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El otro Mundial: qué país “gana” en educación

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En cada Copa del Mundo los países compiten por la gloria deportiva. Pero existe otro campeonato, mucho más silencioso y con consecuencias de largo plazo: el de la calidad educativa. Allí no se disputan goles, sino el capital humano que definirá la competitividad económica de las próximas décadas.

Con esa premisa, EduLab e IDESA elaboraron una comparación entre los países clasificados al Mundial 2026 utilizando los resultados de PISA 2022, la evaluación internacional que mide las competencias de estudiantes de 15 años en matemática, lectura y ciencias. El resultado deja una fotografía contundente: las potencias futbolísticas no necesariamente son las potencias educativas y, en ese segundo campeonato, Argentina juega muy lejos de los puestos de privilegio.

La economía también se juega en las aulas

El ejercicio trasciende la anécdota deportiva. Los autores recuerdan que la educación constituye una de las principales infraestructuras invisibles de cualquier economía moderna. La calidad de los aprendizajes determina la capacidad futura de un país para innovar, incorporar tecnología, aumentar la productividad y sostener procesos de crecimiento.

En otras palabras, el verdadero activo estratégico ya no son únicamente los recursos naturales ni la infraestructura física: es el conocimiento acumulado por las nuevas generaciones.

Por eso, detrás de un puntaje PISA no sólo hay una discusión pedagógica. También hay una proyección sobre el potencial económico de un país para las próximas décadas.

Japón y Corea del Sur dominan el “Mundial educativo”

Entre los 30 países clasificados al Mundial que cuentan con resultados comparables en PISA, el liderazgo pertenece con claridad a Asia.

El ranking es encabezado por:

  1. Japón: 533 puntos
  2. Corea del Sur: 523 puntos
  3. Canadá: 506 puntos

Detrás aparecen Suiza, Australia, Inglaterra, Polonia, Estados Unidos, Suecia, Bélgica, Austria y Alemania, conformando un grupo de sistemas educativos que se mantienen muy cerca o por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe destaca que esos países tienen un rasgo común: utilizan las evaluaciones como herramientas permanentes de gestión y mejora, no como simples diagnósticos estadísticos.

Sudamérica queda muy relegada

La fotografía cambia drásticamente cuando aparecen los países latinoamericanos.

El mejor ubicado es Uruguay, recién en el puesto 20 del ranking de los clasificados al Mundial, con 425 puntos de promedio.

Después aparecen:

  • Catar: 422
  • México: 407
  • Colombia: 401
  • Brasil: 397
  • Argentina: 395

Los cuatro principales países latinoamericanos evaluados quedan separados por apenas doce puntos, pero todos muy lejos del promedio de la OCDE (478 puntos) y aún más de Japón, que supera a Argentina por 138 puntos.

Argentina: rezago persistente

La Argentina ocupa el puesto 25 entre los 30 países clasificados que poseen datos comparables y se ubica por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas.

Los puntajes nacionales fueron:

  • Matemática: 378
  • Lectura: 401
  • Ciencias: 406
  • Promedio: 395

El informe señala que esa distancia equivale, según la metodología de PISA, a varios años de escolaridad respecto de los sistemas líderes.

Pero el problema no termina allí.

En matemática, Argentina ocupa apenas el octavo lugar dentro de América Latina, detrás de Chile, Uruguay, México, Perú, Costa Rica y Colombia, superando únicamente a Brasil entre los principales países de la región.

El promedio nacional también esconde dos Argentinas

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo es que advierte sobre la heterogeneidad interna del sistema educativo argentino.

Las sobremuestras realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza muestran realidades muy diferentes.

La Ciudad de Buenos Aires presenta desempeños cercanos a países europeos de la mitad superior del ranking; Córdoba supera claramente la media nacional; mientras que Mendoza prácticamente replica el promedio argentino.

El diagnóstico es claro: hablar de “la educación argentina” oculta diferencias muy significativas entre jurisdicciones.

Mucho más que un ranking

El dato más preocupante no es la posición relativa.

Según destaca el informe, menos de un tercio de los estudiantes argentinos alcanza el nivel básico en matemática, lo que implica que la mayoría llega a los 15 años sin las competencias mínimas para resolver problemas sencillos o sostener aprendizajes más complejos durante la escuela secundaria.

