El dólar paralelo no sube, acompaña la inflación

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(Idesa) El dólar paralelo se mantuvo relativamente estable en un nivel de $1.000 entre octubre 2023 a marzo 2024. A partir de abril comienza a deslizarse llegando en mayo a $1.300, junio $1.400 y en apenas 2 semanas de julio ya alcanzó los $1.500. Que luego de 6 meses de tranquilidad, en 3 meses haga esta trepada causa preocupación. Subyacen muchos antecedentes del pasado en que la escapada del dólar fue el inicio de una crisis.

El punto que más colisiona con el plan de gobierno es que esta dinámica del dólar paralelo abre la brecha con el dólar oficial a más del 50%. Esto aumenta las expectativas adversas en relación a la sostenibilidad del dólar oficial. El gobierno, para dar más contundencia a su política con el dólar oficial, dispuso que cada vez que emita pesos para comprar dólares en el mercado oficial, inmediatamente venderá en el mercado paralelo la cantidad de dólares suficientes para retirar del mercado los pesos emitidos. Sin déficit fiscal ni cuasi fiscal, con esta medida se cierran todas las ventanas de emisión monetaria.    

Una referencia para entender la situación es comparar la suba nominal del dólar paralelo con las de otras variables relevantes, como los precios al consumidor y los salarios. Según el Ministerio de Economía, entre el 2022 y 2023, las tres variables marcharon a la par. En cambio, entre noviembre del 2023 y julio del 2024 se observa que:   

  • La inflación fue del 135%.
  • El salario formal creció un 110% a mayo 2024 (último disponible).
  • El dólar paralelo creció apenas un 50%.

Estos datos muestran que el dólar paralelo está creciendo, pero muy por debajo de la inflación y de los salarios. Hay que aclarar que los precios y los salarios pueden crecer sostenidamente por encima del dólar. Pero, para ello, tienen que ir acompañados de aumentos en la productividad y/o una entrada masiva de dólares desde el exterior. Ninguna de estas condiciones se da en la actualidad. La actividad económica está estancada y los flujos de capitales presionan más por salir que por entrar al país. Por lo tanto, la suba del dólar debe ser tomada apenas como una actualización que acompaña a la inflación y los salarios.   

Estos antecedentes sugieren que la principal motivación del gobierno disponiendo vender dólares desde el Banco Central en el mercado paralelo es acelerar la baja de la inflación. Con la base monetaria fija (porque estarán cerradas todas las fuentes de emisión monetaria) se espera disminuir la brecha, defender la regla de devaluación del dólar oficial al 2% mensual y, con esto, moderar las expectativas inflacionarias. Es una operación arriesgada, especialmente en un contexto de bajo nivel de reservas y con posibles efectos colaterales negativos. El más importante es una prolongación de la recesión económica producto de la astringencia monetaria y la baja competitividad de la producción interna. 

La manera de bajar los riesgos y efectos colaterales negativos de la medida es acelerando la transformación de la economía. Por un lado, para darle sostenibilidad al equilibrio fiscal. Esto ahora se vuelve más imprescindible ya que el Tesoro tiene que hacerse cargo de la deuda del Banco Central. Implica migrar desde un ajuste fiscal tradicional, muy basado en la licuación de gastos y aplicación de impuestos distorsivos (impuesto PAIS y derechos de exportación), a un ordenamiento integral del sector público. Por otro lado, para darle a la producción interna la oportunidad de ser competitiva al tipo de cambio oficial. Esto implica generar un entorno regulatorio, tributario y de calidad de los servicios públicos que permita a las empresas argentinas ser competitivas en los mercados internacionales. 

El saneamiento monetario (no hay más emisión) es una señal muy potente en la lucha contra la inflación. Pero extremadamente demandante desde el punto de vista fiscal y de competitividad para la producción nacional. Es una estrategia arriesgada y rígida. Su éxito dependerá de cuanta convicción y habilidad despliega el gobierno en la implementación de las transformaciones enumeradas en el Acta de Mayo.     

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IDESA advierte sobre la crisis en la Salud Privada

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El organismo elaboró un informe que alerta sobre la crisis en la Salud Privada y la necesidad de ordenar el PMO (Plan médico obligatorio).

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) alerta sobre la crisis de la salud privada en Argentina. De acuerdo a este organismo todos los actores del sector están insatisfechos y afirma que se debe priorizar el ordenamiento del PMO (Plan Médico Obligatorio) para encontrar una solución.

Virginia Giordano, coordinadora de investigaciones de IDESA, es quien grafica la situación: “Las clínicas no llegan a fin de mes, la gente está insatisfecha porque le aumentan todos los meses, los médicos están insatisfechos por sus bajos honorarios y el resto del personal de la salud también está disgustado con sus salarios”, explica.

