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La inflación aumentó tres veces más que el dólar oficial

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Desde la renuncia del ex-Ministro Guzmán la crisis económica se profundizó con una fuerte aceleración inflacionaria y del dólar paralelo que pasó de $238 a fines de junio a $338 en lo que va del mes. La situación no la generó el cambio de ministro sino la acumulación de presiones derivadas de las políticas que el ex-Ministro aplicó.

Guzmán avaló e impulsó una idea ampliamente compartida, especialmente en la coalición gobernante, de que la inflación es un fenómeno multi-causal. Por lo tanto, puede ser controlada sin necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Más aún, argumentó que una estrategia de austeridad fiscal podría atentar contra la recuperación económica observada luego del confinamiento por la pandemia. Como alternativa permitió que se apliquen medidas más ruidosas que efectivas, como controles de precios y salarios y amenazas a empresas. También a otras que, en el corto plazo, ayudaron a reprimir el crecimiento del índice de precios, pero a costa de generar profundas distorsiones. Estas son el control sobre el tipo de cambio y el atraso en las tarifas de luz y gas

Para tener una idea de la magnitud de la represión inflacionaria derivada del uso de estos instrumentos se puede apelar a datos del Banco Central y el INDEC. Según estas fuentes, entre diciembre del 2019 y junio del 2022 se observa que:

  • La inflación, sin considerar los precios controlados de la energía, fue del 192%.
  • El tipo de cambio oficial subió un 60%.
  • Las tarifas de gas y luz que pagan las familias subieron un 50%.

Estos datos muestran que mientras los precios tienen una fuerte presión al alza, el tipo de cambio y las tarifas energéticas se usan para tratar de contener dicha presión. La inflación fue tres veces más alta que el ajuste del dólar oficial y cuatro veces mayor que la actualización de las tarifas energéticas. Que el dólar oficial crezca muy por debajo de la inflación genera perdidas de reservas porque desalienta las exportaciones y estimula las importaciones y compras en el exterior. Que la energía crezca muy por debajo de la inflación obliga a más emisión monetaria para cubrir los subsidios y demanda dólares oficiales porque Argentina importa energía. Mientras en el mundo se reduce el consumo por la crisis energética mundial, en Argentina se subsidia el derroche de energía.

Es tal el nivel de descomposición que la nueva Ministra tuvo que hacer explícito que es imprescindible reducir el déficit fiscal. Pero las medidas anunciadas son insuficientes. Por un lado, por la precaria sostenibilidad política. Por el otro, porque su impacto será muy limitado. Se anunció la segmentación de las tarifas energéticas, pero los funcionarios a cargo dicen que habrá que esperar varios meses para lograr ahorros. La actualización en la valuación de los inmuebles para aumentar la recaudación tributaria tendrá impactos a mediano plazo, si se logra implementar. Poner cupos a la ejecución presupuestaria de los organismos públicos difiere gastos, pero a la larga son gastos que se hacen igual.

Suponiendo que ahora viene un sostén político robusto para un paquete más agresivo de equilibrio fiscal, como –por ejemplo– el intentó del gobierno de Cambiemos de “déficit primario cero” en el 2019, los resultados seguirán siendo insatisfactorios. Atacar el déficit fiscal con medidas rudimentarias e improvisadas generan más descontento e impopularidad, que soluciones. La derrota electoral de Cambiemos demuestra que este camino no resuelve el problema fiscal y hace perder elecciones.

En lugar de repetir la frustrante experiencia de los ajustes fiscales tradicionales, hay que tomar la crisis como la oportunidad para un ordenamiento integral del Estado. Esto incluye ordenar el sistema previsional, simplificar impuestos, tender a la correspondencia fiscal entre la jurisdicción que ejecuta el gasto y la que recauda y eliminar superposiciones de gastos entre nación, provincias y municipios.

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Según IDESA el IVA debería absorber el impuesto a los Ingresos Brutos

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El reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sobre el nuevo consenso fiscal hace foco en el rol del IVA e Ingresos Brutos como políticas fiscales a nivel país.

