infraestructura aeroportuaria

Argentina Ground Support obtuvo autorización para operar servicios de rampa

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La apertura del mercado de servicios aeroportuarios continúa sumando nuevos actores. El Gobierno nacional autorizó a la empresa Argentina Ground Support S.A. a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país, una decisión que se enmarca en la estrategia de desregulación del sector aerocomercial impulsada por la administración nacional para incrementar la competencia en actividades que históricamente estuvieron concentradas.

La autorización fue oficializada mediante la Disposición 16/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez. La medida habilita a la firma a prestar servicios de asistencia en tierra, una actividad clave para la operatoria de las compañías aéreas.

La empresa había solicitado la autorización en el marco de las modificaciones introducidas por el Decreto 599/2024, que redefinió el régimen de acceso a los mercados aerocomerciales. Esa normativa amplió el esquema de autorizaciones para actividades vinculadas al transporte aéreo, incluyendo expresamente los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, con el objetivo de facilitar el ingreso de nuevos operadores privados.

Según surge de la disposición, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, emitió un dictamen técnico favorable sobre la solicitud. Asimismo, la firma acreditó los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera previstos en el artículo 105 del Código Aeronáutico, además de cumplir con las exigencias regulatorias establecidas por la legislación vigente.

La autorización se encuadra además en la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, que reglamentó el procedimiento para el otorgamiento de permisos destinados a empresas de servicios de rampa. Ese régimen establece autorizaciones por un plazo de 15 años, con renovación automática siempre que los operadores mantengan los estándares exigidos en materia de seguridad operacional.

La asistencia en tierra comprende un conjunto de servicios indispensables para la actividad aeroportuaria, entre ellos la carga y descarga de equipajes y mercaderías, el remolque de aeronaves, el abastecimiento de equipos en plataforma y otras tareas logísticas que permiten la operación de los vuelos comerciales. La incorporación de nuevos prestadores busca ampliar la oferta disponible para las aerolíneas y reducir las barreras de acceso a este segmento del negocio aeroportuario.

Desde una perspectiva económica, la decisión consolida uno de los ejes de la política aerocomercial del Gobierno: sustituir un esquema de fuerte regulación por un modelo con mayor competencia entre operadores privados. La expectativa oficial es que el incremento de oferentes contribuya a mejorar la eficiencia de los servicios, generar inversiones en infraestructura operativa y reducir costos para las compañías aéreas, con potencial impacto sobre la conectividad y la competitividad del sistema aeroportuario argentino.

Con esta autorización, Argentina Ground Support se incorpora al universo de empresas habilitadas para competir en un mercado que atraviesa una profunda transformación regulatoria, en línea con la política de liberalización del transporte aéreo que el Ejecutivo viene implementando desde 2024.

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ANAC habilita un nuevo esquema de aproximaciones satelitales en aeródromos no controlados

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La nueva reglamentación crea por primera vez un marco específico para implementar procedimientos de aproximación instrumental mediante Navegación Basada en la Performance (PBN) en aeródromos no controlados. La medida puede ampliar la operatividad de pistas públicas y privadas sin necesidad de incorporar costosas radioayudas terrestres, con potencial impacto sobre la conectividad productiva de provincias como Misiones.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó los requisitos técnicos y operacionales para el diseño e implementación de procedimientos de aproximación PBN (Performance Based Navigation) en pistas de vuelo visual ubicadas en aeródromos no controlados. La Resolución 425/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece por primera vez un marco regulatorio específico para que estas instalaciones puedan contar con aproximaciones por instrumentos utilizando navegación satelital, siempre bajo estrictos estándares de seguridad operacional.

La decisión representa un cambio relevante para el sistema aeroportuario argentino porque permite que aeródromos que hoy sólo pueden operar bajo reglas visuales incorporen procedimientos IFR (vuelo por instrumentos), sin depender necesariamente de radiofaros u otras ayudas convencionales cuya instalación y mantenimiento demandan inversiones significativamente superiores.

Una herramienta para mejorar la conectividad productiva

Desde una perspectiva económica, la resolución abre una alternativa para mejorar la disponibilidad operativa de aeródromos regionales utilizados por aviación ejecutiva, sanitaria, corporativa y eventualmente por operadores comerciales, especialmente en zonas donde las condiciones meteorológicas suelen limitar las operaciones visuales.