Por otro lado, Giordano sostiene con un repaso histórico que: “En 1996, el Ministerio de Salud creó el Programa Médico Obligatorio (PMO), que preveía la cobertura de las prestaciones médicas más frecuentes y tradicionales”. En 2020 con el advenimiento de la pandemia, se tomaron medidas especiales: “Como medida de emergencia se dispone un congelamiento transitorio de las cuotas de las prepagas. Esto llevó a un congelamiento (transitorio) de los honorarios médicos y los aranceles de los centros de salud”.

A causa de esta medida, y por la consecuente aceleración de la inflación en 2021 y con el gobierno de turno que evitó que los precios de las prepagas, médicos y centros de salud recuperaran lo perdido, desvalorizando las cuotas entre un 25% y 30%. Por lo que las

las cuotas de las prepagas fueron acompañando la inflación, pero manteniendo la pérdida acumulada en el 2020 y 2021. Como resultado, se llegó a que todas las partes del sistema están disconformes.

IDESA explica que para mejorar el sector salud, es necesario contar con una macroeconomía saludable y priorizar el ordenamiento integral del Plan Médico Obligatorio (PMO), el cual considera como un conjunto de prestaciones médicas básicas, pero no sociales. Por este motivo la entidad sugiere que los beneficios sociales que promete el Estado deben ser financiados por él, no delegando al sector privado.

Cita al exsuperintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, que afirma que “la financiación de todas estas cosas no pueden seguir siendo solamente de aportes y contribuciones. Y nosotros, ni siquiera aún en la pandemia, el Estado Nacional o el Tesoro financió prestaciones de la Seguridad Social. Todas las prestaciones y todo lo que hicimos financieramente en la Superintendencia en estos meses es exclusivamente con fondos de la propia Seguridad Social”.

Establecer reglas de financiamiento claras no es desprotección, sentencia IDESA: “Desprotección es prometer todo, generando un desorden tal que la promesa queda desfinanciada y por lo tanto incumplida”.

Más allá del informe, recientemente, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), al anunciar que las prepagas preparaban otro gran aumento en las cuotas para febrero que se sume al 40% aplicado en enero, se manifestó también a favor de una modificación en el Plan Médico Obligatorio (PMO) para ofrecer ” planes flexibles”.

¿Qué es el PMO?

Cabe recordar que el Programa Médico Obligatorio hace referencia a una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. Son las obligaciones que toda obra social o prepaga tiene que cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes

Joaquín Tartaglione, médico especialista en Medicina Familiar y General (M.N. 152.891), afirmó: “Todas las personas tienen derecho a acceder a la salud a través del sistema público. Cuando tenemos una obra social o una prepaga, a veces no sabemos si determinada medicación, atención o cirugía nos la deben cubrir”.

El PMO, por ley nacional, dice qué nos debe cubrir una obra social o prepaga en todos los planes. Pero, están también las condiciones que tenemos que cumplir para que lo cubran.

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¿Cómo se baja el déficit fiscal de manera sostenible?

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Idesa, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino continúa ofreciendo análisis y propuestas a través de sus informes audiovisuales, en el marco de su vigésimo aniversario, ante las diferentes problemáticas que vive la Argentina en el campo de las políticas públicas.

En el nuevo informe audiovisual el Instituto menciona que todos los años el Congreso aprueba su presupuesto en el que planifica ingresos y gastos. Pero todos los años termina con ingresos que no alcanzan para cubrir sus gastos.

Patricio Temperley, investigador senior de Idesa, explica que “Argentina gastó todos los ahorros que tenía, contrajo toda la deuda interna y externa que pudo y, agotadas estas fuentes de financiamiento, le pidió al Banco Central que emita pesos para que se los preste. Hoy, tenemos un récord de más medio siglo de déficit fiscal”.

Idesa explica que durante mucho tiempo se dijo que tener déficit no es tan malo o, al menos, que es mejor alternativa “que padecer el ajuste”. Pero en momentos críticos, como en la actualidad , las consecuencias son palpables. Pero, ¿qué alternativas tiene un país como Argentina?

Idesa expone que frente a la crisis generada en gran parte por el déficit fiscal, hay 3 caminos:

El “ajuste inflacionario” o el “No hacer nada”. Dejar que la inflación licue gastos y deudas. Es un método muy utilizado porque le permite al gobierno recomponer las finanzas públicas sin tener que tomar medidas explícitas. Algunos casos conocidos, por la situación extrema que plantearon, son la hiperinflación del ‘89 y la megadevaluación de 2002. Son procesos muy traumáticos,  con mucha implicancia sobre la pobreza.

