Industria Argentina

El INTI deja de prestar servicios metrológicos legales y certificaciones

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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso el cese progresivo de la prestación de servicios metrológicos legales y certificaciones vinculadas a instrumentos de medición reglamentados, mediante la Resolución 213/2025, publicada el 30 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial. La decisión redefine el rol operativo del organismo dentro del Sistema Nacional de Aplicación de la Ley 19.511, transfiere en los hechos mayor protagonismo a laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y busca reducir costos, plazos y superposiciones administrativas en el mercado interno. El cronograma de salida se extenderá entre enero y junio de 2026, con impacto directo en industrias, comercios, servicios públicos y actividades donde el control metrológico es obligatorio.

Desburocratización y reordenamiento del sistema metrológico legal

La Resolución RESFC-2025-213-APN-CD#INTI se inscribe en el proceso de simplificación regulatoria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del Decreto 891/2017, que aprobó las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación. En sus considerandos, el Consejo Directivo del INTI reconoce demoras recurrentes en los trámites de aprobación de modelo, verificación primitiva y verificación periódica de instrumentos de medición, así como una “situación de superposición” entre las funciones del propio Instituto y las competencias delegadas a laboratorios de ensayo y organismos de certificación privados acreditados ante el OAA.

El marco normativo que sustenta la medida es amplio. La Ley 19.511 estableció el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y la obligatoriedad de que todo instrumento de medición reglamentado sea sometido a controles oficiales cuando se utiliza en transacciones comerciales, actividades industriales, agropecuarias, mineras, de servicios o en reparticiones públicas. El Decreto 960/2017 reglamentó esa ley y habilitó a la entonces Secretaría de Comercio —hoy Secretaría de Industria y Comercio— a delegar funciones en el INTI y en entidades públicas o privadas acreditadas.

En esa línea, la Resolución de la Secretaría de Industria y Comercio N° 276/2024 amplió formalmente la participación del OAA y de los organismos certificadores acreditados como integrantes del Servicio Nacional de Aplicación, y autorizó a laboratorios privados acreditados a realizar ensayos, certificaciones y verificaciones que antes concentraba el INTI. Según el texto oficial, el sistema cuenta hoy con “una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA” en todo el territorio nacional, lo que permite al Instituto “centrar sus acciones en el marco de Metrología Científica e Industrial”.

En términos institucionales, la resolución redefine el perfil del INTI como articulador del Sistema Nacional de la Calidad, con foco en desarrollo tecnológico, innovación metrológica y elaboración de patrones y muestras testigo, dejando de operar directamente en servicios regulados que el mercado ya puede cubrir bajo esquemas de acreditación.

Qué servicios deja de prestar el INTI y desde cuándo

El artículo 1° dispone la cesación de los servicios regulados y certificaciones detallados en los Anexos I y II, que abarcan tanto actividades de laboratorio de ensayos como de organismo de certificación. Entre los instrumentos alcanzados se incluyen, entre otros:

  • Instrumentos de pesar no automáticos (Resoluciones SCyNE N° 3207/1980 y SIyC N° 25/2025).
  • Instrumentos automáticos para pesaje en movimiento de vehículos de carretera (Resolución SCI N° 492/2022).
  • Medidores de agua potable fría (Resolución SCI N° 402/2020).
  • Medidores de energía eléctrica en corriente alterna (Resolución SCI N° 247/2019).
  • Surtidores de nafta, kerosene y gas oil (Decreto N° 5410/1932 y Resolución SCI N° 50/1989).
  • Termómetros clínicos, etilómetros, cinemómetros, taxímetros, pesas patrón y medidas de capacidad, entre otros.

El cronograma de implementación establece una salida escalonada por regiones:

  • Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): cese efectivo a partir del 31 de enero de 2026, alcanzando a más de 40 municipios.
  • Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán: desde el 30 de abril de 2026.
  • Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe: a partir del 30 de junio de 2026.

La resolución aclara que los convenios, órdenes de trabajo y pedidos de certificación vigentes al momento del dictado de la norma “serán cumplidos y permanecerán vigentes hasta su finalización”, lo que busca evitar disrupciones contractuales y operativas durante la transición.

Asimismo, se instruyó a la Dirección Técnica de Metrología Legal y al Organismo de Certificación del INTI a elaborar un plan de transición que contemple el resguardo documental, la preservación de registros, la publicación de procedimientos técnicos vigentes, la comunicación a usuarios y organismos de control, el inventario del equipamiento y un cronograma de cierre operativo.

