La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca actualizaron el Código Alimentario Argentino (CAA) para incorporar una nueva norma técnica del Mercosur que redefine las condiciones que deben cumplir los envases, utensilios, tapas y equipos metálicos utilizados en contacto con alimentos.
La Resolución Conjunta 8/2026 incorpora al derecho argentino la Resolución GMC 48/23 del Mercosur y representa una actualización técnica que busca armonizar estándares sanitarios entre los países del bloque, fortalecer la seguridad alimentaria y ofrecer mayor previsibilidad a fabricantes e importadores de envases y equipamientos para la industria alimenticia.
Aunque la medida tiene un fuerte componente regulatorio, también posee un impacto directo sobre los consumidores. El objetivo es reducir riesgos derivados de la migración de metales hacia los alimentos, actualizar los materiales autorizados de acuerdo con los avances tecnológicos y mejorar la información disponible sobre el uso correcto de determinados utensilios domésticos.
Uno de los cambios más relevantes es el endurecimiento de los límites permitidos para impurezas presentes en materiales metálicos. La nueva redacción del Código Alimentario establece que la suma de plomo, arsénico, cadmio, mercurio y antimonio no podrá superar el 1% como impurezas, mientras que mercurio, plomo y cadmio tendrán un límite individual máximo de apenas 0,01%, reforzando los estándares de inocuidad.
La resolución también amplía y actualiza el listado de aceros inoxidables autorizados para fabricar recipientes, utensilios y equipamientos alimentarios. La incorporación de nuevas aleaciones responde a desarrollos tecnológicos de los últimos años y facilita que la industria utilice materiales con mejores prestaciones sin perder compatibilidad con los requisitos sanitarios del Mercosur.
Otro de los puntos centrales está vinculado al uso del aluminio. La normativa confirma que los elementos anodizados o protegidos con recubrimientos podrán utilizarse sin restricciones, mientras que el aluminio sin protección superficial tendrá limitaciones específicas según el tipo de alimento y el tiempo de contacto.
En ese sentido, la regulación establece que los utensilios de aluminio sin revestimiento no deberán utilizarse para preparar, cocinar o almacenar alimentos muy ácidos o muy salados, como jugo de limón, vinagre, alcaparras o anchoas en conserva. Además, los fabricantes estarán obligados a incorporar advertencias claras para los consumidores cuando comercialicen productos de este tipo, promoviendo un uso más seguro y reduciendo riesgos derivados de una utilización inadecuada.
La actualización también incorpora nuevos materiales permitidos para determinados procesos industriales. Entre ellos se habilita el uso de acero al carbono sin revestimiento para equipos destinados al procesamiento y almacenamiento de grasas, aceites, cereales, legumbres, cacao y otros alimentos secos, además de reconocer formalmente el uso de metales con tratamientos de pasivación mediante compuestos de cromo, manganeso, titanio, estaño o circonio, tecnologías ampliamente utilizadas para mejorar la resistencia a la corrosión.
Desde la perspectiva productiva, la medida apunta a mantener alineada la legislación argentina con los estándares técnicos del Mercosur. Esta armonización facilita la circulación de productos entre los países miembros, reduce barreras regulatorias y brinda mayor seguridad jurídica a fabricantes nacionales que abastecen tanto el mercado interno como las exportaciones.
El nuevo esquema también evita que las empresas deban adaptarse a requisitos diferentes según el destino comercial de sus productos, favoreciendo procesos industriales más eficientes y reduciendo costos derivados de certificaciones múltiples.
La resolución establece que las empresas dispondrán de 180 días para adecuar sus procesos productivos, materiales, etiquetados e información técnica a los nuevos requisitos. Durante ese período podrán continuar operando mientras realizan las modificaciones necesarias para cumplir plenamente con la normativa.
Más allá del aspecto técnico, la actualización refleja una tendencia creciente en la regulación alimentaria internacional: combinar innovación industrial con mayores garantías para la salud pública. En un contexto donde los consumidores demandan cada vez más transparencia sobre los materiales que entran en contacto con los alimentos, la incorporación de estándares comunes dentro del Mercosur busca fortalecer la confianza en toda la cadena alimentaria.
