Infraestructura energética

Marín anticipó exportaciones de GNL por US$10.000 millones anuales y US$29.000 millones de inversión

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El proyecto argentino para convertir el gas de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de gas natural licuado (GNL) comienza a tomar dimensión no solo por el volumen de inversión comprometido, sino también por su potencial impacto sobre el ingreso de divisas y el empleo. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la iniciativa permitirá generar exportaciones por unos US$10.000 millones anuales y crear alrededor de 20.000 puestos de trabajo.

“Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año. Esto va a generar 20.000 puestos de trabajo”, afirmó Marín en declaraciones al programa “Vamos Rivadavia”, conducido por Nelson Castro en Radio Rivadavia.

El planteo supone que la Argentina puede avanzar desde una posición de productor de hidrocarburos hacia un esquema de exportación energética de escala global. El gas producido en Vaca Muerta será procesado y licuado para ser transportado en barcos hacia mercados internacionales, particularmente Europa y Asia, donde existe una demanda estructural de energía.

Marín proyectó que el flujo exportador podría sostenerse durante unos 20 años. Bajo esa hipótesis, los US$10.000 millones anuales representarían aproximadamente US$200.000 millones acumulados durante dos décadas. La cifra, más que una proyección de corto plazo, muestra el objetivo de construir una fuente estructural de divisas para la economía argentina.

El proyecto se apoya además en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca ofrecer un marco de previsibilidad para inversiones de gran escala y facilitar la participación de capital extranjero. Para YPF, esa herramienta es relevante porque la infraestructura necesaria para desarrollar la cadena de GNL requiere desembolsos que exceden ampliamente la capacidad de financiamiento de una única compañía.

“Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y pueden haber inversiones extranjeras gracias al RIGI”, sostuvo Marín, al explicar el papel que tendrá el régimen en la etapa de financiamiento.

El punto inmediato, sin embargo, todavía no es la exportación sino conseguir el financiamiento necesario para poner en marcha las obras. Marín señaló que el proyecto se encuentra actualmente en esa etapa y estimó que el cierre financiero se producirá hacia fines de este año. A partir de 2027 comenzarían las obras de infraestructura.

La inversión prevista para los próximos cuatro años alcanza los US$29.000 millones, una escala que convierte al proyecto energético en uno de los mayores programas de inversión privada de la historia reciente argentina. Ese desembolso deberá financiar instalaciones de producción, transporte, procesamiento y licuefacción, además de la perforación de los pozos necesarios para sostener el volumen de gas requerido.

La relevancia económica del proyecto está precisamente en la integración de esa cadena. El desafío no consiste únicamente en producir más gas, sino en disponer de infraestructura suficiente para llevarlo desde Vaca Muerta hasta las instalaciones de procesamiento y posteriormente convertirlo en un producto exportable por vía marítima.

La apuesta por el GNL también busca superar una restricción histórica de la matriz energética argentina: la dependencia de la infraestructura regional para colocar excedentes de gas. La licuefacción permite transportar el recurso en barcos y acceder a mercados que no están conectados por gasoductos con el país.

Ese cambio abre una ventana comercial particularmente relevante porque permite diversificar destinos. Europa y Asia cuentan con mercados de gran escala y necesidades energéticas diferentes, mientras que el GNL se comercializa globalmente y puede ser redirigido según precios y demanda.

Marín planteó además una visión de largo plazo sobre la transformación de la matriz exportadora argentina. Afirmó que el país puede convertirse en el segundo exportador mundial de etanol, alcanzar el quinto lugar global en líquidos utilizados para garrafas y posicionarse como sexto exportador mundial de gas natural.

El desafío es convertir esas ventajas potenciales en capacidad exportadora efectiva. Para lograrlo, Argentina necesita resolver financiamiento, infraestructura, disponibilidad de equipos, desarrollo de proveedores y formación de trabajadores especializados. La magnitud de las inversiones también exige estabilidad regulatoria durante períodos que exceden ampliamente un mandato presidencial.

En ese punto, Marín buscó diferenciar el proyecto de las discusiones políticas coyunturales y remarcó que la estrategia de YPF está pensada en horizontes de largo plazo. “Nosotros estamos construyendo para el futuro y para las inversiones”, afirmó, al subrayar que la empresa trabaja con una perspectiva que trasciende las declaraciones de corto plazo.

