Infraestructura energética

Nuevo oleoducto impulsa exportaciones de crudo de Vaca Muerta hacia Estados Unidos

Compartí esta noticia !

La puesta en marcha de un nuevo oleoducto permitió concretar una exportación de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia Estados Unidos, marcando un salto operativo clave para el perfil exportador del sector energético argentino. La operación, que involucró el despacho de 71.000 metros cúbicos de petróleo a bordo de un buque tanque, se realizó a partir de una infraestructura recientemente inaugurada que elimina cuellos de botella logísticos, mejora la eficiencia del sistema de transporte y amplía la capacidad de exportación de Vaca Muerta, uno de los ejes estratégicos de generación de divisas para la economía nacional.

Un nuevo eslabón logístico para la exportación de crudo

La carga de crudo producido por operadores de la Cuenca Neuquina se concretó desde la Posta de Inflamables N°3 de Puerto Galván, utilizando el sistema logístico de la Refinería Bahía Blanca y el Oleoducto Derivación, una obra recientemente inaugurada por Trafigura en conjunto con Oldelval. El destino final del embarque fue Estados Unidos, uno de los principales mercados internacionales para el crudo argentino.

El elemento central de esta operación fue la utilización del nuevo ducto, una inversión estratégica que permite conectar de manera directa el sistema troncal de Oldelval con la Posta de Inflamables N°3, eliminando restricciones operativas históricas y optimizando los tiempos y volúmenes de carga. De este modo, se refuerza la integración entre la producción de Vaca Muerta y los puntos de salida al exterior.

La exportación se realizó mediante el VS Pride, un buque tanque de 228 metros de eslora, cuya operatoria se vio significativamente agilizada gracias a la nueva conexión directa con el oleoducto troncal. La coordinación entre la Refinería Bahía Blanca y el consorcio de Puerto Rosales permitió maximizar la eficiencia logística en una operación de gran escala.

Inversión estratégica y mejora en la capacidad operativa

El Oleoducto Derivación fue inaugurado a comienzos de noviembre del año pasado y se consolidó como un canal estratégico para el sistema de transporte de crudo del país. La obra cuenta con 14 pulgadas de diámetro y 11 kilómetros de extensión, y conecta el sistema troncal Allen–Puerto Rosales de Oldelval con la Refinería Bahía Blanca.

La inversión superó los 30 millones de dólares y fue ejecutada bajo altos estándares de calidad, seguridad y cuidado ambiental, en línea con los requerimientos técnicos del sector energético y las exigencias del comercio internacional de hidrocarburos. Según se destacó, la nueva infraestructura mejora la flexibilidad operativa, reduce tiempos muertos y amplía la capacidad exportadora de la Cuenca Neuquina, una condición clave para sostener el crecimiento de la producción.

Gracias a esta instalación, se logró eficientizar la carga de crudo vía conexión directa al oleoducto troncal, eliminando pasos intermedios que limitaban la operatoria. Este avance representa un salto cualitativo en velocidad y eficiencia, y posiciona a la infraestructura como una herramienta central para escalar volúmenes exportables.

Rol estratégico de la infraestructura

La operación consolida a Trafigura como un actor estratégico en la logística del petróleo proveniente de Vaca Muerta, al demostrar que las inversiones en infraestructura de transporte resultan determinantes para ampliar el perfil exportador de la región. En un contexto donde la energía se posiciona como uno de los principales generadores de divisas, la mejora en los sistemas de evacuación del crudo adquiere relevancia macroeconómica e institucional.

El Grupo Trafigura cuenta con una estructura diversificada de activos industriales y negocios operativos, que incluye al productor de multimetales Nyrstar, la empresa de almacenamiento y distribución de combustibles Puma Energy, la empresa conjunta Impala Terminals y Greenergy, proveedor y distribuidor de combustibles para transporte y biocombustibles. El grupo emplea a más de 14.500 personas, de las cuales más de 1.400 son accionistas, y mantiene operaciones en más de 150 países.

Desde una perspectiva sectorial, la puesta en marcha del nuevo oleoducto impacta positivamente en los productores de la Cuenca Neuquina, en el sistema portuario del sur bonaerense y en la capacidad del país para colocar crudo en mercados externos. A su vez, refuerza el debate sobre la necesidad de continuar ampliando la infraestructura energética como condición necesaria para sostener el crecimiento exportador y fortalecer la balanza comercial.

Compartí esta noticia !

Trump cancela la segunda ola de ataques sobre Venezuela tras la liberación de presos políticos

Compartí esta noticia !

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la cancelación de la segunda ola de ataques militares sobre Venezuela, prevista tras la captura de Nicolás Maduro, al considerar que la reciente liberación de presos políticos constituye un gesto suficiente de cooperación por parte del nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Aunque aclaró que el despliegue militar se mantendrá “por motivos de seguridad”, la decisión introduce un cambio relevante en la escalada del conflicto y abre un nuevo escenario político, económico y energético en la región.

