Infraestructura energética

El Gobierno adjudicó las concesiones hidroeléctricas clave

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de las acciones y concesiones de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25. La medida, instrumentada a través de la Resolución 2124/2025, consolida uno de los procesos de privatización energética más relevantes de los últimos años, con un impacto directo en la estructura del mercado eléctrico, las finanzas públicas y la relación entre Nación y provincias productoras de energía.

La resolución fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre como suplemento. Establece los adjudicatarios definitivos, los montos de venta de los paquetes accionarios, la aprobación de los contratos de transferencia y concesión, y fija el cronograma de toma de posesión a partir del 8 de enero de 2026.

Un proceso de privatización anclado en la reforma del sector energético

El esquema aprobado por el Ministerio de Economía se apoya en un entramado normativo amplio que incluye las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, además de una serie de decretos que habilitaron la reversión de las concesiones hidroeléctricas y la posterior privatización de las sociedades creadas para administrarlas. En ese marco, la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir cuatro sociedades anónimas específicas para cada complejo, con una participación accionaria inicial del 98% para ENARSA y del 2% para NASA.

Posteriormente, la Ley 27.742 declaró sujetas a privatización a ambas empresas, habilitando la venta total o parcial de sus activos. El Decreto 286/2025 autorizó la privatización total de ENARSA mediante la separación de unidades de negocio, mientras que el Decreto 695/2025 avanzó con la privatización parcial de NASA. En paralelo, el Decreto 718/2024 dispuso la venta del paquete accionario mayoritario de las nuevas sociedades hidroeléctricas a través de un concurso público competitivo, nacional e internacional.

La Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al proceso licitatorio, aprobó el pliego de bases y condiciones y fijó el cronograma, que luego fue ajustado mediante resoluciones complementarias. Tras la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Gobierno avanzó primero con la preadjudicación y finalmente con la adjudicación definitiva mediante la Resolución 2124/2025.

Quiénes se quedan con los complejos y por cuánto dinero

La resolución detalla con precisión los adjudicatarios y los montos comprometidos para cada complejo hidroeléctrico, todos expresados en dólares estadounidenses:

  • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al consorcio integrado por Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por un monto total de USD 162.040.002,17.
  • El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al grupo conformado por BML Inversora S.A.U., Energrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Green Energy S.A. y BML Energía S.A., por USD 235.671.294.
  • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al mismo consorcio que Alicurá, por USD 64.174.002,32.
  • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada a Central Puerto S.A., por USD 245.000.000.

En todos los casos, la resolución precisa la distribución de las acciones clase A, B y C, y establece que los adjudicatarios deberán transferir el precio correspondiente antes del 6 de enero de 2026 a la cuenta indicada por la Tesorería General de la Nación. La toma de posesión de los complejos fue fijada para el 8 de enero de 2026 a las 12:00 horas.

Impacto económico, institucional y proyección del mercado eléctrico

Desde el punto de vista fiscal, el proceso apunta a maximizar los ingresos para el Estado nacional, criterio que fue validado a partir de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Según los considerandos de la resolución, los precios ofertados superaron incluso los escenarios proyectados en dicha valuación, reforzando el argumento oficial de razonabilidad económica de la operación.

En términos institucionales, la medida consolida el rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación del proceso de privatización, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía. También implica un reordenamiento en la relación con las provincias de Neuquén y Río Negro, cuyos representantes participaron en la suscripción de los contratos de transferencia.

Para el sector eléctrico, la adjudicación redefine el mapa de operadores privados en generación hidroeléctrica, con efectos potenciales sobre inversiones, mantenimiento de infraestructura y estrategias de largo plazo en un segmento clave del sistema energético argentino. La entrada en vigencia inmediata de la resolución y el cronograma acelerado de traspaso marcan una señal clara de continuidad en la política de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

Compartí esta noticia !

Transporte eléctrico: el Gobierno habilita concesiones privadas para ampliar la red nacional

Compartí esta noticia !

El Poder Ejecutivo nacional avanzó con un cambio estructural en la política de infraestructura energética al disponer que las obras prioritarias de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se ejecuten bajo el régimen de concesiones privadas de obra pública previsto en la Ley N° 17.520, mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales y sin erogaciones directas del Estado. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 921/2025, firmado el 26 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y se inscribe en el marco de la emergencia del sector energético nacional, prorrogada hasta el 9 de julio de 2026.

