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Cierre de Alal: Valdés advirtió que la industria correntina “empieza a colapsar”

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al cierre de la empresa textil Alal en Goya, que dejó sin empleo a 260 trabajadores, y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de la industria correntina. Señaló la falta de ventas, la competencia con productos importados y las pérdidas acumuladas como factores determinantes, y confirmó que pedirá una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, entre el 9 y el 13 de febrero, para exponer el escenario que atraviesan las industrias correntinas.

Un cierre emblemático y un diagnóstico crítico sobre la industria

El cierre de la textil Alal en la ciudad de Goya volvió a encender las alarmas sobre la situación productiva en Corrientes. La empresa dejó en la calle a 260 trabajadores, en un contexto que, según el gobernador Juan Pablo Valdés, refleja un deterioro más amplio del entramado industrial provincial.

Hoy es muy difícil que se sostenga una firma que tiene una pérdida de $900.000.000 porque justamente no tiene ventas. Y es muy difícil competir con empresas extranjeras, eso también complica”, afirmó el mandatario este martes 27 de enero, en declaraciones a cronistas radiales. Para Valdés, el cierre de Alal no es un hecho aislado, sino un síntoma de un proceso que impacta de lleno en la industria, el comercio y las pymes.

El gobernador remarcó que, hasta el momento, no se evalúa una asistencia provincial directa para los trabajadores afectados por el cierre de la firma goyana. No obstante, subrayó que el Gobierno de Corrientes acompañó a la empresa en los últimos años con distintas herramientas. “Facilitamos créditos a la empresa para poder tecnificar. La luz la pagan directamente a CAMMESA y nosotros siempre dimos todo lo que está a nuestro alcance”, sostuvo.

En ese marco, anticipó que el tema será planteado en el plano político nacional. “Este tema lo voy a plantear a Santilli ahora cuando nos reunamos esta semana”, indicó, en referencia al ministro del Interior.

Importaciones, falta de ventas y un escenario que se repite en otros sectores

Más allá del caso puntual de Alal, Valdés amplió su análisis al conjunto del aparato productivo provincial. “Hay preocupación industrial porque empieza a colapsar el sector. Competir con la importación con las empresas extranjeras es muy difícil. Es más costoso comprar un producto hecho en Argentina que hecho en otros países”, advirtió.

Según explicó, la falta de ventas atraviesa a distintas actividades. “Todos están preocupados porque no hay ventas, la industria yerbatera también, la forestal lo mismo”, enumeró, al anunciar que ya se solicitó una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, prevista para entre el 9 y el 13 de febrero. Allí, adelantó, se expondrá la situación de las industrias correntinas y el impacto que el actual contexto económico tiene sobre la producción local.

El diagnóstico del gobernador coincide con el planteo de los sectores empresarios de Goya, que señalaron que el cierre de Alal “golpea de lleno a la economía regional” y se inscribe en un escenario de fragilidad previa. En un pronunciamiento público, la Cámara Empresarial de Goya sostuvo que el fortalecimiento de la moneda, que “estimuló las importaciones casi sin control y en claro detrimento de la industria nacional”, aparece como uno de los principales factores que precipitaron el desenlace.

El reclamo empresarial y el impacto en la economía regional

La Cámara Empresarial de Goya calificó la decisión de la empresa como “drástica” y señaló que, si bien tomó por sorpresa a gran parte de la ciudadanía, existía la percepción de que “más temprano que tarde, esta situación podría concretarse”. En ese marco, evitó profundizar en las razones internas de la firma y dejó de lado valoraciones político-partidarias, pero puso el foco en las consecuencias sociales y económicas.

El comunicado expresó solidaridad “con la empresa Emilio Alal SCIFI, con los más de trescientos trabajadores que quedarán sin su fuente de ingresos, con quienes prestan servicios sin relación de dependencia y con los proveedores de materia prima, incluso aquellos radicados en otras provincias”. Además, instó a las autoridades municipales, provinciales y a los legisladores nacionales por Corrientes a ser “portavoces de un reclamo firme en defensa de las economías regionales”.

El cierre de Alal, una firma histórica en la segunda ciudad de la provincia, profundiza así un escenario de tensión en el entramado productivo local, donde la caída del consumo, el aumento de los costos relativos y la presión de las importaciones configuran un desafío que excede a una sola empresa.