La cuestión central será entonces la ejecución. Los US$29.000 millones previstos para los próximos cuatro años no representan solamente una cifra financiera: implican obras, contratos, empleo, demanda de bienes y servicios y oportunidades para proveedores argentinos.

Si el proyecto alcanza los volúmenes previstos, el efecto económico podría extenderse mucho más allá de Vaca Muerta. Una cadena de GNL de escala internacional puede generar actividad en Neuquén, infraestructura y logística en otras provincias y una nueva plataforma exportadora vinculada con el litoral marítimo patagónico.

Para la economía argentina, la oportunidad es doble. Por un lado, convertir los recursos de Vaca Muerta en una fuente sostenida de divisas; por otro, utilizar la inversión energética como motor para desarrollar capacidades industriales y tecnológicas locales.

La condición para que esa oportunidad se materialice es que el proyecto avance desde los anuncios hacia el financiamiento y luego hacia las obras. El cierre financiero previsto para fin de año será, por eso, el próximo hito relevante. Si se concreta, 2027 marcaría el comienzo de una etapa de inversión que podría redefinir el lugar de Argentina en el mercado energético global.

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Energía: empresarios de Estados Unidos piden estabilidad, obras y reglas de largo plazo para convertir recursos en desarrollo federal

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Argentina atraviesa una ventana de oportunidad inédita en materia energética, pero transformar esa ventaja geológica en desarrollo económico requiere algo más que recursos naturales. Ese fue uno de los principales mensajes del AmCham Energy Forum 2026, donde empresarios estadounidenses plantearon que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la infraestructura y la coordinación entre los distintos niveles del Estado serán determinantes para convertir el potencial energético en inversiones, empleo y desarrollo federal.

La presidenta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Mariana Schoua, sostuvo que el país logró “recuperar credibilidad” después de la agenda de reformas y los acuerdos bilaterales alcanzados con Estados Unidos. El desafío, señaló, consiste ahora en transformar esa confianza financiera y empresarial en crecimiento que pueda percibirse fuera de los principales indicadores macroeconómicos.

“Transformar esa credibilidad en desarrollo federal para que el crecimiento económico se perciba en todo el territorio y no solo en los indicadores macroeconómicos” aparece así como una de las principales condiciones para que el actual ciclo de inversiones tenga impacto sobre las economías provinciales.

El punto de partida es particularmente favorable. Argentina pasó de una situación de déficit energético y necesidad de importar combustibles a posicionarse como exportador neto, mientras proyecta una expansión de la producción de gas durante la próxima década y dispone de importantes reservas de litio. La combinación de petróleo, gas y minerales críticos ubica al país dentro de una transformación global en la que la seguridad energética y la transición hacia nuevas fuentes de abastecimiento adquieren un valor estratégico.

Pero disponer del recurso no garantiza su desarrollo económico. Para Schoua, el verdadero desafío consiste en convertir esa ventaja geológica en proyectos concretos dentro de las provincias, cadenas de proveedores nacionales y empleos de mayor productividad.

La diferencia es sustancial. Una economía puede incrementar sus exportaciones de hidrocarburos o minerales y, al mismo tiempo, capturar una proporción limitada del valor agregado si no desarrolla servicios especializados, infraestructura, proveedores industriales y capital humano alrededor de esas actividades. Por eso, la discusión energética comienza a desplazarse desde cuánto puede producir Argentina hacia cuánto desarrollo puede generar alrededor de esa producción.

El segundo desafío es temporal. Los proyectos energéticos requieren inversiones de gran escala y períodos de maduración que exceden ampliamente los ciclos electorales. Desde la identificación de un recurso hasta la construcción de infraestructura, el desarrollo productivo y la llegada efectiva al mercado pueden transcurrir varios años.

Ese desfasaje entre los tiempos de la inversión y los tiempos de la política convierte a la continuidad regulatoria en una variable económica central. “El desarrollo energético requiere inversiones muy grandes, con horizontes que trascienden ampliamente un período de gobierno”, planteó Schoua.

La advertencia tiene una consecuencia directa: si las reglas cambian antes de que los proyectos alcancen su madurez, aumenta el riesgo percibido y sube el costo del capital. En sectores intensivos en inversión, esa incertidumbre puede determinar si una iniciativa avanza, se demora o directamente se dirige hacia otro mercado.

