El Ministerio de Economía cerró la última licitación de mayo con un doble objetivo cumplido: refinanció más deuda de la que vencía y consiguió nuevos dólares para afrontar compromisos financieros de mitad de año. La Secretaría de Finanzas adjudicó instrumentos por $12,57 billones frente a vencimientos estimados en torno a $11 billones, alcanzando un rollover de 114,36%, mientras captó otros US$350 millones mediante bonos soberanos en moneda estadounidense.
La señal política y financiera no pasó inadvertida. El equipo económico volvió a ratificar la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei: retirar liquidez del sistema para sostener el proceso de desaceleración inflacionaria y evitar presiones cambiarias en un contexto de fuerte necesidad de financiamiento.
Según informó la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas totales por $16,14 billones y finalmente se adjudicaron $12,57 billones. El resultado permitió cubrir la totalidad de los vencimientos y absorber excedentes, evitando que nuevos pesos quedaran circulando en la economía.
La operación consolida una lógica que el Gobierno viene sosteniendo desde comienzos de año: priorizar el orden monetario incluso a costa de mantener tasas elevadas y restringir liquidez.
La mayor demanda de inversores se concentró en instrumentos de corto plazo y en bonos a tasa fija o vinculados a la tasa TAMAR. Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que la licitación mostró “una duration algo más moderada que las anteriores y una fuerte concentración en instrumentos a tasa fija y TAMAR”.
La principal colocación en pesos fue una letra capitalizable con vencimiento en septiembre de 2026, por $5,16 billones, con una tasa efectiva mensual de 1,99% y una TIREA de 26,68%.
También hubo fuerte participación en bonos ajustados por CER y en instrumentos dólar linked, una señal de que parte del mercado sigue buscando cobertura ante posibles movimientos inflacionarios o cambiarios.
El Gobierno sumó dólares para enfrentar vencimientos
La otra lectura relevante de la licitación estuvo en el financiamiento en moneda dura. Economía adjudicó US$200 millones del BONAR 2027 (AO27) y otros US$150 millones del BONAR 2028 (AO28), captando en total US$350 millones.
En el caso del AO27, que vence en octubre de 2027, la tasa adjudicada fue de 5,12% TIREA. Para el AO28, con vencimiento en 2028, la tasa escaló a 8,49%.
El objetivo inmediato es fortalecer depósitos y liquidez en dólares antes del próximo gran vencimiento de deuda soberana, estimado en aproximadamente US$4.300 millones para mitad de año.
El dato político es relevante porque el Gobierno continúa recurriendo al mercado para obtener financiamiento sin acudir a emisión monetaria directa ni mecanismos extraordinarios del Banco Central.
La estructura de la licitación mostró un mercado financiero que sigue privilegiando instrumentos de cobertura y horizontes relativamente cortos.
Las letras dólar linked adjudicaron $0,75 billones para vencimiento en julio de 2026 y $1,06 billones para marzo de 2027, ambas con tasas reales positivas.
Mientras tanto, el bono atado a TAMAR con vencimiento en 2028 absorbió $3,76 billones, reflejando que los inversores todavía exigen mecanismos que protejan rendimientos frente a la volatilidad financiera.
La estrategia oficial mantiene una tensión de fondo: absorber pesos ayuda a contener inflación y tipo de cambio, pero también sostiene un esquema de tasas elevadas que encarece el crédito y restringe actividad económica.
Disciplina monetaria y señal al mercado
El resultado de la licitación fortalece la narrativa oficial de disciplina fiscal y monetaria. El Gobierno logra mostrar capacidad de refinanciamiento en moneda local y acceso parcial al financiamiento en dólares sin recurrir a organismos multilaterales ni emisión extraordinaria.
Al mismo tiempo, la elevada demanda por cobertura cambiaria y bonos ajustados expone que el mercado todavía mantiene cautela sobre la estabilidad de mediano plazo.
La segunda vuelta prevista para los BONAR 2027 y 2028 permitirá medir si el apetito financiero se sostiene en las próximas horas y cuánto margen adicional consigue acumular el Tesoro antes de los vencimientos de junio.
La licitación mostró que el Gobierno conserva capacidad de financiamiento en el mercado local y todavía logra captar dólares para sostener sus compromisos externos. Sin embargo, el equilibrio sigue dependiendo de variables delicadas: inflación, demanda de pesos, tasas reales y confianza financiera.