Un giro estratégico tras la liberación de presos políticos

El anuncio fue realizado por el propio Trump a través de una publicación en Truth, donde vinculó de manera directa la decisión de frenar la ofensiva militar con las excarcelaciones dispuestas por el gobierno venezolano tras la captura del exmandatario. En ese mensaje, el presidente estadounidense destacó la cooperación de la administración de Delcy Rodríguez y consideró que una nueva intervención armada dejó de ser necesaria.

Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, afirmó Trump. En la misma línea, sostuvo que, gracias a esa señal, “cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”.

La decisión se inscribe en un contexto de máxima tensión bilateral, pero también de redefinición de prioridades estratégicas, donde los gestos políticos del gobierno venezolano aparecen como un factor de contención frente a una escalada militar de mayores proporciones.

Cooperación energética y despliegue militar en pausa

Más allá de la cancelación de los ataques, Trump fue explícito en señalar que el operativo militar estadounidense no se retira completamente. “Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, afirmó, en referencia al bloqueo de petroleros en las costas venezolanas.

En paralelo, el mandatario puso el foco en la cooperación energética entre ambos países. Según explicó, Estados Unidos y Venezuela están trabajando de manera conjunta en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, con un enfoque que describió como “mucho mayor, mejor y más moderno”. Este punto introduce una dimensión económica clave en la relación bilateral, en un país con vastos recursos energéticos y una infraestructura severamente deteriorada.

En ese marco, Trump informó además que este viernes mantendrá una reunión en la Casa Blanca con grandes compañías petroleras, las cuales —según indicó— invertirán al menos 100 mil millones de dólares. Aunque no se precisaron plazos ni proyectos específicos, el anuncio sugiere un reposicionamiento del sector energético como eje central del nuevo vínculo entre Washington y Caracas.

Repercusiones políticas y escenarios abiertos

La decisión de cancelar la segunda ola de ataques tiene implicancias directas en el tablero político e institucional venezolano. Por un lado, fortalece al gobierno de Delcy Rodríguez, que aparece ante la comunidad internacional como un actor dispuesto a realizar concesiones políticas para reducir la presión externa. Por otro, introduce un canal de diálogo pragmático con Estados Unidos, basado en la estabilidad y en intereses económicos concretos.

Al mismo tiempo, la permanencia del despliegue militar y del bloqueo de petroleros indica que la presión no desaparece, sino que se reconfigura. El mensaje es claro: la distensión es condicional y depende de la continuidad de gestos considerados positivos por Washington.

En términos regionales, la decisión de Trump reduce, al menos en el corto plazo, el riesgo de una escalada bélica de mayor alcance, pero mantiene abiertos interrogantes sobre la sostenibilidad del entendimiento y el impacto que la cooperación energética pueda tener sobre la economía venezolana y sobre el equilibrio político interno.

Compartí esta noticia !

El Gobierno adjudicó las concesiones hidroeléctricas clave

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de las acciones y concesiones de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25. La medida, instrumentada a través de la Resolución 2124/2025, consolida uno de los procesos de privatización energética más relevantes de los últimos años, con un impacto directo en la estructura del mercado eléctrico, las finanzas públicas y la relación entre Nación y provincias productoras de energía.

La resolución fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre como suplemento. Establece los adjudicatarios definitivos, los montos de venta de los paquetes accionarios, la aprobación de los contratos de transferencia y concesión, y fija el cronograma de toma de posesión a partir del 8 de enero de 2026.

Un proceso de privatización anclado en la reforma del sector energético

El esquema aprobado por el Ministerio de Economía se apoya en un entramado normativo amplio que incluye las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, además de una serie de decretos que habilitaron la reversión de las concesiones hidroeléctricas y la posterior privatización de las sociedades creadas para administrarlas. En ese marco, la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir cuatro sociedades anónimas específicas para cada complejo, con una participación accionaria inicial del 98% para ENARSA y del 2% para NASA.

Posteriormente, la Ley 27.742 declaró sujetas a privatización a ambas empresas, habilitando la venta total o parcial de sus activos. El Decreto 286/2025 autorizó la privatización total de ENARSA mediante la separación de unidades de negocio, mientras que el Decreto 695/2025 avanzó con la privatización parcial de NASA. En paralelo, el Decreto 718/2024 dispuso la venta del paquete accionario mayoritario de las nuevas sociedades hidroeléctricas a través de un concurso público competitivo, nacional e internacional.

La Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al proceso licitatorio, aprobó el pliego de bases y condiciones y fijó el cronograma, que luego fue ajustado mediante resoluciones complementarias. Tras la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Gobierno avanzó primero con la preadjudicación y finalmente con la adjudicación definitiva mediante la Resolución 2124/2025.