Esa situación tiene consecuencias económicas directas.

Una población con menores competencias básicas enfrenta mayores dificultades para acceder a empleos de calidad, adaptarse a tecnologías emergentes, mejorar su productividad y aumentar sus ingresos a lo largo de la vida laboral. El deterioro educativo termina convirtiéndose, con los años, en menor crecimiento económico y menor movilidad social.

El desafío no es medir, sino transformar

El informe concluye con una reflexión que trasciende los resultados de PISA.

Argentina participa regularmente de las evaluaciones internacionales y también cuenta con pruebas nacionales como Aprender. El problema no reside en la ausencia de diagnósticos, sino en la capacidad institucional para convertir esa evidencia en políticas sostenidas.

Entre las principales limitaciones menciona una estructura federal muy fragmentada, escaso margen para inversiones pedagógicas, una carrera docente basada principalmente en la antigüedad y debilidades en la formación inicial de los educadores.

En definitiva, el documento sostiene que la diferencia entre los países que lideran el “Mundial educativo” y aquellos que permanecen rezagados no está en cuánto conocen sobre sus problemas, sino en su capacidad para transformar ese conocimiento en mejoras concretas dentro del aula. Porque, al final, el verdadero campeonato que define el desarrollo económico comienza mucho antes del primer silbato: empieza en la escuela.

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Baja la natalidad y sube el empleo informal de las mujeres

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La natalidad está cayendo en todos los países de ingresos medios y altos. Es un fenómeno de enormes consecuencias que acepta varias explicaciones. La reacción de muchos países de Europa, Japón, Corea y China es incentivar a las familias a tener hijos a través de una batería de beneficios pronatalidad. Brindan subsidios monetarios especiales por nacimiento, subsidios para cuidado de primera infancia, amplias licencias parentales y hasta subsidios para tratamientos de fecundidad. Por ahora, el fracaso es persistente.

En la Argentina también se registra una abrupta caída en la natalidad. Entre los años 2003 y 2015 el flujo promedio de nacimientos anuales era de 737 mil niños. Luego, la reducción es sostenida llegando en el 2024, último dato disponible, a apenas 413 mil nacimientos. Si bien no es una política pronatalidad, la AUH tiene un monto que es el doble de las otras asignaciones familiares, se le suma la tarjeta alimentaria por niño y también un subsidio adicional para madres con niños de hasta 3 años. Sin embargo, la cantidad de beneficios de AUH que paga la ANSES cae sostenidamente año a año. Esto muestra que la disminución de la maternidad es transversal a todos los niveles socioeconómicos.

Un efecto positivo derivado de la caída de la natalidad es que aumentó la predisposición de las mujeres a incorporarse al mercado laboral. Tomando el segmento de mujeres con entre 20 y 29 años de edad, entre el 2015 y el 2025, se incorporaron al mercado laboral 220 mil mujeres. Según la EPH del INDEC la inserción laboral de estas mujeres fue la siguiente:

  • 140 mil mujeres se ocuparon como asalariadas privadas no registradas.
  • 130 mil mujeres se ocuparon como cuentapropistas.
  • Las mujeres empleadas como asalariadas formales disminuyeron en 50 mil.

Estos datos muestran que la inserción de las mujeres jóvenes que entraron al mercado laboral fue en empleos de baja calidad en la mayoría de los casos. De esta forma, la buena noticia de que más mujeres se incorporan al mercado de trabajo se diluye porque enfrentan una demanda de empleos por parte de las empresas muy debilitada. Es muy sugerente que toda la incorporación de mujeres jóvenes a la fuerza laboral sea en la informalidad mientras que la cantidad de mujeres jóvenes trabajando como asalariadas formales se redujo. 

La reducción en la natalidad produce el efecto denominado “bono demográfico”. Esto es una ventana de oportunidad donde transitoriamente aumenta la proporción de personas en edades activas (20 – 60) respecto a la cantidad de personas en edades inactivas (niños y ancianos). Con más gente en edad productiva se dan las condiciones para mejorar el nivel de bienestar. También es el momento de acumular riqueza para financiar la siguiente etapa que es el envejecimiento poblacional ya que el “bono” es de duración acotada. Pero si no se generan las condiciones para que la mayor oferta de mano de obra se inserte en empleos de calidad, el “bono demográfico” se desperdicia. La mejora en el bienestar presente será reducida y se generará un pasivo para cuando la población envejezca. 