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Industria textil: Alal cierra plantas en Corrientes y Chaco y deja más de 460 despedidos

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El cierre de dos plantas de una histórica empresa textil volvió a sacudir al entramado productivo del nordeste argentino. En Goya, Corrientes, al menos 260 trabajadores quedaron sin empleo tras el anuncio de la hilandería Alal, mientras que otros 200 fueron cesanteados en Villa Ángela, Chaco. Este martes, desde las 10, los empleados goyanos y sus familias se concentran frente a la planta ubicada sobre Leandro N. Alem al 349, en una protesta que expone el impacto económico, social e institucional del actual contexto sobre la industria nacional.

La decisión empresaria se conoció ayer pasado el mediodía y generó un inmediato efecto expansivo en la segunda ciudad más importante de Corrientes, que vuelve a perder una de sus firmas emblemáticas. El cierre profundiza una crisis laboral que ya había golpeado a la comunidad en 2019, cuando más de 200 trabajadores quedaron sin empleo tras el cierre de Massalin Particulares, luego de 65 años de actividad en la ciudad.

Una empresa centenaria y un golpe al entramado productivo local

En el caso de Alal, se trata de una empresa textil con más de 100 años de existencia en el país, cuya salida del mapa industrial regional deja un vacío difícil de reemplazar en el corto plazo. Solo en Goya, el cierre implica la pérdida de 260 puestos de trabajo directos, afectando de manera directa a igual número de familias y generando un impacto indirecto sobre comercios, proveedores y servicios asociados a la actividad.

Según trascendió, la empresa atravesaba una situación económica crítica, con pérdidas mensuales estimadas entre 800 y 950 millones de pesos. Estas cifras, que dimensionan la magnitud del desequilibrio financiero, explican la decisión de cerrar las plantas productivas de hilados y telas tanto en Corrientes como en Chaco. En total, el ajuste alcanza a más de 460 trabajadores entre ambas provincias.

A nivel institucional, hasta el momento las autoridades provinciales no realizaron declaraciones públicas sobre el cierre, lo que incrementó la incertidumbre en una ciudad que ya había visto desaparecer su otra gran industria en los últimos años.

Importaciones, contrabando y costos: los factores detrás del cierre

El empresario textil Luis “Pinky” Alal explicó públicamente los motivos que llevaron a una decisión que definió como “no deseada”. En declaraciones al portal Agroperfiles, sostuvo que “lamentablemente llegamos a esta instancia, donde el contrabando de productos textiles como la apertura indiscriminada de las importaciones hacen muy difícil competir en un esquema de altísimos costos que la industria argentina no puede afrontar”.

Según el empresario, el contexto económico y comercial adverso, combinado con problemas estructurales de competitividad, tornó inviable la continuidad de las operaciones, sin que se vislumbren cambios relevantes en el corto y mediano plazo. La referencia apunta a un escenario donde la presión de productos importados y la informalidad erosionan la capacidad de las empresas locales para sostener niveles mínimos de rentabilidad.

Este diagnóstico se alinea con las dificultades que atraviesa el sector textil a nivel nacional, uno de los más sensibles a los cambios en la política comercial, los costos internos y la dinámica del consumo.

Expectativas de reapertura y tensión social en Goya

Pese al cierre, Alal dejó abierta una puerta a la recuperación. “Tenemos la esperanza de abrir otra vez la industria, las máquinas están listas”, afirmó, al destacar que se trata de maquinarias nuevas y con alta capacidad de producción. En ese sentido, remarcó que tanto los equipos como el personal permanecen disponibles, a la espera de un cambio de condiciones.

Con un mensaje cargado de simbolismo, el empresario sostuvo: “Somos algodoneros, somos optimistas. Somos como el algodón, fuerte, capaz de resistir muchas. El contexto nos empujó a cerrar, pero estamos listos para cuando las condiciones mejoren”.

Luis “Pinky” Alal

Mientras tanto, la concentración prevista frente a la planta de Goya refleja la dimensión social del conflicto. La protesta de trabajadores y familias busca visibilizar una crisis que trasciende a una sola empresa y reabre el debate sobre el futuro de la industria nacional, el empleo en las economías regionales y el rol del Estado frente a cierres que dejan cicatrices profundas en ciudades altamente dependientes de pocas actividades productivas.

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Concejal libertaria trató a forestales de “esclavistas” y de ser “40 años subsidiados”

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Las declaraciones de la concejal libertaria María Elena Fernández desataron una fuerte reacción en el sector foresto–industrial de Misiones, uno de los más afectados por la recesión, la caída del empleo y la apertura de importaciones. Desde su cuenta personal de Facebook, la edil calificó a los forestales como “esclavistas” y sostuvo que estuvieron “40 años subsidiados”, en referencia a la Ley 25.080, en el marco de un debate público sobre la situación crítica de la actividad.

