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Ganancias: el Gobierno achica la lista de “jurisdicciones no cooperantes” y abre una ventana fiscal para exportadores

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El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 398/2026, mediante el cual modifica la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para actualizar el listado de “jurisdicciones no cooperantes” a los fines tributarios. Al remover a la República de Filipinas, la República de Madagascar y la República de Trinidad y Tobago de la nómina —tras convalidar su estatus de transparencia ante la OCDE—, la medida reduce el costo impositivo por retenciones a empresas globales. Para los grandes consorcios foresto-industriales y las corporaciones yerbateras de Misiones que triangulan operaciones o importan bienes de capital, la normativa morigera la carga sobre los flujos de divisas, redefiniendo las matrices de planificación fiscal y de precios de transferencia.

La decisión del Gobierno nacional de excluir a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago del listado de “jurisdicciones no cooperantes” en materia tributaria modifica el mapa de riesgos fiscales para empresas argentinas con operaciones internacionales y puede tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del NEA, especialmente yerba mate, forestoindustria y comercio exterior.

El Decreto 398/2026 actualizó la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y redefinió el universo de países considerados de baja cooperación fiscal. La medida responde a cambios en los estándares de intercambio de información promovidos por la OCDE y el Consejo de Europa. Para el sector privado, el dato central es que operar con empresas radicadas en esos países dejará de tener el tratamiento tributario agravado que rige para las jurisdicciones consideradas opacas.

En términos prácticos, esto reduce contingencias fiscales vinculadas a precios de transferencia, deducciones y controles sobre operaciones internacionales. Para economías regionales con creciente búsqueda de mercados alternativos, el movimiento no es menor.

Qué cambia para las empresas exportadoras

Las “jurisdicciones no cooperantes” son países que no intercambian información tributaria con Argentina o no cumplen estándares internacionales de transparencia. Cuando una firma argentina opera con compañías radicadas en esos territorios, ARCA y el sistema tributario aplican controles más estrictos y presunciones fiscales más gravosas.

Con la salida de tres países del listado: Se alivian requisitos de fiscalización sobre determinadas operaciones internacionales. Mejora la previsibilidad tributaria para exportadores y traders. Disminuye el riesgo de ajustes fiscales sobre estructuras comerciales vinculadas a esos mercados. Y se reduce el costo administrativo asociado a reportes y validaciones.

Para Misiones, donde muchas empresas medianas comenzaron a explorar mercados fuera del eje tradicional Mercosur-China-Estados Unidos, la señal tiene lectura estratégica. La provincia necesita diversificar destinos ante la desaceleración del consumo interno y la presión de costos logísticos.

Aunque el decreto no menciona economías regionales, la actualización tributaria tiene implicancias sobre el entramado exportador.

La industria tealera y yerbatera misionera viene buscando nuevos compradores en Asia y mercados emergentes. Filipinas, que deja de ser considerada “no cooperante”, aparece como un mercado potencialmente más accesible desde el punto de vista financiero y documental.

Para la forestoindustria ocurre algo similar. Empresas madereras del NEA operan frecuentemente mediante traders internacionales o estructuras logísticas trianguladas. Cuando esas operaciones involucran jurisdicciones observadas por el fisco, el costo financiero y legal aumenta.

La modificación también puede favorecer: Operaciones de financiamiento internacional. Apertura de cuentas y acuerdos bancarios. Menores alertas de compliance tributario. Mayor competitividad administrativa frente a exportadores brasileños o paraguayos.

La señal política detrás del decreto

El Gobierno sostiene una estrategia de alineamiento con estándares OCDE y de integración financiera internacional. La actualización del listado apunta a mostrar una Argentina más compatible con reglas globales de intercambio fiscal y menos aislada del sistema financiero internacional.

El movimiento también busca reducir fricciones para inversiones y operaciones internacionales privadas, especialmente en un escenario donde el Ejecutivo necesita aumentar generación genuina de divisas.

El dato que sigue de cerca el mercado es otro: la lista todavía mantiene a 72 jurisdicciones bajo observación. Entre ellas aparecen Bolivia, Cuba, Surinam, Irán y varios países africanos y asiáticos. Eso implica que los controles fiscales sobre operaciones internacionales seguirán siendo relevantes para empresas exportadoras.

La actualización del listado no cambia por sí sola la competitividad exportadora del NEA. El problema estructural sigue siendo logístico, cambiario y tributario. Pero sí muestra una tendencia: el Gobierno avanza hacia un esquema de menor intervención y mayor integración financiera internacional.