Quiénes se quedan con los complejos y por cuánto dinero

La resolución detalla con precisión los adjudicatarios y los montos comprometidos para cada complejo hidroeléctrico, todos expresados en dólares estadounidenses:

  • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al consorcio integrado por Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por un monto total de USD 162.040.002,17.
  • El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al grupo conformado por BML Inversora S.A.U., Energrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Green Energy S.A. y BML Energía S.A., por USD 235.671.294.
  • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al mismo consorcio que Alicurá, por USD 64.174.002,32.
  • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada a Central Puerto S.A., por USD 245.000.000.

En todos los casos, la resolución precisa la distribución de las acciones clase A, B y C, y establece que los adjudicatarios deberán transferir el precio correspondiente antes del 6 de enero de 2026 a la cuenta indicada por la Tesorería General de la Nación. La toma de posesión de los complejos fue fijada para el 8 de enero de 2026 a las 12:00 horas.

Impacto económico, institucional y proyección del mercado eléctrico

Desde el punto de vista fiscal, el proceso apunta a maximizar los ingresos para el Estado nacional, criterio que fue validado a partir de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Según los considerandos de la resolución, los precios ofertados superaron incluso los escenarios proyectados en dicha valuación, reforzando el argumento oficial de razonabilidad económica de la operación.

En términos institucionales, la medida consolida el rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación del proceso de privatización, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía. También implica un reordenamiento en la relación con las provincias de Neuquén y Río Negro, cuyos representantes participaron en la suscripción de los contratos de transferencia.

Para el sector eléctrico, la adjudicación redefine el mapa de operadores privados en generación hidroeléctrica, con efectos potenciales sobre inversiones, mantenimiento de infraestructura y estrategias de largo plazo en un segmento clave del sistema energético argentino. La entrada en vigencia inmediata de la resolución y el cronograma acelerado de traspaso marcan una señal clara de continuidad en la política de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

Compartí esta noticia !

Transporte eléctrico: el Gobierno habilita concesiones privadas para ampliar la red nacional

Compartí esta noticia !

El Poder Ejecutivo nacional avanzó con un cambio estructural en la política de infraestructura energética al disponer que las obras prioritarias de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se ejecuten bajo el régimen de concesiones privadas de obra pública previsto en la Ley N° 17.520, mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales y sin erogaciones directas del Estado. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 921/2025, firmado el 26 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y se inscribe en el marco de la emergencia del sector energético nacional, prorrogada hasta el 9 de julio de 2026.

La norma redefine el esquema de ejecución de inversiones clave en transmisión eléctrica, con el objetivo de atraer capital privado, mejorar la confiabilidad del sistema y reducir restricciones estructurales que afectan la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en un contexto de crecimiento de la demanda y limitaciones históricas en la red de alta tensión.

Marco normativo y emergencia energética: la base del nuevo esquema

El decreto se apoya en un entramado normativo amplio que incluye las Leyes N° 15.336, 17.520 y 24.065, y una serie de decretos y resoluciones dictados desde 1992 hasta 2025. En particular, retoma los objetivos fijados por el artículo 2° del Texto Ordenado de la Ley N° 24.065, que establece como ejes de la política eléctrica la protección de los usuarios, la confiabilidad y libre acceso al sistema, la eficiencia tarifaria y el fomento de inversiones privadas en generación, transporte y distribución.

El contexto inmediato es la emergencia del Sector Energético Nacional, declarada originalmente por el Decreto N° 55/2023 y prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 1023/2024 y N° 370/2025. Ese marco habilitó a la Secretaría de Energía a diseñar un programa de acciones para garantizar inversiones indispensables en transporte y distribución eléctrica, asegurando la prestación continua del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

En ese sentido, la Resolución del Ministerio de Economía N° 715/2025 declaró prioritarias determinadas obras de ampliación del sistema de transporte, identificadas en su Anexo, y dispuso que se ejecuten bajo el esquema concesional de la Ley N° 17.520, abriendo la puerta a un modelo donde el sector privado asume la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Concesiones, inversión privada y rol de la Secretaría de Energía

El Decreto 921/2025 establece que las obras prioritarias de ampliación del sistema de transporte eléctrico se realizarán a título gratuito para el Estado, mediante concesiones de obra pública y bajo el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional. De este modo, el financiamiento, la ejecución y la operación quedarán en manos de concesionarios privados, con un esquema contractual que, según destaca la norma, preserva el equilibrio económico-financiero y brinda previsibilidad a inversores y financiadores.

El texto subraya que el régimen de la Ley N° 17.520 ofrece garantías en materia de remuneración, variación de condiciones contractuales y mitigación de riesgos, incluso frente a eventuales terminaciones anticipadas. Esto permite estructurar proyectos de largo plazo sin comprometer recursos públicos de manera directa, en línea con la estrategia oficial de reducción del gasto público y optimización del rol del Estado.