Por esto, es tan urgente como esencial consolidar el ordenamiento macroeconómico y mejorar el entorno institucional. Forma parte de este desafío acelerar la instrumentación de la reforma laboral, especialmente la descentralización de los convenios colectivos y completar temas pendientes. Dos puntos claves son reducir la litigiosidad en accidentes y enfermedades profesionales y establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Esto es imprescindible para motorizar un proceso masivo de formalización en las micropymes, que es donde se concentra la informalidad. También es decisivo mejorar sustancialmente la calidad educativa en el nivel básico.

La caída en la natalidad es un fenómeno que plantea desafíos, pero también genera oportunidades. Dentro de ellas está el hecho de que más mujeres entran al mercado laboral. Oportunidad que lamentablemente se está desaprovechando. La manera de revertir esta tendencia adversa es con una masiva generación de empleos de calidad. El conservadurismo político de mantener las actuales malas condiciones del mercado laboral está hipotecando irreversiblemente el futuro a medida que la sociedad argentina envejece.

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Ya no hay creación de empleos en relación de dependencia

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Las decisiones de contratación de un trabajador por parte de las empresas dependen básicamente de dos factores. Uno es el crecimiento de la economía que genera aumento de la demanda de sus productos y servicios lo que deriva en la necesidad de contratar trabajadores. El otro son las normas laborales y cómo los jueces la interpretan al momento de su aplicación. En la Argentina, la producción está estancada desde 2011 y las instituciones laborales están caracterizadas por desalentar las contrataciones. Ambos factores explican por qué las empresas no generan empleo asalariado registrado. 

Para revertir esta situación el gobierno confía que con orden macroeconómico y las reformas estructurales se romperá el largo ciclo de estancamiento productivo. Para potenciar sus impactos positivos sobre la generación de empleos de calidad, el principal instrumento es la reforma laboral que está en tratamiento en el Senado. Esta ley se integra por un conjunto extenso de modificaciones a las normas que regulan las relaciones del trabajo. 

Mientras tanto, el INDEC informó sobre la situación del mercado de trabajo. Comparando el 3º trimestre del 2025 con igual período del 2023, el trimestre anterior al inicio del gobierno de Milei, aparece que el PBI aumentó en 1,3% mientras que el empleo urbano se incrementó en 2,3%. Este aumento en el empleo total se conforma de: 

  • El empleo no asalariado o por cuenta propia creció aproximadamente un 14%.
  • El empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó un -3%.
  • El resto de las ocupaciones (la suma de empleo público más empleo asalariado no registrado) cayó un -1%

Estos datos muestran que mientras las empresas privadas destruyeron empleos, la totalidad de la expansión del nivel de ocupación fue autoempleo, es decir, trabajadores sin empleador. Información complementaria de la Secretaría de Trabajo señala que el 80% son cuentapropistas informales, esto es, no inscriptos en el Monotributo. Esto sugiere que, en la mayoría de los casos, el aumento en el trabajo por cuenta propia no responde a una vocación emprendedora sino a la necesidad de generar ingresos para la subsistencia. Es clara la extrema necesidad y urgencia de dinamizar la producción y abordar una profunda reforma de las instituciones laborales.

El proyecto en el Senado responde a esta lógica. En su amplitud y complejidad aparecen varios puntos perfectibles que es recomendable que sean abordados en su tratamiento legislativo. Pero los desafíos no terminan con introducir ajustes y mejoras en la ley. Además, es crucial y decisiva la aplicación que las justicias laborales de cada provincia hagan de las nuevas normas laborales.

El ejemplo de lo que está ocurriendo con el sistema de riesgos del trabajo es muy ilustrativo. Una ley nacional del 2017, que tuvo adhesión de la mayoría de las provincias, dispone la constitución del Cuerpo Médico Forense. El objetivo es contar con médicos especialistas en evaluar incapacidades tomando en cuenta las reglas y metodología del sistema de riegos del trabajo y que sean remunerados en función de la tarea que hacen y no del monto de la incapacidad que dictaminan. Pasó casi una década y ninguna provincia instrumentó plenamente la ley. Por esta razón la litigiosidad sigue una tendencia insostenible. Una situación análoga se da con la enorme dispersión de índices diferentes que usan las justicias provinciales para la actualización de los créditos laborales en juicio. 

