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La industria textil cae a su nivel más bajo en una década

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 La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) dio a conocer las cifras actualizadas del sector con un dato alarmante: la actividad textil alcanzó el nivel más bajo de toda la serie estadística (disponible desde 2016). Durante enero de 2026, el índice de producción industrial textil (IPI) registró una contracción interanual de 23,9%, una caída casi ocho veces mayor que el descenso de 3,2% observado en la industria en general, reflejando así el fuerte deterioro de la producción textil nacional.

En línea con este desempeño, aunque el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero de 2026 proyecta un crecimiento de 1,9% para toda la economía, espera una caída de -2,6% para la industria, para el comercio un -3,2% y para la electricidad, gas y agua -3,0%. link

En enero, con muchas fábricas trabajando muy por debajo de su potencialla utilización de la capacidad instalada del sector fue de 24%, 11,4 puntos porcentuales (p.p.) menos que el mes previo y 10,2 p.p. menos que un año atrás, lo que evidencia un incremento de la capacidad ociosa,. Por su parte, la industria en general utilizó la mitad de su capacidad (53,6%).

En materia de comercio exterior, en febrero de 2026 se importaron 12.800 toneladas por un valor de USD 32 millones. Entre los principales factores que impactan en la producción local se destaca el aumento de las importaciones de productos finales: mientras las confecciones y prendas registraron crecimientos interanuales, el resto de los productos —en su mayoría insumos del sector, como hilados y tejidos— mostró marcadas caídas.

Otro dato preocupante es el creciente desempleo. En diciembre de 2025, los sectores textil, confección, cuero y calzado registraron 100 mil puestos de trabajo formales, 12 mil menos que el mismo mes del año pasado. Desde febrero de 2024, el empleo de estos sectores presenta caídas interanuales de forma ininterrumpida, acumulando desde fines del 2023 una pérdida que supera los 20 mil puestos de trabajo.

El sector advierte también sobre la creciente subfacturación en las importaciones textiles: más del 70% de los productos ingresados lo hacen a valores significativamente inferiores a los antecedentes históricos y, en muchos casos, sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima. Por ejemplo, se han registrado importaciones de remeras de algodón por menos de USD 0,01, de toallas por debajo de USD 0,30 el kilo o pantalones de jean por debajo de USD 1. Estas prácticas generan profundas distorsiones en el mercado e implican competencia desleal para la producción nacional.

En un contexto de caída de la actividad y el empleo, la existencia de un patrón recurrente de importaciones a precios llamativamente bajos demanda acciones que eviten distorsiones en las condiciones de competencia. Nuestra legislación prevé herramientas para estas situaciones. Su correcta aplicación resguardará la recaudación impositiva y posibilitará la recuperación del valor agregado y del empleo en un sector presente a lo largo de todo el país” dijo Celina Pena, gerenta general de FITA.

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Exportaciones a Brasil repuntan y cortan ocho meses de caída, pero el déficit comercial persiste

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Las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron un 13,1% interanual en marzo de 2026 y cortaron una racha de ocho meses consecutivos de caída, según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El dato, registrado en el principal socio comercial del país, introduce una señal de recuperación en el frente externo en un contexto donde el Gobierno busca consolidar equilibrio macroeconómico. Sin embargo, el saldo comercial sigue en terreno negativo: el intercambio dejó un déficit de U$S 342 millones en el mes. La pregunta que se abre es si este repunte marca un cambio de tendencia o apenas un rebote puntual en una relación aún desbalanceada.

El dato: más exportaciones, menos importaciones

El comercio bilateral totalizó U$S 2.597 millones en marzo, un 1,5% más que en igual mes de 2025 y un 36,2% por encima de febrero. Dentro de ese flujo, las exportaciones argentinas alcanzaron U$S 1.128 millones, impulsadas principalmente por mayores ventas de vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales, óleos brutos de petróleo o minerales bituminosos y productos lácteos.

