En enero Misiones exportó por USD 34 millones, con un crecimiento de 14,7% en comparación con igual mes de 2025, lo que marcó su mejor enero desde 2011.
El 53% de las exportaciones misioneras del primer mes del año, medidas en dólares, fueron de Manufacturas de Origen Agropecuaria (MOA por un total de USD 17,9 millones y en comparación con igual mes del año anterior mostraron un alza del 12%.
A su vez, el 42% de las ventas al exterior fueron de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que totalizaron USD 14,5 millones con un alza del 20% anual; y el otro 5% de las exportaciones fueron de Productos Primarios (PP) por USD 1,7 millones, exhibiendo en este caso una caída interanual del 1,0%. Así, Misiones consolida su perfil manufacturero, con el 95% de sus exportaciones que fueron de ese tipo de productos.
Si se mide en cantidades, Misiones exportó por 49.231 toneladas en enero, creciendo 1,0% interanual. Visto por grandes rubros, las MOA tuvieron exportaciones por casi 23 mil toneladas (+2% interanual); las MOI por 21 mil toneladas (+29%) y los PP por 5 mil toneladas (-47%).
Al cruzar montos y cantidades exportadas por la provincia en enero 2025, surge un precio promedio de exportación de USD 693 por tonelada, un valor que es 13% superior al de enero 2025.
En el plano regional, Misiones ratifica su liderazgo en el NEA: la provincia concentró el 42% de las exportaciones de la región; en términos de desempeños, el crecimiento misionero fue el segundo mayor de la región, solo por debajo de Chaco (+31,1%).
NEA – Origen provincial de las exportaciones (enero 2026)
Valores en millones de USD. Desagregado por grandes rubros (PP, MOA, MOI, CyE).
Provincia
Total
PP
MOA
MOI
CyE
Misiones
34
2
18
14
–
Corrientes
24
10
11
3
–
Chaco
21
13
8
0
–
Formosa
2
1
0
0
–
NEA (total)
81
26
37
18
–
Fuente: INDEC – Intercambio comercial argentino (ICA), Origen provincial de las exportaciones (enero 2026).
Dentro de la región, el ranking quedó así:
Misiones: USD 34 millones (≈ 42% del NEA), con un perfil exportador dominado por MOA (USD 18 M) y MOI (USD 14 M), y un componente menor de primarios (USD 2 M). MISIONES EXPORTA
Corrientes: USD 24 millones, con estructura más balanceada entre primarios (USD 10 M) y MOA (USD 11 M), más MOI (USD 3 M). MISIONES EXPORTA
Chaco: USD 21 millones, explicado por primarios (USD 13 M) y MOA (USD 8 M), sin MOI en el registro. MISIONES EXPORTA
Formosa: USD 2 millones, prácticamente todo en primarios (USD 1 M), sin MOA/MOI en el cuadro.
El dato distintivo de Misiones, cuando se la compara con el resto del NEA, es la mayor gravitación de MOA y MOI dentro de su canasta: USD 32 millones de sus USD 34 millones están en manufacturas (MOA+MOI). En términos regionales, esto la posiciona como el distrito que más empuja el componente industrial/agroindustrial del NEA en el arranque de 2026, aun con un volumen total regional que sigue siendo bajo frente al promedio nacional.
El dato de enero también marca la continuidad de un año que fue casi récord en exportaciones. En el NEA, Misiones concentró 47% de las exportaciones en dólares con USD 533 millones, por encima de Corrientes (USD 335 M), Chaco (USD 235 M) y Formosa (USD 29 M), y también lideró en cantidades: sus casi 680 mil toneladas explicaron 35% del total regional. A nivel país, aunque se ubicó 17° por exportaciones totales, fue 7° en el ranking nacional de MOA y su crecimiento total interanual (20,7%) quedó muy por encima de la media nacional (9,3%).
La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para acercarle un conjunto de propuestas orientadas a reactivar la actividad, aliviar los costos productivos y fortalecer la competitividad de la industria nacional en un contexto de estancamiento y creciente presión importadora.
El encuentro se produjo en medio de señales de preocupación dentro del empresariado. “Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta y esto termina mal”, deslizó uno de los principales hombres de negocios del país, reflejando un malestar que, aunque en voz baja, se repite en distintos sectores.
Tras la reunión, Caputo destacó el diálogo con el titular de la UIA, Martín Rappallini, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. Señaló que conversaron sobre la reforma laboral -en particular el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)-, la reducción de los costos vinculados a la litigiosidad laboral, el régimen de nuevo empleo que baja los aportes patronales al 2% durante cuatro años y el RIMI para PyMES.
El ministro consideró que estos cambios, sumados a la ley de Inocencia Fiscal, serán “fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”, con foco en creación de empleo, mejora salarial y mayor apertura comercial. También subrayó la necesidad de reducir la carga impositiva “principalmente en provincias y municipios” para mejorar la competitividad industrial.
