El Gobierno nacional, a través del Decreto 1074/2026 aprobó la readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina 2000, que extiende el horizonte de explotación de la principal red aeroportuaria del país hasta febrero de 2049 y establece una posibilidad de prolongarlo hasta 2056 si la empresa cumple con un nuevo compromiso de inversión de US$600 millones. El acuerdo incorpora además nuevas reglas de revisión contractual y busca cerrar parte de las controversias acumuladas durante los últimos años.

La decisión fue formalizada este lunes a través del Decreto 1074/2026 aprueba la Decisión Administrativa 27/2026, que aprobó el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual firmada el 1° de septiembre entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y Aeropuertos Argentina 2000. El esquema establece una nueva proyección financiera de ingresos y egresos hasta 2056, pero fija una condición concreta para que esa extensión opere plenamente.

El punto económico central es la inversión adicional. La concesionaria deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 que cuenta con fondos, créditos o compromisos financieros suficientes para afrontar los US$600 millones, IVA incluido, destinados a nuevas obras. A su vez, deberá alcanzar el grado de ejecución comprometido antes del 31 de diciembre de 2031. Si esas condiciones no se cumplen, el plazo de la concesión quedará limitado al 13 de febrero de 2049.

La diferencia entre ambos escenarios es relevante: el contrato no entrega de manera incondicional una concesión hasta 2056. La extensión adicional queda vinculada al cumplimiento verificable de un programa de inversión que deberá ser monitoreado por el ORSNA. De esta manera, el nuevo plazo funciona como una condición asociada al financiamiento y ejecución de infraestructura, y no simplemente como una ampliación automática del contrato.

Según el informe técnico incorporado al proceso de renegociación, los US$600 millones de inversión directa estarán destinados al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, una de las principales puertas de entrada y salida aérea del país. El organismo regulador justificó las obras por la necesidad de garantizar capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad de la infraestructura aeroportuaria.

El nuevo acuerdo llega después de una renegociación que se inició en el contexto de la pandemia. Los antecedentes oficiales señalan que el tráfico internacional de la concesión cayó 76% en 2020 y 86% en 2021 respecto de 2019, mientras que el tráfico doméstico se redujo 77% y 62%, respectivamente. Como consecuencia, los ingresos totales de la concesión descendieron 60% entre 2019 y 2020, según los informes utilizados en el procedimiento.

En 2020, mediante el Decreto 1009, el Estado ya había dispuesto una prórroga de diez años sobre el período inicial de la concesión, junto con condiciones de inversión. La nueva negociación se desarrolla ahora bajo las modificaciones introducidas por la Ley 27.742 al régimen de concesiones y su reglamentación, que contempla mecanismos para recomponer la ecuación económico-financiera cuando se produce una distorsión por causas no imputables a las partes.

El acuerdo actual combina varias variables en lugar de modificar únicamente el plazo. La nueva estructura contempla una proyección financiera hasta 2056, mecanismos ordinarios de revisión, continuidad del régimen de afectación específica de ingresos, nuevas metas de inversión, la inversión directa de US$600 millones y mecanismos para prevenir y resolver controversias. El ORSNA consideró que una solución integral permitía abordar conjuntamente las distintas variables que afectan la ecuación económica del contrato.

El impacto sobre los usuarios aparece expresamente contemplado en los fundamentos oficiales. La readecuación plantea distribuir los esfuerzos necesarios entre el Estado y la concesionaria y evitar que el impacto económico de la recomposición recaiga íntegramente sobre quienes utilizan los servicios aeroportuarios. Al mismo tiempo, busca preservar las inversiones consideradas necesarias para sostener la infraestructura del sistema. Se trata de un objetivo declarado en el acuerdo y no de una garantía sobre la evolución futura de tarifas o costos para los pasajeros.

La negociación también contempla el cierre de reclamos administrativos y judiciales comprendidos en sus términos. El objetivo explicitado en el expediente es reducir la litigiosidad vinculada con la ejecución de la concesión y establecer un marco contractual de mayor previsibilidad para los próximos años.

En paralelo, el Decreto 1074/2026, publicado este lunes, formalizó el apartamiento del presidente Javier Milei de todos los trámites relacionados con Aeropuertos Argentina 2000, su grupo controlante, accionistas y sociedades vinculadas. El decreto fundamenta la excusación en el vínculo profesional que el mandatario mantuvo antes de asumir la Presidencia con el grupo Corporación América y en razones de decoro y delicadeza previstas por la normativa sobre ética pública.

El decreto también dispuso que el jefe de Gabinete asuma la competencia correspondiente respecto del procedimiento de readecuación contractual. La medida fue adoptada con intervención de la Oficina Anticorrupción y del servicio jurídico permanente, y constituye el mecanismo institucional mediante el cual el Ejecutivo formalizó el apartamiento presidencial del proceso.

El nuevo esquema deja así un punto de control concreto para los próximos meses: 2027 será el primer año clave para determinar si la concesión puede proyectarse hasta 2056. Antes de junio, la empresa deberá acreditar cómo financiará los US$600 millones y, posteriormente, deberá demostrar avances suficientes en las obras para conservar la extensión adicional. El ORSNA tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de esas condiciones.

Para el sistema aeroportuario argentino, el acuerdo fija un horizonte de planificación de largo plazo y vincula parte de ese horizonte a inversión efectiva en infraestructura. Para los usuarios, el resultado más visible dependerá de la ejecución de las obras, la evolución de la infraestructura y las condiciones tarifarias que surjan de la aplicación del nuevo contrato. Por ahora, el dato verificable es que la extensión hasta 2056 quedó condicionada a una inversión de US$600 millones, mientras que el plazo hasta 2049 constituye el escenario previsto en caso de incumplimiento de esas condiciones.