La próxima prueba será verificar si la estrategia de absorción monetaria logra sostener estabilidad sin profundizar la desaceleración económica que ya empieza a reflejarse en varios indicadores de actividad y consumo.
El Índice General de Actividad mostró estancamiento en abril y una caída mensual de 0,7%. Mientras energía, minería y agro sostienen el nivel de actividad, industria y comercio profundizan su retroceso, consolidando una economía fragmentada.
La actividad económica volvió a perder impulso en abril y no logró sostener la recuperación observada en marzo. Así lo reflejó el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora de Orlando J. Ferreres & Asociados, que registró una variación interanual nula y una caída de 0,7% respecto del mes anterior en términos desestacionalizados. El dato dejó al primer cuatrimestre de 2026 con una contracción acumulada de 0,3%.
El informe vuelve a mostrar una dinámica económica dividida. Los sectores vinculados a energía, minería y agro continúan creciendo, mientras que industria y comercio siguen sin encontrar un piso consistente. La lectura de fondo es relevante para el Gobierno nacional: la desaceleración inflacionaria todavía no logra traducirse en una recuperación homogénea del consumo ni de la producción.
Una economía con “dos velocidades”
El reporte técnico de Ferreres definió la coyuntura con una frase que resume el escenario actual: “la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo”. El problema no es únicamente el freno estadístico, sino la creciente disparidad sectorial.
Los mayores avances de abril se observaron en minas y canteras (+7,3%) y en electricidad, gas y agua (+7,2%). También el agro mostró un desempeño positivo, con un crecimiento interanual de 3,6%.
Sin embargo, el deterioro persiste en áreas sensibles para el empleo y el consumo masivo. La industria manufacturera cayó 2% interanual y el comercio retrocedió 2,4%.
Dentro de la industria, el informe destacó tres señales de debilidad: la producción automotriz se desplomó 17,5%, los despachos de cemento cayeron 13,1% y la faena bovina registró su peor retroceso en más de 20 meses, con una baja de 15,2%.
La fotografía sectorial confirma que el actual esquema económico mantiene activos a los sectores vinculados a exportaciones, energía y recursos naturales, mientras que las actividades más dependientes del mercado interno siguen condicionadas por el menor consumo y el freno en la inversión privada.
Agro, energía y Vaca Muerta sostienen el nivel de actividad
El agro continúa funcionando como uno de los principales amortiguadores de la economía. Aunque Ferreres advirtió que las mejoras proyectadas para soja y maíz ya no muestran las tasas extraordinarias de meses anteriores, la producción agrícola todavía mantiene expansión.
La contracara aparece en la ganadería, que sufrió una retracción de 11,9% asociada a procesos de retención de hacienda para aumentar kilos mediante recría más prolongada.
En paralelo, el complejo energético sigue consolidándose como uno de los motores centrales de la actividad. El crecimiento de minas y canteras estuvo impulsado por el petróleo y los niveles récord de producción en Vaca Muerta, mientras que el aumento en electricidad, gas y agua respondió a una demanda energética 7,7% superior, tanto residencial como industrial.
Ese comportamiento fortalece la centralidad política y económica de los sectores energéticos dentro de la estrategia oficial, especialmente en un contexto donde el Gobierno necesita sostener generación de divisas y actividad exportadora.
El consumo sigue sin reaccionar
El informe también dejó una señal relevante sobre el consumo privado. Ferreres sostuvo que una eventual desaceleración inflacionaria podría mejorar los ingresos reales y la confianza de las familias. Pero aclaró que, por ahora, no se espera un cambio inmediato en la actual “dinámica de marcha a dos velocidades”.
La definición funciona como advertencia sobre uno de los principales desafíos del programa económico: estabilizar precios no está alcanzando para reactivar de manera uniforme el entramado productivo.
La caída simultánea de comercio, cemento y automotrices muestra que la recuperación todavía no permea sobre sectores estrechamente ligados al poder adquisitivo y a las decisiones de inversión de hogares y empresas.
Los números de abril exponen una tensión que empieza a consolidarse en la economía argentina: mientras algunos sectores muestran expansión sostenida, otros continúan operando por debajo de niveles previos y sin señales claras de recuperación inmediata.