La Navegación Basada en la Performance (PBN) utiliza sistemas satelitales y equipos de alta precisión instalados en las aeronaves para definir trayectorias laterales y verticales previamente diseñadas. Esto permite realizar aproximaciones más estables, reducir márgenes de error y aumentar la disponibilidad operativa de un aeropuerto sin necesidad de desplegar infraestructura terrestre tradicional. El anexo técnico señala que estos procedimientos disminuyen el riesgo de impacto controlado contra el terreno (CFIT) y de pérdida de control durante la aproximación (LOC-I), dos de los eventos de mayor preocupación en la seguridad operacional.

Para provincias con extensas distancias terrestres y fuerte dependencia del transporte aéreo en determinados segmentos productivos, la posibilidad de ampliar las ventanas operativas representa un factor de competitividad que trasciende al sector aeronáutico.

En regiones como el Nordeste Argentino, donde conviven aeródromos públicos y privados vinculados a actividades forestales, agroindustriales, sanitarias y empresariales, la nueva normativa crea una base regulatoria que podría facilitar futuros proyectos de modernización.

La resolución no implica una habilitación automática. Cada procedimiento deberá ser diseñado bajo estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), validado en tierra y en vuelo, publicado oficialmente y aprobado por la ANAC. Además, tanto el operador del aeródromo como las aeronaves y sus tripulaciones deberán contar con certificaciones específicas para operar bajo estos procedimientos.

Otro aspecto relevante es que la reglamentación alcanza tanto a aeródromos públicos como privados que carecen de servicios de control de tránsito aéreo, siempre que cumplan los requisitos técnicos establecidos.

Seguridad como condición para ampliar operaciones

La ANAC estructuró la normativa alrededor del concepto de gestión de riesgo.

Entre las principales exigencias aparecen procedimientos exclusivos para aeronaves autorizadas con certificaciones PBN vigentes. Evaluaciones previas de seguridad operacional antes de implementar cada aproximación. Protocolos obligatorios de comunicaciones mediante frecuencia TIBA en aeródromos sin control. Restricciones temporales mediante NOTAM para garantizar pista libre durante las operaciones comerciales. Validación técnica y publicación oficial de cada procedimiento antes de su utilización.

La reglamentación también establece parámetros mínimos de visibilidad, requerimientos altimétricos y condiciones de infraestructura de las pistas, priorizando superficies pavimentadas aunque admite otras configuraciones cuando la ANAC considere que reúnen condiciones adecuadas de señalización y mantenimiento.

Uno de los aspectos más relevantes para la planificación pública es que la expansión de este tipo de procedimientos no depende exclusivamente de inversiones físicas en radioayudas tradicionales.

La utilización de navegación satelital permite mejorar la accesibilidad operacional mediante el diseño de procedimientos de vuelo certificados, reduciendo costos de infraestructura y facilitando la incorporación gradual de nuevos aeródromos al sistema IFR, siempre que superen las evaluaciones técnicas y de seguridad.

Para gobiernos provinciales, operadores aeroportuarios y sectores productivos que dependen de una conectividad aérea más previsible, la resolución ofrece una herramienta regulatoria que podría acelerar proyectos de desarrollo logístico sin replicar el modelo histórico basado exclusivamente en infraestructura terrestre.

La efectividad de la norma dependerá ahora de cuántos aeródromos avancen en el diseño y certificación de estos procedimientos y de la capacidad de operadores y provincias para financiar las adecuaciones técnicas requeridas. Si ese proceso logra consolidarse, la nueva reglamentación podría convertirse en un instrumento para ampliar la conectividad aérea del interior argentino con menores costos de infraestructura y mayores estándares de seguridad operacional.

Anexo Resolución 425/2026 ANAC by CristianMilciades

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Habilitan a Aerowise para prestar servicios de rampa y operaciones

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La autorización otorgada a Aerowise S.A.S. amplía el universo de prestadores aeroportuarios bajo el esquema de desregulación del mercado aerocomercial. Para las economías regionales, la incorporación de nuevos operadores puede traducirse en una mayor competencia en servicios clave para la logística aérea y la conectividad.

El Ministerio de Economía autorizó a Aerowise S.A.S. a prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en la Argentina, una actividad estratégica para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos y el movimiento de pasajeros y cargas. La habilitación, oficializada mediante la Disposición 14/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, se enmarca en el proceso de apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional desde 2024.

La decisión no implica la incorporación de una nueva aerolínea sino de un proveedor de infraestructura y asistencia en tierra, un segmento históricamente concentrado y determinante para la eficiencia operativa de las terminales aéreas.

Un mercado que suma nuevos jugadores

La autorización fue concedida luego de que la empresa acreditara los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera exigidos por el Código Aeronáutico y recibiera dictámenes favorables de las áreas técnicas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El régimen vigente, reglamentado mediante el Decreto 599/2024 y la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, establece que estas autorizaciones tienen una vigencia de 15 años, con renovación automática condicionada al cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

El objetivo oficial es ampliar la competencia en un segmento esencial para el transporte aéreo, donde las empresas de rampa realizan tareas como asistencia a aeronaves durante las operaciones en tierra. Carga y descarga de equipajes y mercaderías. Servicios operacionales en plataforma. Apoyo logístico para vuelos de pasajeros y carga.

Estas actividades inciden directamente sobre los tiempos de rotación de las aeronaves, los costos operativos de las compañías aéreas y la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria.

Qué impacto puede tener para las economías regionales

La incorporación de nuevos prestadores cobra relevancia para provincias cuya competitividad depende cada vez más de la conectividad aérea y del transporte de productos de alto valor agregado.

En el NEA, donde los aeropuertos cumplen un rol creciente para el turismo, la exportación de productos perecederos y la movilidad empresarial, una mayor oferta de servicios aeroportuarios puede contribuir a reducir costos operativos y mejorar la disponibilidad de servicios para las compañías que operan o proyectan nuevas rutas.

Aunque la disposición no modifica las condiciones comerciales de los aeropuertos ni garantiza reducciones inmediatas de tarifas, sí profundiza un esquema de competencia que busca eliminar barreras de ingreso para nuevos operadores privados.

La estrategia oficial de desregulación

La autorización a Aerowise se inscribe dentro del proceso de liberalización del mercado aerocomercial iniciado durante la actual gestión, que reemplazó un sistema con mayores restricciones administrativas por un régimen basado en autorizaciones sujetas al cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad.

El nuevo modelo separa con mayor claridad dos funciones: por un lado, el acceso al mercado para prestar servicios; por otro, la fiscalización permanente de la seguridad operacional, responsabilidad que continúa bajo la órbita de la ANAC.

Para el sector privado, esta diferenciación reduce incertidumbre regulatoria y facilita la incorporación de inversiones en actividades complementarias al transporte aéreo.

La medida introduce algunos elementos relevantes para operadores aeroportuarios y empresas vinculadas a la logística Aerowise S.A.S. queda habilitada para prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país. La autorización tendrá una vigencia de 15 años, renovable automáticamente si mantiene los estándares exigidos. La empresa acreditó solvencia técnica y financiera, conforme al Código Aeronáutico. El Gobierno continúa ampliando la competencia en actividades auxiliares del transporte aéreo.

La apertura del mercado de servicios de rampa será relevante en la medida en que logre traducirse en mayor competencia efectiva dentro de los aeropuertos argentinos. Para las provincias del NEA, donde la conectividad aérea es un factor de competitividad para el turismo, el comercio y las exportaciones, la incorporación de nuevos operadores puede mejorar la eficiencia logística. El desafío será verificar si esta mayor oferta termina reflejándose en menores costos operativos para las aerolíneas y, en consecuencia, en una red aérea más dinámica para las economías regionales.

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El Gobierno lanza la privatización total de Intercargo y activa la licitación internacional

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El Gobierno dio un paso decisivo en su agenda de reformas estructurales: autorizó formalmente el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que presta el servicio de rampa en aeropuertos. La medida quedó plasmada en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 8 de marzo, y pone en marcha el proceso concreto de privatización.

El dato no es solo administrativo. La decisión activa uno de los capítulos más sensibles del programa de desestatización impulsado por el oficialismo: la transferencia total de una empresa con rol operativo estratégico en la aviación comercial. En ese marco, la licitación abre una tensión de fondo: ¿se trata de un paso técnico dentro de un plan ya definido o de un movimiento con impacto directo en el equilibrio de poder dentro del sistema aerocomercial?

De la ley a la ejecución: cómo se estructura la privatización

El proceso tiene anclaje legal en la Ley 27.742, que declaró a Intercargo “sujeta a privatización”, y en el Decreto 198/2025, que autorizó la venta total del paquete accionario mediante licitación pública.

La resolución actual no crea el esquema, pero sí lo activa. En términos concretos: Se habilita la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple con base para transferir el 100% de las acciones en manos del Estado. El procedimiento se canalizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, bajo formato digital. El pliego de bases y condiciones ya está aprobado, con un precio base determinado por la valuación del Banco de Inversión y Comercio Exterior. El cronograma fija hitos inmediatos: consultas hasta el 27 de abril de 2026 y presentación de ofertas hasta el 7 de mayo de 2026, con apertura ese mismo día.

El diseño apunta a maximizar la concurrencia de oferentes, incluyendo operadores con experiencia en el sector, en línea con los principios de competencia y transparencia que exige el marco legal.

Hay un dato que no pasa inadvertido: no se prevén mecanismos de preferencia ni programas de propiedad participada, lo que refuerza la lógica de venta directa sin esquemas de participación laboral o sectorial.

Una pieza clave: la ruptura del esquema de exclusividad

El proceso de privatización no ocurre en el vacío. Está atado a una condición previa relevante: la rescisión del contrato de concesión vigente que le otorgaba a Intercargo la explotación exclusiva del servicio de rampa.

Ese contrato —histórico en el esquema aerocomercial— garantizaba a la empresa estatal un rol monopólico en la atención en tierra a aeronaves. Su finalización, ya en trámite, redefine el mapa del sector.

En términos políticos y regulatorios, el cambio es profundo: la privatización no solo implica vender una empresa, sino también desarmar un esquema de exclusividad construido durante décadas.

La Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedan como actores centrales en la implementación, con capacidad para ajustar aspectos técnicos, emitir circulares y requerir asistencia de la propia Intercargo durante el proceso.

Repercusiones: reforma estructural y señales al mercado

La decisión impacta en múltiples planos. En lo económico, envía una señal directa al mercado sobre la voluntad de avanzar con privatizaciones completas, sin esquemas híbridos.

En lo político, ordena el tablero interno: consolida la línea del Ministerio de Economía como ejecutor del programa de reformas, trasladando definiciones que ya estaban en la ley al terreno operativo.

Al mismo tiempo, la modalidad elegida —licitación internacional con base— apunta a atraer jugadores globales, lo que puede reconfigurar la estructura competitiva del servicio de rampa en el país.

La creación de una Comisión Evaluadora “ad hoc” con miembros titulares y suplentes introduce un mecanismo institucional específico para el análisis de ofertas, aunque bajo un esquema donde la conducción política del proceso sigue concentrada.

Un proceso abierto con plazos cortos

La licitación ya tiene fechas. Y eso acelera el ritmo político del proceso.

En pocas semanas se sabrá qué nivel de interés genera la venta, cuántos oferentes participan y bajo qué condiciones. También comenzará a definirse el alcance real de la apertura del mercado de servicios aeroportuarios.

El Gobierno avanzó en la formalización, pero el desenlace todavía depende de variables abiertas: competencia efectiva, valuación, condiciones regulatorias y capacidad de ejecución.

La privatización de Intercargo deja de ser una declaración de intención y entra en fase concreta. Lo que ocurra en este proceso marcará no solo el destino de la empresa, sino también el ritmo y la profundidad de las próximas reformas en el sector público.

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El aeropuerto de Iguazú incorpora cartelería digital LED de última generación

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El Aeropuerto Internacional de Iguazú dio un nuevo paso en su proceso de modernización con la incorporación de cartelería digital LED modular de última generación, una mejora que apunta a elevar el estándar de comunicación visual dentro de la terminal y optimizar de manera directa la experiencia de los pasajeros.

La iniciativa forma parte de un proyecto de alcance nacional que contempló la renovación de más de 220 metros cuadrados de pantallas en aeropuertos de todo el país. En ese marco, se reemplazaron antiguos videowalls por superficies visuales continuas, sin marcos visibles, que ofrecen mayor brillo, contraste y definición, incluso en espacios con alta luminosidad como las terminales aéreas.

En el caso de Iguazú, esta actualización representa un salto cualitativo en uno de los principales accesos turísticos de Argentina y la región. La nueva cartelería permite una comunicación más clara y atractiva, tanto para la información operativa de los vuelos como para contenidos institucionales y publicitarios, mejorando la legibilidad y la estética general del aeropuerto.

Desde Samsung Argentina destacaron que la elección de la línea LED IEA posibilitó adaptarse a distintos formatos y necesidades, combinando flexibilidad, diseño y alta calidad de imagen en espacios que conectan diariamente a miles de personas.

Por su parte, Aeropuertos Argentina subrayó que esta tecnología mejora la precisión, la visibilidad y la presentación de la información, al tiempo que refuerza el perfil del aeropuerto de Iguazú como un hub turístico moderno e innovador. Además, la solución incorpora beneficios en términos de eficiencia energética y sustentabilidad, con una vida útil superior a los diez años y una reducción significativa de los costos operativos.

La implementación estuvo a cargo de Prina, cuya experiencia en marketing tecnológico permitió llevar adelante una instalación ágil y segura, sin afectar la operatoria habitual de la terminal.

Con esta incorporación, el Aeropuerto de Iguazú consolida su proceso de modernización y se alinea con los principales aeropuertos del país, reforzando su rol estratégico como puerta de entrada a uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina.

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