Un escenario de estancamiento
La reunión se dio en un contexto complejo para la actividad. Según Eco Go, la economía se estancó en 2025: los niveles de noviembre se ubicaron en línea con los de un año atrás y diciembre habría vuelto a caer. Si bien el promedio anual mostró un crecimiento de 4,1%, ese resultado respondió en gran parte al arrastre estadístico de 2024.
En la industria, la utilización de la capacidad instalada fue del 53,8% en diciembre, por debajo del 56,7% registrado doce meses antes, un nivel ya considerado bajo por el sector.
Las propuestas de la UIA
La central fabril trabaja en un proyecto de ley orientado a reducir la presión tributaria y mejorar la competitividad. Entre las principales iniciativas presentadas al ministro se destacan:
Rebaja de costos laborales no salariales, incluyendo la posibilidad de computar aportes patronales a cuenta del IVA, complementando el incentivo del 4% previsto en la nueva legislación laboral para nuevos empleos.
Sistema de financiamiento en cuotas para estimular el consumo, similar al Ahora 12 pero sin subsidio estatal.
Medidas para fomentar exportaciones, como la eliminación de derechos de exportación pendientes y el aumento de reintegros, especialmente para manufacturas de origen industrial y alimentos.
Incentivos para la construcción, mediante devolución del IVA en compras de insumos realizadas con tarjeta de crédito y débito.
Alivio financiero para PyMES, incluyendo el uso de fondos del FAL y esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar.
Refuerzo de controles ante subfacturación de importaciones, en un contexto de sobrecapacidad global y desvíos de comercio.
Agilización en la devolución de saldos acumulados y suspensión de embargos para PyMES, como herramientas de alivio fiscal.
Uno de los ejes centrales es la reducción integral de la carga tributaria, tanto a nivel nacional como provincial. Los industriales sostienen que, sin una baja coordinada de impuestos, la apertura económica podría acelerar la pérdida de competitividad y fomentar la relocalización de empresas en países con menor presión fiscal. Como ejemplo, mencionan la dificultad para desarrollar un polo audiovisual local frente a incentivos más atractivos en Uruguay o Colombia.
Desde Economía se comprometieron a analizar las propuestas y continuar el diálogo técnico.
Sectores en tensión
La preocupación empresarial responde a una realidad concreta en varias ramas industriales.
El sector textil es uno de los más golpeados por la apertura importadora y la caída del consumo. Desde la actividad sostienen que la elevada presión impositiva, en una cadena de valor extensa, distorsiona precios y resta competitividad frente a productos extranjeros o a circuitos informales.
En la siderurgia, fuentes sectoriales reportan caídas de hasta 50% en ventas, producto de la combinación entre apertura y retracción de la demanda interna. En neumáticos, estimaciones privadas indican que las importaciones ya representarían cerca del 85% del mercado.
El consumo masivo tampoco escapa a esta dinámica, con una competencia importada que comienza a desplazar producción nacional en distintos rubros.
En este contexto, la UIA busca instalar una agenda de reformas que combine reducción de costos, alivio impositivo y estímulos al consumo y la exportación, con el objetivo de evitar que el estancamiento derive en una crisis más profunda del entramado productivo.
El sector forestoindustrial argentino se caracteriza por una de las tasas de crecimiento más altas a nivel mundial (y una superficie forestada de aproximadamente 1,3 millones de hectáreas principalmente ubicadas en la Mesopotamia) y una estructura productiva diversificada con industrialización tanto de la madera sólida, como de triturable (pasta celulósica y papel) y de generación de energía en base a biomasa.
Este sector, que llegó a explicar más de 100 mil puestos de trabajos registrados a nivel nacional en 2011 y 2012, ha mostrado un estancamiento desde entonces y actualmente registra aproximadamente 90 mil puestos de trabajo. En los últimos tres años se observa una caída del orden del 5% al 7% en todos los subsectores (silvicultura, aserrado, productos de madera y papel) con la única excepción del sector de muebles (donde el empleo generado cayó en 2024 pero se recuperó rápidamente en 2025).
Al analizar la dinámica del empleo, encontramos que a partir de 2010 y hasta el año 2023 la cantidad de trabajadores registrados totales en la economía argentina aumentó un 14%, mientras que en la forestoindustria registró una caída del 4%. A su vez, en los últimos dos años se observa que, mientras el empleo total registra una nueva caída en 2024 y una leve recuperación en 2025 (+0,3%), el sector forestoindustria registró una contracción del 3,1% en 2024 y del 1,3% en 2025. Ante esto, surge la pregunta: ¿Qué explica esta dinámica?