El episodio ocurrió luego de que el ingeniero forestal Nicolás Ocampo reclamara al diputado nacional Diego Hartfield la gestión de medidas concretas para aliviar la crisis del sector: reducción del IVA, menores costos energéticos y de combustibles, y algún tipo de regulación frente al ingreso de productos importados. Lejos de responder con argumentos técnicos o productivos, Fernández optó por una descalificación generalizada que rápidamente se viralizó entre empresarios, trabajadores y técnicos del complejo foresto–industrial.

Los dichos que encendieron la indignación del sector

Las expresiones de la concejal se publicaron como comentarios en una red social y fueron atribuidas a su cuenta personal. “40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran. No fue suficiente regalarle 40 años para que sean rentables”, escribió Fernández. En otro mensaje profundizó el tono: “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. Y completó con una acusación aún más dura: “Unos pocos vivos se enriquecieron y quieren seguir con su fiesta”.

Las frases circularon rápidamente en grupos vinculados a la actividad forestal, acompañadas por capturas de pantalla, y cayeron “como una bomba” en una industria que atraviesa uno de sus momentos más delicados. Si bien hasta el momento no hubo pronunciamientos institucionales formales, el malestar es generalizado en un entramado productivo que combina grandes empresas con cientos de pymes familiares, aserraderos y cooperativas del interior provincial.

La polémica también adquirió un costado político. Dentro del propio espacio de La Libertad Avanza, la fuerza a la que pertenece Fernández, existe una referente del sector forestal con representación nacional: Maura Gruber, electa diputada nacional como segunda en la lista encabezada por Hartfield. Esa contradicción no pasó desapercibida entre los actores de la actividad.

Un sector golpeado por la recesión y la apertura de importaciones

Las declaraciones se produjeron en un contexto económico adverso para la foresto–industria misionera. El sector enfrenta caída de ventas, pérdida de competitividad frente a productos importados, tarifas energéticas en alza, altos costos logísticos y una presión impositiva que no distingue entre grandes grupos y pequeñas pymes. A esto se suma la condición de provincia de frontera, con competencia directa de Paraguay y Brasil, donde los costos internos son significativamente más bajos.

El planteo original de Ocampo apuntaba justamente a la falta de “igualdad de condiciones” para competir. “Todos quieren competir, pero en igualdad de condiciones”, fue el eje de su reclamo, en referencia a un escenario donde la apertura importadora se combina con costos internos elevados y una macroeconomía recesiva.

Desde el sector recuerdan además que la Ley 25.080 de promoción forestal, mencionada por Fernández, fue concebida como una herramienta para fomentar inversiones de largo plazo en una actividad cuyos ciclos productivos se miden en décadas. Lejos de ser un “regalo”, sostienen que la norma nunca logró blindar a la actividad frente a la volatilidad macroeconómica, las crisis recurrentes ni la ausencia de políticas industriales sostenidas.

Impacto de la controversia

El malestar no se limita al contenido de los dichos, sino también al rol institucional de quien los emitió. Como concejal de Posadas, capital provincial, las expresiones de Fernández fueron interpretadas como una señal política que desprecia al entramado productivo misionero y a los miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de la foresto–industria.

Al hablar de “mano de obra esclava” y de una supuesta “fiesta” empresarial, la edil colocó en un mismo plano a grandes grupos y a pequeñas unidades productivas que hoy reducen turnos, suspenden personal o directamente cierran sus puertas para sobrevivir. En un contexto de recesión nacional, derrumbe del consumo, despidos y cierre de fábricas, el episodio profundiza una grieta entre el discurso político y la realidad de los sectores productivos regionales.

Para los forestales misioneros, la polémica excede una opinión aislada en redes sociales. Se trata de un ataque directo a un sector estratégico para la economía provincial, que hoy pelea por sostener el empleo, la inversión y la producción en un escenario cada vez más hostil. La controversia se suma así a una serie de cruces públicos que reflejan un clima social y económico crecientemente tenso en Misiones y en el país.

Fuente MisionesOpina

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Comercio exterior: el Gobierno redefine por DNU las resoluciones anticipadas en el Código Aduanero

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El Poder Ejecutivo Nacional modificó la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, dictado el 23 de enero de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 26 de enero. La norma redefine el alcance y las competencias en materia de resoluciones anticipadas para operaciones de importación y exportación, con el objetivo de adecuar la legislación argentina al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), fortalecer la seguridad jurídica y simplificar los procedimientos del comercio exterior.