En paralelo, las importaciones desde Brasil cayeron un 5,9% interanual, hasta los U$S 1.470 millones, con retrocesos en vehículos de carretera, autopartes y combustibles. Esa combinación —más exportaciones y menos importaciones— explica una mejora relativa del saldo, aunque sin revertir el rojo estructural.

En el acumulado del primer trimestre, el déficit comercial se ubicó en U$S 698 millones, significativamente menor a los U$S 1.276 millones registrados en el mismo período de 2025. La corrección existe, pero todavía no alcanza para equilibrar la balanza.

Un vínculo estratégico bajo presión

El comercio con Brasil no es un intercambio más: define buena parte de la dinámica industrial argentina. Que las exportaciones vuelvan a crecer después de ocho meses implica una señal relevante en sectores sensibles como el automotriz y el energético.

Al mismo tiempo, la mejora ocurre en un contexto en el que Brasil sostiene un fuerte superávit global —U$S 6.405 millones en marzo— y lleva 13 meses consecutivos con saldo positivo. Esa asimetría condiciona la relación bilateral: Argentina depende de un socio que exporta más y compra selectivamente.

En ese esquema, el país se ubicó como cuarto proveedor de Brasil, detrás de China, Estados Unidos y Alemania, y como tercer destino de sus exportaciones. La relación se mantiene intensa, pero con un peso relativo que refleja la competencia global.

Impacto político y económico: señales mixtas

El repunte exportador ofrece al Gobierno un dato para mostrar en medio de su estrategia de estabilización: más ventas externas y menor presión importadora pueden aliviar tensiones cambiarias y comerciales. Sin embargo, el déficit persistente revela los límites del proceso.

En términos de correlación de fuerzas, la mejora en el saldo trimestral —casi U$S 600 millones menos de déficit— puede interpretarse como un reacomodamiento parcial, aunque todavía insuficiente para modificar el patrón histórico de dependencia.

Además, el crecimiento del comercio interanual (13,1%) convive con un aumento mucho más moderado del intercambio total (1,5%), lo que sugiere que el rebote exportador no necesariamente implica una expansión homogénea del vínculo.

Un equilibrio inestable hacia adelante

El dato de marzo abre una ventana de expectativa, pero no cierra el debate. La clave estará en si las exportaciones logran sostener la tendencia en los próximos meses o si el repunte responde a factores coyunturales.

También habrá que observar la evolución de las importaciones y el impacto de la demanda brasileña, en un contexto donde ese país mantiene una fuerte dinámica comercial global.

El vínculo bilateral, central para la industria y el comercio argentino, vuelve a mostrar movimiento. Pero todavía no define si se trata de un giro estructural o de un ajuste transitorio dentro de un equilibrio que sigue en disputa.

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El Gobierno habilita homologaciones ambientales exprés para autos y redefine el control estatal sobre emisiones

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El Gobierno avanzó el 17 de marzo con una modificación sensible en el régimen de control ambiental de vehículos: mediante la Resolución 263/2026, la Secretaría de Turismo y Ambiente habilitó un mecanismo para otorgar la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) sin necesidad de presentar protocolos de ensayo locales, apoyándose en certificaciones internacionales.

La decisión, formalizada en el Boletín Oficial, no es menor. En un contexto donde la agenda oficial prioriza la simplificación regulatoria, el Ejecutivo redefine cómo se valida el cumplimiento ambiental en el sector automotor. La pregunta que subyace es inmediata: ¿se trata de una modernización del sistema o de un corrimiento del control estatal hacia esquemas más flexibles?

El dato concreto es claro: a partir de ahora, fabricantes e importadores podrán homologar vehículos en Argentina mediante el reconocimiento de certificaciones extranjeras —sin repetir ensayos— siempre que cumplan estándares equivalentes. La medida rige desde el día siguiente a su publicación.

De la certificación local al reconocimiento global

El cambio se inscribe en el marco de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y su decreto reglamentario, pero introduce una lógica distinta en la aplicación. Hasta ahora, el esquema privilegiaba la validación mediante ensayos y protocolos presentados ante la autoridad local. La nueva resolución abre una vía alternativa: la “validación sin protocolos”.