Es factible que la producción salga del aletargamiento de la última década e inicie una senda de crecimiento. Para maximizar su impacto sobre la generación de empleos de calidad es fundamental mejorar y sancionar la reforma laboral. Sin embargo, lo más desafiante será lograr que las justicias provinciales se apeguen a las normas. Que se asuma que ni la autonomía de las provincias ni la independencia del poder judicial legitiman que los criterios personales de los jueces prevalezcan sobre las leyes aprobadas por el Congreso.

 

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El salvataje da tranquilidad, pero no da para la euforia

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(Idesa) El gobierno de Estados Unidos sorprendió hace unas semanas al manifestar que estaba “listo para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina”. La contundencia del anuncio no fue suficiente para tranquilizar a los mercados. Esto motivó un viaje de urgencia del equipo económico para comenzar a implementar el apoyo. La primera acción fue la intervención del Tesoro de los EEUU comprando pesos en el mercado local a cambio de dólares. A esto se suma la confirmación de un swap –intercambio de monedas– por 20 mil millones de dólares para la Argentina y no se descartan otras acciones en el mismo sentido. 

Dentro de las turbulencias que genera la etapa preelectoral, el objetivo buscado se estaría cumpliendo. Las primeras reacciones fueron la baja del riesgo país y la suba de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Lo más importante es que la cotización del dólar en la plaza local se mantiene dentro de la banda cambiaria.  La duda que subsiste es cuán perdurable pueden ser estas tendencias. Planteado de otra manera, si el firme respaldo del gobierno de Estados Unidos justifica la euforia o tiene que tomarse como una oportunidad que, para aprovecharla, demanda acciones complementarias.

Para explorar este tema resulta pertinente identificar cuáles son las principales fuentes de presión sobre el dólar. Según el balance cambiario del Banco Central para enero – agosto del 2025 se observa que:  

  • La demanda para ahorro fue de 17 mil millones de dólares donde la totalidad se produjo desde abril 2025 que se puso fin al cepo para personas humanas.
  • Los servicios de deuda externa (capital más intereses) consumieron 12 mil millones de dólares
  • El gasto en turismo en el exterior fue de 8 mil millones de dólares.

Estos datos muestran que estas tres fuentes de demanda de dólares (ahorro, servicios de deuda y turismo) consumieron 37 mil millones de dólares en los primeros 8 meses del año. Como referencia, la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes generó 12 mil millones de dólares. Bajo estas condiciones, la presión sobre el mercado cambiario es intensa.

Varios factores motorizan las presiones, pero uno decisivo es la desconfianza. No hay dudas de la voluntad del gobierno de cumplir con los pagos de la deuda y sostener el equilibrio fiscal. Pero hay dudas sobre su capacidad para lograrlo. Más dudas hay sobre la posibilidad de avanzar en las reformas estructurales. Esta es la principal razón por la cual el riesgo país no baja y, por lo tanto, no se pueden refinanciar los vencimientos de deuda por medios voluntarios. En igual sentido, la desconfianza lleva a la masiva compra de dólares para ahorro. 

En el corto plazo, la combinación de equilibrio fiscal y apoyo del tesoro de Estados Unidos juegan a favor de calmar al mercado financiero. En el mediano plazo aparece la alternativa de que con los RIGI entren dólares por inversión extranjera directa y exportaciones en sectores como minería, energía e industria del conocimiento. Si, además, se avanza rápidamente hacia una mejor organización del mercado cambiario y monetario, eliminando controles y regulaciones, es factible consolidar la estabilidad.

Para aprovechar la oportunidad el gobierno tiene que mejorar sustancialmente su capacidad de gestión política y técnica. Por un lado, hay que despejar dudas sobre la sostenibilidad del equilibrio fiscal. Por el otro, hay que generar un entorno más favorable para la producción. Cabe advertir que la estabilidad cambiaria no garantiza la creación de empleos que lleven a recomponer la degradada situación social. Por esta razón es muy importante la modernización de las instituciones laborales. Dentro de ella, es clave dar prelación a los acuerdos de empresa por encima de los convenios colectivos de sector, rama u ocupación. 