El DNU introduce cambios centrales en los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, delimitando con mayor precisión las atribuciones del servicio aduanero y de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, particularmente en lo referido a las resoluciones anticipadas sobre origen de las mercaderías. La medida se adopta en un contexto de plazos internacionales exigentes, tras la prórroga concedida a la Argentina hasta el 23 de enero de 2026 para la plena implementación de este régimen.

Resoluciones anticipadas: nuevo esquema y distribución de competencias

El decreto sustituye integralmente el artículo 226 del Código Aduanero para importaciones. A partir de la modificación, se establece que las resoluciones anticipadas en materia de clasificación arancelaria, valoración de la mercadería u otros elementos necesarios para la correcta aplicación del régimen tributario, prohibiciones o restricciones serán emitidas por el servicio aduanero, a pedido del importador y antes de la importación.

Estas resoluciones tendrán carácter válido y vinculante para el servicio aduanero, siempre que no se modifique la normativa aplicable ni se alteren los hechos o circunstancias que dieron origen al acto administrativo. Contra dichas decisiones procederá la impugnación prevista en el artículo 1053 del Código Aduanero.

En cambio, las resoluciones anticipadas en materia de origen de la mercadería de importación podrán ser solicitadas ante la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que queda expresamente facultada para emitirlas o delegar esta atribución en una autoridad con rango no inferior a Subsecretario y competencia específica. En este caso, los actos también serán vinculantes tanto para la autoridad emisora como para el servicio aduanero, y podrán ser recurridos mediante los recursos administrativos previstos en la Ley N° 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 T.O. 2017).

La normativa fija además un plazo máximo de TREINTA (30) días para la emisión de las resoluciones anticipadas. Si vencido ese plazo no hubiera pronunciamiento, el importador podrá avanzar con la destinación de importación en los términos propuestos, con posibilidad de exigencia de garantías por parte del servicio aduanero, conforme al régimen previsto en el Código.

Cambios equivalentes para exportaciones y adecuación al marco OMC

El artículo 323 del Código Aduanero, referido a exportaciones, fue modificado en términos análogos. El servicio aduanero continuará emitiendo resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos tributarios o restrictivos, mientras que las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería de exportación quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio.

El esquema replica los mismos principios: carácter vinculante de las resoluciones, plazo máximo de 30 días para su emisión y habilitación de recursos administrativos contra las decisiones en materia de origen. En caso de falta de pronunciamiento en término, el exportador podrá solicitar la destinación de exportación conforme a lo planteado originalmente, con posibilidad de exigencia de garantías.

Estos cambios se articulan con el marco normativo ya vigente, que incluye las Resoluciones Generales de la ex-AFIP N° 5473/23, 5477/23 y 5484/24, mediante las cuales se establecieron los procedimientos para resoluciones anticipadas en clasificación arancelaria, valoración en aduana y criterios técnicos aduaneros. El DNU viene a completar el esquema, incorporando de forma expresa el procedimiento y la autoridad competente en materia de origen, uno de los puntos pendientes para la plena implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio.

Impacto de la medida

Desde el punto de vista económico, el nuevo esquema apunta a reducir la incertidumbre operativa para importadores y exportadores, al permitir conocer de antemano el tratamiento aduanero que recibirán sus mercaderías. En un contexto de comercio internacional competitivo, la posibilidad de contar con resoluciones anticipadas vinculantes y plazos definidos puede incidir directamente en costos logísticos, planificación financiera y toma de decisiones de inversión.

En el plano institucional, el DNU redefine con mayor claridad las competencias entre el servicio aduanero y la autoridad económica con competencia en regímenes de origen, alineando la normativa interna con los compromisos asumidos por la Argentina ante la OMC. Además, refuerza el principio de seguridad jurídica al establecer mecanismos de revisión administrativa y garantizar el debido proceso.

Desde el ángulo político, la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia se justifica, según los considerandos, en la cercanía del vencimiento del plazo internacional —23 de enero de 2026— y en la imposibilidad de cumplirlo a través del trámite legislativo ordinario. La medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la Ley N° 26.122, para su análisis de validez.

El decreto fue dictado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y entró en vigencia el día de su dictado, consolidando un cambio relevante en la arquitectura normativa del comercio exterior argentino.