Por eso, el sector empresario estadounidense reclamó sostener cuatro condiciones: estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal, previsibilidad regulatoria y seguridad jurídica. No se trata solamente de atraer nuevos capitales, sino de garantizar que las inversiones anunciadas puedan atravesar todas las etapas necesarias hasta convertirse en capacidad productiva.

La infraestructura aparece como otro cuello de botella. El crecimiento energético requiere ampliar rutas, redes eléctricas, gasoductos, puertos, sistemas logísticos y conectividad digital, además de infraestructura específica para cada cadena productiva. La velocidad con la que esas obras acompañen la expansión de la oferta energética puede definir cuánto del potencial exportador se transforma efectivamente en actividad económica.

Schoua también puso el foco en un componente menos visible, pero decisivo: los recursos humanos. La transición energética demanda trabajadores con nuevas capacidades y perfiles técnicos especializados. Preparar esa fuerza laboral requiere formación, reconversión y articulación con empresas antes de que la demanda se convierta en un cuello de botella.

El mismo razonamiento se aplica a los proveedores locales. Si el aumento de la producción energética genera una red de empresas nacionales capaces de abastecer bienes y servicios especializados, el impacto sobre las economías regionales será considerablemente mayor. Si la expansión se limita a importar tecnología, equipos y servicios, una parte significativa del efecto multiplicador quedará fuera del país.

La propuesta empresaria, en consecuencia, apunta a reducir los costos de esa transición mediante una ejecución “rápida, eficiente y ordenada”. El desafío no consiste únicamente en decidir qué proyectos realizar, sino en crear las condiciones para que puedan ejecutarse dentro de plazos compatibles con la oportunidad que ofrece el mercado internacional.

Ahí aparece una dimensión federal que resulta particularmente relevante para las provincias productoras. Nación, gobiernos provinciales, municipios y empresas tienen competencias diferentes, pero cualquier demora en uno de esos eslabones puede afectar al conjunto del proyecto.

“Nación, provincias, municipios y sector privado tienen que trabajar en la misma dirección”, sostuvo Schoua. La advertencia es concreta: cuando esa coordinación falla, aumentan los costos, se extienden los plazos y la oportunidad de inversión pierde atractivo.

El desafío, entonces, es institucional tanto como económico. Argentina dispone de recursos capaces de generar una transformación profunda de su matriz exportadora, pero necesita convertir esa ventaja inicial en una estrategia sostenida de inversión, infraestructura, capital humano y desarrollo de proveedores.

Para las provincias, la oportunidad excede la percepción de regalías o la llegada de grandes compañías. El objetivo de una política energética con impacto federal debería ser construir alrededor de cada proyecto un ecosistema productivo que genere empleo, proveedores, conocimiento y nuevas empresas locales.

La ventana internacional tampoco es indefinida. La competencia por capital, tecnología y mercados es global y otros países también buscan posicionarse como proveedores confiables de energía y minerales críticos. Por eso, la previsibilidad no es solamente una demanda empresaria: puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros destinos de inversión.

El mensaje de AmCham plantea, en definitiva, una hoja de ruta de largo plazo: preservar la estabilidad alcanzada, consolidar reglas previsibles, acelerar infraestructura, formar trabajadores, desarrollar proveedores y coordinar las decisiones públicas con el sector privado. El objetivo es que el actual ciclo energético no quede limitado a una mejora de las cuentas externas, sino que se traduzca en mayor productividad y oportunidades en las provincias.

La condición decisiva será que el rumbo trascienda a las administraciones de turno y pueda consolidarse como una verdadera política de Estado. Si Argentina logra sostener esa continuidad, la energía puede dejar de ser solamente una ventaja de recursos para convertirse en una plataforma de desarrollo federal. Si no lo hace, la abundancia geológica corre el riesgo de volver a ser una oportunidad potencial más que una transformación económica concreta.

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Valdés reclamó igualdad para el Norte: “Necesitamos gas para desarrollar nuestras industrias”

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, puso el foco en las asimetrías estructurales que condicionan el crecimiento del Norte Grande y reclamó que las inversiones nacionales en energía, gas, rutas e infraestructura logística permitan equiparar las oportunidades productivas con las regiones Centro y Sur del país.