La evolución de la inflación, el consumo interno, la inversión privada y el comportamiento de la industria serán variables clave para determinar si marzo fue el inicio de un ciclo de recuperación más firme o apenas un rebote transitorio dentro de una economía todavía inestable.
El petróleo volvió a ser el principal motor del sentimiento global. El crudo estadounidense rebotó con fuerza ante el creciente escepticismo sobre un acuerdo y la falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz. La incertidumbre en torno a las negociaciones elevó la percepción de riesgo sobre la oferta energética global.
Los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos continuaron cayendo, mientras la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre una reducción acelerada de las existencias globales. Este contexto refuerza un escenario de precios energéticos elevados, con impacto directo sobre la inflación mundial y las expectativas de política monetaria.
“En términos generales, los mercados continúan dominados por la dinámica energía-inflación-tasas. El petróleo sigue siendo el principal factor de incertidumbre en los mercados, ya que la falta de avances en el conflicto geopolítico y los riesgos sobre el Estrecho de Ormuz mantienen un entorno de oferta frágil. Mientras esta situación no se resuelva, es probable que la presión inflacionaria se mantenga elevada y condicione el margen de acción de los bancos centrales”, aseguró María Agustina Patti, Financial Markets Strategist LATAM at EXNESS.
El dólar estadounidense se mantuvo respaldado por la revisión al alza de las expectativas de tasas de interés. La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse debido al aumento de los precios de la energía, lo que refuerza la posibilidad de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal durante más tiempo. El mercado ahora descuenta tasas elevadas durante un período prolongado e incluso una mayor probabilidad de una suba adicional.
En la eurozona, el crecimiento sigue siendo débil mientras la inflación se mantiene elevada. El PIB del primer trimestre creció apenas un 0,1%, mientras que la inflación alcanzó el 3%, muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo. La combinación de crecimiento bajo y presiones inflacionarias complica la política monetaria y mantiene la expectativa de nuevas subas de tasas en los próximos meses.
El oro cayó hacia los 4.550 dólares por onza, presionado por el aumento de los rendimientos reales y la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Aunque los riesgos geopolíticos suelen actuar como soporte, en el contexto actual predominan las tasas elevadas, lo que reduce el atractivo del metal precioso frente a los activos de renta fija.
El petróleo actúa como principal catalizador, impulsando presiones inflacionarias que refuerzan la postura restrictiva de los bancos centrales, fortalecen al dólar y mantienen la presión sobre activos sensibles a los tipos de interés.
En un entorno de mercado donde la oferta de corto plazo está cada vez más determinada por decisiones políticas y restricciones de acceso más que por la capacidad de producción, los modelos tradicionales de oferta y demanda pueden quedarse cortos para capturar la velocidad real de los movimientos.
Cuando las condiciones de acceso cambian de forma abrupta, el petróleo tiende a revalorizarse en movimientos rápidos e irregulares, dejando menos margen entre identificar una oportunidad y poder ejecutarla. Entender el movimiento es solo una parte del proceso; ejecutarlo en condiciones reales de mercado es otra completamente distinta.
En este contexto, la calidad de ejecución pasa a ser un componente relevante de la gestión del riesgo. Activos como el crudo, el oro o ciertos pares ligados a materias primas pueden reaccionar de forma intensa a catalizadores macroeconómicos, y esas reacciones suelen coincidir con cambios en la liquidez y en las condiciones operativas del mercado. La estabilidad de los spreads y la consistencia en la ejecución dejan de ser un detalle secundario y pasan a influir en la precisión real de una idea de trading.
El ajuste tarifario del transporte público tuvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires uno de sus capítulos más visibles: entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de colectivo se multiplicó hasta por 16, el subte por casi 18 y el tren por 10. Según el informe de CEPA, los aumentos nominales superaron largamente a la inflación acumulada del período, que fue de 303,5%. En el caso del colectivo, la suba fue de 1.221% para las líneas de jurisdicción nacional, 1.250% para las porteñas y 1.545% para las bonaerenses; el subte trepó 1.668% y el tren, 741%.
El dato central no es sólo la magnitud del aumento, sino su impacto sobre los ingresos. Para un trabajador que usa colectivo y subte durante 22 días hábiles al mes, el gasto pasó de representar 2,6% del salario mínimo en diciembre de 2023 a 17,3% en abril de 2026. En el escenario de mayor combinación —colectivo, tren y subte— la incidencia llegó a 14,7%. La tarifa subió por encima de los precios, mientras el salario mínimo perdió cerca de 43% real en el mismo período.