Para Misiones, donde el crecimiento exportador depende de abrir mercados y bajar costos ocultos, cada flexibilización regulatoria suma. El desafío es si esa apertura fiscal será acompañada por infraestructura, financiamiento y alivio impositivo que permitan transformar ventajas productivas en competitividad real.

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Forestales denuncian “una de las peores crisis de los últimos años” por importaciones y costos

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Las pequeñas y medianas empresas del sector foresto-industrial de Misiones denuncian estar atravesando “una de las crisis más profundas de los últimos años”, con plantas operando al 40% de su capacidad, caída del consumo y riesgo concreto de cierres que comprometen miles de empleos. En ese contexto, el empresariado no solo describe un escenario crítico, sino que respalda explícitamente la necesidad de establecer condiciones fiscales, energéticas y logísticas especiales para la provincia, en línea con los planteos que Misiones viene sosteniendo ante Nación.

El comunicado del sector forestal pyme es categórico: la situación ya no es coyuntural ni sectorial, sino estructural. La industria atraviesa una fuerte pérdida de competitividad que impacta en toda la cadena: desde productores primarios y viveros hasta prestadores de servicios, profesionales y trabajadores.

“Con plantas trabajando en promedio al 40 % de su capacidad, caída sostenida del consumo y un número creciente de establecimientos que evalúan el cierre, la continuidad de miles de puestos de trabajo y de toda la cadena foresto-industrial de Misiones se encuentra hoy seriamente amenazada”.

La advertencia no es menor: el sector es uno de los pilares productivos de la provincia y su deterioro tiene efectos multiplicadores sobre el empleo, el arraigo rural y el entramado industrial.

Uno de los principales factores señalados es la competencia con productos importados, provenientes de países con menores costos estructurales.

“La pérdida de competitividad frente al ingreso de productos forestales importados, provenientes de países con condiciones impositivas, energéticas, logísticas y financieras sustancialmente más favorables”, es insostenible, advierten.

El diagnóstico apunta directamente a un desbalance en las reglas de juego: mientras la industria local enfrenta una alta carga tributaria y costos elevados, compite con economías con menor presión fiscal, energía más barata, financiamiento accesible e incluso subsidios estatales.

A esto se suma un factor estructural clave: Misiones es una provincia de frontera en el 90% de su territorio, lo que intensifica la competencia con Paraguay y Brasil, donde los costos son significativamente más bajos.

En este contexto, el sector respalda con claridad la necesidad de políticas diferenciales para corregir asimetrías.

“Misiones presenta una realidad productiva particular que requiere tratamientos diferenciales en materia impositiva, energética y de incentivos”

Este punto se alinea con el reclamo histórico de la provincia ante el Gobierno nacional: la necesidad de un esquema especial que contemple su condición fronteriza, su matriz productiva y su desventaja logística respecto de los grandes centros de consumo.

El documento detalla una hoja de ruta concreta para salir de la crisis, con medidas que apuntan a recuperar competitividad:

  1. Energía: tarifas diferenciales para la industria.
  2. Combustible y logística: precios especiales para actividades intensivas en transporte.
  3. Carga impositiva: revisión de tributos nacionales que encarecen la producción.
  4. Importaciones: revisión de aranceles mientras no haya condiciones equitativas.
  5. Ley 25.080: revisión del régimen de promoción forestal para evitar distorsiones.

Se trata de un paquete integral que combina política fiscal, energética y comercial, con el objetivo de sostener el entramado productivo.

El ingeniero forestal Nicolás Ocampo, una de las voces del sector, sintetiza el espíritu del reclamo: no se trata de subsidios, sino de condiciones justas. “No queremos regalos, queremos trabajar”

El planteo apunta a un equilibrio competitivo: si el país avanza en una apertura económica, el sector exige que se corrijan las asimetrías internas que dejan a las pymes en desventaja

El documento también contiene una crítica directa a las políticas nacionales, particularmente en materia de importaciones y presión tributaria. “Nos piden esfuerzo diciendo que en unos años la cosa mejora, pero permiten importaciones de productos forestales de países con menor carga impositiva, menor costo de combustible y energía”, señalan.

La advertencia es contundente: sin correcciones, el modelo podría derivar en la desaparición de pymes y productores. “Están haciendo todo lo posible para que las pymes se fundan y pequeños y medianos productores se vayan de sus chacras”. Incluso se plantea un contraste con esquemas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que -según el sector- podría favorecer a grandes capitales en detrimento del entramado local.

El análisis del sector distingue entre los niveles de responsabilidad:

  • A nivel nacional, apuntan a la presión tributaria, la apertura de importaciones y la falta de condiciones competitivas.
  • A nivel provincial, reconocen la necesidad de recaudar, pero cuestionan los mecanismos de retención.
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