La norma redefine el esquema de ejecución de inversiones clave en transmisión eléctrica, con el objetivo de atraer capital privado, mejorar la confiabilidad del sistema y reducir restricciones estructurales que afectan la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en un contexto de crecimiento de la demanda y limitaciones históricas en la red de alta tensión.

Marco normativo y emergencia energética: la base del nuevo esquema

El decreto se apoya en un entramado normativo amplio que incluye las Leyes N° 15.336, 17.520 y 24.065, y una serie de decretos y resoluciones dictados desde 1992 hasta 2025. En particular, retoma los objetivos fijados por el artículo 2° del Texto Ordenado de la Ley N° 24.065, que establece como ejes de la política eléctrica la protección de los usuarios, la confiabilidad y libre acceso al sistema, la eficiencia tarifaria y el fomento de inversiones privadas en generación, transporte y distribución.

El contexto inmediato es la emergencia del Sector Energético Nacional, declarada originalmente por el Decreto N° 55/2023 y prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 1023/2024 y N° 370/2025. Ese marco habilitó a la Secretaría de Energía a diseñar un programa de acciones para garantizar inversiones indispensables en transporte y distribución eléctrica, asegurando la prestación continua del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

En ese sentido, la Resolución del Ministerio de Economía N° 715/2025 declaró prioritarias determinadas obras de ampliación del sistema de transporte, identificadas en su Anexo, y dispuso que se ejecuten bajo el esquema concesional de la Ley N° 17.520, abriendo la puerta a un modelo donde el sector privado asume la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Concesiones, inversión privada y rol de la Secretaría de Energía

El Decreto 921/2025 establece que las obras prioritarias de ampliación del sistema de transporte eléctrico se realizarán a título gratuito para el Estado, mediante concesiones de obra pública y bajo el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional. De este modo, el financiamiento, la ejecución y la operación quedarán en manos de concesionarios privados, con un esquema contractual que, según destaca la norma, preserva el equilibrio económico-financiero y brinda previsibilidad a inversores y financiadores.

El texto subraya que el régimen de la Ley N° 17.520 ofrece garantías en materia de remuneración, variación de condiciones contractuales y mitigación de riesgos, incluso frente a eventuales terminaciones anticipadas. Esto permite estructurar proyectos de largo plazo sin comprometer recursos públicos de manera directa, en línea con la estrategia oficial de reducción del gasto público y optimización del rol del Estado.

En este marco, el decreto delegó amplias facultades en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo:

  • Aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y técnicas, así como el modelo de contrato de concesión.
  • Convocar a las licitaciones públicas nacionales e internacionales.
  • Organizar y coordinar la Comisión Evaluadora.
  • Calificar oferentes y resolver impugnaciones.
  • Dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir los contratos de concesión.

El Ministerio de Economía quedará, a su vez, como Autoridad de Aplicación de los contratos, ejerciendo la supervisión y el control general, mientras que la Secretaría de Energía podrá dictar las normas complementarias y operativas necesarias para la implementación del régimen.

Impacto esperado y proyección del sistema eléctrico

Desde una perspectiva institucional y económica, la medida busca destrabar inversiones largamente postergadas en la red de transmisión eléctrica, un cuello de botella crítico para el desarrollo energético y productivo. La ampliación del sistema de transporte resulta clave para mejorar la confiabilidad del suministro, reducir riesgos de saturación y acompañar el crecimiento de la demanda en distintas regiones del país.

El esquema concesional también implica un cambio relevante en la relación entre el Estado y el sector privado en materia de infraestructura eléctrica, trasladando riesgos y responsabilidades operativas a los concesionarios, pero bajo reglas contractuales definidas y supervisión estatal.

En términos políticos, el decreto consolida una orientación que prioriza la participación privada en obras estratégicas, apoyada en un marco legal existente pero poco utilizado en el sector eléctrico durante las últimas décadas. En ese sentido, la implementación efectiva de las licitaciones y la respuesta del mercado serán determinantes para evaluar el alcance real de esta política en el mediano y largo plazo.

Compartí esta noticia !

El Ejecutivo modifica el presupuesto y redefine fondos para seguridad, salud y energía

Compartí esta noticia !

El Gobierno refuerza partidas clave y autoriza cambios estructurales en el Fondo Gasífero: Milei firmó el DNU 849/2025 que reconfigura el presupuesto 2025

En un contexto de emergencia económica y con un Presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025, que modifica de forma integral el Presupuesto General de la Administración Nacional y habilita transferencias millonarias para cubrir obligaciones previsionales, gastos esenciales y programas sociales. La medida incluye la posibilidad de transformar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), un punto clave para la infraestructura energética.