Impacto económico, sectores alcanzados y posibles reacciones

La medida tiene implicancias directas para sectores donde la metrología legal es crítica: comercio minorista y mayorista, energía, agua potable, transporte, industria manufacturera, servicios públicos, control de tránsito y actividades de fiscalización. En la práctica, importadores, fabricantes, prestadores de servicios y operadores comerciales deberán canalizar sus trámites de aprobación de modelo y verificaciones a través de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA.

Desde el punto de vista económico, el objetivo explícito es reducir tiempos y costos de transacción, eliminando cuellos de botella administrativos que, según el INTI, “redundan en un perjuicio para los consumidores”. La mayor competencia entre prestadores acreditados podría traducirse en mayor oferta de servicios, plazos más cortos y mayor previsibilidad regulatoria.

En términos institucionales, el reordenamiento consolida un esquema más descentralizado de control metrológico, alineado con estándares de acreditación y supervisión, aunque también plantea desafíos de coordinación y fiscalización para la Autoridad de Aplicación. El rol del OAA y de los organismos certificadores privados se vuelve central, mientras que el INTI redefine su función estratégica dentro del sistema.

Las reacciones esperables incluyen una adaptación progresiva de empresas y organismos de control locales al nuevo esquema, así como un seguimiento atento por parte de sectores regulados que dependen de verificaciones periódicas para operar. La resolución subraya que no implica erogaciones adicionales para el presupuesto del INTI, pero sí una reconfiguración profunda de su oferta de servicios históricos.

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La industria cayó 6% en noviembre y la UIA advierte una crisis profunda en las PyMEs

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La UIA alertó por la crisis de las PyMEs industriales, caída del 6% en noviembre y fuerte impacto de las importaciones chinas

La actividad industrial volvió a encender señales de alarma en noviembre de 2025. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción cayó 6% interanual y 1% mensual, profundizando un escenario de fragilidad que golpea con mayor fuerza a las pequeñas y medianas industrias. La central fabril advirtió que el deterioro se explica por una combinación de menor demanda interna, presión de costos y una creciente competencia de importaciones, especialmente de origen chino, que erosiona la participación de las PyMEs en el mercado local.

El diagnóstico adquiere relevancia política y económica en un contexto de apertura comercial y ajuste macroeconómico, donde la industria aparece como uno de los sectores más expuestos a la desaceleración del consumo y a la pérdida de competitividad.

Industria en retroceso: construcción, autos y energía entre los más afectados

El informe de la UIA, difundido el 26 de diciembre, proyecta una caída generalizada de la actividad industrial durante noviembre, influida también por menos días hábiles debido a feriados, aunque con señales estructurales más profundas. Entre los sectores más golpeados se destacó la construcción, con una baja pronunciada en los despachos de cemento (-7,7%) y en el Índice Construya (-7,1%), reflejo de una demanda interna debilitada.

La industria automotriz también mostró un desempeño negativo: la producción de vehículos cayó 22%, afectada tanto por los feriados como por la retracción de las ventas internas. En el rubro bebidas, la producción descendió 6,9%, mientras que el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales registró una baja del 5,8%, un indicador clave del menor nivel de actividad fabril.

Pese a este escenario contractivo, el reporte identificó algunos datos puntuales en terreno positivo. El patentamiento de maquinaria industrial creció 0,9%, y la producción de acero avanzó 0,4%, aunque sin alcanzar niveles suficientes para revertir la tendencia general.

PyMEs en situación crítica y presión de importaciones

La UIA subrayó que la crisis impacta de manera desigual entre los distintos segmentos productivos. “La heterogeneidad sectorial es notable”, señaló el informe, al indicar que solo la refinación de petróleo y la producción de motos lograron recuperar niveles de 2022. En contraste, las pequeñas y medianas industrias enfrentan un panorama mucho más delicado.

Según el relevamiento, las PyMEs acumulan una caída de producción del 4,1% y una retracción del empleo del 4,6% en el tercer trimestre de 2025, cifras que confirman un deterioro sostenido de su capacidad operativa. Además, el 81% de las PyMEs reporta presión de costos, mientras que el 37% perdió participación en el mercado interno debido a la competencia importada, con especial énfasis en productos provenientes de China.