Pero el aumento del AMBA convive con una paradoja federal: pese al fuerte salto tarifario, el boleto metropolitano sigue siendo el más bajo del país. En abril de 2026, la tarifa mínima nacional del AMBA era de $700, frente a $1.365 en Posadas, $1.720 en Córdoba y Rosario, $1.890 en Corrientes, $1.900 en Santa Fe, $2.192 en Rawson y $2.300 en San Martín de los Andes. Es decir: algunas ciudades del interior pagan más de tres veces el boleto del área metropolitana.
Tarifa mínima de colectivo urbano por ciudad
Abril 2026 · Tarifa plena SUBE registrada, tramo mínimo 0-3 km
San Martín de los Andes
$2.300
Rawson
$2.192
Santa Fe
$1.900
Corrientes
$1.890
Resistencia
$1.885
Formosa
$1.750
Córdoba / Rosario / Paraná
$1.720
Posadas
$1.365
Gran Buenos Aires
$969
CABA
$754
AMBA nacional
$700
Fuente: CEPA en base a AAETA y operadores locales.
La explicación está en la arquitectura desigual de los subsidios. La eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior, en febrero de 2024, dejó a municipios y provincias frente al costo operativo casi sin asistencia nacional, mientras el AMBA continuó recibiendo sostenimiento parcial de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El resultado es una doble asimetría: los usuarios metropolitanos enfrentaron aumentos históricos, pero los del interior quedaron expuestos a tarifas mucho más altas.
En Misiones, Posadas aparece en la mitad alta del mapa tarifario: con $1.365, el boleto urbano casi duplica al del AMBA nacional y supera con amplitud a CABA. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la tarifa posadeña acumuló una suba nominal de 950%, equivalente a un aumento real de 158,9%. El dato confirma que la discusión no es sólo tarifaria, sino también federal: el interior ajustó antes, más fuerte y con menos respaldo fiscal.
El informe también advierte sobre un efecto social más amplio. La Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025, pasó de cubrir 839 boletos en diciembre de 2023 a apenas 111 en abril de 2026. A su vez, la caída de pasajeros refleja una doble presión: boletos más caros y menor demanda estructural de viajes por el deterioro del empleo y la actividad económica.
En síntesis, el AMBA atraviesa una recomposición tarifaria inédita, pero sigue ubicado en el piso del ranking nacional. El interior, en cambio, paga el costo completo de una política que retiró subsidios sin construir un esquema federal alternativo. La consecuencia es evidente: viajar en colectivo cuesta mucho más lejos de Buenos Aires.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que el malestar económico ya no se expresa sólo como una evaluación negativa sobre el país, sino como una experiencia directa sobre la vida cotidiana de los hogares. El 59,5% considera que la situación económica nacional es mala o muy mala, pero el dato más delicado aparece cuando esa mirada se traslada al plano personal: el 42,4% también evalúa negativamente su propia situación económica. Esa diferencia es clave porque la economía del país puede ser leída como diagnóstico general, pero la economía personal se mide en ingresos, consumos, cuentas a pagar y capacidad para sostener el mes. Cuando casi la mitad de la población ya ubica su situación individual en terreno negativo, el ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica y pasa a formar parte de la administración diaria del hogar.
El informe también marca una fuerte distancia entre los datos oficiales y la percepción social de los precios. El 70,6% de los encuestados considera que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 85,1% afirma que su salario no le está ganando a la inflación. La combinación de ambos datos muestra que el problema no es únicamente la inflación, sino la relación entre precios, ingresos y credibilidad. Para una mayoría el salario sigue corriendo detrás del costo de vida y eso debilita la capacidad del dato oficial para ordenar la experiencia económica. La percepción de pérdida se vuelve todavía más visible según los estratos sociales: 50,7% se identifica como clase baja o media baja, lo que implica que más de la mitad de los encuestados se percibe en los segmentos más vulnerables de la estructura social.