El “ajuste explícito”. Es decir, actuar con políticas explícitas de ajuste. Básicamente subir impuestos o recortar gastos, pero sin cambiar la organización del Estado. El caso típico se da cuando se profundiza la licuación del gasto previsional,  manipulando la fórmula que regula la movilidad de los haberes. Inflación más modificación de la fórmula produce una reducción de las jubilaciones. Se logran resultados a corto plazo, pero el déficit fiscal reaparece porque en algún momento hay que pagar los juicios a los jubilados. Pan para hoy, hambre para mañana.

“Ordenar el Estado”. O sea aceptar que el Estado tiene graves problemas organizacionales. Se gasta mal y se recauda mal porque hay improvisación y solapamientos. Con todo esto, cualquier intento por reducir el déficit sin cambiar la organización, está condenado al fracaso. Hay que apuntar al origen de los problemas y no a sus síntomas.

Tomando la mención anterior, la diferencia entre ajustar y ordenar el Estado no es una cuestión semántica. El ajuste apunta a corregir en el corto plazo los desequilibrios, pero agrava los déficits de gestión y no tiene una perspectiva sostenible en el tiempo. El ordenamiento implica un replanteo organizacional para recomponer la finanzas, a la vez que se mejora la gestión de una forma sostenible en el tiempo.

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La inflación aumentó tres veces más que el dólar oficial

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Desde la renuncia del ex-Ministro Guzmán la crisis económica se profundizó con una fuerte aceleración inflacionaria y del dólar paralelo que pasó de $238 a fines de junio a $338 en lo que va del mes. La situación no la generó el cambio de ministro sino la acumulación de presiones derivadas de las políticas que el ex-Ministro aplicó.

Guzmán avaló e impulsó una idea ampliamente compartida, especialmente en la coalición gobernante, de que la inflación es un fenómeno multi-causal. Por lo tanto, puede ser controlada sin necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Más aún, argumentó que una estrategia de austeridad fiscal podría atentar contra la recuperación económica observada luego del confinamiento por la pandemia. Como alternativa permitió que se apliquen medidas más ruidosas que efectivas, como controles de precios y salarios y amenazas a empresas. También a otras que, en el corto plazo, ayudaron a reprimir el crecimiento del índice de precios, pero a costa de generar profundas distorsiones. Estas son el control sobre el tipo de cambio y el atraso en las tarifas de luz y gas

Para tener una idea de la magnitud de la represión inflacionaria derivada del uso de estos instrumentos se puede apelar a datos del Banco Central y el INDEC. Según estas fuentes, entre diciembre del 2019 y junio del 2022 se observa que:

  • La inflación, sin considerar los precios controlados de la energía, fue del 192%.
  • El tipo de cambio oficial subió un 60%.
  • Las tarifas de gas y luz que pagan las familias subieron un 50%.

Estos datos muestran que mientras los precios tienen una fuerte presión al alza, el tipo de cambio y las tarifas energéticas se usan para tratar de contener dicha presión. La inflación fue tres veces más alta que el ajuste del dólar oficial y cuatro veces mayor que la actualización de las tarifas energéticas. Que el dólar oficial crezca muy por debajo de la inflación genera perdidas de reservas porque desalienta las exportaciones y estimula las importaciones y compras en el exterior. Que la energía crezca muy por debajo de la inflación obliga a más emisión monetaria para cubrir los subsidios y demanda dólares oficiales porque Argentina importa energía. Mientras en el mundo se reduce el consumo por la crisis energética mundial, en Argentina se subsidia el derroche de energía.

Es tal el nivel de descomposición que la nueva Ministra tuvo que hacer explícito que es imprescindible reducir el déficit fiscal. Pero las medidas anunciadas son insuficientes. Por un lado, por la precaria sostenibilidad política. Por el otro, porque su impacto será muy limitado. Se anunció la segmentación de las tarifas energéticas, pero los funcionarios a cargo dicen que habrá que esperar varios meses para lograr ahorros. La actualización en la valuación de los inmuebles para aumentar la recaudación tributaria tendrá impactos a mediano plazo, si se logra implementar. Poner cupos a la ejecución presupuestaria de los organismos públicos difiere gastos, pero a la larga son gastos que se hacen igual.

Suponiendo que ahora viene un sostén político robusto para un paquete más agresivo de equilibrio fiscal, como –por ejemplo– el intentó del gobierno de Cambiemos de “déficit primario cero” en el 2019, los resultados seguirán siendo insatisfactorios. Atacar el déficit fiscal con medidas rudimentarias e improvisadas generan más descontento e impopularidad, que soluciones. La derrota electoral de Cambiemos demuestra que este camino no resuelve el problema fiscal y hace perder elecciones.

En lugar de repetir la frustrante experiencia de los ajustes fiscales tradicionales, hay que tomar la crisis como la oportunidad para un ordenamiento integral del Estado. Esto incluye ordenar el sistema previsional, simplificar impuestos, tender a la correspondencia fiscal entre la jurisdicción que ejecuta el gasto y la que recauda y eliminar superposiciones de gastos entre nación, provincias y municipios.

