Impuesto a los Combustibles Líquidos

Presupuesto 2027: el impuesto a los combustibles crecería 59,3% y presiona sobre el costo del surtidor

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El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional deja una señal concreta sobre uno de los precios que atraviesan toda la economía: los combustibles. La recaudación conjunta del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) está proyectada en $12,2 billones para el próximo año, con un incremento nominal del 59,3%. La tasa más que duplica el crecimiento previsto para el conjunto de los tributos nacionales, estimado en 27,9%.

La diferencia no se explica solamente por una mayor actividad económica. El principal factor identificado en el proyecto es la actualización de las sumas fijas que componen estos impuestos. A diferencia de otros tributos que se calculan como porcentajes, el ICL y el IDC se determinan sobre montos fijos por unidad de combustible que deben actualizarse periódicamente de acuerdo con la evolución del IPC.

Ese mecanismo quedó parcialmente rezagado durante los últimos años. El Gobierno fue aplicando de manera escalonada actualizaciones correspondientes a períodos anteriores y, mediante el Decreto 829/2026, volvió a postergar hasta el 1 de octubre la entrada en vigencia de los incrementos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026.

El dato fiscal, por lo tanto, funciona también como una señal para el mercado de combustibles. Si el Estado espera recaudar $12,2 billones por estos impuestos, la normalización de los montos fijos pendientes constituye una pieza central de esa estimación. No implica que el impuesto sea el único componente que determine el precio final en el surtidor, pero sí que tendrá un peso creciente dentro de la estructura tributaria de las naftas y el gasoil.

La diferencia con el resto de la recaudación resulta significativa. Para 2027, el proyecto contempla un aumento de 28,2% en IVA, 30,5% en Ganancias, 39,2% en Derechos de Importación y Tasa de Estadística, 41,3% en Derechos de Exportación y 25,8% en Créditos y Débitos. En Seguridad Social, el incremento previsto es de 19,7%, mientras que Bienes Personales crecería apenas 7,5%. Frente a ese escenario, el 59,3% de Combustibles aparece como una variación particularmente elevada.

La explicación oficial combina la actualización de los gravámenes con las hipótesis macroeconómicas generales del Presupuesto: mayor actividad, crecimiento de los volúmenes de comercio exterior, aumento de las remuneraciones imponibles y del empleo, evolución de precios y tipo de cambio, además de una mayor recaudación asociada a los regímenes de facilidades de pago.

El contexto macroeconómico proyectado por el Gobierno también ayuda a dimensionar la apuesta. Para 2027, el Presupuesto contempla un crecimiento del PBI del 4%, una inflación de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y una inflación promedio de 21,1%. El salario medio nominal subiría 25,4%, mientras que el dólar tendría una referencia de $1.847,6 para diciembre y de $1.728 como promedio anual.

En materia fiscal, la administración de Javier Milei proyecta mantener un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo de 0,2%. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el objetivo es encadenar cuatro años consecutivos de superávit financiero sin que la Argentina se encuentre en default. Se trata de una de las principales anclas del esquema presupuestario oficial.

La cuestión relevante para empresas y consumidores es cómo se absorberá el mayor componente tributario de los combustibles. El impacto no queda circunscripto al automovilista: el gasoil es un insumo directo para el transporte de cargas, la producción agropecuaria, la construcción y buena parte de las actividades que dependen de logística terrestre. En una economía regional como la del NEA, donde las distancias hacia los principales mercados agregan peso al costo logístico, cualquier incremento sostenido del combustible puede trasladarse a estructuras de costos más amplias.

La propia normativa contempla un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al área de influencia patagónica, integrada por Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de Patagones y Malargüe. Ese régimen muestra que el diseño del impuesto reconoce que el impacto territorial del combustible no es uniforme.

El Presupuesto, además, proyecta exportaciones de bienes por US$133.984 millones e importaciones por US$118.424 millones durante 2027, con un saldo comercial de bienes de US$15.560 millones. La apuesta oficial combina crecimiento, expansión del comercio exterior y disciplina fiscal, pero parte de esa ecuación dependerá de cómo evolucionen los costos internos, entre ellos los energéticos.

Por eso, el salto de 59,3% en la recaudación de Combustibles debe leerse más como una señal sobre la recomposición de un impuesto atrasado que como una simple proyección de mayor consumo. El punto económico decisivo será cuánto de esa actualización queda absorbido por las empresas, cuánto se traslada a precios y cuánto termina impactando sobre la actividad. Para 2027, el surtidor vuelve a quedar conectado directamente con la política fiscal y con el costo de producir y transportar en la Argentina.