Los indicadores de producción y de confianza empresarial continúan ubicados en zona contractiva, lo que refleja un entorno adverso para la inversión, la planificación y la recuperación del empleo industrial. Para la central fabril, este fenómeno no solo compromete el presente del sector, sino también su sostenibilidad a mediano plazo.

Comparación histórica y desafíos estructurales

En perspectiva histórica, la UIA advirtió que la actividad industrial se mantiene 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, lo que da cuenta de una recuperación incompleta tras los shocks de los últimos años. Si bien la producción industrial acumulada hasta octubre de 2025 muestra un crecimiento del 3,1% interanual respecto de 2024, el nivel sigue siendo inferior al registrado en 2023.

Algunos sectores, como bienes de capital e insumos para la construcción, exhiben un desempeño relativamente mejor, aunque todavía lejos de los máximos alcanzados dos años atrás. En ese marco, el informe concluye que la industria argentina enfrenta desafíos estructurales que requieren atención para evitar una profundización del proceso de desindustrialización y sentar las bases de una recuperación sostenible.

La advertencia de la UIA pone el foco en el delicado equilibrio entre apertura comercial, competitividad interna y preservación del entramado productivo, especialmente de las PyMEs, que concentran una parte significativa del empleo industrial.

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La actividad económica volvió a caer en octubre y profundiza su comportamiento en serrucho

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La actividad económica volvió a mostrar señales de fragilidad en octubre, con una caída mensual del 0,4% en términos desestacionalizados, según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). Si bien el nivel de actividad se ubicó un 3,2% por encima del mismo mes de 2024 y acumula un crecimiento interanual del 5,0% en los primeros nueve meses del año, el informe de la consultora Ecolatina advierte que el proceso electoral introdujo un escenario de mayor incertidumbre financiera que impactó de lleno en las decisiones de producción, inversión y consumo.

El desempeño reciente confirma un comportamiento en “serrucho” de la economía, con avances puntuales seguidos de retrocesos, y con una dinámica sectorial cada vez más heterogénea. Mientras algunos rubros muestran mejoras moderadas, los sectores más intensivos en empleo continúan rezagados, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la recuperación.

Un crecimiento sostenido por pocos sectores y con fuerte reversión financiera

En octubre, solo seis de los catorce sectores relevados por el EMAE registraron subas, aunque de magnitud acotada. El mayor avance correspondió al comercio (+1,4%), seguido por la extracción de minas y canteras (+0,6%) y el transporte y las comunicaciones (+0,4%). En contrapartida, las principales caídas se concentraron en intermediación financiera (-9,4%), industria (-0,8%) y construcción (-0,5%).

El informe de Ecolatina remarca que el crecimiento acumulado del EMAE en 2025 estuvo fuertemente explicado por el desempeño de la intermediación financiera. En septiembre, este sector había mostrado un salto del 12% mensual, impulsado por la ampliación del margen entre la tasa activa y la tasa pasiva del sistema bancario, lo que elevó la rentabilidad de las entidades financieras. Sin embargo, ese impulso respondió a un efecto precio, asociado al aumento del spread de tasas, y no a una mayor profundización financiera ni a un incremento de los depósitos.

En octubre, ese fenómeno se revirtió abruptamente, con una caída cercana al 9%, pese a que las tasas se mantuvieron elevadas durante buena parte del mes. De hecho, el análisis señala que, excluyendo la intermediación financiera, la actividad económica habría mostrado una caída acumulada del 1,5% en lo que va del año, lo que evidencia la debilidad subyacente del resto de los sectores productivos.

Industria, construcción y consumo: señales persistentes de enfriamiento

Más allá del dato puntual de octubre, a lo largo de 2025 se consolidó un patrón claro: retroceso en los sectores con mayor demanda de mano de obra, frente a un mejor desempeño relativo de los sectores primarios. La industria manufacturera acumula una caída del 4,8% en el año, afectada por la mayor apertura de importaciones, mientras que el comercio retrocede un 2,0% en el mismo período.

En términos interanuales, solo tres sectores presentaron variaciones negativas, pero con señales persistentes. La industria (-2,7%) acumuló cuatro meses consecutivos de caídas, la administración pública (-0,8%) mostró retrocesos durante todo el año como resultado del ajuste del Estado nacional, y hoteles y restaurantes (-1,0%) se ubicaron por debajo del nivel de octubre de 2024 por primera vez en 2025.