Haciendo foco en la industria del aserrado y remanufactura de madera (con productos como tableros, madera estructural, molduras, pisos, entre otros), encontramos una fuerte dualidad: por un lado, empresas grandes y medianas con alta tecnología y orientación exportadora y, por otro, una vasta red de PyMEs (más de 750 empresas en la provincia de Buenos Aires, más de 400 en Misiones y más de 200 en Corrientes) enfocadas en el mercado interno (principalmente con productos para la construcción).
En esta línea, se observa que el Índice de Producción Industrial de Madera (IPI Madera) elaborado durante el 2023 tuvo una caída del 6%, explicado por la caída tanto de la demanda del sector de la construcción (-4%) como por una fuerte caída en las exportaciones (-19%). En 2024 el sector maderero tuvo una contracción aún más pronunciada (-14%) explicada principalmente por la caída del 27% en la actividad de la construcción (la cual no pudo ser compensada totalmente por las exportaciones a pesar del crecimiento del 18% registrado ese año). A partir de allí, en 2025 observamos un crecimiento del 12% en el índice industrial sectorial, con crecimiento de las exportaciones además de cierta recuperación de la construcción.
Cabe agregarse que hasta el momento el ingreso de importaciones de madera y derivados está concentrado en dos productos (tableros de fibras de madera y de partículas de madera) y, si bien tuvo un crecimiento importante el año pasado (+114%), representó un total de 13 millones de dólares en 2025.
Por lo todo lo anterior, vemos que luego de varios años de caída el indicador de actividad industrial sectorial muestra cierta recuperación en 2025… pero ¿es suficiente la tendencia actual para recuperar los niveles de actividad y empleo?
En base a lo anteriormente señalado, el mayor desafío está en aquellas empresas orientadas principalmente al mercado de la construcción local. La leve recuperación del sector señalada en 2025, y que se suma también a la pequeña recuperación (+7% anual) de la superficie autorizada a construir (el cual es un indicador relevante para anticipar la demanda de materiales) dan señales de que la caída de la construcción habría encontrado un piso, aunque la recuperación es aún muy leve para revertir la caída de 2023 y 2024.
Adicionalmente, desde el sector maderero señalan que a esto se deben sumar otros desafíos que tienen que ver con cambios tecnológicos en la construcción (mayor uso de andamiajes y perfilería metálica en vez de madera) y la difusión de viviendas industrializadas (en algunos casos incluso importadas totalmente), entre otros.
En este marco, la dinámica exportadora registrada, así como la política de apertura comercial nacional y los acuerdos firmados con la Unión Europea y Estados Unidos parecen oportunidades de mercado muy interesantes para el sector, aunque el proceso de reconversión necesario para un gran número de PyMEs dista de ser un proceso sencillo.
A partir de consultas al sector es posible mencionar varias líneas de trabajo para dicha reconversión: financiamiento (destinado no solo a capital de trabajo, sino también a la mejora e innovación tecnológica y a los créditos hipotecarios para la construcción), reducción de costos logísticos internos (desde las plantas productivas hasta los puertos de Zárate o Buenos Aires), el costo de la energía eléctrica y la necesidad de contar con certificaciones ambientales exigidas en los principales mercados de destino (como por ejemplo FSC- Forest Stewardship Council).
En el marco de las reformas legislativas actualmente en discusión, el RIMI (Régimen de Incentivos a las Inversiones Medianas) surge como una propuesta para cerrar la brecha con los grandes proyectos de amparados por el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), alentando nuevas inversiones, competitividad, exportaciones y empleo formal a través de la amortización acelerada de inversiones en el impuesto a las ganancias y de la devolución de créditos fiscales por inversiones productivas.
La propuesta tiene como fortaleza la inclusión de empresas PYMES de cualquier sector económico y con proyectos de inversión mucho más cercanos a su realidad (a partir de montos mínimos de 150 mil dólares para microempresas), por lo cual es positivo y genera instrumentos muy interesantes para el sector, aunque la magnitud del desafío de reconversión del sector y las restricciones mencionadas exceden las herramientas propuestas en este proyecto.
Adicionalmente, como también se ha tratado en anteriores informes, los gobiernos locales y provinciales tienen un potencial enorme para reducir el costo argentino y generar herramientas que complementen estos instrumentos nacionales acompañando el proceso de modernización industrial para la elaboración de productos que abastezcan tanto el mercado doméstico como el externo.
En esta línea, podemos mencionar la reducción de impuestos distorsivos, la creación de incentivos tributarios para apoyar la reconversión y adaptación a los mercados internacionales, facilitar los acuerdos para las inversiones en infraestructura a nivel regional y nacional que reduzcan el costo logístico dentro del país (además de la modernización del transporte fluvial) y la reducción de las tarifas de energía para industrias en proceso de reconversión.