La innovación también llegó al universo de la yerba mate. Con apenas 25 años, el emprendedor Facundo Piacenza lanzó Energy Mate, una bebida funcional en lata que traslada las propiedades energizantes de la infusión más tradicional de la Argentina a un formato práctico, listo para consumir.
El producto combina extracto de yerba mate con vitaminas del complejo B y minerales, mientras que su dulzor proviene de jugo natural de uvas, una formulación que busca diferenciarse de las bebidas energéticas convencionales mediante una composición basada en ingredientes de origen natural.
La propuesta apunta a estudiantes, trabajadores y deportistas que necesitan un refuerzo de energía durante la jornada, pero prefieren una alternativa inspirada en uno de los productos emblemáticos de la economía regional argentina.
Energy Mate ya comenzó a expandir su presencia comercial mediante una estrategia enfocada en la distribución mayorista. Actualmente puede encontrarse en kioscos, almacenes y distintos puntos de venta del país, además de comercializarse a través de su plataforma online.
El proyecto no se limita al mercado local. Piacenza anticipa que el objetivo es consolidar la marca en Argentina para luego avanzar hacia mercados internacionales, al tiempo que trabaja en el desarrollo de nuevos sabores y variantes que permitan ampliar la oferta dentro del segmento de bebidas funcionales.
Con este lanzamiento, la yerba mate suma un nuevo formato de consumo y busca ganar espacio en una categoría de rápido crecimiento, donde la innovación y los hábitos saludables comienzan a marcar el rumbo del mercado.
Uno de los principales atributos que destaca la marca es que Energy Mate utiliza cafeína de origen natural proveniente de la yerba mate, lo que permite ofrecer una liberación de energía más gradual y sostenida, sin los picos de estimulación y las caídas bruscas que suelen asociarse a otras bebidas energéticas.
Además, el producto es apto para celíacos y apuesta por una formulación que prioriza ingredientes naturales. La receta incorpora extracto de yerba mate, vitaminas del complejo B, minerales y aditivos funcionales seleccionados para complementar sus propiedades nutricionales.
Según sus desarrolladores, la bebida fue diseñada sobre una fórmula balanceada, buscando un equilibrio entre energía, sabor y bienestar. La propuesta apunta a brindar un aporte energético constante para jornadas de estudio, trabajo o entrenamiento, sin recurrir a estimulantes considerados más agresivos.
Otro de los aspectos destacados es el contenido de antioxidantes naturales aportados por la yerba mate, compuestos que contribuyen a combatir el estrés oxidativo generado por la actividad cotidiana.
Entre las características que la empresa resalta del producto se encuentran:
Cafeína natural de la yerba mate.
Energía sostenida y estable, sin picos ni caídas bruscas.
Fórmula balanceada con vitaminas, minerales y aditivos funcionales naturales.
Sin estimulantes agresivos.
Apta para personas celíacas.
Rica en antioxidantes naturales.
Pensada para acompañar jornadas de estudio, trabajo, actividad física o rutinas de alta demanda.
Con esta propuesta, Energy Mate busca posicionarse como una alternativa dentro del creciente segmento de bebidas funcionales, combinando la tradición de la yerba mate con las nuevas tendencias de consumo orientadas al bienestar y la practicidad.
Cuando muchas empresas priorizan la cautela, la cadena California decidió acelerar su plan de expansión en Misiones. Ricardo “Pilo” Cáceres, propietario del grupo supermercadista, adelantó en exclusiva a Economis que la firma pondrá en funcionamiento un inédito espacio gastronómico sobre avenida López y Planes, incorporará personal y avanzará con un ambicioso centro de logística y producción que concentrará buena parte de sus operaciones industriales en Posadas.
El empresario, que conduce una compañía con más de 2.000 trabajadores en el NEA, sostuvo que la decisión responde a una filosofía que mantiene desde hace décadas: reinvertir las ganancias para generar más empleo y mejorar la infraestructura de la empresa.
La principal novedad llegará entre fines de agosto y los primeros días de septiembre, cuando abra sus puertas La Casona del California, un nuevo espacio que funcionará en un edificio histórico completamente restaurado sobre avenida López y Planes, en la esquina con la calle Rocamora.