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Cambios clave en el esquema de importación de autos eléctricos e híbridos

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El Poder Ejecutivo Nacional modificó el régimen de importación de vehículos con tecnologías de motorización alternativa al actualizar el Decreto N° 49/2025 mediante el Decreto 44/2026, publicado el 26 de enero de 2026 en el Boletín Oficial. La norma introduce precisiones técnicas sobre los vehículos alcanzados, redefine criterios de exclusión y flexibiliza el uso del cupo anual de importación, manteniendo el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) en 0% para unidades cuyo valor FOB no supere los USD 16.000. La medida busca fortalecer el acceso a vehículos de movilidad limpia en un contexto de transformación tecnológica de la industria automotriz y alta demanda del mercado.

El decreto se dicta en el marco de las facultades otorgadas por el artículo 664 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, con el objetivo de promover tecnologías sustentables, asegurar el abastecimiento competitivo del mercado interno y acompañar la transición energética del parque automotor argentino.

Ajustes normativos y alcance de los vehículos beneficiados

El Decreto 44/2026 sustituye el Anexo I del Decreto N° 49/2025 y redefine el artículo 2°, precisando qué se entiende por vehículos con tecnología de motorización alternativa. Quedan comprendidos aquellos propulsados por motor eléctrico en forma exclusiva o combinada con motor de combustión interna, los equipados con sistemas híbridos que incluyan motor/generador eléctrico, batería y convertidor de potencia, así como los vehículos a celda de combustible.

La norma establece que la homologación de los vehículos importados deberá cumplir con lo dispuesto por la Ley N° 24.449 y sus modificatorias, facultando a la Autoridad de Aplicación a definir normas técnicas específicas y procedimientos vinculados a cada modelo. De este modo, el Gobierno busca dotar al régimen de mayor precisión técnica y previsibilidad frente a la diversidad de configuraciones tecnológicas disponibles en el mercado.

En paralelo, el decreto redefine los criterios de exclusión. Quedan exceptuados de la medida los vehículos con peso en vacío igual o inferior a 400 kilogramos, potencia máxima continua nominal para motores eléctricos igual o inferior a 15 kW, autonomía igual o inferior a 80 kilómetros, y aquellos clasificados en las categorías L1 a L7, conforme al Anexo A del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias. Esta exclusión apunta a delimitar el beneficio a vehículos diseñados para circulación vial convencional, con estándares de seguridad activa y pasiva acordes a su homologación.

Cupo anual, demanda y flexibilidad operativa

Uno de los ejes centrales de la modificación es la actualización del artículo 3° del Decreto N° 49/2025. Se mantiene el límite máximo anual de 50.000 unidades que podrán importarse con D.I.E. 0%, pero se incorpora un mecanismo de acumulación del cupo no utilizado. En caso de que parte del cupo anual no sea insumido por unidades no asignadas o no utilizadas, podrá trasladarse al año inmediato siguiente, sumándose al límite máximo correspondiente a ese período.

La decisión se apoya en la experiencia de implementación del régimen original. Según detalla el decreto, los cupos previstos se agotaron rápidamente, lo que evidenció una alta efectividad de la medida y una demanda significativa por parte del mercado. En ese sentido, la Autoridad de Aplicación definirá los criterios de asignación de unidades y los plazos de utilización del cupo, con posibilidad de prórroga a solicitud del interesado para concretar la importación dentro del período anual posterior a la asignación.

Impacto de la medida

Desde una perspectiva económica, la modificación del régimen consolida un esquema de incentivos orientado a facilitar el acceso a vehículos con tecnologías limpias a precios más competitivos, en un contexto global donde la industria automotriz avanza hacia la electrificación, los sistemas híbridos y el uso de hidrógeno. El mantenimiento del D.I.E. en 0% para vehículos de hasta USD 16.000 FOB busca incidir directamente sobre los costos de importación y, en consecuencia, sobre los precios finales en el mercado interno.

En el plano institucional, el decreto refuerza el rol del Poder Ejecutivo en la administración de instrumentos arancelarios como herramienta de política industrial y ambiental, alineando la normativa aduanera con los objetivos de transición energética y reducción de emisiones contaminantes. Al mismo tiempo, la redefinición de criterios técnicos y la flexibilización del cupo anual apuntan a dotar al régimen de mayor capacidad de adaptación frente a los cambios tecnológicos, sin alterar su finalidad original.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, y será comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, conforme lo establece el procedimiento constitucional.

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