Un DNU para reordenar las cuentas públicas en un año sin presupuesto aprobado

El DNU, publicado en el Boletín Oficial y fechado el 28 de noviembre de 2025, sostiene su justificación en la “situación de suma gravedad” económica y en el hecho de que por segundo año consecutivo el Congreso no sancionó una Ley de Presupuesto, luego de que el Ejecutivo enviara su proyecto el 15 de septiembre de 2024.

Para sostener la administración del Estado, el Gobierno recuerda que el Decreto 1131/24 prorrogó el Presupuesto 2023 (Ley 27.701), mientras que la Decisión Administrativa 3/25 estableció los créditos correspondientes a esa prórroga.

El marco de emergencia se fundamenta además en: El Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. La Ley 27.742 (Bases), que declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Bajo este contexto, el Gobierno afirma que “resulta necesario asegurar una distribución razonable de los recursos” para evitar que se vea afectada la prestación de “servicios esenciales” del Estado.

Recomposición previsional, seguridad y gasto social: el detalle de los refuerzos presupuestarios

Asignaciones para jubilaciones, retiros y sentencias judiciales

Uno de los puntos centrales del DNU es la asignación de $406.557.027.778 destinados al pago de deudas previsionales originadas en sentencias judiciales firmes vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El reparto es el siguiente: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal:
$352.748.607.000. Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF):
$53.808.420.778

El Gobierno explica que el refuerzo responde a los aumentos salariales otorgados durante 2025 a las Fuerzas de Seguridad (Resoluciones 176/25, 520/25 y 944/25) y al Personal Militar (Resoluciones conjuntas 11/25, 24/25 y 63/25), que impactan directamente en los haberes de retirados y pensionados.

Modificaciones en cargos y traspasos

El DNU incorpora también modificaciones de personal, registradas en las planillas anexas IF-2025-127772174-APN-SSP#MEC.

Entre ellas, se destacan: Transferencia de cargos desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad Nacional, en línea con el Decreto 605/2025.

El ajuste busca adecuar la dotación de agentes tras la reubicación de dependencias como el Registro Nacional de Datos Genéticos.

Salud, discapacidad, educación y programas sociales

El DNU también refuerza partidas para: Hospitales de alta complejidad SAMIC, incluidos Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, Bicentenario Esteban Echeverría y el Presidente Néstor Kirchner. Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): para el pago de pensiones no contributivas y del subsidio extraordinario a beneficiarios. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: financiamiento de Prestación Alimentar. Secretaría de Educación: Política salarial docente y no docente de universidades. Compra de computadoras. Becas PROGRESAR, comedores escolares y Jornada Extendida. Programas de empleo: Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha. ANSeS: Prestaciones previsionales con impacto de la Ley de Movilidad Previsional (N° 26.417). Programa 19 (Asignaciones Familiares). Prestación por desempleo.Programa 32 – Acciones de Nutrición (Programa 1000 Días). Transferencias al PAMI. Prestación Mensual de Oncopediatría.

Empresas públicas y organismos: financiamiento adicional

La jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro (91) recibe refuerzos para sostener: Radio y Televisión Argentina S.A.U. Educ.ar S.A.U. Casa de Moneda S.A.U. Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Belgrano Cargas y Logística S.A. SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria). ACUMAR. ENARD. Incremento de capital del IDB Investment Corporation.

Asimismo se readecúa el Servicio de la Deuda Pública para cubrir servicios financieros del ejercicio en curso.

Economía queda habilitado a disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero

Uno de los artículos con mayor impacto político y sectorial es el artículo 4°, que autoriza al Ministerio de Economía a modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS).

El DNU instruye a Energía Argentina S.A. (ex Enarsa), fiduciaria del fondo, a brindar “colaboración y asistencia” a la Secretaría de Energía para garantizar la transición hacia un nuevo instrumento de financiamiento de obras de transporte de gas.

La habilitación refleja el giro del Gobierno hacia mecanismos alternativos para financiar infraestructura energética en un contexto de severo ajuste fiscal y restricciones de financiamiento.

El sector energético podría mostrar distintas reacciones: desde empresas interesadas en nuevos esquemas de inversión hasta gobernadores y actores del gasoducto troncal que podrían advertir por eventuales retrasos o redefiniciones.