Cáceres explicó que no será únicamente un punto de venta, sino un espacio pensado para la experiencia del cliente. “Va a ser una linda experiencia”, resumió el empresario al describir el proyecto durante una visita a Open1017.
El lugar combinará producción gastronómica con espacios recreativos para cumpleaños, reuniones y actividades familiares, buscando transformarse en un nuevo punto de encuentro para los posadeños.
La apertura también implicará nuevas incorporaciones de personal.
Según adelantó Cáceres, en una primera etapa el emprendimiento demandará entre 12 y 15 nuevos trabajadores, que se sumarán a la estructura de California en Misiones, donde cuenta con un promedio de mil empleos, de una planta global de 2.500 en todo el NEA.
El empresario remarcó que la prioridad será contratar mano de obra local y destacó que cada expansión representa una oportunidad para seguir generando empleo privado.
“Siempre tratamos de reinvertir para crear más fuentes de trabajo”, afirmó durante la entrevista.
La empresa trabaja con el objetivo de abrir el establecimiento antes del 20 de agosto. La obra civil y las instalaciones generales están prácticamente terminadas: los contratistas comenzaron a retirarse y las tareas se concentran en la limpieza, las terminaciones, la colocación del mobiliario y el diseño de la cartelería.
Será la primera vez que un establecimiento de la cadena adopte un nombre de fantasía propio. La denominación elegida será La Casona del Cali, aunque funcionará bajo la marca paraguas de California Sociedad Anónima.
El establecimiento será habilitado formalmente como supermercado, con anexos de bar, rotisería y panadería. La propuesta tendrá una orientación marcada hacia los productos elaborados por la propia empresa.
El concepto combinará cafetería, comidas al paso, rotisería y venta de productos de elaboración propia. Los clientes podrán consumir café, licuados, panificados, pastas, comidas preparadas y platos comercializados por peso o presentados en bandejas previamente fraccionadas.
El modelo de atención será similar al de Cali Bar: no habrá un servicio gastronómico tradicional con mozos, sino un sistema ágil en el que cada persona podrá elegir su comida, retirarla y consumirla en las mesas del establecimiento.
El predio completo tiene una superficie aproximada de entre 1.100 y 1.200 metros cuadrados. La empresa cuenta actualmente con más de 500 metros cuadrados construidos y proyecta completar alrededor de 600 metros cuadrados adicionales.
La Casona contará con espacios interiores y exteriores, alrededor de 40 o 50 mesas y una capacidad estimada de hasta 200 personas. Durante el verano también podrá utilizarse plenamente el sector externo.
La cocina contará con equipamiento para cocciones simples, un horno de apoyo, cámara de fermentación y cámara de frío. La mayor parte de los productos llegará desde el sistema central de elaboración de la empresa, aunque el local podrá completar determinados procesos antes de la venta.
Abrirá desde las primeras horas de la mañana
Uno de los elementos distintivos será el horario. California prevé abrir La Casona entre las 5.30 y las 6 de la mañana, con la intención de atender a trabajadores, estudiantes y personas que comienzan temprano su jornada.
La propuesta inicial estará concentrada en artículos de supermercado, panadería, cafetería y comidas elaboradas. En una segunda etapa, la compañía analizará ampliar los espacios, incorporar más mesas y sumar nuevos servicios según la respuesta del público.
El proyecto de mayor escala, sin embargo, está detrás del funcionamiento cotidiano de la empresa.
El segundo proyecto tiene una escala considerablemente mayor. California está desarrollando sobre la avenida Domínguez, en un predio que se extiende hasta la calle Ruiseñor, un nuevo centro de logística y producción.
El complejo tendrá aproximadamente 6.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas. Allí será trasladada la producción propia que desde la década de 1970 funciona en la sucursal de la avenida Lavalle.
El supermercado de Lavalle continuará abierto. Lo que será trasladado es el sistema de elaboración centralizada, incluyendo las áreas de panadería, pastas y rotisería.
La liberación de esos espacios permitirá evaluar posteriormente una ampliación de los servicios en Lavalle, incorporar nuevos rubros o mejorar el estacionamiento, uno de los principales problemas de esa sucursal debido al intenso tránsito de la zona.
El centro fue concebido como una plataforma de distribución capaz de abastecer tanto a los locales actuales como a las futuras aperturas.
California se prepara para habilitar su novena sucursal y contempla, posteriormente, sumar entre dos y tres establecimientos adicionales. Para sostener esa expansión necesita aumentar la capacidad productiva y disponer de más plataformas de carga y descarga.
El nuevo centro podrá recibir y estacionar hasta diez camiones de distribución. Esa capacidad representa un salto respecto de la infraestructura actual de Lavalle, donde la empresa opera con seis vehículos y dos plataformas para abastecer sus sucursales.
La compañía considera que el proyecto tiene una vida útil mínima de 20 años y fue diseñado con margen suficiente para incorporar nuevas líneas productivas y acompañar el crecimiento durante las próximas décadas.
Energía e infraestructura para crecer
La magnitud del proyecto obligó a California a desarrollar una infraestructura eléctrica específica.
La planta actual de Lavalle opera con una potencia de 13,2 kilovoltios. Para el nuevo complejo se construye una línea de 33 kilovoltios desde la zona de las avenidas Cocomarola y Domínguez, explicó el gerente de Recursos Humanos, Jorge Aguirre.
La inversión incluye una bajada de energía de Energía de Misiones, transformador propio y un grupo electrógeno capaz de sostener la producción en caso de interrupciones del suministro.
La capacidad instalada no fue calculada únicamente para cubrir las necesidades actuales. También contempla futuras ampliaciones, nuevas maquinarias y el crecimiento de la red comercial.
El centro concentrará equipamiento industrial para la elaboración y conservación de alimentos.
La empresa ya adquirió hornos de mayor capacidad, instaló montacargas y avanza con la incorporación de cámaras frigoríficas, una central de frío y tanques de gas.
El objetivo es centralizar la producción de panadería, pastas y rotisería, estandarizar los procesos y aumentar el volumen de elaboración sin perder la calidad que caracteriza a la marca.
La centralización también permitirá ordenar el traslado diario de los productos hacia las distintas sucursales y reducir la presión sobre la planta de Lavalle, que quedó limitada frente al crecimiento de la cadena.
La empresa espera finalizar el centro logístico antes de fin de año, aunque los plazos dependerán de la instalación de los sistemas de frío, la entrega del equipamiento y la ejecución de las obras eléctricas.
Según Aguirre, los proyectos técnicos ya están definidos, pero cada componente requiere procesos de presupuestación, fabricación, pago, entrega e instalación que pueden extenderse entre 20 y 30 días.
Parte de la maquinaria fue adquirida con uno o dos años de anticipación y ya se encuentra disponible. La compañía trabaja ahora en completar las instalaciones necesarias para ponerla en funcionamiento.
La obra se financia íntegramente con recursos propios. La empresa no recurrió a créditos externos ni a endeudamiento para llevar adelante el proyecto. Los fondos provienen de la recaudación y de las ventas de la propia cadena, bajo una política de reinversión impulsada por Cáceres.
La construcción también tiene un fuerte componente local. La compañía contrató mano de obra, empresas constructoras y proveedores de Posadas y Misiones, siempre que las condiciones técnicas y los precios fueran competitivos.
Algunos componentes especializados, como determinados tableros eléctricos y sistemas de transferencia, debieron encargarse a firmas de otras provincias. Sin embargo, la mayor parte de la inversión se ejecuta con contratistas y proveedores de la región.
Con La Casona del Cali y el centro logístico, California no solamente amplía su presencia comercial. También construye la infraestructura necesaria para una nueva etapa de expansión. Para Cáceres, el crecimiento de California responde a una convicción que atraviesa toda la historia de la empresa.
El empresario sostuvo que el capital debe permanecer “al servicio de la gente”, transformándose en infraestructura, tecnología y nuevos puestos de trabajo antes que inmovilizarse.
“El dinero es justamente para invertir”, resumió el dueño de California, convencido de que el crecimiento empresarial debe traducirse también en desarrollo para la comunidad.
Una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) modificó una normativa que llevaba casi seis décadas vigente y eliminó una serie de requisitos técnicos aplicados a la elaboración de margarinas en Argentina. Aunque se trata de un cambio regulatorio específico, la decisión apunta a reducir procesos considerados obsoletos por la evolución tecnológica de la industria alimentaria y podría traducirse en menores costos operativos para fabricantes de grasas y derivados.
La Resolución 475/2026 derogó tres exigencias incluidas en el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado originalmente en 1968. Según argumenta el organismo sanitario, los avances en los sistemas de producción, control de calidad y trazabilidad vuelven innecesarias determinadas obligaciones que habían sido diseñadas para prevenir adulteraciones y fraudes en una industria muy diferente a la actual.
La medida no modifica los estándares de inocuidad alimentaria ni los controles sanitarios vigentes, pero sí elimina barreras regulatorias que el propio SENASA considera superadas por la tecnología disponible.
La actualización elimina tres disposiciones vinculadas a la elaboración de margarinas.
Por un lado, desaparece la obligación de incorporar determinadas sustancias testigo utilizadas históricamente para identificar posibles adulteraciones. También se elimina una restricción relacionada con el uso de manteca de leche en determinados procesos industriales y se deroga una exigencia específica incorporada décadas atrás como mecanismo de prevención de fraude comercial.
La argumentación oficial es clara: los métodos modernos de control permiten garantizar la autenticidad y composición de los productos mediante herramientas más precisas que las previstas por una regulación diseñada en los años sesenta.
Para la industria, esto implica simplificar procesos productivos, reducir intervenciones innecesarias y mejorar atributos de calidad del producto final sin afectar los mecanismos de fiscalización sanitaria.
Qué impacto puede tener sobre la cadena alimentaria
Aunque la resolución está dirigida específicamente al segmento de margarinas y grasas industriales, sus efectos alcanzan a una cadena mucho más amplia.
Las margarinas son un insumo utilizado por industrias panificadoras, fabricantes de galletitas, productos de pastelería, alimentos procesados y gastronomía industrial.
Cuando una regulación reduce costos de producción o elimina procesos redundantes, el beneficio no queda exclusivamente en el fabricante primario. También puede mejorar la competitividad de los sectores que utilizan esos insumos como materia prima.
En un escenario donde la industria alimentaria continúa buscando eficiencia para sostener márgenes de rentabilidad, cualquier reducción de costos regulatorios adquiere relevancia.
La medida forma parte de una tendencia observada durante los últimos meses en distintas áreas del Gobierno nacional: revisar normativas históricas para eliminar requisitos considerados incompatibles con las tecnologías actuales de producción y control.
A diferencia de los grandes centros industriales, donde existe una elevada integración productiva, las economías regionales suelen absorber con mayor intensidad los costos regulatorios debido a menores escalas de producción.
En provincias como Misiones, donde el sector alimenticio está compuesto principalmente por PyMEs, cooperativas y empresas familiares vinculadas a la molienda, panificación, elaboración de alimentos y gastronomía, cualquier reducción de costos en insumos industriales termina impactando sobre la estructura de costos de múltiples actividades.
No se trata de un efecto inmediato ni necesariamente visible para el consumidor final, pero sí de una mejora incremental en la competitividad de la cadena alimentaria.
Además, la decisión ratifica una señal regulatoria que el sector privado sigue de cerca: la disposición de los organismos nacionales a actualizar marcos normativos que habían quedado desfasados respecto de la realidad tecnológica.
Una regulación menos rígida para una industria más moderna
La resolución del SENASA no implica una desregulación sanitaria. El organismo mantiene intactas sus facultades de fiscalización y control sobre la inocuidad de los alimentos.
La diferencia es que cambia el enfoque. En lugar de exigir procedimientos específicos diseñados para otra época, la normativa pasa a apoyarse en tecnologías modernas de control de calidad y trazabilidad.
Para los fabricantes, esto representa una mayor flexibilidad productiva. Para los consumidores, el objetivo declarado es mantener los mismos estándares de seguridad alimentaria con productos de mejor aceptación y procesos más eficientes.
Lo que habrá que observar en los próximos meses es si esta actualización normativa se replica en otros segmentos de la industria alimentaria. Existen numerosos reglamentos técnicos construidos bajo parámetros productivos del siglo pasado que hoy podrían estar generando costos sin aportar mejoras reales en materia sanitaria.
La competitividad industrial ya no depende solamente de impuestos o financiamiento. También está vinculada a la capacidad del Estado para adaptar las regulaciones a las tecnologías que utiliza el sector productivo.
Las cooperativas agropecuarias de Misiones salieron a respaldar el proyecto que propone reducir el IVA a la harina de mandioca al 10,5%, en línea con otros productos básicos, con el objetivo de mejorar la competitividad de la producción local frente a un escenario marcado por la recesión y la competencia externa.
La postura fue expresada por Hugo Reckziegel, gerente de la Cooperativa Agropecuaria Mixta de Montecarlo, quien señaló en una entrevista en LT17 Radio Provincia que la medida podría impactar tanto en los costos de producción como en la capacidad de la industria para sostener su actividad.
Un sector entre la recuperación de precios y la caída productiva
Según lo expuesto, el cultivo de mandioca atraviesa una situación compleja. Por un lado, los precios muestran una mejora significativa: la tonelada de raíz pasó de alrededor de $70.000 el año pasado a $150.000 en la actualidad, con posibilidad de incrementarse si mejoran los rendimientos.
Sin embargo, esa recuperación convive con una fuerte caída en la producción, vinculada a las heladas del año pasado que afectaron las semillas y redujeron la superficie cultivada. A esto se suma el arrastre de precios bajos en ciclos anteriores, que desincentivaron la siembra.
El resultado es un mercado con menor oferta y valores en alza, pero sin un volumen que garantice estabilidad a mediano plazo.
Qué cambiaría con la baja del IVA
El proyecto de reducir el IVA a la harina de mandioca busca equiparar su tratamiento impositivo con otras harinas como las de trigo y maíz.
Para el sector, la medida tendría un doble efecto: por un lado, reduciría la carga fiscal sobre la producción y, por otro, permitiría mejorar la competitividad frente a productos importados.
Reckziegel planteó que, en las condiciones actuales, la fécula proveniente de países vecinos puede resultar más conveniente que la producción local, lo que condiciona el desarrollo de la cadena.
Presión externa y sustitución de insumos
El mercado de la mandioca en Misiones no compite solo a nivel interno. Según lo señalado, Paraguay y Brasil cuentan con un alto potencial productivo, lo que introduce una presión directa sobre los precios y la rentabilidad local.
A su vez, el aumento en el costo de la materia prima impacta en la industria alimentaria, que utiliza derivados de mandioca como insumo. En un contexto de menor consumo, esto puede derivar en la sustitución por alternativas más económicas como el maíz o el arroz.
Esa dinámica agrega un factor de inestabilidad: si la industria migra hacia otros insumos, la demanda de mandioca podría resentirse incluso en un escenario de precios altos.
Presión fiscal y disputa por competitividad
El reclamo del sector pone en evidencia una tensión estructural: la carga impositiva nacional frente a economías regionales que compiten con mercados externos más flexibles.
La iniciativa de bajar el IVA aparece como una herramienta para corregir esa asimetría, en un contexto donde los productores no solo enfrentan costos internos, sino también la competencia directa de países limítrofes.
Al mismo tiempo, el impulso del proyecto refleja un alineamiento entre actores productivos y representación política provincial, con el objetivo de instalar la agenda de economías regionales en el debate nacional.
Producción, empleo y cadena de valor
La mandioca es un cultivo intensivo en mano de obra, lo que amplifica su impacto económico en la provincia. La caída en la producción no solo afecta a los productores, sino también a toda la cadena vinculada, desde la industria hasta la comercialización.
En ese marco, mejorar la competitividad del sector podría incidir en la recuperación de la actividad y en la generación de empleo, aunque su efectividad dependerá de variables más amplias como el consumo y los precios relativos.
El avance del proyecto de reducción del IVA será una de las variables a seguir en el corto plazo. Su aprobación podría modificar la ecuación de costos del sector, pero no resolvería por sí sola los problemas estructurales vinculados a la producción y la competencia externa.
A la par, la evolución de los precios, la disponibilidad de semillas y el comportamiento de la industria alimentaria serán factores clave para determinar si la recuperación actual se consolida o vuelve a tensionarse.
