Inflaciòn

Claves que abren el debate sobre la independencia monetaria y los límites al poder político en la reforma del BCRA

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central comenzó a instalar uno de los debates económicos e institucionales más relevantes de los últimos años. El Gobierno nacional sostiene que el objetivo es impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público mediante emisión monetaria, consolidando un marco legal que preserve el valor de la moneda. Sin embargo, detrás del consenso que genera la necesidad de fortalecer la estabilidad macroeconómica aparecen múltiples interrogantes sobre el alcance real del proyecto y sus posibles efectos de largo plazo.

Según el portal iProfesional el mercado financiero está digiriendo los lineamientos fundamentales del proyecto para reformar al Banco Central. Según declaración de intenciones de Javier Milei, servirá para que nunca más un gobierno despilfarrador pueda incurrir en déficits que luego son financiados con “la maquinita”.

Sin embargo, la propuesta sobra la nueva Carta Orgánica ya está despertando debates entre los expertos, que creen que hay riesgos ocultos en la “letra chica”. A continuación, un listado sobre las principales dudas que se plantearon sobre la reforma.

¿El desempleo no tiene nada que ver con el BCRA?

El presidente Milei considera una aberración el hecho de que la Carta Orgánica le asigne a una herramienta (el BCRA) una gran cantidad de objetivos, que incluso pueden ser contradictorios entre sí. Es por eso que propone que, en la reforma, se defina que el Central sólo debe preservar el valor de la moneda.

Sin embargo, no es necesariamente un tema que genere consenso a nivel mundial. En países que han sufrido el trauma de desempleos muy elevados, también se incluye la consecución del pleno empleo como objetivo de los bancos centrales.

Entre ellos, destaca el caso nada menos que de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en una enmienda de 1977 a su ley fundacional agregó expresamente que el cuidado del empleo está entre sus misiones fundamentales. De hecho, a la hora de tomar las decisiones sobre modificación de tasas de interés, uno de los indicadores clave en el análisis de la FED es el ritmo de creación de empleo.

Esto obedece a que, según los economistas que estudiaron la crisis de los años 30, la excesiva contracción monetaria fue un factor que agravó la recesión. Uno de los que argumentaron en ese sentido fue Milton Friedman, de quien Milei es declarado admirador.

¿Siguen vigentes los “regalos” del BCRA al Tesoro?

Hubo una chicana inmediata que plantearon los críticos de Milei luego de que éste publicara su propuesta: se plantea la conveniencia de prohibir medidas que este mismo gobierno ha adoptado. Eso, desde el punto de vista político, podría restarle credibilidad al gobierno a la hora del debate.

Concretamente, lo que se critica es el traspaso de utilidades desde el BCRA al Tesoro, basadas en ganancias contables, por activos que sólo se habían valorizado por efecto de la inflación.

Hace poco más de un mes, se anunció que la institución presidida por Santiago Bausili le transferiría $24,4 billones, mientras el Tesoro le devolvería sólo $18,4 billones para sacarle el “clavo” de las letras intransferibles y se quedaría con $6 billones netos, que le sirven para comprar dólares.

Esa ganancia que reflejó el balance del Central fue posible gracias a la valorización de títulos en la cartera del BCRA, como las letras intransferibles que le había colocado el Tesoro durante la anterior gestión del peronismo. El hecho de que durante el año pasado se haya generado una inflación de 31,5% mientras la cotización del dólar subió un 42% genera una valorización de ese “activo”.

Como el propio ministro Toto Caputo reconoció en su comunicado, las letras intransferibles son, en realidad, un activo ilíquido y sin valor de mercado, que el BCRA había sido forzado a recibir, a cambio de dólares, que son un activo líquido y valioso.

Los economistas críticos hablaron de “maquillaje contable” y de un regreso de la “maquinita de emitir pesos”. Es decir, una acusación que choca de frente contra el discurso oficial, que habla de una reducción de la deuda del Tesoro y de un saneamiento en el balance del BCRA.