Los indicadores adelantados refuerzan este diagnóstico. En construcción, el Índice Construya cayó 7,1% mensual (-5,5% interanual) y los despachos de cemento se redujeron 4,7%. En la industria automotriz, la producción de vehículos cayó 8,8% mensual, mientras que el patentamiento de 0 km retrocedió 2,3%, acumulando cuatro meses consecutivos de bajas.

El consumo tampoco logra revertir la tendencia: en noviembre, las ventas minoristas PYME cayeron 9,1% mensual, y el crédito al consumo, si bien mantiene un crecimiento interanual del 50,6%, desacelera mes a mes y registró una baja del 1,4% mensual.

Perspectivas: crecimiento acotado y sostenido por arrastre estadístico

Según Ecolatina, el contexto de elevada incertidumbre electoral fue determinante para explicar la volatilidad observada en los últimos meses, con impacto directo sobre las variables financieras y las decisiones de inversión. Septiembre mostró un desempeño mejor al esperado, pero octubre, en pleno mes electoral, volvió a exhibir un freno en la actividad.

De cara a los próximos meses, los indicadores disponibles no anticipan una recuperación significativa. Con el desempeño reciente, la consultora proyecta que el crecimiento promedio de la economía en 2025 apenas superará el 4%, explicado en gran medida por el arrastre estadístico de 2024, en un escenario donde la actividad tendería a mantenerse prácticamente estable.

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El dólar mejora, pero no alcanza: la mirada industrial sobre las nuevas bandas del BCRA

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La decisión del Banco Central (BCRA) de actualizar las bandas cambiarias desde 2026 fue recibida con cautela por el sector industrial. Si bien los industriales reconocen que el nuevo esquema mejora respecto del régimen previo y evita una apreciación persistente del tipo de cambio real, advierten que el dólar, por sí solo, no alcanza para recomponer la competitividad sin una política productiva integral que atienda costos, tecnología y estructura sectorial.

A partir del 1° de enero de 2026, el BCRA ajustará mensualmente las bandas de flotación en función del último dato de inflación informado por el INDEC, con dos meses de rezago. En paralelo, pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base prevé elevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, lo que podría abastecerse con compras de hasta u$s10.000 millones, extensibles a u$s17.000 millones si la demanda de dinero creciera un punto adicional del producto.

El nuevo esquema cambiario y sus límites para la industria

Desde la óptica industrial, la corrección del esquema de bandas representa un alivio parcial. Federico Poli, economista y director de la consultora Sistémica, sostuvo que el régimen anunciado “puede leerse como una mejora respecto del vigente” y que, “en el mejor de los casos, podrá evitar, con rezagos temporales, que la moneda local siga apreciándose”. En su análisis, la indexación permitiría recuperar competitividad en el largo plazo, aunque al ritmo de la inflación internacional.

Sin embargo, Poli advirtió que el anuncio también puede interpretarse como una oportunidad perdida. Señaló que no se avanzó hacia un esquema de flotación que permita corregir la apreciación acumulada del tipo de cambio y remarcó que el valor del dólar debería ser determinado por el mercado y no por decisiones administrativas. “Su determinación es extremadamente compleja y depende de múltiples factores difíciles de prever”, explicó.

En el plano macroeconómico, el economista destacó que la estabilidad de precios es una condición necesaria para el crecimiento y reconoció avances en materia de desregulación que “permitieron reducir costos a partir de una mayor competencia y desburocratización”. No obstante, subrayó que la producción enfrenta hoy un escenario “complejo”, en el que las necesidades del sector productivo quedaron relegadas frente a la urgencia de la estabilización macroeconómica.

Entre los factores que afectan la competitividad, Poli mencionó políticas de incentivo a las importaciones vinculadas a la aduana, como el relajamiento de normas de seguridad, sanitarias y fitosanitarias, la eliminación de precios de referencia y la menor presencia del sector privado. A ello se suma la quita del Impuesto PAIS, que redujo el tipo de cambio real de importación, y el mantenimiento de retenciones junto con la falta de devolución de impuestos como el IVA y los reintegros, que continúan “castigando” a las exportaciones industriales.

Estructura productiva, RIGI y el debate de fondo

El debate trasciende el nivel del dólar y se inserta en una discusión más amplia sobre el perfil productivo del país. Poli remarcó que la Argentina no puede sostenerse únicamente sobre sectores primarios como el agro, el petróleo, el gas o la minería. “Somos una economía de tamaño medio, con 46 millones de habitantes y un tejido productivo diverso”, afirmó, y sostuvo que la industria es clave para el empleo, la innovación tecnológica y la seguridad de abastecimiento.