Se firmó una nueva suspensión de la baja de impuestos provinciales prevista en el Consenso Fiscal del 2017. Subyace el fracaso de la estrategia de reducción gradual de impuestos distorsivos y la necesidad de un replanteo del impuesto a los Ingresos Brutos. El eje del cambio debería ser que el IVA absorba Ingresos Brutos.

El acuerdo entre la Nación y la mayoría de las provincias suspendiendo definitivamente el cronograma de reducción gradual de impuestos previsto en el Consenso Fiscal del 2017 generó confusas e intensas polémicas. Prevalecieron acusaciones y argumentos contradictorios en un tema estratégico, como es el sistema impositivo, de cara a la necesidad de cortar con la profunda involución que sufre la Argentina.

Es ampliamente reconocido que el sistema tributario argentino está mal organizado. En los países desarrollados los tres principales impuestos con los que se financia el Estado son el impuesto a las ventas (generalmente, utilizan el IVA), a los ingresos (en la Argentina denominado Ganancias) y a la riqueza. En la Argentina, por el contrario, se aplican una amplia y variada cantidad de impuestos, al punto tal que solo la mitad de la recaudación impositiva viene de estos tres tipos de impuestos. Un caso notable es el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se trata de un impuesto que aplican las provincias sobre las ventas de manera superpuesta al IVA que se aplica a nivel nacional.

Ingresos Brutos es un tributo mucho más rudimentario que el IVA. Por ello, resulta pertinente analizar cuánto aportan a la recaudación total y cuáles han sido las tendencias en los últimos años. Según datos del Ministerio de Economía se observa que:

*La presión impositiva total (nacional más provincial) pasó de 24% en el 2004 a 29% del PBI en el 2020.

*El IVA en el 2004 representaba el 26% de la recaudación total y bajó al 24% en el 2020.

*Ingresos Brutos aumentó del 10% al 13% de la recaudación en el mismo período.

Estos datos muestran que Ingresos Brutos tiene una alta y creciente participación en la recaudación total cuando lo recomendable es fortalecer el IVA. Esta situación atenta contra las posibilidades de desarrollo y aporta otra evidencia de la hipocresía prevaleciente en la sociedad argentina. Por un lado, se declama a favor de un sistema tributario más neutral y progresivo. Por el otro, se apela a un impuesto altamente distorsivo. La explicación es que con Ingresos Brutos es más fácil recaudar y más fácil de ocultar su presencia a los ojos de los ciudadanos, que son los contribuyentes finales.

El Consenso Fiscal firmado en el 2017 tenía el objetivo declarado de revertir esta situación. Una de sus principales disposiciones era disminuir gradualmente las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos. La lógica era que el impacto negativo de la reducción de alícuotas se compensaría con el efecto expansivo que tendría el crecimiento económico. El planteo es atractivo desde el punto de vista del discurso político. Pero inconsistente desde el punto de vista técnico. Si el diagnóstico es que la economía no crece porque el sistema tributario es malo, es ilógico hacer el supuesto de que la economía crezca primero para bajar los malos impuestos que son los que impiden que la economía crezca.

La última adenda firmada es el reconocimiento del fracaso de esta estrategia del gradualismo. Esto debe motorizar la búsqueda de una estrategia alternativa. La vía más interesante es unificar tributos tendiendo hacia un sistema con menos impuestos y que sean menos distorsivos. En el caso de los impuestos a las ventas, claramente el IVA es superior a Ingresos Brutos. Por lo tanto, en lugar de dilapidar esfuerzos en polémicas inconducentes, es recomendable eliminar Ingresos Brutos y compensar la pérdida de recaudación con una alícuota más elevada en el IVA. Se suele argumentar que la alícuota del IVA ya es alta como para seguir aumentándola. Pero unificando no se aumenta la presión impositiva sobre las ventas, sino que se transparenta y se aplica con un solo impuesto menos distorsivos.

Curiosamente, los aspectos más positivos de esta última adenda al Consenso Fiscal –y que fueron los menos comentados– son los compromisos para avanzar en la unificación de impuestos. Por ejemplo, revisar el régimen de pequeños contribuyentes (el Monotributo Unificado que unifica el IVA e Ingresos Brutos para los pequeños contribuyentes) y promover el Registro Único de Contribuyentes. De cara al objetivo de ordenar el sistema tributario estos son los temas que merecen ocupar un rol más central.