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Vialidad Nacional gastó menos de lo que le llegó asignado por el Impuesto a los Combustibles

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La red vial nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. El deterioro de las rutas se profundiza al mismo tiempo que el Estado nacional incrementó significativamente la carga impositiva sobre los combustibles, un tributo que justamente tiene como destino específico el financiamiento de la infraestructura vial.

Los números muestran una contradicción difícil de explicar. Desde el cambio de gestión, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecutó menos recursos —considerando todas sus fuentes de financiamiento— de los que ingresaron únicamente por la porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que le corresponde por ley.

De acuerdo con los datos disponibles, la DNV utilizó apenas un tercio de los fondos provenientes del impuesto que tiene asignación específica para infraestructura vial. En términos acumulados, la diferencia entre lo efectivamente recaudado y lo ejecutado asciende a 1,35 billones de pesos.

Ese monto no requería mayores transferencias del Tesoro Nacional ni un aumento adicional del gasto público. Eran recursos generados por un impuesto ya pagado por los consumidores cada vez que cargan combustible.

Más impuestos, menos inversión

El cambio también se observa en el surtidor. En noviembre de 2023, el Impuesto a los Combustibles representaba el 8,9% del precio de la nafta súper. Para julio de 2026, esa participación prácticamente se duplicó hasta alcanzar el 18,6%.

Es decir, los automovilistas, transportistas y productores pagan hoy una carga tributaria considerablemente mayor sobre cada litro de combustible. Sin embargo, esa mayor recaudación no se traduce en una mejora equivalente de la infraestructura vial.

Por el contrario, numerosos corredores nacionales presentan un creciente deterioro, con baches, deformaciones del pavimento y falta de mantenimiento preventivo.

Qué podría haberse hecho

Las estimaciones indican que, si Vialidad Nacional hubiera ejecutado la totalidad de los recursos provenientes del ICL que le corresponden, habría contado con 534.000 millones de pesos adicionales por año.

En términos acumulados, esos 1,35 billones de pesos habrían permitido financiar el mantenimiento anual de aproximadamente 9.148 kilómetros de rutas nacionales, cerca de una cuarta parte de toda la red vial federal.

La dimensión del número también puede medirse de otra manera: representa una distancia superior a dos veces el recorrido entre Ushuaia y La Quiaca, el extremo sur y norte del país.

Mientras disminuye la ejecución de recursos públicos destinados al mantenimiento, el Gobierno nacional avanza con un profundo proceso de reorganización del sistema vial.

En una primera etapa adjudicó aproximadamente 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mientras que posteriormente incorporó otros 3.900 kilómetros dentro del esquema de concesiones.

El objetivo oficial es alcanzar cerca de 9.000 kilómetros de corredores administrados por operadores privados, modificando de manera sustancial el modelo de gestión de la red vial federal.

La discusión de fondo

El debate trasciende el nivel de gasto público. El Impuesto a los Combustibles fue concebido como un tributo de afectación específica, es decir, con un destino determinado para financiar infraestructura vial.

La principal crítica es que los usuarios continúan pagando un impuesto cuya carga sobre el precio final prácticamente se duplicó en menos de tres años, mientras el estado de las rutas nacionales sigue empeorando y la ejecución de los recursos destinados a su mantenimiento permanece muy por debajo de la recaudación disponible.

Para especialistas en infraestructura y finanzas públicas, la brecha entre lo que recauda el Estado por este concepto y lo que efectivamente invierte en conservación vial constituye una de las principales explicaciones del acelerado deterioro que hoy exhibe gran parte de la red nacional.

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Aumentaron los impuestos a los combustibles: cuánto suben la nafta y el gasoil

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A partir de este sábado 1° de agosto, cargar combustible vuelve a ser más caro. El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización parcial de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que impactará directamente sobre el precio de la nafta y el gasoil en los surtidores de todo el país.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 693/2026 publicado el viernes 31 de julio, mantiene la estrategia aplicada durante los últimos meses: habilitar únicamente una parte de la actualización pendiente de los tributos específicos y postergar el resto para evitar un traslado inmediato de todo el incremento al consumidor.

La modificación autoriza que durante agosto se aplique un aumento de $10,572 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos para todas las variedades de nafta sin plomo y la nafta virgen. A ello se suma una actualización de $0,648 por litro correspondiente al Impuesto al Dióxido de Carbono. En conjunto, la carga tributaria sobre las naftas aumenta $11,22 por litro.