En ese marco, consideró un “contrasentido histórico” debilitar la base industrial en un contexto global en el que China refuerza su estructura productiva y Estados Unidos “reconoce como un error haberla perdido en los años noventa”. Por eso, planteó la necesidad de un diálogo del Gobierno con las cadenas de valor para identificar problemáticas específicas y diseñar políticas activas de competitividad, especialmente frente a la aceleración de la digitalización y la inteligencia artificial.

Una mirada complementaria aportó Cristian Desideri, exministro de Producción de la provincia de Santa Fe, quien calificó al nuevo techo de la banda como “más razonable que el esquema anterior”, pero advirtió que confiar en el tipo de cambio como única herramienta es un error conocido. “Pensar que solo por la mejora del tipo de cambio aumentarás la competitividad industrial es una condición necesaria, pero no suficiente”, afirmó, y enumeró problemas estructurales de escala, déficits tecnológicos y logísticos en distintas cadenas de valor.

Desideri introdujo además el debate sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Bases, como el instrumento elegido para la transformación de la estructura productiva. Trazó un paralelismo con el modelo peruano de los años noventa, impulsado para desarrollar el sector del cobre, que inicialmente fortaleció proveedores locales pero terminó derivando en un régimen con beneficios impositivos extendidos, baja demanda de empleo y escaso compromiso local.

Según su análisis, el RIGI argentino replica esa lógica, con un piso de inversión de u$s200 millones orientado principalmente a gas, energía no convencional y minería. “Se orientan a la especialización de eslabones cortos y no a la diversificación de productos de eslabones largos”, explicó, y advirtió que, sin valor agregado, la economía queda expuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales. En ese contexto, afirmó no visualizar “un interés por lo industrial en su concepción integral”, sino “una ventanilla de ingreso de dólares de exportación”.

Actividad industrial, empleo y señales de alerta

Las advertencias del sector llegan en un momento de debilidad de la actividad. Según FIEL, la industria manufacturera cayó 6,1% interanual en noviembre, el peor registro en 16 meses, con fuertes bajas en químicos, plásticos y neumáticos. La industria automotriz mostró la contracción más profunda, afectada por la menor producción, la caída de ventas y el retroceso de exportaciones a Brasil. Aunque hubo una mejora desestacionalizada del 0,4%, el índice industrial acumula en 2025 una caída de 0,5%.

La metalurgia tampoco logra revertir la tendencia. En noviembre, la actividad cayó 4,2% interanual y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, según ADIMRA. El impacto es más severo en las pymes, que cuentan con menor espalda financiera para atravesar el proceso. “Eso deriva en suspensiones, despidos y cierres de empresas”, advirtió Daniel Rosato. En la provincia de Buenos Aires, la utilización de la capacidad instalada promedió 58% entre enero y octubre, casi seis puntos por debajo del promedio de la última década.

En este escenario, desde la Confederación General Empresaria Argentina (CGERA), Marcelo Rodríguez coincidió en que un tipo de cambio más alto puede aportar competitividad, pero relativizó su efecto. “El dólar alto ayuda cuando está extremadamente alto, pero hoy no creo que sea el factor que frene importaciones”, afirmó. Además, advirtió que si la banda acompaña a la inflación, el impacto puede diluirse rápidamente: “Si el dólar llega a $1.600, puede no significar nada y hasta aumentar costos para la industria”.

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“Nadie se salva solo”, la cruda queja de Fachinello por la crisis forestal

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La forestoindustria de Misiones en alerta, Guillermo Fachinello advierte crisis preventiva y el caso Linor expone el derrumbe del mercado

El presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, advirtió que numerosas empresas de Misiones y el norte correntino evalúan ingresar en “crisis preventiva” por la presión fiscal, el derrumbe del consumo y la ausencia de respuestas nacionales. El caso de Linor SRL —que despidió a 38 trabajadores y podría cesar a otros diez— ilustra la gravedad del parate productivo en la región.

Un sector al límite: presión fiscal, demanda en retroceso y falta de respuestas

La forestoindustria del NEA transita uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Así lo definió Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes (APICOFOM), quien describió un escenario de asfixia económica para las pequeñas y medianas industrias del sector.