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Cada vez más ocupados buscan empleo

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Un informe de IDESA, centro de estudios, independiente y sin fines de lucro, especializado en temáticas relacionadas con las políticas públicas muestra la evolución del empleo y la subocupación en el país..

Al primer trimestre de 2021, 12 millones de argentinos se encontraban con empleo en los aglomerados urbanos relevados por la EPH. Comparando con lo que sucedía 4 años atrás (en 2017), el empleo creció 5,8% (casi a la par del 5,1% al cual creció la población). Sin embargo, el dato global oculta mucho, principalmente porque hubo una precarización importante dentro de los ocupados.

Para el mismo período, el segmento de los ocupados demandantes de empleo, creció un 25,4% (pasaron de 1,75 millones a 2,2 millones de personas). Si se sumaran los desocupados (1,4 millones), daría que un total de 3,6 millones de personas estaban buscando activamente empleo (el 26,7% de la población activa).

Muchos factores influyen en que alguien no esté satisfecho con su empleo, pero en los últimos años no se puede ignorar el peso del deterioro económico y laboral. De 2017 a la fecha, la tendencia a nivel nacional ha sido del cierre de empresas, y de cada vez menos empleo formal (sólo crecieron las categorías ocupacionales menos productivas). Primero, las crisis cambiarias de 2018 y 2019 y actualmente con la pandemia.

¿Cuál es el perfil de los ocupados que buscan empleo comparado contra el de los ocupados que no buscan?

Salario: ganan por hora menos de la mitad que los no demandantes ($141 vs $293, es decir, 52% menos).
Menos antigüedad: el 38% hace menos de un año que está en su trabajo, contra un 15% entre los ocupados no demandantes.
Más pobres: Pertenecen a clases sociales más bajas.
Más ayuda social: el 30% recibe ayuda en dinero por parte del estado, contra un 15% entre los ocupados no demandantes.

Por otro lado, es necesario adicionar a lo anterior, el fenómeno de la subocupación horaria. En el 1er trimestre de 2017 estaba en torno al 10% y actualmente se ubica en el 12%. Si a la baja productividad en el empleo se le agrega que se trabajan pocas horas, eso se traduce en un trabajador que cobra poco, no le va a alcanzar para vivir y va a querer conseguir otro trabajo.

Es central el problema de los salarios

Con salarios que apenas permiten cubrir la línea de pobreza, la mayoría de los trabajadores se enfrenta a salarios de subsistencia, es decir trabajan para vivir.

Para subir los salarios reales es necesario que la economía en conjunto sea más productiva, es decir, cabe preguntarse cómo producir más y mejor.

En este contexto, las soluciones que puede dar el asistencialismo son parciales.

Es fundamental generar un contexto que incentive la inversión privada y el compromiso del sector público para priorizar la inversión en infraestructura y fundamentalmente en capital humano y educación de la gente. Esto requiere, como paso fundamental, una reforma integral y profunda del Estado.

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La reducción del déficit fiscal se logró gracias a la inflación