En términos institucionales, el movimiento se apoya en una modificación previa (Decreto 196/2025), que habilitó este tipo de reconocimiento. La resolución ahora baja ese marco a la operatoria concreta: define procedimientos, formularios y condiciones para que las homologaciones internacionales —de organismos reconocidos o bajo estándares equivalentes— tengan validez en el país.

El instrumento clave es la Constancia de Validación de Homologación Ambiental Extranjera (CVHAE), que funcionará como equivalente de la LCA ante los registros automotores. A esto se suma la validación de homologaciones locales (CVHAL) y la posibilidad de emitir constancias técnicas de etiquetado ambiental.

El Estado no desaparece del proceso, pero cambia su rol. En lugar de concentrarse en la verificación previa, desplaza parte del control hacia la fiscalización posterior y la validación documental. La Subsecretaría de Ambiente queda facultada para aceptar ensayos internacionales, definir estándares equivalentes e incluso celebrar acuerdos con organismos externos.

Simplificación, costos y mercado: quién gana con el nuevo esquema

La resolución se inscribe en una narrativa explícita: reducir costos, evitar duplicaciones y acelerar procesos. El texto lo plantea sin ambigüedades: simplificar trámites, promover la competencia y facilitar el comercio.

Para fabricantes e importadores, el beneficio es directo. La eliminación de ensayos locales obligatorios reduce tiempos y costos de ingreso al mercado. También elimina una barrera técnica que podía ralentizar la incorporación de nuevos modelos.

Pero la simplificación tiene una contracara institucional. El sistema se vuelve más dependiente de certificaciones externas y de la capacidad estatal para auditar información en lugar de producirla. En ese sentido, la resolución refuerza las herramientas de fiscalización: controles de producción, auditorías, muestreos y verificación de emisiones se mantienen, incluso sin mínimos de unidades en algunos casos.

El equilibrio que busca el Gobierno es evidente: desregular el ingreso, pero sostener el control en la etapa posterior. La incógnita es si ese esquema logra mantener estándares efectivos o si abre zonas grises en la verificación.

Reconfiguración interna y coordinación estatal

La medida también reorganiza la arquitectura administrativa. La Subsecretaría de Ambiente gana centralidad: podrá definir procedimientos para organismos técnicos, validar certificaciones y administrar el sistema de homologaciones.

Además, se articula un circuito institucional con otras áreas del Estado. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Registros Automotores quedan integradas al proceso, especialmente en casos donde se requiera un Certificado de Seguridad Vehicular o etiquetado ambiental adicional.

Incluso se prevén mecanismos específicos para importaciones particulares —limitadas a una unidad por año y con restricciones de reventa— y para regímenes especiales como Tierra del Fuego. La norma no solo simplifica: también ordena múltiples situaciones que hasta ahora tenían tratamiento fragmentado.

Estándares internacionales como piso común

El nuevo esquema mantiene como referencia los estándares EURO 5a y EURO V, junto con equivalentes de Estados Unidos y Brasil. No hay una flexibilización explícita en los niveles de exigencia ambiental, pero sí en el modo de acreditarlos.

El Gobierno habilita el reconocimiento de normas internacionales y ensayos realizados en el exterior, siempre que provengan de organismos con acreditación reconocida. En paralelo, se refuerza la trazabilidad y la obligación de disponer de la documentación ante eventuales requerimientos.

La lógica es clara: aceptar el estándar global como válido, en lugar de replicarlo localmente.

Un movimiento táctico con efectos abiertos

La resolución 263/2026 no introduce una reforma estructural del sistema ambiental, pero sí redefine su funcionamiento cotidiano. Es un cambio de lógica más que de objetivos: menos intervención previa, más validación ex post.

En términos políticos, el Gobierno avanza en una línea coherente con su estrategia de desregulación y simplificación. El sector privado gana previsibilidad y agilidad. El Estado reconfigura su capacidad de control.