Todos estamos de acuerdo con Vaca Muerta, con las inversiones que realiza la Nación, pero el Norte tiene que tener las mismas oportunidades de desarrollo que la zona centro y la zona sur del país”, planteó Valdés al hacer un balance de la reunión de gobernadores.

El mandatario correntino remarcó que la discusión sobre la expansión de la red de gas no está centrada únicamente en el consumo residencial. Para las provincias del Norte, explicó, se trata fundamentalmente de una cuestión de competitividad.

Nosotros, más que gas para la zona domiciliaria, lo que buscamos es gas para desarrollar nuestras industrias y para que las oportunidades también estén en el Norte del país y no solamente en la zona centro y sur”, sostuvo.

Gas para producir: el costo de una infraestructura que no llega

Valdés señaló que la falta de gas natural atraviesa buena parte de las economías regionales y afecta directamente la capacidad de competir de las industrias de Corrientes, Misiones y Chaco.

En ese punto, recordó una definición planteada durante el encuentro por el gobernador misionero Hugo Passalacqua: “Hugo le decía muy claramente: acá en Misiones no tenemos problema de gas porque, claramente, no tenemos gas”.

La misma dificultad, explicó, alcanza a Corrientes y amplias zonas chaqueñas, donde numerosas industrias todavía dependen de biomasa, madera o leña para generar energía térmica.

Mucha parte de la industria se mueve a través de la quema de diferentes tipos de maderas o leñas y eso nos hace perder mercado”, advirtió.

El gobernador utilizó como ejemplo la producción arrocera correntina. La provincia lidera la producción nacional, pero la matriz energética utilizada en determinados procesos industriales termina convirtiéndose en una barrera para acceder a mercados más exigentes.

Nosotros en Corrientes, que somos los principales productores de arroz de la Argentina, podríamos abarcar muchos más mercados, pero muchas veces, como los secaderos son a leña, el ahumado que produce la contaminación nos deja fuera de muchos mercados”, explicó.

Según Valdés, una situación similar atraviesa la cadena yerbatera. Por eso, sostuvo que las reuniones del Norte Grande permiten exhibir que detrás de los problemas particulares de cada economía regional existe un denominador común.

Lo que hacen estas reuniones en el Norte Grande es desnudar la cantidad de problemas que tienen las diferentes provincias”, afirmó.

Y enumeró: “Falta de infraestructura de gas, falta de infraestructura energética, falta de infraestructura de rutas”.

Hidrovía: Corrientes pide entre 12 y 14 pies de calado

La logística fluvial también formó parte de la agenda. Corrientes pretende avanzar, junto con Chaco, en mejores condiciones de navegabilidad sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay para reducir costos y potenciar los puertos de la región.

Lo que estamos buscando es tener planteos para que se extiendan las profundidades de los calados del troncal de la Hidrovía”, indicó Valdés.

El objetivo inmediato no pasa por alcanzar los 34 pies disponibles en otros tramos del sistema, sino por conseguir una profundidad suficiente para ampliar las posibilidades de transporte desde el Norte.

No el máximo calado, porque estamos lejos de los 34 pies, pero sí por lo menos alcanzar los 12 a 14 pies, que nos permitiría tener otro tipo de navegación, otro tipo de competencia logística”, precisó.

Para el gobernador, la discusión vuelve al mismo punto: reducir las diferencias estructurales entre regiones. “Cuando la Nación hace inversiones en determinadas zonas, que la igualdad llegue también a las provincias del Norte”, reclamó.

El Niño, la sequía y el temor a una nueva temporada de incendios

La cuestión climática fue, según reveló Valdés, el primer tema abordado por los gobernadores.

El mandatario explicó que algunas zonas continuarán expuestas a los efectos asociados al fenómeno de El Niño, mientras otras podrían atravesar períodos de sequía. Pero la preocupación de Corrientes está puesta especialmente en lo que puede venir después.

Siempre después de un Niño viene una Niña y eso significa muchas posibilidades de incendios”, señaló.

La advertencia tiene un peso particular para una provincia que atravesó temporadas de incendios de enorme impacto productivo y ambiental.