La presión sobre la economía doméstica también aparece en la capacidad de llegar a fin de mes. Según el MOP, el 64,4% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos, lo que refleja que la restricción no se concentra solamente en los últimos días del mes, sino que se instala antes y obliga a reorganizar consumos, postergar gastos y ajustar decisiones familiares. Incluso entre los votantes oficialistas de 2025, el 66,2% sostiene que su salario no le gana a la inflación, un dato políticamente sensible porque muestra que el malestar económico atraviesa también al propio electorado de La Libertad Avanza. La diferencia no está en la existencia del problema, sino en su interpretación: mientras en la oposición tiende a transformarse en rechazo al rumbo económico, dentro del oficialismo todavía puede convivir con apoyo político, aunque bajo una tolerancia cada vez más condicionada.
Rumbo al 2027
El MOP también muestra que el debate sobre el rumbo económico empieza a proyectarse directamente sobre el escenario presidencial de 2027. Ante la pregunta sobre qué debería hacer el Gobierno con el plan económico actual, el 63% de los encuestados respondió que debería cambiarlo, mientras que el 34,8% sostuvo que debería mantenerlo. La lectura política es clara: el plan conserva una base de apoyo relevante, pero enfrenta una mayoría social que ya demanda algún tipo de corrección. No se trata necesariamente de un rechazo completo al Gobierno, sino de una señal de desgaste sobre la estrategia económica vigente, en un contexto donde el malestar cotidiano aparece asociado a salarios que no alcanzan, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para llegar a fin de mes.
Proyectando hacia 2027, esa discusión empieza a transformarse en criterio electoral. El 28,3% afirma que definirá su voto por la situación económica del país, el 17,9% por el cambio de rumbo y el 14,2% por la situación económica de su hogar. En conjunto, esos factores muestran que más de 6 de cada 10 electores miran la próxima presidencial desde una clave económica, ya sea por el rumbo general, por el impacto sobre su economía personal o por la expectativa de una corrección del modelo. La continuidad del gobierno actual, en cambio, aparece como principal factor para el 15,8%, lo que confirma que la elección no se perfila únicamente como una disputa de liderazgos o pertenencias partidarias, sino como un plebiscito sobre resultados económicos concretos.
De cara a las reformas electorales que comenzarán a debatirse en el Congreso de la Nación, el 46,1% de los encuestados considera que las PASO deberían eliminarse, mientras que otro 14,6% cree que deberían mantenerse, pero sin carácter obligatorio. El dato marca una señal relevante: existe una mayoría social abierta a revisar el funcionamiento del sistema electoral, ya sea por rechazo directo a las PASO o por una demanda de menor obligatoriedad y menor carga institucional sobre el votante.
La división aparece con más fuerza cuando se observa el corte político. Entre votantes oficialistas, la eliminación de las PASO encuentra mayor adhesión, en línea con una mirada más favorable a simplificar el calendario electoral y reducir instancias de competencia previa. Entre votantes opositores, en cambio, crece la resistencia a eliminarlas, probablemente porque las primarias son vistas como una herramienta para ordenar candidaturas, ampliar participación y evitar decisiones cerradas por las dirigencias partidarias. Así, el debate sobre las PASO deja de ser sólo una discusión técnica y pasa a expresar una diferencia política más profunda sobre cómo debería organizarse la competencia de cara a 2027.
INDEC
En mayo, la distancia entre la inflación informada y la inflación percibida se mantiene en niveles altos y deja de aparecer como un salto aislado. El 70,6% de los consultados considera que el dato del INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, prácticamente en línea con el 70,3% registrado en abril y muy por encima del 56,4% de enero. La serie muestra que el problema ya no es sólo una reacción puntual frente a un mes determinado, sino una desconfianza más estable sobre la capacidad del dato oficial para representar la experiencia económica de los hogares. Cuando 7 de cada 10 personas no validan el índice como reflejo de su realidad cotidiana, el Gobierno enfrenta un problema que excede la comunicación económica, porque la desaceleración estadística pierde fuerza si no logra ser reconocida socialmente.
Esa desconfianza se explica mejor cuando se cruza con la evolución del salario. En mayo, el 85,1% afirmó que su salario no le ganó a la inflación, apenas por debajo del 86,6% de abril, pero todavía en un nivel extremadamente alto. El dato muestra que el núcleo del problema no está únicamente en si la inflación baja o sube, sino en si los ingresos recuperan capacidad de compra frente a los precios que las personas enfrentan todos los días. Para la mayoría, la inflación no se evalúa mirando el índice, sino midiendo cuánto dura el sueldo, qué gastos se recortan y hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos. Por eso, mientras el salario siga siendo percibido como insuficiente, el dato oficial puede ordenar el discurso macroeconómico, pero no alcanza para reconstruir confianza en la economía cotidiana.