Control legislativo obligatorio

Como establece la Ley 26.122, el DNU debe ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente, que deberá dictaminar su validez y enviarlo al recinto de ambas Cámaras para su tratamiento.

El artículo 7° del decreto cumple con ese paso formal: “Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del H. Congreso de la Nación”.

Compartí esta noticia !

Sin gas natural, Misiones pierde competitividad, empresarios piden una solución federal urgente

Compartí esta noticia !

Misiones reclama equidad energética, el sector industrial advierte que sin gas natural no hay desarrollo federal

El Movimiento Industrial Misionero (MIM) reactivó su demanda histórica para que la provincia sea incorporada a la red nacional de gas natural. La organización empresarial sostiene que la ausencia de esta infraestructura básica condiciona la competitividad, encarece costos y profundiza las asimetrías entre Misiones y el resto del país.

Un reclamo estructural: Misiones sigue fuera de la red nacional de gas

A pesar de su ubicación estratégica dentro del Mercosur y su creciente diversificación productiva, Misiones continúa siendo la única provincia argentina que no está incluida en la red nacional de gas natural. La carencia es estructural y condiciona tanto el funcionamiento de las industrias como el costo de vida de los hogares, obligados a depender casi exclusivamente de la electricidad y del gas envasado.

Tras el proceso electoral, el Movimiento Industrial Misionero (MIM) volvió a instalar el debate energético y planteó en una entrevista en Tiempo Argentino la necesidad de que la Nación dé respuestas concretas a una demanda que consideran parte de la agenda de “equidad productiva”. Desde la institución advirtieron: “Mientras una fábrica en la zona núcleo produce con gas natural, en Misiones esa misma planta tiene que hacerlo con combustibles líquidos, paneles solares, biomasa o electricidad a un costo mayor.”

Esa diferencia, sostienen, se traduce en una pérdida directa de competitividad y en precios finales más altos para los productos misioneros.

La situación se agrava por los costos logísticos que enfrenta la provincia, cuyo sistema industrial debe recurrir a fuentes energéticas más caras para sostener su estructura de producción. “Cada coyuntura política representa una oportunidad para poner en el centro la equidad energética y productiva que necesita Misiones”, expresaron desde el MIM.

El gasoducto inconcluso y la dependencia eléctrica: una “isla energética” dentro del país

El déficit no es nuevo. Desde hace más de una década, Misiones espera la ampliación del Gasoducto del NEA, una obra federal que debía integrar al norte argentino a la red nacional. Sin embargo, el tendido nunca llegó al territorio misionero y el último tramo del proyecto quedó inconcluso, manteniendo a la provincia como una “isla en cuanto al gas”, según describió el Movimiento.

Mientras tanto, los gobiernos locales impulsan estrategias alternativas. Entre ellas, parques solares en Alem, Apóstoles y Eldorado, además de proyectos de biomasa vinculados al sector forestal. Aunque relevantes para diversificar la matriz energética, desde la entidad aclararon que estas iniciativas “no reemplazan la infraestructura básica que representa el gas natural”.

El MIM también analizó las implicancias políticas del tema: “El debate energético tiene un costado político. No puede hablarse de desarrollo sin energía. La provincia necesita una solución nacional que dé respuestas estructurales, no medidas transitorias.”

Para la institución, integrar a Misiones al sistema energético nacional requiere planificación federal y decisión política, dado que la infraestructura gasífera constituye la base sobre la cual se proyecta cualquier transición hacia energías más limpias.

Impacto productivo y urgencia federal: la energía como condición del desarrollo

La dependencia casi total de la electricidad genera un impacto transversal en la matriz productiva misionera. Industrias de todos los sectores deben compensar la falta de gas natural con combustibles más costosos, lo que incrementa los gastos operativos y reduce su posición competitiva frente a empresas de otras provincias.

La situación tiene implicancias tanto económicas como institucionales: Limita la radicación de nuevas inversiones. Aumenta los costos finales de bienes industriales. Reduce la competitividad exportadora en un territorio clave del Mercosur. Acentúa las desigualdades regionales dentro del sistema productivo nacional.

El MIM sintetizó el desafío: “El desafío es doble: garantizar la inclusión energética y planificar una transición sostenible que no deje a Misiones al margen del desarrollo federal.”

Historia y rol del Movimiento Industrial Misionero

Con más de tres décadas de trayectoria, el Movimiento Industrial Misionero integra empresas de servicios vinculadas a la ingeniería, la construcción y la tecnología, con participación en proyectos de infraestructura, estudios de factibilidad, evaluaciones ambientales y obras estratégicas para el desarrollo provincial y nacional.