Y la propuesta de Milei no llega a eliminar por completo la asistencia al Tesoro, sino que la limita a la cancelación de deudas. A primera vista, eso liberaría de la responsabilidad penal por emisión al directorio del BCRA.

¿Un resquicio para la emisión mediante la compra de deuda?

Milei señala la necesidad de terminar con el vicio de la emisión sin respaldo, pero hay analistas que destacan que no sólo con “la maquinita” se expande la cantidad de dinero, sino que también hay formas indirectas, como la compra de títulos de deuda por parte del Banco Central.

De hecho, hoy es una práctica común que la entidad dirigida por Santiago Bausili intervenga en el mercado secundario. Muchas veces, el sentido de esa intervención es incidir en el tipo de cambio, ya sea mediante la compra o la venta de bonos “dólar linked”.

El efecto de esa política es, de hecho, inyectar o retirar pesos del mercado. Por ejemplo, ha sido una situación repetida en las últimas semanas la venta de bonos antes de las licitaciones del Tesoro. De esa manera, el BCRA retira liquidez y, al mismo tiempo, contiene la cotización del dólar, con lo cual ayuda al Tesoro a que aumente el atractivo de sus colocaciones de deuda en pesos.

Es, por otra parte, un tema sobre el que los economistas no se ponen de acuerdo. Hay quienes sostienen que el BCRA sí debe contar con el permiso para comprar deuda, porque es una garantía para evitar que haya corridas por crisis de confianza sobre un default de los bonos.

¿Autonomía del BCRA o una mayor dependencia del presidente?

Otro tema polémico es cómo debe protegerse la independencia del directorio del BCRA respecto del poder político. En los hechos, todos los gobiernos, incluido el de Milei, han usado al Central como una oficina dependiente del presidente, y han interferido en su gestión.

El ejemplo más recordado fue la expulsión, por decreto, de Martín Redrado durante el gobierno de Cristina Kirchner, porque el titular del BCRA se negaba a transferir reservas a un fondo dependiente del gobierno.

Pero no sólo el peronismo violentó la autonomía del Central: también durante el macrismo hubo injerencias. Ya el primer mes, hubo presión sobre Federico Sturzenegger para que se pusiera tope a un movimiento alcista del dólar. Y a los dos años, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció el fin del régimen de metas de inflación.

Lo que Milei plantea como solución es que se necesite una mayoría especial del Congreso -dos tercios de ambas cámaras- para remover a los directores, una cantidad de votos muy difícil de obtener. Pero, en contraste, no modifica el método actual para el nombramiento, que es mucho más laxo, a tal punto que hay directores designados “en comisión”, sin el aval del Senado.

Al respecto, Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado del peronismo, dio una pista sobre cuál será el argumento opositor: “Si avanzara la propuesta de reforma oficialista, la asimetría entre el proceso de designación y el de remoción sería tan abismal que consolidaría la discrecionalidad presidencial”. Desde ese punto de vista, el presidente pondría a las autoridades del BCRA a su antojo y por decreto, mientras que al Congreso le resultaría casi imposible removerlas.

¿Quién detendrá a las cuasimonedas provinciales tras cambios en el BCRA?

Uno de los argumentos fundamentales de Milei es que con una reforma de la Carta Orgánica del BCRA no solamente se pondría coto a la propensión de los políticos por el déficit fiscal nacional, sino que también funcionaría como disciplinador de los gobiernos provinciales y municipales.

Sin embargo, muchos analistas suelen recordar que, ante situaciones de crisis de caja, los gobiernos provinciales pueden volver a emitir cuasi monedas. De hecho, ocurrió con La Rioja durante el primer año de la gestión Milei, y otras provincias grandes, como Buenos Aires y Córdoba, amenazaron con hacer lo mismo si desde la Casa Rosada no se regularizaban las transferencias de recursos.

Las cuasi monedas son, desde el punto de vista técnico, bonos y no dinero, dado que tienen una fecha de vencimiento, a la cual deben ser rescatados por el gobierno provincial. Eso es lo que hace que, por más que se reforme carta orgánica -de hecho, aunque el BCRA fuera eliminado- podrían seguir existiendo.