Principales preocupaciones
El MOP muestra que la agenda de preocupaciones públicas combina malestar económico, deterioro material y pérdida de confianza política. La incertidumbre económica aparece como el principal tema señalado por los encuestados con el 58,1%, seguida por la corrupción con el 52,9% y los ingresos y salarios con el 46,5%. Más atrás aparecen el desempleo con el 39,9% y las deudas con el 31,9%. El orden de las respuestas muestra que la preocupación social ya no se concentra en un solo problema económico, sino en un cuadro más amplio donde el ingreso, el empleo, la deuda y la credibilidad pública aparecen conectados. La inflación sigue pesando, pero no aparece aislada: forma parte de una percepción más general de incertidumbre sobre la capacidad de sostener la economía cotidiana.
El corte por voto 2025 muestra dos formas distintas de ordenar ese malestar. Entre votantes oficialistas, las principales preocupaciones son la incertidumbre económica con el 21%, la corrupción con el 18,2% y los ingresos y salarios con el 18,6%. Esto indica que incluso dentro del electorado que acompaña al Gobierno hay preocupación por el rumbo económico y por la credibilidad institucional. Entre votantes opositores, en cambio, la agenda aparece más asociada al costo material directo: las deudas con el 20%, la corrupción con el 13,8%, la incertidumbre económica con el 13,4%, el desempleo con el 12,2% y la inflación con el 10%. La diferencia central no está en que unos estén preocupados y otros no, sino en cómo se organiza la preocupación: el oficialismo combina apoyo político con dudas sobre economía y corrupción, mientras que la oposición traduce el malestar en una lectura más dirigida al impacto económico concreto sobre la vida diaria.
Imágenes políticas
En mayo, la imagen de Javier Milei continuó en terreno negativo y confirmó que el deterioro registrado en los meses previos no fue un movimiento aislado. Su imagen positiva se ubicó en el 35,6%, mientras que la negativa alcanzó el 59,6%, con un diferencial adverso de 24 puntos. El dato político más relevante es que la figura presidencial parece haber dejado atrás la zona de equilibrio que había mostrado a comienzos del año y empieza a estabilizarse en un nivel de rechazo alto. En un contexto donde la mayoría evalúa negativamente la situación económica del país, gran parte de los hogares siente que su salario pierde contra la inflación y crece la demanda de cambios en el plan económico. Así, la imagen presidencial queda cada vez más atada a los resultados concretos de la economía cotidiana.
Hacia los próximos meses, el escenario muestra poco margen para una recuperación espontánea si no aparece una mejora visible en los ingresos, en el consumo y en la capacidad de llegar a fin de mes. Con este nivel de preocupación y de pesimismo sobre el presente económico, Milei parece sostenerse principalmente sobre su núcleo más firme, asociado al electorado más antiperonista y más dispuesto a tolerar el costo del ajuste. El riesgo aparece en el electorado más blando, que acompañó por expectativa de ordenamiento, por rechazo al pasado o por promesa de mejora económica, pero que es mucho más sensible a los resultados materiales. Si esa franja no percibe una recuperación concreta, la imagen presidencial puede seguir perdiendo capacidad de expansión y quedar cada vez más encerrada en su base dura.
Por su parte, Axel Kicillof muestra una recuperación relevante de imagen y logra salir del momento más débil de la serie reciente. Después de haber tocado en febrero un piso de imagen positiva, en mayo volvió a ubicarse cerca de los 40 puntos, mientras que su imagen negativa se mantuvo elevada, en el 53%. El dato no alcanza para hablar de una consolidación plena, porque el diferencial sigue siendo negativo, pero sí marca un cambio de tendencia políticamente significativo: en un contexto de creciente descontento con el Gobierno nacional, Kicillof recupera volumen como figura opositora y aparece en el informe como el principal líder de la oposición con 32,3%.