Tuvimos un diálogo muy amplio con el gobierno nacional, pero con muy pocas respuestas”, señaló en declaraciones a Radio UP de Posadas, al referirse a la falta de medidas que permitan sostener la actividad. La presión impositiva en todos los niveles, las tasas de interés elevadas, la caída del mercado interno y la ausencia de incentivos a la producción se combinan en un esquema que, según afirmó, “ahoga a las empresas”.

La advertencia llega en un contexto donde los indicadores financieros internos se deterioran aceleradamente. Fachinello mencionó el aumento de cheques sin fondos, el endeudamiento forzoso para cubrir salarios y un diferencial estructural que golpea más fuerte al interior productivo: “No es lo mismo trabajar en el país central o en sectores como el minero que en nuestras economías regionales, donde no tenemos gas de red y estamos lejos de los puertos”, graficó.

El dirigente insistió en que la política de déficit cero, sin herramientas compensatorias para las economías regionales, empuja a muchas fábricas hacia un camino sin retorno. “Esta crisis se veía venir. Fuimos criticados por nuestros diagnósticos, pero hoy estamos con la foresto-industria y la yerba mate en estados muy complejos, sin saber cómo salir”, alertó.

Con una capacidad instalada funcionando al 50%, el panorama para los primeros meses de 2024 es desalentador. “Enero y febrero van a ser muy duros. Muchas empresas evalúan entrar en crisis preventiva.”

Además de reclamar la agilización de devoluciones fiscales y la revisión de tasas municipales, Fachinello subrayó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional. Aun reconociendo el diálogo con la Provincia, sostuvo: “Valoramos los programas vigentes, pero ya no alcanza”.

Su mensaje final fue un llamado al trabajo conjunto: “La única manera de salir adelante es gestionando juntos. Nadie se salva solo.”

Linor SRL: el caso testigo que pone rostro a la crisis

La situación que describió Fachinello se refleja de manera contundente en lo ocurrido este fin de semana en el municipio de Azara. La empresa Linor SRL, una de las plantas forestales más relevantes de la zona por su volumen, empleo y capacidad logística, despidió a 38 trabajadores y evalúa cesar a otros diez. La compañía opera hoy al borde de la paralización total.

El mensaje interno que circula entre los operarios es sintético pero devastador: “No se vende nada.”

La firma, que llegó a emplear cerca de 100 personas y a abastecer a grandes compañías nacionales, se vio arrastrada por el combo de factores que golpea a toda la forestoindustria: derrumbe del consumo, freno de la construcción, caída de pedidos para pallets y productos industriales, incremento de costos operativos y tarifas, y una logística encarecida por la distancia a los puertos.

No es la primera señal de alarma. En mayo, el dueño de la empresa, Juan Carlos Lorenzo, protagonizó un video que recorrió toda la provincia. Rodeado de sus operarios, les decía: “No laburen, muchachos. Cerramos esto y cobran cuando esto se remate.”

Lo que parecía un episodio extremo terminó siendo un anticipo del colapso que hoy se materializa. Y su impacto excede a los trabajadores despedidos: proveedores, transportistas, comercios locales y familias enteras dependen de este aserradero en un municipio donde las alternativas laborales son escasas.

Una economía provincial que no tracciona y una urgencia que crece

El caso Linor SRL se suma a un entramado provincial frágil. La yerba mate atraviesa una crisis histórica con industrias detenidas y productores que evalúan suspender la zafriña. El turismo muestra señales de enfriamiento por la pérdida de poder adquisitivo. La construcción, motor del empleo en zonas urbanas y rurales, se encuentra casi paralizada. Y el comercio —desde minoristas hasta cadenas nacionales— enfrenta cierres, concursos y despidos.

Para la forestoindustria, históricamente uno de los pilares de la economía misionera, la situación es particularmente delicada: la dependencia de la construcción, la distancia logística y la competencia importada generan un cóctel explosivo para las PYMES.

Los reclamos empresariales apuntan a medidas urgentes y específicas: Líneas de crédito accesibles para capital de trabajo. Políticas de emergencia para PYMES industriales. Incentivos a la exportación ante el atraso cambiario. Revisión del ingreso de productos importados. Reducción de cargas fiscales en todos los niveles.

La narrativa que atraviesa a todo el sector es clara: si no se generan ventas ni demanda interna, no habrá manera de sostener empleo, producción ni inversiones.

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