A lo sumo, lo que puede hacer el gobierno para desalentar su emisión es que ARCA no acepte las cuasimonedas para para el pago de impuestos -algo que sí se permitió en la crisis de 2001-, pero no es un riesgo que la reforma del Banco Central pueda hacer desaparecer.

Banco Central: ¿se puede volver todo atrás con una nueva ley?

Desde el punto de vista legal, lo que afirman los abogados es que una nueva carta orgánica no queda blindada por el hecho de que se sancione como ley del Congreso. El argumento es simple: en un próximo gobierno que tenga mayoría, una nueva ley podría sustituir a esta reforma.

Esto es lo que lleva a que algunos defiendan la necesidad de que la reforma esté respaldada por la propia Constitución nacional. Es un argumento que toma como referencia el célebre caso de Perú, que le dio amplia autonomía a su Banco de Reserva como parte de una reforma constitucional sancionada por el presidente Alberto Fujimori luego del autogolpe con el que disolvió el Congreso.

“El fin de la convertibilidad demostró que al cambiar la composición del Congreso, pueden revertir cualquier ley, y la Corte Suprema no ha dado indicios de proteger el derecho de propiedad”, afirmó Agustín Etchebarne, uno de los economistas más afines al gobierno.

¿El modelo peruano es válido para el Banco Central de Argentina?

Finalmente, queda pendiente el debate de fondo: ¿es realmente conveniente una independencia absoluta del Banco Central? Y, en todo caso, ¿es eso posible en un país como Argentina?

Entre quienes se muestran más escépticos figuran economistas que, al inicio de la campaña electoral de Milei, le aconsejaron la dolarización total de la economía. El caso más notorio es el de Emilio Ocampo, quien sostiene que el ejemplo de Perú -en el que aparentemente se basa la nueva reforma- no es aplicable al contexto argentino.

Y una de sus observaciones más polémicas es que la legendaria fortaleza del Banco Central peruano no ocurre “a pesar de” la debilidad de los gobiernos sino, en buena medida, gracias a que los presidentes no cuentan con un poder que les permita interferir en las áreas monetaria y cambiaria.

“La estabilidad monetaria peruana descansa, en gran medida, en la habilidad, el prestigio y la fortaleza técnica de un funcionario excepcional. La debilidad del Poder Ejecutivo actuó como antídoto natural a la anomia institucional. Pero esto introduce una fragilidad estructural. No existe garantía alguna de que el próximo presidente del BCRP preserve el mismo grado de independencia y profesionalismo que el actual. Cuando los resultados dependen más de las personas que de las instituciones, no son necesariamente extrapolables”, afirma el abanderado de la dolarización.

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¿Puede la deuda de 2027 convertirse en un problema para la economía argentina?

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Mientras la economía argentina atraviesa un proceso de estabilización basado en el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la reapertura gradual del crédito, una pregunta comienza a surgir entre empresarios, comerciantes e inversores: ¿qué ocurrirá cuando lleguen los fuertes vencimientos de deuda previstos para 2027?

La preocupación no es menor. Distintas estimaciones privadas ubican los vencimientos de deuda en moneda extranjera para 2027 entre los USD 20.000 millones y USD 24.000 millones, incluyendo compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos multilaterales y títulos públicos emitidos por el Estado nacional.

Según estimaciones publicadas por Infobae, los vencimientos totales en dólares podrían alcanzar los USD 23.621 millones en 2027. De ese monto, aproximadamente USD 8.000 millones corresponderían al FMI, concentrando uno de los mayores desafíos financieros de la actual administración.

Una economía que llega mejor que años anteriores

La diferencia con otros momentos críticos de la historia argentina es que hoy el país muestra algunos indicadores más favorables.

Por primera vez en muchos años, el Gobierno Nacional logró sostener el superávit fiscal, una condición que los mercados consideran fundamental para recuperar la confianza y reducir la necesidad de emitir moneda o tomar nueva deuda.