Para nosotros los incendios tienen un muy mal recuerdo, entonces hay que estar previstos y atentos a todo lo que podamos hacer”, sostuvo.

Un reclamo para convertir en ley

Valdés también destacó los avances vinculados con el reconocimiento de las zonas cálidas y muy cálidas, como contrapartida del régimen de Zona Fría, pero advirtió que los gobernadores pretenden darle estabilidad jurídica al esquema.

La intención es que el beneficio no dependa exclusivamente de decisiones administrativas o reglamentarias que puedan modificarse con cada gobierno.

Lo que vamos a buscar en este tiempo, y se lo planteamos a nuestro presidente pro tempore, Raúl Jalil, es trabajar en una ley que lo deje explícito, por asentado, y que no siempre quedemos a la buena de que hoy te reconozco, mañana no te reconozco”, señaló.

“El balance siempre es positivo”

Más allá de los reclamos, Valdés valoró la presencia del jefe de Gabinete nacional en la reunión y consideró que el diálogo directo permite trasladar a la Nación una fotografía más precisa de las restricciones que enfrenta la región.

Celebramos hoy la presencia del jefe de Gabinete en esta reunión que impulsamos nosotros, los gobernadores del Norte Grande, porque nos permite darle un conocimiento mucho mejor a la Nación de cuál es la problemática”, expresó.

Para Valdés, la fortaleza política del bloque regional radica precisamente en construir posiciones compartidas alrededor de demandas concretas.

El balance siempre es positivo, siempre que nosotros nos podamos juntar los gobernadores y entender que tenemos que ir con planteos concretos”, concluyó.

La síntesis que dejó el gobernador correntino atraviesa prácticamente toda la agenda del Norte Grande: Vaca Muerta puede transformar la matriz energética argentina, pero para que esa transformación también modifique la estructura productiva del Norte, el gas, la energía, las rutas y la logística tienen que cruzar las fronteras de las regiones que históricamente concentraron la infraestructura del país.

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Norte Grande: gas, infraestructura y zonas cálidas, la agenda que Misiones llevó a la mesa nacional

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La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande dejó en Posadas una conclusión que excede la discusión coyuntural sobre la provisión de energía: para las provincias del norte argentino, la infraestructura sigue siendo una condición determinante para competir, industrializarse y reducir las brechas de desarrollo con el centro y el sur del país. El encuentro reunió a los mandatarios regionales con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y colocó en el centro de la agenda el transporte de gas, las obras viales, la hidrovía, el impacto climático y el futuro régimen de zonas cálidas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, planteó que la discusión energética debe incorporar las particularidades estructurales de la región. “No tenemos un metro de caño de gas, Osvaldo yo te envidio cuando decís que tenés problemas con el gas, acá no tenemos porque no hay gas. Acá funcionamos a leña”, remarcó el misionero. “El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región”, sostuvo.

La definición tiene una particularidad para Misiones: la provincia no enfrenta simplemente un problema de abastecimiento insuficiente, sino que carece de acceso a la red de gas natural. Esa diferencia explica por qué el reclamo regional apunta a una política de infraestructura de largo plazo y no únicamente a resolver eventuales restricciones durante los meses de mayor demanda.

Santilli aseguró que el Gobierno nacional tomó nota de los planteos y vinculó la discusión con las obras destinadas a recuperar capacidad de transporte. Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte ya fue concluida y ahora resta avanzar con obras de compresión y otros trabajos necesarios para incrementar el flujo. El funcionario también señaló que el cambio en el suministro proveniente de Bolivia obligó a modificar la arquitectura del abastecimiento y a fortalecer el transporte desde Vaca Muerta hacia el norte.

La cuestión adquiere una dimensión productiva cuando se observa cómo la falta de gas condiciona a las economías regionales. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue explícito al señalar que el objetivo no es solamente garantizar el consumo domiciliario, sino disponer de energía suficiente para transformar la matriz productiva. En su diagnóstico, Corrientes y Misiones comparten con sectores de Chaco una desventaja estructural frente a las zonas que sí cuentan con infraestructura gasífera.

El caso correntino permite dimensionar el costo económico de esa brecha. Valdés señaló que parte de la industria arrocera utiliza leña en sus procesos de secado y que el humo generado puede convertirse en una barrera para acceder a determinados mercados. La discusión, por lo tanto, no se reduce al precio de la energía: involucra calidad, competitividad, estándares ambientales y capacidad exportadora.