Lo que queda abierto es el resultado de ese equilibrio. En las próximas semanas, el foco estará en la implementación: cómo operan las validaciones, qué volumen de trámites migra al nuevo esquema y qué capacidad efectiva tiene la administración para auditar sin intervenir de entrada.

La tensión no es técnica. Es institucional.

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Sin producción local, Argentina abre el mercado de importaciones de aislantes eléctricos

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El Gobierno nacional avanzó con una decisión que combina urgencia operativa y definición estratégica: el Ministerio de Economía resolvió levantar las medidas antidumping sobre la importación de aislantes eléctricos de porcelana desde China, Brasil y Colombia.

La medida, oficializada el 17 de marzo mediante la Resolución 345/2026, responde a un dato crítico: la producción local dejó de existir. Con la salida definitiva de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino SA (FAPA), el país quedó sin capacidad interna para abastecer un insumo clave de la red eléctrica. La decisión abre el mercado, pero también deja al descubierto una tensión mayor: ¿la apertura es una respuesta puntual o el síntoma de un cambio más profundo en la política económica?

El dato técnico es contundente. Los aislantes alcanzados por la norma —utilizados en líneas, transformadores y sistemas eléctricos— son indispensables para el mantenimiento y expansión de la infraestructura energética. Sin producción local, el riesgo de desabastecimiento dejó de ser una hipótesis.

De la protección a la apertura: el giro forzado por la ausencia de oferta local

La resolución del Ministerio de Economía de la Nación elimina por al menos seis meses las barreras que desde 2021 protegían a la industria local frente a importaciones a precios considerados desleales. Pero el contexto cambió: ya no hay industria que proteger.

La decisión se apoya en un argumento directo. FAPA, que había concentrado la producción nacional de estos insumos, cesó sus operaciones de manera definitiva, incluso con el remate de su maquinaria. En términos concretos, el esquema de protección perdió sentido económico: mantener el antidumping implicaba encarecer importaciones sin resguardar producción local ni empleo activo.

El efecto inmediato es la habilitación del ingreso de aislantes desde mercados externos para garantizar obras y mantenimiento del sistema eléctrico. En otras palabras, el Estado reemplaza protección por abastecimiento.

Impacto en la red eléctrica: evitar un cuello de botella operativo

La salida de FAPA no solo representa un dato industrial. Tiene consecuencias directas sobre la infraestructura energética. La falta de aislantes comprometía la ejecución de obras y el mantenimiento de redes, un punto sensible en un sistema que ya opera con restricciones.

La apertura de importaciones aparece, en este contexto, como una decisión defensiva para evitar un freno en la red eléctrica. El objetivo es garantizar continuidad operativa en un sector crítico, incluso a costa de resignar instrumentos de política industrial.

El dato que subyace es que la política económica empieza a priorizar la disponibilidad de insumos por sobre la protección sectorial, al menos en rubros donde la producción local ya no existe.

Tensión con la industria: apertura, costos y empleo

La medida se inscribe en una tendencia más amplia. El Gobierno viene avanzando en la reducción de barreras a la importación en distintos sectores, con el argumento de normalizar mercados y reducir costos. Sin embargo, ese proceso tiene un correlato político: la presión sobre el entramado industrial.

El cierre de FAPA —que llegó a emplear a 70 trabajadores— se suma a una lista de empresas que no lograron sostener su actividad en este nuevo contexto. La ecuación es conocida: apertura, competencia externa y dificultades para igualar costos.

En ese escenario, la decisión del Ministerio de Economía refuerza una señal hacia el sector productivo. La protección deja de ser un eje automático y pasa a depender de la viabilidad efectiva de cada actividad. Cuando esa viabilidad desaparece, la política pública se reorienta.

Esto no ocurre en un vacío político. La relación entre el Gobierno y sectores industriales ya muestra tensiones, con cuestionamientos cruzados sobre el impacto de la apertura en el empleo y la producción.

Un cambio de lógica: de proteger producción a garantizar funcionamiento

La eliminación del antidumping en este caso puntual marca un desplazamiento en la lógica de intervención estatal. Ya no se trata de sostener una industria que no está, sino de asegurar que el sistema funcione.

El movimiento tiene implicancias más amplias. Señala que, en determinadas condiciones, la política económica priorizará la eficiencia operativa del sistema —en este caso, la red eléctrica— por sobre la reconstrucción de capacidades industriales en el corto plazo.

Sin embargo, la medida es temporal. El plazo de seis meses deja abierta la posibilidad de revisión, lo que introduce un margen de flexibilidad en un contexto todavía inestable.

Entre la urgencia energética y la estrategia industrial

La decisión resuelve un problema inmediato, pero abre interrogantes hacia adelante. El primero es si la importación cubrirá de manera sostenida la demanda de estos insumos y en qué condiciones de costo.

El segundo, más estructural, es qué lugar ocupará la industria nacional en sectores estratégicos donde la producción se ha retraído o desaparecido. La experiencia de FAPA plantea una advertencia: una vez que se pierde capacidad productiva, la recuperación no es automática.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo evoluciona el abastecimiento de la red eléctrica y si emergen nuevos casos similares en otros rubros. También en la reacción del sector industrial frente a una política que, en los hechos, empieza a redefinir prioridades.

La resolución del Ministerio de Economía no solo habilita importaciones. Expone una discusión de fondo que todavía no está cerrada: qué se protege, qué se abre y bajo qué condiciones en el nuevo esquema económico.

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Lumilagro redefine su modelo tras 85 años: menos industria, más importaciones

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La histórica fabricante argentina de termos Lumilagro atraviesa una de las transformaciones más profundas de su trayectoria. Tras más de ocho décadas de producción industrial, la empresa decidió apagar los hornos de su planta de Tortuguitas y discontinuar la fabricación local de ampollas de vidrio, en un giro estratégico que combina importaciones, diseño propio y fortalecimiento comercial.

El cambio se inscribe en un proceso de reconversión más amplio, marcado por la caída del consumo, el avance de productos importados -legales e ilegales- y una reconfiguración de la cadena de valor.

Fundada en 1941 por Eugenio Suranyi y hoy conducida por la cuarta generación familiar, la compañía supo ser líder regional en termos de vidrio. Sin embargo, el nuevo escenario obligó a replantear su esquema productivo. “La caída del 50% en las ventas es real”, reconoció el CEO Martín Nadler, quien además explicó que el apagado de hornos responde tanto a necesidades técnicas como a una menor escala de producción que ya no justifica su operación.

En ese marco, Lumilagro optó por un modelo híbrido: mantendrá en Argentina el ensamblado, la fabricación de carcasas y parte de la producción de termos de acero, mientras que componentes clave comenzarán a importarse desde Asia. Las ampollas de vidrio llegarán desde India y Vietnam, y los termos de acero inoxidable se producirán en China.

La reestructuración tuvo un fuerte impacto laboral. La planta de Tortuguitas pasó de 220 empleados en 2022 a cerca de 100 puestos entre directos e indirectos en la actualidad. En total, unos 170 trabajadores dejaron la empresa mediante esquemas de retiro voluntario.

Desde la firma sostienen que se trató de un proceso ordenado y sin despidos, aunque reconocen que fue una de las decisiones más complejas en la historia reciente de la compañía.

Uno de los factores clave detrás del cambio es el crecimiento del contrabando de termos, principalmente desde Bolivia y Paraguay. Según la empresa, estos productos -fabricados con acero de menor calidad- ingresan al país de forma ilegal y ganaron fuerte participación en el mercado.

“Antes de la pandemia, uno de cada diez termos era tóxico. Hoy es uno de cada cuatro”, advirtió Nadler. Estos productos, prohibidos por la ANMAT, compiten en precio con la producción nacional y generan distorsiones en el mercado.

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