La ayuda del gobierno de Estados Unidos es una buena noticia que da esperanza, pero no da para la euforia. Es la oportunidad para calmar a los mercados, mejorar el régimen cambiario y monetario y, lo más desafiante, mejorar la gestión técnica y política. Esto depende menos del resultado de las elecciones y de Estados Unidos que de un cambio de estrategia por parte del gobierno a favor del profesionalismo técnico y el diálogo constructivo.

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El dólar paralelo no sube, acompaña la inflación

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(Idesa) El dólar paralelo se mantuvo relativamente estable en un nivel de $1.000 entre octubre 2023 a marzo 2024. A partir de abril comienza a deslizarse llegando en mayo a $1.300, junio $1.400 y en apenas 2 semanas de julio ya alcanzó los $1.500. Que luego de 6 meses de tranquilidad, en 3 meses haga esta trepada causa preocupación. Subyacen muchos antecedentes del pasado en que la escapada del dólar fue el inicio de una crisis.

El punto que más colisiona con el plan de gobierno es que esta dinámica del dólar paralelo abre la brecha con el dólar oficial a más del 50%. Esto aumenta las expectativas adversas en relación a la sostenibilidad del dólar oficial. El gobierno, para dar más contundencia a su política con el dólar oficial, dispuso que cada vez que emita pesos para comprar dólares en el mercado oficial, inmediatamente venderá en el mercado paralelo la cantidad de dólares suficientes para retirar del mercado los pesos emitidos. Sin déficit fiscal ni cuasi fiscal, con esta medida se cierran todas las ventanas de emisión monetaria.    

Una referencia para entender la situación es comparar la suba nominal del dólar paralelo con las de otras variables relevantes, como los precios al consumidor y los salarios. Según el Ministerio de Economía, entre el 2022 y 2023, las tres variables marcharon a la par. En cambio, entre noviembre del 2023 y julio del 2024 se observa que:   

  • La inflación fue del 135%.
  • El salario formal creció un 110% a mayo 2024 (último disponible).
  • El dólar paralelo creció apenas un 50%.

Estos datos muestran que el dólar paralelo está creciendo, pero muy por debajo de la inflación y de los salarios. Hay que aclarar que los precios y los salarios pueden crecer sostenidamente por encima del dólar. Pero, para ello, tienen que ir acompañados de aumentos en la productividad y/o una entrada masiva de dólares desde el exterior. Ninguna de estas condiciones se da en la actualidad. La actividad económica está estancada y los flujos de capitales presionan más por salir que por entrar al país. Por lo tanto, la suba del dólar debe ser tomada apenas como una actualización que acompaña a la inflación y los salarios.   

Estos antecedentes sugieren que la principal motivación del gobierno disponiendo vender dólares desde el Banco Central en el mercado paralelo es acelerar la baja de la inflación. Con la base monetaria fija (porque estarán cerradas todas las fuentes de emisión monetaria) se espera disminuir la brecha, defender la regla de devaluación del dólar oficial al 2% mensual y, con esto, moderar las expectativas inflacionarias. Es una operación arriesgada, especialmente en un contexto de bajo nivel de reservas y con posibles efectos colaterales negativos. El más importante es una prolongación de la recesión económica producto de la astringencia monetaria y la baja competitividad de la producción interna. 

La manera de bajar los riesgos y efectos colaterales negativos de la medida es acelerando la transformación de la economía. Por un lado, para darle sostenibilidad al equilibrio fiscal. Esto ahora se vuelve más imprescindible ya que el Tesoro tiene que hacerse cargo de la deuda del Banco Central. Implica migrar desde un ajuste fiscal tradicional, muy basado en la licuación de gastos y aplicación de impuestos distorsivos (impuesto PAIS y derechos de exportación), a un ordenamiento integral del sector público. Por otro lado, para darle a la producción interna la oportunidad de ser competitiva al tipo de cambio oficial. Esto implica generar un entorno regulatorio, tributario y de calidad de los servicios públicos que permita a las empresas argentinas ser competitivas en los mercados internacionales. 

El saneamiento monetario (no hay más emisión) es una señal muy potente en la lucha contra la inflación. Pero extremadamente demandante desde el punto de vista fiscal y de competitividad para la producción nacional. Es una estrategia arriesgada y rígida. Su éxito dependerá de cuanta convicción y habilidad despliega el gobierno en la implementación de las transformaciones enumeradas en el Acta de Mayo.     

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