Esa mejora parece apoyarse menos en una adhesión plenamente consolidada y más en un corrimiento del clima político frente al desgaste del oficialismo. La presión sobre la microeconomía de los hogares, la percepción negativa sobre la situación del país y la demanda de cambios en el rumbo económico abren espacios para dirigentes opositores con perfil de gestión y capacidad de representación institucional. En ese escenario, Kicillof empieza a afirmarse como una de las figuras con mayor capacidad para canalizar el malestar, aunque todavía enfrenta un límite claro: su crecimiento convive con niveles altos de imagen negativa y con una oposición que sigue fragmentada, sin una conducción única ordenada de cara a 2027.
Mientras tanto, Patricia Bullrich logra sostener una imagen positiva relevante y muestra una resistencia mayor al desgaste que hoy afecta a otras figuras del oficialismo. En mayo alcanzó el 40,6% de imagen positiva frente al 54,2% de negativa, un diferencial adverso, pero menos crítico que el de otros nombres asociados al Gobierno nacional. Su perfil aparece relativamente menos golpeado por la coyuntura inmediata, algo que puede leerse en relación con el lugar político que ocupa: su figura queda más asociada a una idea general de orden, autoridad y firmeza que a la gestión económica cotidiana. En ese marco, los problemas de la microeconomía parecen afectarla menos que a los dirigentes más directamente vinculados con la conducción diaria del oficialismo.
Más que como ejecutora directa del presente económico, Bullrich sigue siendo leída por una parte del electorado como una expresión política de rumbo, control y decisión. Esa diferencia le permite preservar mejor su capital simbólico en un contexto general de desgaste, aunque sin quedar fuera del clima negativo que atraviesa al oficialismo. Su imagen sigue siendo mayoritariamente desfavorable, pero conserva un piso competitivo que la distingue de figuras más expuestas al costo económico, a la dinámica interna del Gobierno y a las tensiones reputacionales que hoy golpean con más fuerza al núcleo presidencial.
Por su parte, Myriam Bregman aparece como una de las novedades más significativas del escenario político. En un contexto de ajuste, desgaste del relato oficial y creciente malestar frente al rumbo económico, su figura empieza a expandirse como canal de una oposición más frontal a Javier Milei. Con 44,6% de imagen positiva y 43,4% de negativa, es la única figura medida que presentó diferencial favorable. El dato es políticamente relevante porque muestra que el descontento no está siendo capitalizado únicamente por perfiles opositores con mayor volumen institucional, como Axel Kicillof, sino también por referencias con una identidad ideológica más nítida y una crítica más directa al oficialismo.
Ese crecimiento no implica todavía una centralidad electoral consolidada, pero sí marca un cambio en el clima opositor. A medida que se acumulan las tensiones por la economía cotidiana, la pérdida de poder adquisitivo y la demanda de cambios en el plan económico, también empieza a abrirse espacio para discursos que no plantean sólo una corrección del rumbo, sino una impugnación más amplia del proyecto libertario. En ese sentido, Bregman parece captar una parte del malestar que no busca únicamente alternancia de gestión, sino confrontación política, económica y simbólica con el mileísmo.
En el caso de Manuel Adorni, el deterioro aparece todavía más pronunciado y lo ubica como el principal foco de vulnerabilidad reputacional del oficialismo. Con apenas 17,9% de imagen positiva y 73,6% de negativa, registró el diferencial más adverso entre las figuras medidas por el MOP. El dato se vuelve especialmente sensible por el contexto político que lo rodea: los escándalos vinculados a presuntos hechos de corrupción, las dudas sobre su evolución patrimonial y el hecho de que todavía no haya presentado su declaración jurada lo colocan en una zona de alta exposición pública. Para una fuerza que construyó buena parte de su legitimidad sobre el discurso anticasta, el problema excede a la figura individual de Adorni y golpea sobre la credibilidad moral del oficialismo.
Finalmente, Diego Santilli queda ubicado en una zona intermedia del tablero político. Como ministro del Interior, su figura tiene hoy un rol central en la articulación política del Gobierno con gobernadores y Congreso de la Nación, pero su imagen todavía no aparece plenamente asociada al núcleo más expuesto del oficialismo. Con el 36,7% de imagen positiva y el 50,6% de negativa, conserva un nivel de conocimiento y competitividad relevante, aunque con diferencial adverso. Su caso muestra una tensión particular: puede funcionar como puente político para ampliar gobernabilidad y ordenar acuerdos, pero también corre el riesgo de quedar alcanzado por el desgaste general del rumbo económico si la gestión nacional no logra resultados concretos.