A su vez, la inflación continúa mostrando una tendencia descendente.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo de 2026 fue del 2,1% mensual, el nivel más bajo de los últimos ocho meses.

La inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanza el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubica en torno al 33,2%.

Aunque estos números siguen siendo elevados para estándares internacionales, representan una mejora significativa respecto a los niveles superiores al 200% anual observados durante 2024.

Por otra parte, el Producto Bruto Interno (PBI) mostró una expansión interanual del 2,3% durante el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por exportaciones e inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

¿Por qué preocupa entonces el 2027?

Porque la deuda no se paga únicamente con voluntad política. Se paga con dólares.

Y allí aparece el principal desafío.

Para afrontar compromisos superiores a los USD 20.000 millones, Argentina necesitará:

  • Continuar acumulando reservas internacionales.
  • Mantener el equilibrio fiscal.
  • Recuperar plenamente el acceso al crédito internacional.
  • Generar inversiones que aporten divisas genuinas.
  • Sostener el crecimiento económico.

Si estos objetivos se cumplen, los vencimientos podrían refinanciarse o afrontarse sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, si el país llega a 2027 con escasas reservas o dificultades para acceder al financiamiento, podrían aparecer tensiones cambiarias y financieras.

¿Qué impacto podría tener en comerciantes y empresas?

Para un comerciante, la deuda pública puede parecer un asunto lejano, pero sus consecuencias pueden sentirse rápidamente en la economía real.

Cuando un país enfrenta dificultades para financiarse suelen aparecer algunos síntomas conocidos:

  • Tasas de interés más elevadas.
  • Menor acceso al crédito.
  • Caída de la inversión privada.
  • Menor consumo.
  • Presión sobre el dólar.
  • Incremento en los costos de reposición.

Por eso, aunque la deuda sea una cuestión macroeconómica, termina impactando en la rentabilidad y planificación de miles de empresas y comercios.

El caso particular del mercado inmobiliario

Dentro de la economía argentina, uno de los sectores más sensibles a la confianza es el inmobiliario.

La recuperación de los créditos hipotecarios durante los últimos meses generó expectativas positivas para desarrolladores, inmobiliarias y familias que buscan acceder a su vivienda.

En este contexto, la pregunta clave no es solamente si Argentina podrá pagar su deuda, sino si podrá sostener un escenario de estabilidad suficiente para que continúen creciendo el crédito, la inversión y las operaciones inmobiliarias.

Si la inflación sigue descendiendo, las tasas se mantienen razonables y el riesgo país continúa bajando, el mercado inmobiliario podría consolidar una nueva etapa de crecimiento incluso en un año exigente desde el punto de vista financiero.

Los indicadores que habrá que seguir

De aquí a 2027 existen tres variables que probablemente anticipen el rumbo económico del país:

  1. Reservas internacionales del Banco Central.
  2. Riesgo país.
  3. Evolución de la inflación y del crédito hipotecario.

Si estas variables continúan mejorando, los vencimientos de deuda podrían convertirse simplemente en un desafío financiero administrable.

Si empeoran, 2027 podría transformarse en una fuente de incertidumbre para toda la economía.

Argentina enfrenta uno de los calendarios de deuda más exigentes de los próximos años.

Sin embargo, la experiencia demuestra que los problemas económicos no aparecen únicamente por el tamaño de la deuda, sino por la capacidad de generar confianza, crecimiento e inversión.

Por eso, más que preguntarse cuánto debe el país en 2027, empresarios, comerciantes e inversores deberían observar si la economía continúa fortaleciendo sus fundamentos.

El verdadero desafío no será solamente pagar la deuda.

Será hacerlo mientras se sostiene el crecimiento económico, el crédito y la generación de oportunidades para el sector privado.


Fuentes consultadas

  • Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
  • Reuters – Crecimiento del PBI argentino, junio 2026.
  • Infobae Economía – Vencimientos de deuda 2027.
  • iProfesional – Calendario de pagos al FMI 2026-2027.
  • Banco Central de la República Argentina (BCRA).
  • Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
  • Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
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El Gobierno aplica una nueva suba de impuestos a los combustibles

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El Gobierno nacional activó un nuevo movimiento en su estrategia fiscal sobre los combustibles: mediante el Decreto 302/2026, firmado el 29 de abril, dispuso aplicar solo una parte de los incrementos pendientes en los impuestos a la nafta y el gasoil durante mayo, mientras difiere el resto hasta el 1° de junio.

La decisión introduce un ajuste acotado —con montos específicos por litro— y vuelve a patear hacia adelante el impacto completo de actualizaciones acumuladas de 2024 y 2025. En un contexto de tensión entre inflación, recaudación y actividad económica, la medida abre una pregunta central: ¿se trata de una señal de prudencia macroeconómica o de una administración política de los precios sensibles?

Un esquema legal que acumula atrasos y parches

El impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se rige por la Ley 23.966, que fija montos en pesos actualizables trimestralmente según el IPC del INDEC. Ese mecanismo, reglamentado por el Decreto 501/2018, establece ajustes automáticos en enero, abril, julio y octubre, con impacto diferido en el tiempo.

Sin embargo, desde 2024 en adelante, el Poder Ejecutivo optó por intervenir esa dinámica: una serie de decretos —entre ellos el 617/2025 y sus sucesivas modificaciones— fueron postergando la aplicación plena de esos incrementos. El resultado es un “stock” de subas acumuladas que no se trasladaron completamente al precio final.

El nuevo decreto se inscribe en esa lógica. Por un lado, fija incrementos parciales para mayo de 2026: en naftas, $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,637 en el tributo al dióxido de carbono; en gasoil, $9,269 y $1,056 respectivamente, más un adicional diferencial de $5,019 en determinadas regiones. Por otro, desplaza al 1° de junio la entrada en vigencia del resto de los aumentos pendientes.

En términos técnicos, no se altera el esquema legal, pero sí su timing efectivo. La actualización automática sigue existiendo en la norma, pero su aplicación real queda sujeta a decisiones discrecionales del Ejecutivo.

Equilibrio fiscal versus ancla inflacionaria

La medida impacta en dos planos simultáneos. Por un lado, sostiene parcialmente la recaudación tributaria en un rubro clave, en línea con el objetivo de consolidación fiscal. Por otro, modera el traslado inmediato a precios en un insumo altamente sensible para la inflación y la estructura de costos de la economía.

El Gobierno explicita ese equilibrio en los considerandos: “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. La fórmula sintetiza una tensión conocida: aumentar impuestos mejora ingresos, pero presiona sobre precios; diferirlos alivia la inflación de corto plazo, pero posterga recursos fiscales.

En ese marco, la decisión de fragmentar los aumentos sugiere una administración fina del calendario económico. Mayo aparece como un mes de transición, con subas parciales que evitan un salto brusco, mientras junio queda marcado como el punto en el que podría materializarse el ajuste completo.

Aunque se trata de una norma técnica, el trasfondo es político. El manejo de los impuestos a los combustibles incide directamente en variables sensibles: inflación, tarifas implícitas y costos logísticos. Por eso, cada postergación o aplicación parcial redefine equilibrios entre el Ministerio de Economía, la política energética y la estrategia general del Gobierno.

El esquema adoptado evita un shock inmediato que podría tensionar expectativas inflacionarias o generar costos políticos en el corto plazo. Al mismo tiempo, mantiene la señal de que los aumentos no se eliminan, sino que se administran.

En términos de correlación de fuerzas, el Ejecutivo retiene control pleno sobre el ritmo de actualización, desplazando en la práctica la automaticidad prevista por la ley. No hay intervención del Congreso en esta dinámica, lo que refuerza el carácter centralizado de la decisión.

Un calendario abierto y sin resolución definitiva

El decreto no cierra el problema de fondo: solo reprograma su impacto. El traslado de los incrementos pendientes a junio deja abierta la incógnita sobre si ese plazo será definitivo o volverá a modificarse.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en dos variables: la evolución de la inflación y la necesidad fiscal. Si la presión sobre los precios se mantiene, el Gobierno podría verse tentado a extender nuevamente los diferimientos. Si, en cambio, prioriza la recaudación, junio podría marcar un ajuste más pleno.

En esa tensión se juega algo más que un impuesto: la consistencia entre el discurso de disciplina fiscal y la gestión política de precios clave. Por ahora, la decisión no resuelve esa disyuntiva. La posterga.

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Alimentos desaceleran y proyectan inflación de 2,8% en abril

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En la tercera semana de abril, los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,5% en supermercados de todo el país, según un relevamiento de la consultora Analytica, consolidando un promedio de 1,2% en las últimas cuatro semanas y una proyección mensual del 2,8%. El dato, que a primera vista sugiere una desaceleración de la inflación respecto de meses previos, se vuelve políticamente relevante porque impacta en el núcleo más sensible del consumo. ¿Se trata de una señal de estabilización o de una pausa transitoria en un contexto aún frágil?

La evolución de los alimentos funciona como termómetro directo del poder adquisitivo y, al mismo tiempo, como indicador de la eficacia del esquema económico. En ese marco, la dinámica de abril introduce un matiz: si bien los incrementos semanales muestran cierta moderación, la dispersión por rubros y regiones expone tensiones que todavía no se resuelven.

Desaceleración con matices: el mapa de precios y sus tensiones

El relevamiento muestra diferencias claras en la composición de aumentos. En términos regionales, la región Pampeana y Cuyo registraron subas del 0,4%, mientras que la Patagonia encabezó los incrementos con 0,8%. Esa brecha sugiere que la desaceleración no es homogénea y que los costos logísticos y de abastecimiento siguen incidiendo en la formación de precios.

Por rubros, el comportamiento también es dispar. En el promedio de cuatro semanas, los mayores aumentos se concentraron en aguas, gaseosas y jugos (+2,3%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,2%). En contraste, pan y cereales y verduras avanzaron apenas 0,6%, mientras que las frutas mostraron una baja de -2,1%.

La lectura institucional de estos datos es directa: la inflación en alimentos no responde a un único factor, sino a una combinación de costos, estacionalidad y dinámica de consumo. La caída en frutas, por ejemplo, puede aliviar el índice general, pero no necesariamente compensa el impacto de categorías con mayor peso en la canasta.

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Juegos de guerra

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Lo que pasó, Negro, es que es más difícil de lo que vos creés“. El ministro de Economía, Luis Caputo se justificó ante los empresarios reunidos en Córdoba, convocados por la Fundación Mediterránea. El reincidente intentaba explicar porqué, pese a los éxitos declamados, el riesgo país no cede y la Argentina sigue siendo sumamente frágil ante cualquier estornudo externo, como la guerra que acaba de estallar por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El auditorio se mostró comprensivo, pero lo cierto es que los datos no acompañan el optimismo de Caputo, quien prometió “un gran 2026” con inversiones nunca vistas que “van a generar cientos de miles de puestos de trabajo”.

“Ya hay inversiones aprobadas por 26.000 millones de dólares que son una muestra de confianza sobre lo que está pasando en Argentina”, deslizó. Después, en Mendoza, contó que hay otros 42.000 millones adicionales a aprobar mediante el RIGI. Sin embargo, esas inversiones por venir, se concentran en la minería y el petróleo, cuando el resto de la economía se derrumba sin encontrar el fondo del pozo. La industria argentina se convirtió en la segunda en el ámbito mundial, con mayor caída, con 7,9 por ciento en los últimos dos años, apenas por debajo de Hungría, que fue afectada por la guerra de Ucrania y una crisis energética. 

Caputo, en cambio, cree que la guerra en Irán jugará a favor de Argentina por la demanda eventual de petróleo, que hay en abundancia en Vaca Muerta. Puede ser. En el mediano plazo. En el corto, la guerra ya impacta en el valor del crudo y eso puede trasladarse al precio de los combustibles que podrían registrar aumentos superiores al 10% en los surtidores. Las naftas ya aumentaron 268,9% desde que asumió el gobierno libertario. 

Lejos del optimismo petrolero, Misiones ya siente los efectos de la guerra. La escalada obligó a paralizar cargamentos de yerba mate con destino a Siria. La naviera MSC -Mediterranean Shipping Company-, una de las principales operadoras del transporte marítimo mundial y una de las que opera en el puerto de Posadas, suspendió reservas de carga con destino a la región y aplicó recargos extraordinarios por combustible y riesgo de guerra.

La medida responde al deterioro de la seguridad en rutas marítimas estratégicas como el Estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, corredores clave para el tráfico internacional entre Asia, Europa y Medio Oriente. Los recargos de emergencia por combustible (Emergency Fuel Surcharge) y por riesgo de guerra, están vigentes para reservas confirmadas desde el 3 de marzo. Estos cargos pueden alcanzar hasta 2.000 dólares por contenedor de 20 pies y 3.000 dólares para contenedores de 40 pies, lo que encarece de forma significativa el comercio exterior.

El impacto potencial para Argentina se concentra en un producto muy específico: la yerba mate. Siria es históricamente el principal importador mundial, con una demanda sostenida que absorbe buena parte de las exportaciones argentinas destinadas a Medio Oriente. La paralización de reservas y las restricciones logísticas amenazan con interrumpir temporalmente los embarques hacia ese mercado, uno de los pilares del negocio exportador del sector. Están en juego más de 20 millones de kilos, de los cuáles, buena parte sale de Misiones. 

La guerra, entonces, en la que Argentina tomó partido por “el lado correcto”, se suma a los problemas que ya arrastra la industria. La exportación de té cayó 18,1 por ciento en el último año y suma un alerta a las economías regionales, que tienen a la yerba en rojo desde hace tiempo.  Desde el sector industrial advierten que el escenario puede agravarse si no se corrigen los costos internos.

Renso Klimiuk, empresario tealero y yerbatero, sostuvo que la caída de las exportaciones responde en gran medida al fuerte encarecimiento de los costos en dólares. “Hoy producir en Argentina se volvió extremadamente caro. El costo de la energía se triplicó y los combustibles aumentaron 300 por ciento. Es una locura el nivel de incremento de los costos que tuvimos”, afirmó.

Según explicó, la baja del dólar mayorista frente al aumento de los costos genera un escenario crítico para la competitividad internacional. “Se armó el combo perfecto: los costos en dólares suben y el tipo de cambio baja. Así se pierden mercados porque no podemos competir con los grandes países productores”, advirtió. El empresario anticipó un panorama complejo para el sector: “Si no cambia algo, este año va a ser peor”. “Los números van a ser más bajos“, coincidió otra empresaria del sector.

La industria tealera pidió a Caputo la vuelta de un “dólar exportador” para fortalecer las exportaciones, pero así como ante las súplicas de los productores de yerba, las respuestas de Nación han sido nulas. 

Lejos de atender las demandas de las economías regionales, el ministro de Economía insiste en que el modelo no se toca: “La forma de ganar competitividad es bajando impuestos, bajando regulaciones…”, sentenció.

El ministro evalúa los resultados de su segunda gestión como un éxito. “Se logró hacer todo esto con la economía también creciendo y logrando sacar a más de 11 millones de argentinos de la pobreza, esto es algo que nos debíamos todos como país y todavía hay un largo camino por recorrer”, afirmó. 

Más allá de lo inverosímil del relato, llama la atención que el ministro no se ponga de acuerdo con el Presidente a la hora de hablar de la pobreza: Milei dice que son 15 millones los argentinos que salieron de la pobreza, a razón de un millón por mes, según sus últimos discursos. 

Difícil de sostener el argumento de la baja de la pobreza en medio del derrumbe económico, más de 300 mil puestos de trabajo perdidos y una inflación que lejos está de ser contenida. Un análisis de los registros laborales oficiales muestra que solo dos provincias lograron aumentar el empleo asalariado privado registrado desde la asunción de Milei. Se trata de Neuquén y Río Negro, impulsadas por el dinamismo de la formación hidrocarburífera Vaca Muerta, mientras que las otras 22 jurisdicciones del país registraron caídas.