El mismo razonamiento alcanza a la yerba mate y a otras actividades industriales del Norte Grande. Cuando una provincia carece de infraestructura energética competitiva, una parte del costo de producir se traslada directamente a las empresas. En mercados internacionales donde los compradores pueden sustituir proveedores con rapidez, perder competitividad puede significar perder mercados que después requieren años para recuperarse.

Tucumán llevó a la Asamblea una advertencia similar. Osvaldo Jaldo explicó que las restricciones en el suministro de gas afectan actividades estratégicas como la industria citrícola y la producción sucroalcoholera. En conjunto, según planteó, esos sectores representan cerca de 100.000 puestos de trabajo en la provincia. El dato expone el vínculo entre infraestructura y empleo: una interrupción energética para una industria de escala regional no es solamente un problema operativo, sino un riesgo directo sobre la actividad económica y los ingresos de miles de familias.

Jaldo también marcó una transformación en el mapa energético argentino. Durante los años en que el gas proveniente de Bolivia ingresaba por el norte, las provincias de esa región ocupaban una posición privilegiada dentro del esquema de distribución. Con el desplazamiento hacia el gas producido en Vaca Muerta, el flujo se reorganizó desde el sur hacia el norte y dejó a varias provincias ante la necesidad de adaptar su infraestructura para recibir el nuevo suministro.

En ese punto aparece uno de los principales desafíos de la política energética nacional: Vaca Muerta puede ampliar de manera sustancial la disponibilidad de gas argentino, pero el recurso no genera por sí mismo desarrollo territorial si no existe una red capaz de transportarlo hacia los centros industriales y productivos. La infraestructura es el puente entre la abundancia del recurso y su transformación en inversión, empleo y competitividad.

La discusión sobre las llamadas zonas cálidas incorpora otra dimensión de la misma asimetría. Mientras el Congreso avanza con el proyecto de Zonas Frías, los gobernadores del Norte Grande buscan que el esquema de beneficios energéticos contemple también las regiones sometidas a temperaturas extremas durante el verano. El planteo consiste en evitar que el reconocimiento de las condiciones climáticas dependa de decisiones administrativas cambiantes y avanzar hacia un marco legal que otorgue previsibilidad.

Valdés sostuvo que los gobernadores quieren trabajar durante este período en una ley que deje expresamente establecido el tratamiento para las provincias cálidas y muy cálidas. El objetivo político es convertir un reclamo recurrente en una política pública permanente, con criterios objetivos y previsibles.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande, confirmó que habrá una nueva reunión de trabajo con el Gobierno nacional para abordar la cuestión energética. La expectativa es que el debate por zonas frías y cálidas pueda avanzar en paralelo con las obras de infraestructura necesarias para ampliar la disponibilidad de gas y electricidad.

La agenda energética no fue el único frente de infraestructura discutido en Posadas. Los gobernadores también plantearon la necesidad de mejorar las rutas nacionales y profundizar la capacidad navegable de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para Corrientes, Valdés puso el foco en llevar el calado del troncal a un rango de entre 12 y 14 pies, una mejora que permitiría ampliar las alternativas de navegación, reducir costos logísticos y generar mayor competencia entre puertos.

La lógica detrás de ese reclamo es similar a la energética. Una infraestructura insuficiente aumenta el costo de colocar producción en los mercados y termina funcionando como un impuesto implícito sobre las economías regionales. En provincias alejadas de los grandes centros de consumo y exportación, cada restricción logística tiene un impacto proporcionalmente mayor.

El componente climático agregó una urgencia adicional a la agenda. Corrientes planteó la necesidad de anticiparse a las consecuencias de la transición entre los fenómenos de El Niño y La Niña, especialmente por el riesgo de sequías e incendios. La experiencia reciente de la región convirtió la prevención en una cuestión económica además de ambiental: incendios, sequías y eventos extremos afectan producción, infraestructura, empleo y finanzas provinciales.

En ese contexto, la presencia de Santilli fue leída por los gobernadores como una oportunidad para transformar reclamos dispersos en una agenda institucional común. El jefe de Gabinete evitó involucrarse en la política interna de las provincias y sostuvo que el camino debe ser el trabajo conjunto entre Nación y gobernadores, incluso cuando existan diferencias políticas.

La definición tuvo especial eco en Jaldo, quien reivindicó el diálogo institucional con un Gobierno nacional de signo político diferente al suyo. El tucumano sostuvo que los gobernadores deben representar a todos los habitantes de sus provincias y que el Presidente, elegido democráticamente, representa al conjunto de los argentinos. Para el mandatario, la discusión sobre infraestructura requiere superar la lógica de la confrontación política y concentrarse en aquellos puntos donde existe coincidencia.

Esa postura también revela el nuevo escenario de negociación entre Nación y provincias. Los gobernadores buscan recuperar capacidad de incidencia sobre políticas que impactan directamente en sus economías, mientras el Gobierno nacional necesita ordenar prioridades fiscales y de infraestructura. El desafío consiste en transformar esa tensión en acuerdos que permitan ejecutar obras con impacto productivo y no solamente atender emergencias.

Jalil resumió esa perspectiva al destacar que una parte importante de los reclamos planteados en reuniones anteriores está avanzando y que el diálogo permitió destrabar distintos temas. También anticipó avances en una nueva legislación vinculada al cabotaje y una agenda de trabajo con Cancillería para fortalecer la denominada Marca Norte Grande.

Para Misiones, sin embargo, el punto estructural continúa siendo el acceso a la energía. La provincia puede reclamar reducción de asimetrías, pero la discusión adquiere otra profundidad cuando se considera que el gas natural todavía no forma parte de su infraestructura básica. En ese escenario, la incorporación al sistema de transporte de gas no debería pensarse únicamente como una obra energética, sino como una plataforma para atraer inversiones, sustituir combustibles más costosos, mejorar procesos industriales y ampliar mercados.

El resultado de la Asamblea, por eso, puede medirse menos por la cantidad de compromisos anunciados que por la capacidad de convertir una agenda regional en decisiones concretas. La solución para el Norte Grande no pasa por una transferencia permanente de recursos para compensar desventajas, sino por construir las condiciones de infraestructura que permitan que las provincias produzcan en igualdad de condiciones.

La discusión sobre gas, rutas, hidrovía, electricidad y clima converge finalmente en una misma pregunta: qué infraestructura necesita la Argentina para que el crecimiento de Vaca Muerta, la producción agroindustrial y las economías regionales no queden concentrados territorialmente. La respuesta, para el Norte Grande, pasa por conectar recursos con mercados y convertir esa conexión en competitividad. En Posadas, los gobernadores volvieron a poner esa ecuación sobre la mesa; ahora el desafío es convertir el diagnóstico en obras y reglas que sobrevivan al próximo ciclo político.

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El Gobierno reordena los fondos de las exportaciones eléctricas y redefine cómo financiará la expansión de la red

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La Secretaría de Energía modificó el esquema de financiamiento de las obras de transporte eléctrico y dejó sin efecto el mecanismo que destinaba hasta el 75% de los recursos de la Cuenta de Exportaciones del Mercado Eléctrico Mayorista al extinto Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF). La decisión concentra nuevamente en el organismo regulador la capacidad de definir el destino de esos fondos mediante instrucciones específicas.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 201/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que deroga los artículos 5°, 6° y 7° de la Resolución 593/2022 y el artículo 3° de la Resolución 606/2023. El cambio se produce después de la disolución del FFTEF, dispuesta por el Decreto 234/2025, y completa el reordenamiento institucional del esquema de financiamiento de las ampliaciones del sistema eléctrico.

La Cuenta de Exportaciones había sido creada en 2021 dentro del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista y se integra con los ingresos netos que CAMMESA obtiene por las operaciones de exportación de electricidad, una vez descontados los costos asociados. La normativa original establecía que esos recursos debían financiar obras de infraestructura energética.

El giro regulatorio consiste ahora en que esos fondos ya no quedan asociados a un vehículo fiduciario específico. La Resolución 201/2026 establece que serán asignados mediante instrucciones regulatorias particulares de la Secretaría de Energía, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 3° de la Resolución 1.037/2021.