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Según la consultora IDESA la baja del déficit fiscal es buena noticia pero debe tomarse con cautela ya que se basó en el salto inflacionario. El motivo es que la recaudación sigue el aumento de los precios mientras que los salarios públicos y las jubilaciones también, pero con retardo. Advierten que el equilibrio fiscal sustentable solo se logra con reformas modernizadoras.
Se conocieron los resultados fiscales del sector público nacional del año 2018. El déficit primario (es decir, antes de computar el pago de intereses de deuda) alcanzó los $339 mil millones o 2,4% del PBI. Comparado con el déficit primario de 3,8% del PBI registrado en el 2017 se trata de un progreso importante. Además, se cumplió en exceso con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que había previsto un déficit primario de $378 mil millones o 2,7% del PBI.
El logro fue destacado con entusiasmo por las autoridades económicas. Sin embargo, no se observa un sentimiento similar entre los agentes económicos. Por el contrario, subsisten dudas y desconfianza y, asociado a ello, un clima recesivo. Los factores que contribuyen al pesimismo son varios pero uno de alta relevancia gira en torno a los medios utilizados para impulsar el equilibrio de las cuentas públicas.
Para evaluar la sustentabilidad de la reducción del déficit fiscal resulta pertinente analizar los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Según esta fuente se observa que:
En el 2017 los ingresos públicos crecieron un 23% y el gasto primario un 22% anual.
En el 2018 el aumento en los ingresos públicos fue del 30% mientras que el gasto primario siguió creciendo al 22% anual.
En el 2017 la inflación fue de 25%, mientras que en el 2018 fue de 48% anual.
Estos datos muestran que la reducción del déficit fiscal en el 2018 se logró gracias a que la recaudación tendió a crecer al ritmo de los precios mientras que los gastos escalaron, pero por debajo de la inflación. El IVA y el impuesto al cheque reaccionaron de manera casi automática a la aceleración inflacionaria y la fuerte devaluación brindó espacio para el restablecimiento del impuesto a las exportaciones. Por el lado de los gastos, en cambio, la contención se centró en los subsidios económicos y la obra pública y en que las jubilaciones y los salarios públicos crecieron por debajo de la inflación. Esta dinámica sugiere que un factor decisivo en el ajuste fiscal fue la devaluación y su impacto inflacionario.
Para el 2019 el planteo oficial es profundizar el ajuste fiscal hasta llegar al déficit primario cero junto con la desaceleración de la inflación. Esto está plasmado tanto en el Presupuesto 2019 como en el acuerdo con el FMI. Para ello se contará con la recaudación plena (y no solo por algunos meses como ocurrió en el 2018) del impuesto a las exportaciones. Pero, como contrapartida, no hay margen para aliviar las cuentas públicas a través de la licuación de salarios públicos y jubilaciones como se hizo en el 2018. Muy por el contrario, con inflación descendente la aplicación de la movilidad jubilatoria exigirá un crecimiento del gasto previsional por encima de los precios. Dicho de otra manera, mientras que en el 2018 la aceleración inflacionaria jugó a favor de la baja del déficit fiscal, en el 2019 la desaceleración de la inflación jugará en contra.
En los últimos 60 años, la Argentina tuvo sólo 6 años con superávit fiscal que fueron entre el 2003 y el 2008. No se trata de una excepción a la sistemática indisciplina fiscal argentina sino a que la mega-devaluación del 2002 produjo una drástica licuación de salarios y jubilaciones. Salvando órdenes de magnitud, la mejora en las finanzas públicas del 2018 tiene similares características: ingresos que tienden a crecer automáticamente con la inflación y gastos del Estado que reaccionan con retardo.
Parte del escepticismo se explica porque el ajuste fiscal emula el método espurio usado en el 2003. Para pasar a una instancia superadora hay que abordar un ordenamiento integral del Estado. Esto comprende, fundamentalmente, la reforma del sistema previsional, replantear la organización del sistema tributario para reducir la presión de los impuestos ampliando la base de recaudación y la profesionalización del empleo público.

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Según informe, la maternidad es el principal factor que afecta la igualdad de género

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Según un relevamiento realizado por la consultora Idesa, una de las principales causas de la discriminación laboral y la desigualdad de género es la maternidad, la llegada de los hijos, y su crianza.
La desproporción en la asignación de las tareas domésticas incide en las posibilidades de dedicarse a un trabajo remunerado, indicó el estudio.
Sobre la tasa de participación laboral de hombres y mujeres entre 20 y 50 años de edad, aumenta 7 puntos con la llegada del primer hijo para los hombres, mientras que cae 16 puntos en el caso de las mujeres.
Asimismo, el informe arrojó que 34 horas semanales ocupan en sus trabajos las mujeres sin hijos, mientras que los varones lo hacen 40 horas semanales. En tanto, 30 horas semanales ocupan en sus trabajos las mujeres con hijos contra 44 horas semanales que ocupan los varones con hijos.
Otro dato interesante señala que, con la maternidad, la mujer pierde 16% de su ingreso mensual.

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