La inconsistencia es enorme, pero poco se cuestiona, porque hacerlo obliga a exponerse a la verborragia presidencial, como ocurrió durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Por momentos en tono vulgar, el Presidente dedicó su mensaje a disparar contra la oposición, particularmente el kirchnerismo y la izquierda, espacios que al mismo tiempo considera un riesgo latente y cadáveres políticos. 

El Presidente está convencido de que va camino a la reelección -su discurso del domingo pareció ser el lanzamiento de campaña-, justamente por la escasa capacidad de reacción de la oposición. El peronismo no logra salir de su interna adolescente y su poder de fuego se limita a Buenos Aires, donde Axel Kicillof debe lidiar con los caprichos del camporismo residual. 

Sin oposición real, Milei tiene allanado el camino, aún cuando los resultados de su gestión sean escasos. Ese escenario le permite darse lujos de “elegir” el lado correcto y exponer a la Argentina a una contienda innecesaria y lejana. 

Su alineamiento con Donald Trump es entusiasta y acrítico. Simplemente celebra acompañarlo. Este sábado fue partenaire de la Cumbre “Escudo de las Américas”, una especie de Consenso de Washington pero de la seguridad: el mandato de Trump es que los Ejércitos podrán intervenir en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos. Todo bajo la supervisión de Estados Unidos. La ley argentina prohíbe expresamente la intervención militar en la seguridad interior. Nimiedades. 

“I’m not going to learn your damn language. I don’t have time” (“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”), dijo Trump para dejar claro quien impone las condiciones. El alineado auditorio de presidentes latinos celebró el “chiste”.

La iniciativa, presentada en el complejo Trump National Doral, implica el uso de fuerza letal y protocolos inéditos de cooperación en materia de defensa, según informó el mandatario norteamericano durante su discurso. Contra el narcotráfico y… contra China. 

La llamada Carta de Doral formaliza la estructura del bloque, que integran países como Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Honduras, República Dominicana, Bolivia y Trinidad y Tobago. El acuerdo destaca la presencia de mandatarios alineados con la doctrina “América Primero”. Entre los firmantes figuran Milei, Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y José Antonio Kast, presidente electo de Chile. El final del acto, con Trump regalando lapiceras a los presidentes, es digno de una comedia. Control vs Kaos.

Lejos de las mieles palaciegas, la realidad argentina es menos rutilante. La industria no para de caer, la construcción no levanta y el consumo está planchado desde hace meses. Los gobernadores no hallan respuestas en el Gobierno nacional y la caída de coparticipación asfixia a las provincias. Misiones conserva músculo para poder sostener la gestión, aunque cada peso exige un esfuerzo de distribución. 

Por primera vez en más de dos décadas, la Provincia tomó un crédito internacional para poder concretar inversiones en infraestructura energética, largamente negociadas con la Nación -desde gestiones anteriores- y sin respuestas de la Nación.

El gobernador Hugo Passalacqua logró destrabar un crédito de 75 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento que servirá para concretar la extensión de la línea de 132 Kv desde San Isidro, hasta Alem y Oberá. Son 180 kilómetros de una “autopista” energética, como definió Matías Sebely, intendente de una de las ciudades beneficiadas. Las obras se pondrán en marcha a la brevedad.

También en breve se anunciarán obras en rutas provinciales, con financiamiento propio y se gestiona otro crédito internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para obras la ruta nacional 14 y accesos a distintas ciudades.

El panorama es claro: de la Nación no podrá esperarse más recursos para obras o infraestructura. A arreglarse con lo que hay. Por eso la premisa de Passalacqua es gestión y gestión. La exigencia a los ministros es constante, aunque algunos pueden exhibir más resultados que otros.

El plan de ajuste sigue en camino y en el día a día, una gestión de cercanía y servicios, aunque sean mínimos. Mirar mejor, entrega de títulos, pequeños respaldos a la microeconomía son herramientas clave contra la escasez.

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