Actualmente, el mercado se encuentra en una etapa de reconfiguración estratégica: mientras las exportaciones muestran signos de crecimiento, el consumo doméstico lucha por recuperarse, impulsando al sector a buscar una mayor eficiencia operativa y nuevos estándares de sostenibilidad para aprovechar el enorme potencial existente basado en ventajas comparativas claras en la producción primaria, pero para que esto también implique competitividad en las industrias es necesario el compromiso tanto de nación, como de las provincias y los municipios para acompañar ese proceso de modernización.
La empresa DASS garantizó la continuidad de la actividad productiva hasta, al menos, junio, luego de los 43 despidos concretados hace casi dos semanas. La confirmación se dio en el marco de una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, donde las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y fijar una nueva instancia de negociación para el 20 de febrero, fecha considerada clave por trabajadores y gremios.
Según se informó oficialmente tras el encuentro, la continuidad de la producción durante el primer semestre se sostendrá con la dotación actual de personal, es decir, con la plantilla resultante luego de las desvinculaciones. Desde la empresa explicaron que la decisión de reducir el plantel respondió a la necesidad de mantener niveles de eficiencia que permitan seguir produciendo, lo que, al menos por ahora, aleja la posibilidad de reincorporaciones, tal como venía reclamando el sindicato UTICRA.
Fuentes sindicales señalaron que la empresa manifestó tener asegurados los pedidos correspondientes al primer semestre de 2026, mientras que aún se encuentran en evaluación las órdenes de producción del segundo semestre. En ese sentido, indicaron que el 20 de febrero podría firmarse un acta que deje establecidos los compromisos de la empresa respecto a los pedidos futuros y el horizonte laboral.
Desde el sector gremial reconocen que, si bien la garantía de continuidad hasta junio aporta previsibilidad en el corto plazo, la definición del segundo semestre será determinante. En caso de confirmarse nuevos pedidos, no se descarta que la empresa recurra nuevamente a trabajadores que ya formaron parte de la planta, aunque esa posibilidad hoy aparece condicionada por la estrategia de eficiencia planteada por la firma.
En cuanto al nivel de actividad, no se precisó el volumen de producción que tendrá la planta durante el período garantizado. Sin embargo, tanto fuentes oficiales como sindicales coincidieron en un dato relevante: ninguna de las marcas que trabajan con DASS se ha retirado, lo que mantiene abiertas las expectativas de sostener y eventualmente ampliar la actividad.
Con este escenario, la audiencia del 20 de febrero aparece como un punto de inflexión: allí se espera mayor claridad sobre los pedidos del segundo semestre, el rumbo productivo de la empresa y las posibilidades reales de recomposición del empleo, tras un ajuste que dejó fuerte impacto en la comunidad laboral de Eldorado.
La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) salió al cruce de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó públicamente que no compra ropa en la Argentina porque “es un robo”. Desde la entidad que nuclea a la cadena textil nacional advirtieron que ese tipo de afirmaciones simplifican un problema complejo y pueden derivar en diagnósticos incompletos que profundicen los desequilibrios del sector.
FITA sostuvo que el precio de la indumentaria no surge del costo industrial textil tomado de manera aislada, sino de la interacción de múltiples eslabones de una cadena productiva extensa, cada uno con estructuras de costos propias, condicionadas por un contexto macroeconómico que impacta sobre toda la economía. Reducir la discusión a una comparación directa de precios finales, remarcaron, invisibiliza factores clave como impuestos, logística, financiamiento y regulaciones.
En ese marco, la entidad señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización implementados en los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras que la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos operativos, deficiencias logísticas y serias limitaciones de acceso al financiamiento para sostener la inversión y el empleo.
A esta situación se suma, según FITA, el crecimiento exponencial de plataformas internacionales como Shein y Temu, que comercializan productos en el mercado local sin pagar aranceles ni cumplir con las mismas obligaciones que la industria argentina. Esta asimetría competitiva, advirtieron, profundiza las distorsiones del mercado y debilita a toda la cadena productiva local.
Desde la federación remarcaron que la industria textil argentina “siempre compitió” y que el sector no se opone a la apertura comercial. De hecho, FITA acaba de suscribir una declaración conjunta con sus pares del Mercosur y de Europa para trabajar en la implementación del acuerdo birregional y promueve una negociación sectorial para avanzar en una mayor apertura comercial con Estados Unidos. El problema, subrayaron, no es la apertura en sí, sino el ingreso de productos subfacturados que impiden una competencia leal.
Según datos del sector, más del 70% de las importaciones textiles ingresan al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes históricos, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima. La ausencia de valores de referencia facilita prácticas de subfacturación que distorsionan los precios, perjudican a quienes compiten desde la formalidad y erosionan la producción nacional.
FITA alertó que estas prácticas se reflejan en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 30% en el sector textil. “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta”, afirmaron desde la entidad, que reclamó el cumplimiento de las normas vigentes de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa como paso indispensable para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial en la Argentina.