En términos de política energética, esto implica un cambio relevante en la administración de los recursos: el Estado conserva la fuente de financiamiento vinculada a las exportaciones eléctricas, pero elimina la asignación automática o predeterminada a través del FFTEF. La Secretaría de Energía podrá determinar qué obras requieren financiamiento en función de las prioridades técnicas y de las necesidades del sistema.

El cambio está directamente relacionado con la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. El Decreto 234/2025 eliminó ese fondo, pero mantuvo la política de financiar ampliaciones del sistema de transporte eléctrico mediante mecanismos diferenciados. Al mismo tiempo, modificó el artículo 31 de la Ley 15.336 y estableció que el 19,86% de la recaudación total del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) será destinado a obras de ampliación del transporte en alta tensión orientadas a abastecer la demanda o interconectar regiones eléctricas para mejorar la calidad y seguridad del suministro.

La resolución de la Secretaría de Energía aclara que esta nueva arquitectura no implica abandonar el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional. Las obras incluidas en ese programa mantienen su vigencia como ampliaciones del sistema de transporte en alta tensión, aunque su financiamiento deberá definirse bajo el nuevo esquema y de acuerdo con las prioridades técnicas y presupuestarias que establezca la autoridad.

La diferencia es importante: una obra puede continuar siendo considerada necesaria para el sistema eléctrico sin conservar automáticamente una fuente de financiamiento determinada. El nuevo régimen separa la planificación de las obras de la asignación concreta de los recursos, dejando a la Secretaría de Energía la decisión sobre cuáles proyectos financiar y con qué fuente disponible.

La resolución también depura el universo de proyectos heredados del antiguo esquema. Todas aquellas encomiendas, instrucciones de gestión o instrucciones para iniciar procesos licitatorios vinculadas al FFTEF quedarán sin efecto si no habían derivado en contratos con terceros antes del 28 de marzo de 2025 y tampoco figuran entre los contratos en ejecución incorporados al anexo de la Resolución 343/2025.

La excepción alcanza precisamente a las obras que ya tenían contratos en curso de ejecución al momento de la disolución del Fondo. Esos contratos fueron transferidos a la Secretaría de Energía, que asumió el rol de comitente y quedó a cargo de su continuidad.

La medida también despeja una situación normativa generada por el préstamo que CAMMESA había otorgado a ENARSA para financiar las obras de reversión del Gasoducto Norte, actualmente denominado Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. La Resolución 606/2023 había suspendido transitoriamente el mecanismo de aportes de la Cuenta de Exportaciones al FFTEF hasta que se produjera el reintegro de los fondos.

Con la desaparición del fondo fiduciario receptor, la Secretaría de Energía considera que esa suspensión perdió su objeto y, por esa razón, también elimina el artículo que la establecía. El argumento central es jurídico y operativo: no puede mantenerse un mecanismo de transferencia cuyo destinatario institucional dejó de existir.

El nuevo esquema otorga mayor discrecionalidad a la autoridad energética, pero también coloca sobre ella una responsabilidad mayor: transformar una fuente de recursos disponible en un programa de inversiones que permita resolver los cuellos de botella de la red. En un sistema eléctrico donde la expansión del transporte condiciona la incorporación de nueva generación y la capacidad de abastecer una demanda creciente, la asignación de capital hacia las obras prioritarias se vuelve una decisión estratégica.

Para los usuarios y para las economías regionales, el efecto no necesariamente será inmediato ni se traducirá directamente en la factura eléctrica. El impacto potencial está en otro lugar: una red de alta tensión con mayor capacidad y confiabilidad permite reducir restricciones, mejorar la seguridad del abastecimiento y facilitar la interconexión entre regiones eléctricas.

La resolución, por lo tanto, no anuncia nuevas obras ni asigna en esta instancia un monto determinado a proyectos específicos. Lo que modifica es el mecanismo mediante el cual la Secretaría de Energía podrá decidir el destino de los recursos de la Cuenta de Exportaciones. El próximo paso relevante será observar qué instrucciones regulatorias emita el organismo y qué ampliaciones sean finalmente priorizadas.

El cambio consolida así una nueva arquitectura para el financiamiento de la infraestructura eléctrica: desaparece el fondo fiduciario como vehículo de asignación, se preservan las obras consideradas estratégicas y la Secretaría de Energía recupera una herramienta central para ordenar los recursos disponibles según las necesidades del sistema.

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