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Según IDESA el IVA debería absorber el impuesto a los Ingresos Brutos

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El reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sobre el nuevo consenso fiscal hace foco en el rol del IVA e Ingresos Brutos como políticas fiscales a nivel país.

Se firmó una nueva suspensión de la baja de impuestos provinciales prevista en el Consenso Fiscal del 2017. Subyace el fracaso de la estrategia de reducción gradual de impuestos distorsivos y la necesidad de un replanteo del impuesto a los Ingresos Brutos. El eje del cambio debería ser que el IVA absorba Ingresos Brutos.

El acuerdo entre la Nación y la mayoría de las provincias suspendiendo definitivamente el cronograma de reducción gradual de impuestos previsto en el Consenso Fiscal del 2017 generó confusas e intensas polémicas. Prevalecieron acusaciones y argumentos contradictorios en un tema estratégico, como es el sistema impositivo, de cara a la necesidad de cortar con la profunda involución que sufre la Argentina.

Es ampliamente reconocido que el sistema tributario argentino está mal organizado. En los países desarrollados los tres principales impuestos con los que se financia el Estado son el impuesto a las ventas (generalmente, utilizan el IVA), a los ingresos (en la Argentina denominado Ganancias) y a la riqueza. En la Argentina, por el contrario, se aplican una amplia y variada cantidad de impuestos, al punto tal que solo la mitad de la recaudación impositiva viene de estos tres tipos de impuestos. Un caso notable es el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se trata de un impuesto que aplican las provincias sobre las ventas de manera superpuesta al IVA que se aplica a nivel nacional.

Ingresos Brutos es un tributo mucho más rudimentario que el IVA. Por ello, resulta pertinente analizar cuánto aportan a la recaudación total y cuáles han sido las tendencias en los últimos años. Según datos del Ministerio de Economía se observa que:

*La presión impositiva total (nacional más provincial) pasó de 24% en el 2004 a 29% del PBI en el 2020.

*El IVA en el 2004 representaba el 26% de la recaudación total y bajó al 24% en el 2020.

*Ingresos Brutos aumentó del 10% al 13% de la recaudación en el mismo período.

Estos datos muestran que Ingresos Brutos tiene una alta y creciente participación en la recaudación total cuando lo recomendable es fortalecer el IVA. Esta situación atenta contra las posibilidades de desarrollo y aporta otra evidencia de la hipocresía prevaleciente en la sociedad argentina. Por un lado, se declama a favor de un sistema tributario más neutral y progresivo. Por el otro, se apela a un impuesto altamente distorsivo. La explicación es que con Ingresos Brutos es más fácil recaudar y más fácil de ocultar su presencia a los ojos de los ciudadanos, que son los contribuyentes finales.

El Consenso Fiscal firmado en el 2017 tenía el objetivo declarado de revertir esta situación. Una de sus principales disposiciones era disminuir gradualmente las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos. La lógica era que el impacto negativo de la reducción de alícuotas se compensaría con el efecto expansivo que tendría el crecimiento económico. El planteo es atractivo desde el punto de vista del discurso político. Pero inconsistente desde el punto de vista técnico. Si el diagnóstico es que la economía no crece porque el sistema tributario es malo, es ilógico hacer el supuesto de que la economía crezca primero para bajar los malos impuestos que son los que impiden que la economía crezca.

La última adenda firmada es el reconocimiento del fracaso de esta estrategia del gradualismo. Esto debe motorizar la búsqueda de una estrategia alternativa. La vía más interesante es unificar tributos tendiendo hacia un sistema con menos impuestos y que sean menos distorsivos. En el caso de los impuestos a las ventas, claramente el IVA es superior a Ingresos Brutos. Por lo tanto, en lugar de dilapidar esfuerzos en polémicas inconducentes, es recomendable eliminar Ingresos Brutos y compensar la pérdida de recaudación con una alícuota más elevada en el IVA. Se suele argumentar que la alícuota del IVA ya es alta como para seguir aumentándola. Pero unificando no se aumenta la presión impositiva sobre las ventas, sino que se transparenta y se aplica con un solo impuesto menos distorsivos.

Curiosamente, los aspectos más positivos de esta última adenda al Consenso Fiscal –y que fueron los menos comentados– son los compromisos para avanzar en la unificación de impuestos. Por ejemplo, revisar el régimen de pequeños contribuyentes (el Monotributo Unificado que unifica el IVA e Ingresos Brutos para los pequeños contribuyentes) y promover el Registro Único de Contribuyentes. De cara al objetivo de ordenar el sistema tributario estos son los temas que merecen ocupar un rol más central.

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