mismo se aprobó se redujo la alícuota de este impuesto para hacerlo más atractivo. Esto implica, más allá de consideraciones referidas a equidad, un nuevo golpe a la seguridad jurídico-tributaria del país
ii. Tampoco se distingue entre bienes “blanqueados o no”, razón por la cual tributarán lo mismo todos los contribuyentes.
iii. Respecto a consideraciones de mediano plazo, un impuesto al patrimonio suele afectar negativamente a variables como el ahorro y la inversión. El aumento de un impuesto como bienes personales podría conllevar este efecto, aunque seguramente en las condiciones actuales no es la principal variable para la determinación de estas decisiones.
 
Para ejemplificar el efecto de la reforma propuesta sobre el impuesto a pagar, se expone en el siguiente cuadro el impuesto anual, con y sin la aplicación de las modificaciones pretendidas, para diferentes niveles de activo computable.

En nuestro país, el impuesto a los Bienes Personales, si bien es cobrado a nivel nacional, integra la masa coparticipable con las provincias.
Por el esquema de coparticipación actual de Bienes Personales hay que tener en cuenta la diferencia entre la recaudación del impuesto y el monto que integra la masa coparticipable, con las siguientes particularidades:

1. De la recaudación total del impuesto a los Bienes Personales se detrae el 1,9% para el fondo de autarquía de AFIP
2. Al monto resultante, se le detrae la suma fija de $3 millones destinados al INCUCAI
3. El monto resultante lo denominamos Bienes Personales Neto
4. De Bienes Personales Neto se toma un 6,27% y se lo reparte entre las Cajas de Previsión Provinciales y Municipales (en aquellas jurisdicciones que no transfirieron su sistema de seguridad social a la nación)
5. El 93,73% restante de Bienes Personales Neto es lo que denominaremos Bienes Personales Coparticipable, y que se reparte de acuerdo a los siguientes criterios:
 1% Fondo de ATN
 41,64% Tesoro Nacional
 57,36% Provincias
 0% CABA

 

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