En el caso del gasoil, el incremento autorizado será de $9,511 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, más $1,084 por litro del Impuesto al Dióxido de Carbono. Además, continuará vigente el tratamiento diferencial para las provincias patagónicas y zonas alcanzadas por el beneficio fiscal, donde el componente específico del impuesto se incrementa $5,150 por litro.

Aunque el impacto final dependerá de la política comercial que adopte cada petrolera, estos incrementos impositivos suelen trasladarse rápidamente al precio de venta al público. De este modo, agosto comenzará con un nuevo ajuste en los surtidores, en un contexto donde el costo del transporte y la logística continúa siendo uno de los principales factores que inciden sobre la inflación.

Sin embargo, el dato más relevante del decreto es que el Gobierno volvió a diferir una parte importante de la actualización impositiva acumulada. Los aumentos pendientes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026 no se aplicarán completamente durante agosto, sino que fueron postergados hasta el 1° de septiembre de 2026.

La decisión responde, según explica el texto oficial, al objetivo de sostener el proceso de estabilización económica y evitar un impacto más fuerte sobre los precios. En otras palabras, el Ejecutivo optó por aplicar un incremento parcial ahora y trasladar el resto para el mes siguiente.

Para consumidores particulares, transportistas, productores agropecuarios y empresas de logística, esto implica que el costo de los combustibles continuará ajustándose en forma escalonada. El gasoil, insumo clave para el transporte de mercaderías y las economías regionales, seguirá siendo uno de los principales costos de la actividad productiva, mientras que las sucesivas actualizaciones impositivas podrían seguir presionando sobre los costos de distribución.

Así, agosto llegará con una nueva suba en los surtidores impulsada por la actualización parcial de los impuestos nacionales, pero el decreto deja en claro que el proceso todavía no concluye: el remanente de los incrementos fiscales ya tiene fecha de aplicación y comenzará a regir desde el 1° de septiembre, por lo que el mercado ya anticipa un nuevo ajuste en los precios de los combustibles.

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El Gobierno activa subas en gas, luz y combustibles y recalibra el esquema tarifario en marzo

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Marzo comienza con una señal clara del Ejecutivo: la normalización tarifaria sigue en marcha. El Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos en gas natural, electricidad y combustibles que impactan desde el 1° de marzo y que, en el caso de los carburantes, se traducen en subas de entre 1% y 1,2% por la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos, postergado desde principios de 2024. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema —con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio— y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.

El movimiento no es aislado. Forma parte de una estrategia que combina reducción de subsidios, recomposición de ingresos en las empresas reguladas y dosificación del impacto inflacionario. La clave política está en ese equilibrio: sostener el sendero de corrección de precios relativos sin detonar una nueva espiral en un insumo transversal a toda la economía.

Regulación y discrecionalidad: cómo se arma la nueva factura

En gas, el aval del Ente Nacional Regulador del Gas permitió a las distribuidoras trasladar mayores costos al usuario final. Los cargos del sistema suben 8%, aunque el efecto en la boleta no es lineal. Depende del área de concesión, de los cuadros tarifarios vigentes y de los beneficios aplicables. En la zona núcleo el impacto es mayor; en áreas frías, más acotado.

En electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó hasta 2,43% de aumento en el Costo Propio de Distribución. Ese componente es solo una parte de la factura, que también incluye el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, subsidios, bonificaciones e impuestos locales. Por eso el traslado al usuario será dispar según zona y categoría.

El caso de los combustibles tiene otra lógica. El Gobierno habilitó una porción del impuesto específico, que había sido diferido desde 2024. Aunque el tributo se fija en valores nominales, el impacto final se traduce en un aumento de entre 1% y 1,2%, al que se suman las remarcaciones que definan las petroleras. Desde la desregulación del mercado en 2024, los precios se mueven con mayor libertad y el Ejecutivo dejó de exigir informes públicos sobre actualizaciones. El resultado fue un 2024 con aumentos en 11 de 12 meses y un alza acumulada superior al 42%, por encima de la inflación anual informada por el Indec.

La dosificación impositiva revela la tensión central: recomponer recaudación sin trasladar de una sola vez el peso tributario al surtidor. Es una decisión fiscal con lectura macroeconómica.

Costos, salarios y consumo bajo presión

El encadenamiento es evidente. Energía y combustibles son insumos difundidos. Afectan transporte, producción industrial, logística y servicios. Cada ajuste impacta de manera directa en el gasto fijo de los hogares y de forma indirecta en la estructura de costos del sector productivo.

Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), en 2025 los servicios públicos acumularon actualizaciones promedio de hasta 30%, un ritmo menor al shock de 2024 pero alineado con la inflación anual. El peso estimado de estos gastos ronda el 20% del ingreso mensual de los hogares, en un contexto de cuatro meses consecutivos sin mejora del salario real según el Indec.

Para las empresas energéticas y distribuidoras, la señal es de continuidad regulatoria. El esquema busca garantizar ingresos operativos y previsibilidad en la inversión. Para los consumidores, el efecto es más inmediato: mayor proporción del ingreso destinada a tarifas y combustibles, con menor margen para consumo discrecional.

El Gobierno intenta evitar un salto brusco que reavive expectativas inflacionarias. Sin embargo, la suma de ajustes parciales termina configurando una presión acumulativa. No es un shock único; es una secuencia.

Señales al mercado y clima político

La decisión consolida el rumbo de corrección tarifaria iniciado el año pasado. No hay congelamientos ni interrupciones en el proceso de recomposición de precios relativos. El Ejecutivo muestra coherencia con su política de reducción de subsidios y desregulación, pero también administra tiempos y porcentajes para evitar desbordes macroeconómicos.

El mensaje al mercado energético es de previsibilidad. El mensaje a los hogares es más complejo: la normalización continúa en un escenario donde el poder adquisitivo todavía no acompaña. Esa tensión define el clima económico del primer trimestre.

Marzo abre con tarifas en alza y con un esquema que combina regulación, impuestos y mercado. El impacto pleno se medirá en las próximas mediciones de inflación y en la dinámica del consumo. Por ahora, el ajuste avanza por tramos.

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Impuesto a los combustibles, nueva prórroga en el sistema de marcadores y reagentes

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ARCA prorroga el uso de marcadores químicos para combustibles hasta 2026 y define cronograma de transición

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó, mediante la Resolución General 5766/2025, la prórroga en el uso de marcadores químicos y reagentes homologados aplicables a combustibles líquidos alcanzados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley 23.966, Título III). La medida fija un cronograma que permitirá a estaciones de servicio, distribuidores y demás operadores continuar utilizando stocks existentes hasta agotar inventarios, asegurando la trazabilidad y diferenciación de hidrocarburos.

Homologación y vigencia de los marcadores

La resolución, publicada el 30 de septiembre de 2025, modifica la Resolución General N° 5703 y extiende la autorización de productos suministrados por CORAS S.A. Argentina (CUIT 33-58117891-9).

  • Para nafta virgen y gasolina natural, los marcadores VERISYM AAN y VERISYM SLV podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.
  • Para productos regulados por el artículo 4° de la Ley 23.966, con destino exento según el inciso d) del artículo 7° (como ciertos combustibles para actividades específicas), los marcadores VERISYM FAAF y VERISYM PAT tendrán vigencia hasta el 31 de enero de 2026 inclusive.

Además, se establece que a partir del 1° de enero de 2027 quedarán abrogadas las Resoluciones Generales 4234, 5098, 5380, 5428 y 5571, que regulaban esquemas anteriores de marcadores y reagentes.

Antecedentes y fundamentos de la decisión

El régimen de marcadores químicos fue establecido para garantizar la trazabilidad de los combustibles, controlar exenciones impositivas y evitar maniobras de evasión o adulteración. El sistema obliga a estaciones de servicio, distribuidores, fraccionadores y revendedores a emplear reactivos autorizados que permiten diferenciar cortes de hidrocarburos.

La ARCA justificó la medida en el pedido de entidades representativas del sector, que manifestaron la existencia de stocks suficientes para prolongar el uso de productos previamente homologados. La resolución busca equilibrar seguridad fiscal y operativa, evitando costos adicionales en un contexto de transición regulatoria.

La norma se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 14 del Título III de la Ley 23.966, en el artículo 31 del Decreto 74/1998, en el Decreto 618/1997, en el Decreto 953/2024 y en el Decreto 13/2025.

La medida tiene un doble impacto:

  • En el plano fiscal, refuerza la transparencia en el pago del impuesto a los combustibles líquidos y al CO₂, clave para la recaudación tributaria.
  • En el sector energético, otorga previsibilidad a operadores y distribuidores, al permitirles utilizar inventarios existentes y planificar la transición hacia un nuevo esquema sin disrupciones.

La decisión también se enmarca en una política de simplificación y estandarización normativa, que desde 2027 concentrará el esquema en un único sistema actualizado de marcadores.

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