Su misión se centra en fortalecer el entramado industrial como condición indispensable para impulsar la innovación, la competitividad y el progreso productivo en Misiones. En esa agenda, la equidad energética aparece como uno de los pilares indispensables.

Compartí esta noticia !

Misiones licitará una línea de alta tensión clave para el desarrollo industrial de Alem y Oberá

Compartí esta noticia !

La Provincia de Misiones avanza con la licitación de una obra energética clave: una línea de alta tensión de 132 kV que reforzará el suministro eléctrico en Leandro N. Alem y Oberá. La infraestructura permitirá aumentar la capacidad operativa de las industrias, atraer nuevas inversiones y generar empleo.

Una inversión esperada por más de dos décadas

El intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, confirmó que la línea de 132 kV —que unirá las estaciones de Alem, San Isidro y Oberá— será licitada en los próximos días, en el marco de una inversión provincial financiada mediante crédito internacional. La obra fue gestionada por el Gobierno de Misiones y representa una respuesta a un reclamo histórico del sector industrial y productivo del sur misionero.

“Es un pedido que Alem viene haciendo hace más de 20 años. El sector industrial necesitaba una inversión de esta magnitud para ampliar su capacidad operativa y proyectar crecimiento”, explicó Sebely.

La nueva línea eléctrica permitirá incrementar la potencia disponible, reducir las interrupciones en el suministro y asegurar la estabilidad del sistema energético, beneficiando a empresas industriales, cooperativas y usuarios domiciliarios.

Actualmente, el municipio enfrenta restricciones en su expansión industrial debido a la limitada capacidad eléctrica. Según Sebely, las industrias locales —entre ellas la Cooperativa Tabacalera, Cofra, Sudamericana de Maltería y varias plantas plásticas— operan al límite de su capacidad energética.

“Hoy muchas empresas no pueden ampliar su producción ni incorporar nuevas máquinas porque no hay energía suficiente. Cada corte o sobrecarga implica pérdidas millonarias y frena el desarrollo”, señaló el jefe comunal.

Impacto industrial y económico

La línea de alta tensión, con un tendido estimado en más de 80 kilómetros, reforzará la infraestructura energética en una de las zonas industriales más activas de la provincia. Alem concentra un importante polo productivo con industrias de alto consumo eléctrico vinculadas a la agroindustria, el tabaco, la alimentación, la metalmecánica y el plástico.

El intendente destacó que la obra no solo permitirá estabilizar la red eléctrica, sino que también abrirá la posibilidad de nuevas inversiones industriales en la región.

“Esta inversión es tan importante como una ruta o un puerto. La energía es la base del desarrollo. Si una empresa quiere generar 40 o 50 nuevos puestos de trabajo, necesita tener garantizado el suministro eléctrico”, subrayó Sebely.

La licitación de la obra se enmarca en el plan provincial de infraestructura energética y desarrollo productivo, impulsado por el Gobierno de Misiones para fortalecer los polos industriales y garantizar el abastecimiento a largo plazo.

El financiamiento será cubierto con un crédito internacional gestionado por la Provincia, que asumirá la ejecución y pago del proyecto. “Es una obra que va a beneficiar no solo a Alem, sino a toda la región del Alto Uruguay. El mérito es 100% del Gobierno provincial, que tomó la decisión política de hacer realidad esta demanda histórica”, destacó el intendente.

Audiencia pública y próximos pasos

Sebely confirmó que el 28 de noviembre se realizará la audiencia pública ambiental, uno de los pasos administrativos previos al inicio de la obra. Durante la jornada, se presentará el estudio de impacto ambiental y se recibirán observaciones de los vecinos y organizaciones locales.

“Queremos garantizar que todos los sectores estén informados y que la obra se ejecute sin contratiempos. Es un proyecto estratégico para el futuro energético e industrial de Alem y Oberá”, sostuvo el jefe comunal.

La construcción de la línea de 132 kV se sumará a otras inversiones clave en infraestructura que impulsa la Provincia, como rutas, conectividad digital y mejoras en parques industriales, con el objetivo de consolidar un entramado productivo moderno y competitivo.

“El crecimiento de Misiones depende de tres pilares: caminos, energía y conectividad. Con esta obra, Alem y Oberá se preparan para una nueva etapa de expansión económica e industrial”, concluyó Sebely.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin