La Cámara Fintech advirtió sobre una “clara desigualdad fiscal” que afecta a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Piden un marco tributario moderno y competitivo que les permita operar con previsibilidad.
Criptobilleteras piden exención del impuesto al cheque
Las billeteras virtuales que operan con criptomonedas en la Argentina, nucleadas en la Cámara Argentina Fintech, reclamaron formalmente ser incluidas en el régimen de exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios –conocido como “impuesto al cheque”–, del cual ya gozan entidades financieras tradicionales como bancos, Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), y Proveedores de Servicios de Pago (PSP).
Según la entidad, esta exclusión implica una “clara desigualdad fiscal” que coloca a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en desventaja respecto a otros actores del ecosistema financiero. “Los PSAV enfrentan una carga impositiva significativamente mayor que la de otros actores regulados”, advirtieron.
Un mercado de US$ 91.000 millones anuales bajo presión fiscal
El reclamo del sector cripto no es menor: según cifras de la Cámara Fintech, el volumen anual de transacciones con criptomonedas en el país supera los US$ 91.000 millones, lo que lo convierte en uno de los mercados más activos de la región. Sin embargo, las normativas impositivas vigentes están generando un clima de incertidumbre que podría desalentar nuevas inversiones.
El comunicado advierte sobre el riesgo de aplicación retroactiva del impuesto al cheque, dado que algunas empresas del sector ya habrían recibido intimaciones por parte de la AFIP. “Eso genera un nivel de riesgo adicional que desincentiva la inversión y dificulta la planificación”, alertaron.
Libre competencia y diseño tributario moderno
El planteo de las criptobilleteras va más allá del impuesto al cheque. En un contexto donde el Gobierno nacional promueve la libre competencia entre monedas y activos, desde el sector cripto sostienen que “mantener esta discriminación por el solo hecho de operar con activos virtuales va en sentido contrario al modelo de país que se quiere construir”.
Por ello, solicitaron avanzar en el diseño de un esquema tributario moderno, claro y competitivo, que sea compatible con el funcionamiento de los activos virtuales, particularmente en lo referido a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.
La demanda de los PSAV refleja un desafío creciente para la política tributaria argentina, que aún no ha logrado adaptar su estructura normativa a la velocidad de expansión del ecosistema cripto y fintech. En momentos en que el Gobierno impulsa la simplificación tributaria y la formalización de la economía, el tratamiento fiscal de estos actores será clave para definir la competitividad del país en la economía digital del futuro.
En el desayuno de tostadas con café con leche tomamos la energía para encarar el día.Pero resulta que también nos comemos grandes cantidades de impuestos. Cada 4 bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet. Es decir,en el precio que pagamos por muchos de los productos, hay más impuestos que ganancia. Por ejemplo, en la leche hay 26% de impuestos y 7% de ganancia y en el pan 24% impuestos y 16% ganancias. Son datos que arroja el último informe de “Composición de precios” de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina).
“En el almuerzo o cena pasa lo mismo, si vamos a la carnicería, por cada kilo de carne nos estamos llevando un cuarto de impuestos. Hay 25% de impuestos y 15% de ganancias. En otras palabras, cada $10.000, estamos pagando $2.500 de carga impositiva. Esto se repite también en muchos de los productos, y en algunos casos esto se está haciendo más visible para el consumidor, por la aplicación de la nueva medida de transparencia que pide detallar el “precio con y sin impuestos” en las góndolas y tickets”, advierte Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA.
¿Qué pagamos en un precio?
“El precio que pagamos está compuesto por tres grandes categorías: los costos de hacer ese producto, la ganancia y los impuestos que se pagan en todo ese proceso. Pero ¿cuáles son esos impuestos y qué hay detrás de un producto en cuanto a costos? Los impuestos que se destacan son: el IVA a nivel nacional, ingresos brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal”, detalla Antonella Semadeni, economista de FADA. Y del total de esos impuestos, más del 70% corresponden a los nacionales.
“En cuanto a los principales costos, por ejemplo, para elaborar el pan tenemos: la electricidad, que pesa aún más por las actualizaciones en las tarifas, materia prima, el transporte, alquileres y el personal. Por ejemplo, el flete representa el 2% del precio al consumidor”, describe Pisani Claro.
“Hasta que llega a nuestra mesa, en cada etapa del producto hay costos e impuestos que se deben afrontar, así como las ganancias propias de una actividad productiva. Que los impuestos superen la ganancia, es una situación que puede tornarse injusta ya que, por ejemplo, en la cadena de la leche todo el proceso productivo está afectado por cuestiones climáticas, sujeto al precio del maíz con el que se alimentan las vacas, a los productos relacionados con la salud de los animales, al del combustible para el transporte… son muchas las variables que se enfrentan. En medio de todo eso, el Estado, a través de los impuestos, está presente en todos los eslabones y no afronta ningún riesgo”,analiza Semadeni.
¿Cómo se va componiendo el precio?
“El precio que pagamos por nuestros alimentos no es azaroso o caprichoso y puede desglosarse de diferentes modos. Esto hacemos en este informe”, explica Semadeni. Por ejemplo, en el caso del pan, desde el campo a la mesa el precio se multiplica 12 veces. ¿Qué hay en el proceso?: 60% de costos de producir el pan, 24% de impuestos y 16% de ganancias.
En el caso de la carne, el precio está compuesto por un 60% de costos. Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva mucho tiempo, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad y la alimentación, el transporte, y el personal.
En la leche 67% son costos, 26% son impuestos y sólo un 7% son ganancias. Por ejemplo, para el tambo, los costos que más subieron en esta última medición fueron la alimentación de las vacas y todos los costos relacionados con la comercialización.
Al estudiar la composición de los precios de manera cronológica, vemos en el precio del pan que el 8% corresponde al trigo, 4% al molino, 64% a la panadería y 24% los impuestos. En la carne 28% es la cría, 24% el feedlot, 2% frigorífico, 21% carnicería y 25% impuestos. En la leche 28% es el tambo, 26% la industria, 20% el comercio y 26% los impuestos.
Precio con y sin impuestos ¿Para qué sirve esta medida?
“Es una forma de educar a los consumidores, para que se tenga noción del peso de los impuestos en los productos que compramos y entender la importancia de revisar todo el sistema impositivo en general. El informe de FADA también va en esa línea de aportar información e incluso intenta ir más allá, detallando cómo se va componiendo el precio a través de todos los eslabones y teniendo en cuenta los impuestos en todos los niveles de gobierno”, comenta Pisani Claro.
“Creemos que esto ayuda a derribar ciertos mitos sobre cómo se conforman los precios que muchas veces traban políticas públicas importantes para los ciudadanos y para las áreas productivas. Por ejemplo, durante muchos años se creyó erróneamente que la baja de las retenciones, al impactar en el precio de los granos, iba a traer un importante aumento del precio de los productos básicos cuando no es así. En realidad, este informe muestra que el 90% del precio de los productos corresponde a múltiples factores como impuestos, transportes, alquileres, salarios, servicios, entre muchos otros. Por eso creemos que es importante visibilizar y derribar ciertos mitos para centrarse y focalizar en lo que necesitamos como consumidores y para todo el proceso de producción y elaboración”, concluye Semadeni.
“COMPOSICIÓN DE PRECIOS” EN NÚMEROS
1.000 de cada 4.000 pesos que pagamos en carne, leche y pan, son impuestos.
En el total de impuestos a estos alimentos: 3 mil de cada 4 mil pesos, son impuestos nacionales.
PAN
Cada 4 bollitos de pan, nos comemos 1 de impuestos.
Precio del pan: el 60% son costos, el 24% impuestos y el 16% la ganancia.
El trigo representa sólo el 8% del precio.
Desde el campo a la panadería, el precio se multiplica por 12 en su recorrido.
Precio pan en eslabones: el trigo representa el 8%, el molino el 4%, la panadería el 64% y los impuestos el 24%.
LECHE
Nos tomamos un vaso de impuestos por cada sachet de leche.
67% son costos de producción, 26% impuestos y 7% ganancia.
El maíz representa el 4% del precio del sachet al consumidor.
El precio de la leche se multiplica por 3,5 del campo a la góndola.
Precio leche por eslabones: el tambo representa el 28%, la industria el 26%, el comercio 20% e impuestos el 26%.
CARNE
Nos comemos un cuarto kilo de impuestos por cada kilo de carne.
25% son impuestos, el 59% son costos y 15% ganancia.
El maíz representa sólo 9% del precio final de la carne.
Precio carne por eslabones:la cría representa el 28%, el feedlot 24%, frigorífico 2%, carnicería el 21% y los impuestos el 25%.
El Gobierno nacional avanza en una reforma tributaria de enorme alcance que, de concretarse, podría redefinir para siempre la arquitectura fiscal de la Argentina. Se trata del denominado “Súper IVA”, un nuevo tributo que unificaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los Ingresos Brutos provinciales (IIBB) y tasas municipales en un solo esquema de recaudación nacional. Impulsado por el presidente Javier Milei, con respaldo técnico de su ministro de Economía, Luis Caputo, y validación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el proyecto apunta a ejecutarse antes de 2026, aunque su avance depende de los equilibrios legislativos que surjan tras las elecciones de octubre.
La propuesta se basa en un principio de simplificación fiscal extremo. En lugar de que los contribuyentes enfrenten múltiples gravámenes superpuestos —con cargas que se acumulan a lo largo de la cadena productiva—, el “Súper IVA” establecería un único punto de tributación sobre el consumo final, recaudado por el organismo nacional ARCA y redistribuido a las provincias en proporción a sus alícuotas. La idea es que, a la alícuota base del IVA del 21%, se sume el porcentaje que hoy representan los IIBB, que varía entre 1,5% y 5% según la jurisdicción. El resultado: un impuesto integrado de entre 22,5% y 26%, pero simplificado, no acumulativo y, en teoría, más competitivo.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que el diseño técnico está prácticamente cerrado, a la espera de la revisión final de expertos tributarios cercanos al oficialismo. Se trata de una pieza clave dentro de la hoja de ruta que el Ejecutivo pactó con el FMI, que exige una reforma impositiva integral para antes de 2026. El organismo internacional, además, ve con buenos ojos la propuesta, por su potencial para mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir la evasión.
En el corazón del debate está Ingresos Brutos, un tributo provincial considerado el más distorsivo, regresivo y rechazado del sistema argentino. En un país donde existen más de 125 tipos de impuestos y se crea uno nuevo cada dos años en promedio, el IIBB ocupa el primer lugar en las listas negras de los tributaristas, sin importar su escuela doctrinaria.
Se lo acusa de distorsionar los precios relativos, encarecer los costos finales al consumidor, fomentar la informalidad y erosionar la competitividad de la producción nacional frente a sus pares regionales. De hecho, mientras en buena parte de América Latina el IIBB es historia antigua, en la Argentina se mantiene como una fuente vital de recursos para las provincias. Los cálculos más conservadores estiman que la evasión y elusión impositiva supera el 35%, y el IIBB aparece como un protagonista silencioso de esa fuga estructural.
El dilema de los gobernadores
La intención de reemplazar los Ingresos Brutos por un tributo administrado centralmente generó una reacción inmediata de los gobernadores. Muchos comenzaron a intercambiar mensajes por WhatsApp para unificar una postura de rechazo. El motivo es claro: el IIBB representa la segunda fuente de ingresos para las provincias —sólo detrás de la coparticipación federal— y permite cierto grado de autonomía financiera que se vería amenazada bajo el nuevo régimen.
Pero también son conscientes de las asimetrías de poder que impone el contexto. Milei gobierna sin presupuesto aprobado, con la llave de las transferencias discrecionales en manos de Caputo y con la figura del primo de este —asesor de peso desde el edificio de enfrente al Palacio de Hacienda— como actor clave en la negociación fina con los mandatarios provinciales. En tiempos de ajuste y restricción, la dependencia de Nación es más asfixiante que nunca.
Desde el sector privado, la propuesta genera expectativas. La unificación de tributos podría reducir los costos administrativos, eliminar superposiciones normativas y facilitar el cumplimiento fiscal, especialmente para pymes y empresas exportadoras. A la vez, promete reducir el llamado “costo argentino”, mejorando márgenes de competitividad.
Sin embargo, su implementación exige una reforma de la Ley de Coparticipación Federal y la generación de acuerdos entre niveles de gobierno con visiones fiscales divergentes. El riesgo político de avanzar sin consenso puede implicar un fuerte desgaste institucional.
El “Súper IVA” no es solo una propuesta técnica. Es, en esencia, un proyecto de rediseño del federalismo fiscal argentino. Con el respaldo del FMI, la determinación de Javier Milei y el trabajo técnico de su círculo económico, el Gobierno apuesta a resolver de un golpe tres problemas históricos: la complejidad tributaria, la evasión estructural y la ineficiencia recaudatoria.
Pero el obstáculo no es solo la técnica: es la política. El futuro del “Súper IVA” se jugará en el Congreso y en la relación de fuerza entre Nación y provincias. Será allí donde se defina si esta idea revolucionaria es el germen de un nuevo sistema o una utopía más en la larga lista de reformas fiscales frustradas.
La Agencia Tributaria de Misiones (ATM) implementó una serie de beneficios fiscales para aliviar la carga tributaria de diversos sectores en la provincia. Estas medidas incluyen exenciones impositivas, bonificaciones, sorteos y planes de moratoria, beneficiando a miles de contribuyentes.
Exenciones y bonificaciones
Más de 61.000 exenciones impositivas han sido otorgadas, representando un alivio fiscal anual superior a los $5.400 millones. Entre los sectores beneficiados se encuentran:
Productores primarios: más de 9.000 beneficiarios.
Jubilados y pensionados: más de 4.080 beneficiarios.
Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): 1.222 beneficiarios.
Adjudicatarios de viviendas del IPRODHA: más de 20.781 beneficiarios.
Otros sectores: más de 26.000 beneficiarios.
Además, se han entregado más de 465 premios en sorteos destinados a consumidores finales y contribuyentes cumplidores del impuesto inmobiliario. Participar es sencillo: solicitando la factura en cada compra o manteniendo al día el impuesto inmobiliario se accede automáticamente a estos sorteos.
Moratoria 2024
La Moratoria 2024 ofrece facilidades para regularizar deudas fiscales en hasta 24 cuotas por plan, permitiendo hasta 6 planes por contribuyente. Los beneficios varían según el momento de adhesión:
Dentro de los primeros 30 días: quita del 40% en intereses resarcitorios para planes de pago; 70% si se cancela al contado o en hasta 3 cuotas.
Entre los días 31 y 60: quita del 30% en intereses resarcitorios; 60% si se cancela al contado o en hasta 3 cuotas.
Entre los días 61 y 90: quita del 20% en intereses resarcitorios; 50% si se cancela al contado o en hasta 3 cuotas.
El impuesto inmobiliario cuenta con una bonificación del 100% en intereses y multas. Hasta la fecha, se han formalizado 10.883 planes, regularizando deudas por un total de $5.528 millones.
Bonificaciones en Ingresos Brutos
La ATM ha implementado bonificaciones de hasta $240 millones para contribuyentes de Ingresos Brutos en sectores específicos:
Servicios de hotelería y restaurantes: bonificación del 12%, con tope de operaciones de $140 millones.
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler: bonificación del 12%, con tope de operaciones de $140 millones.
Servicios sociales y de salud: bonificación del 26% para operaciones con responsables inscriptos y del 5% para consumidor final.
Intermediarios de productos alimenticios para consumo humano y productos de consumo general (excepto bebidas alcohólicas y tabacos): bonificación del 30% para operaciones con responsables inscriptos y para consumidor final, con tope de facturación de $140 millones.
Venta de medicamentos de uso humano: bonificación del 33% en operaciones con responsables inscriptos y del 30% para consumidor final, con tope de $140 millones.
Venta de medicamentos de uso humano a entidades públicas de Misiones: bonificación del 33% y 30%, respectivamente, sin tope de operaciones.
Para acceder a estas bonificaciones, los contribuyentes deben presentar y abonar al día su Declaración Jurada actual.
Cómo acceder a los beneficios
Los interesados pueden gestionar estos beneficios a través del portal oficial de la Agencia Tributaria de Misiones: https://atmisiones.gob.ar. Para consultas, se encuentra disponible la línea telefónica 0810-444-5505 y las redes sociales oficiales @ATMisiones.
Estas medidas reflejan el compromiso de la ATM con el desarrollo económico y social de la provincia, brindando herramientas para facilitar el cumplimiento tributario y promover la equidad fiscal.
Un informe del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral revela que, Javier Milei cerró su primer año de gestión sin una reforma tributaria estructural y con una presión impositiva prácticamente sin cambios (+0,2 p.p. del PBI). Si bien redujo el impuesto sobre los bienes personales, también restituyó el impuesto a las ganancias para trabajadores, lo que generó dudas sobre el rumbo fiscal de su gobierno. La investigación, realizada por Diego Rivas y Lucio Cardinale-Lagomarsino, también repasa los primeros años de los últimos presidentes y plantea el interrogante:¿será Milei la excepción o seguirá la tendencia de sus predecesores?
Transcurrido el primer año de gobierno de Javier Milei, y considerando que la política impositiva fue uno de los pilares de su campaña, un informe del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral, elaborado por Diego Rivas y Lucio Cardinale-Lagomarsino, analiza qué decisiones tomó en materia tributaria a lo largo de 2024 y cómo se compara con los primeros años de gestión de los últimos presidentes.
El primer año de gestión de cualquier gobierno es, en general, el de mayor popularidad y apoyo. Mandatarios recién elegidos y un electorado expectante por las medidas a tomar por parte del gabinete recién asumido.
Suele ser este primer año en el que los gobiernos adoptan las medidas que consideran más trascendentales dentro de su plan de gestión. En nuestro país, historia reciente conocida, el devenir de los siguientes años normalmente trae agendas cargadas de problemas coyunturales que los tiene rehenes del día a día, sin demasiado tiempo ni espacio político para decisiones estructurales.
La política tributaria es parte de estas decisiones estructurales, y los gobiernos en general intentan imponer su agenda tributaria lo más pronto posible. Las últimas tres presidencias argentinas reflejan esta situación.
Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 y a los días de asumir firmó el decreto 133/2015 que reducía los derechos de exportación de diversos productos. Al año de asumir, en diciembre de 2016, sea probó la ley 27.346 que incrementó la escalas y las deducciones del impuesto alas ganancias de las personas físicas y sucesiones indivisas, a la vez que estableció el mecanismo de actualización anual de escalas y deducciones.
Alberto Fernández, por su parte, también en el mismo mes de su asunción tuvo la aprobación de la Ley 27.541 de Solidaridad y Reactivación Productiva que, entre sus numerosos capítulos, incluía varias modificaciones impositivas como la creación del impuesto PAIS, el incremento del impuesto sobre los bienes personales y la suspensión de la reducción de las cargas sociales y del impuesto a las ganancias de sociedades que había pautado la reforma tributaria del 2017.
Javier Milei, recientemente, envió su paquete fiscal al Congreso que, finalmente, fue aprobado (ley 27.743) e incluyó rebaja de las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales, pero también una restitución del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Más adelante, en diciembre de 2024, no prorrogó el impuesto PAIS, y un mes después redujo temporalmente los derechos de exportación de ciertos productos.
Como se puede ver, el primer año de gobierno nunca pasa desapercibido en términos tributarios en nuestro país. Si observamos los datos de presión tributaria de los últimos 20 años, el gobierno de Macri fue el único de los últimos 5 mandatos (CFK I, CFK II, MM, AF y JM) que tuvo una baja en la presión tributaria en el primer año de su gobierno (-0,7 p.p.). Por su parte, los dos gobiernos de Cristina Fernández tuvieron un incremento de alrededor de 1 p.p. en la presión tributaria en los primeros años de gestión(2008 y 2012), misma situación que tuvo el de Alberto Fernández. Milei tuvo un pequeño incremento de 0,2 p.p.
Más allá del primer año, los 4 gobiernos previos al de Milei cerraron sus mandatos con los cambios del primer año como las principales variaciones de su política tributaria. Cristina Fernández comenzó el 2008 con el incremento en la participación de los derechos de exportación y de los tributos sobre la seguridad social, y estos fueron los principales cambios entre el 2007 y el 2011. En el 2009, los principales cambios fueron en seguridad y social e impuesto a las ganancias, y también esas fueron las variaciones más relevantes del período 2011-2015. Mauricio Macri, como fuera mencionado, redujo el peso del impuesto a las ganancias y los derechos de exportación en su primer año de gobierno, a la vez que, ese mismo año, presentó una baja en el peso de la recaudación de la seguridad social. Si bien la suba de los derechos de exportación en el año 2018 impidió que la baja de este tributo de 2015 se mantenga a lo largo de toda la gestión, los cambios en ganancias y seguridad social sí fueron los más relevantes del período2015-2019. En último turno, Alberto Fernández incrementó bienes personales e impuesto PAIS en el 2019, modificaciones que resultaron ser preponderantes en la política tributaria de su gobierno[1].
Los datos del primer año de Milei no reflejan -al menos todavía- una baja significativa de impuestos, ya que, pese a reducir el impuesto sobre los bienes personales, restituyó por completo el impuesto a las ganancias para los trabajadores. La variación de la presión impositiva en el primer año de gestión fue casi nula (incremento de 0,2 p.p.), con aumentos en el peso del impuesto PAIS y los derechos de exportación, y bajas en el peso del IVA y el impuesto sobre los bienes personales.
Restará ver si se mantiene la tendencia de los últimos gobiernos de que el primer año marca la ruta de toda la gestión, o si Milei romperá con este patrón. Para el segundo año tendrá, en principio, el efecto de la eliminación del impuesto PAIS en diciembre de 2024 y la baja de los derechos de exportación a ciertos productos. ¿Será distinto esta vez? Es el interrogante que se plantean los investigadores.
La “reforma tributaria” de Milei se hace esperar. Quedan abiertos varios interrogantes: ¿Llegará? ¿Seguirá teniendo la fuerza y apoyo para implementarla cuando llegue? ¿Irá en el sentido prometido en campaña? Por ahora, todos estos interrogantes quedan en espera.