En este marco, el decreto delegó amplias facultades en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo:

  • Aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y técnicas, así como el modelo de contrato de concesión.
  • Convocar a las licitaciones públicas nacionales e internacionales.
  • Organizar y coordinar la Comisión Evaluadora.
  • Calificar oferentes y resolver impugnaciones.
  • Dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir los contratos de concesión.

El Ministerio de Economía quedará, a su vez, como Autoridad de Aplicación de los contratos, ejerciendo la supervisión y el control general, mientras que la Secretaría de Energía podrá dictar las normas complementarias y operativas necesarias para la implementación del régimen.

Impacto esperado y proyección del sistema eléctrico

Desde una perspectiva institucional y económica, la medida busca destrabar inversiones largamente postergadas en la red de transmisión eléctrica, un cuello de botella crítico para el desarrollo energético y productivo. La ampliación del sistema de transporte resulta clave para mejorar la confiabilidad del suministro, reducir riesgos de saturación y acompañar el crecimiento de la demanda en distintas regiones del país.

El esquema concesional también implica un cambio relevante en la relación entre el Estado y el sector privado en materia de infraestructura eléctrica, trasladando riesgos y responsabilidades operativas a los concesionarios, pero bajo reglas contractuales definidas y supervisión estatal.

En términos políticos, el decreto consolida una orientación que prioriza la participación privada en obras estratégicas, apoyada en un marco legal existente pero poco utilizado en el sector eléctrico durante las últimas décadas. En ese sentido, la implementación efectiva de las licitaciones y la respuesta del mercado serán determinantes para evaluar el alcance real de esta política en el mediano y largo plazo.

Compartí esta noticia !

El Ejecutivo modifica el presupuesto y redefine fondos para seguridad, salud y energía

Compartí esta noticia !

El Gobierno refuerza partidas clave y autoriza cambios estructurales en el Fondo Gasífero: Milei firmó el DNU 849/2025 que reconfigura el presupuesto 2025

En un contexto de emergencia económica y con un Presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025, que modifica de forma integral el Presupuesto General de la Administración Nacional y habilita transferencias millonarias para cubrir obligaciones previsionales, gastos esenciales y programas sociales. La medida incluye la posibilidad de transformar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), un punto clave para la infraestructura energética.

Un DNU para reordenar las cuentas públicas en un año sin presupuesto aprobado

El DNU, publicado en el Boletín Oficial y fechado el 28 de noviembre de 2025, sostiene su justificación en la “situación de suma gravedad” económica y en el hecho de que por segundo año consecutivo el Congreso no sancionó una Ley de Presupuesto, luego de que el Ejecutivo enviara su proyecto el 15 de septiembre de 2024.

Para sostener la administración del Estado, el Gobierno recuerda que el Decreto 1131/24 prorrogó el Presupuesto 2023 (Ley 27.701), mientras que la Decisión Administrativa 3/25 estableció los créditos correspondientes a esa prórroga.

El marco de emergencia se fundamenta además en: El Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. La Ley 27.742 (Bases), que declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Bajo este contexto, el Gobierno afirma que “resulta necesario asegurar una distribución razonable de los recursos” para evitar que se vea afectada la prestación de “servicios esenciales” del Estado.

Recomposición previsional, seguridad y gasto social: el detalle de los refuerzos presupuestarios

Asignaciones para jubilaciones, retiros y sentencias judiciales

Uno de los puntos centrales del DNU es la asignación de $406.557.027.778 destinados al pago de deudas previsionales originadas en sentencias judiciales firmes vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El reparto es el siguiente: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal:
$352.748.607.000. Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF):
$53.808.420.778

El Gobierno explica que el refuerzo responde a los aumentos salariales otorgados durante 2025 a las Fuerzas de Seguridad (Resoluciones 176/25, 520/25 y 944/25) y al Personal Militar (Resoluciones conjuntas 11/25, 24/25 y 63/25), que impactan directamente en los haberes de retirados y pensionados.

Modificaciones en cargos y traspasos

El DNU incorpora también modificaciones de personal, registradas en las planillas anexas IF-2025-127772174-APN-SSP#MEC.

Entre ellas, se destacan: Transferencia de cargos desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad Nacional, en línea con el Decreto 605/2025.

El ajuste busca adecuar la dotación de agentes tras la reubicación de dependencias como el Registro Nacional de Datos Genéticos.

Salud, discapacidad, educación y programas sociales

El DNU también refuerza partidas para: Hospitales de alta complejidad SAMIC, incluidos Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, Bicentenario Esteban Echeverría y el Presidente Néstor Kirchner. Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): para el pago de pensiones no contributivas y del subsidio extraordinario a beneficiarios. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: financiamiento de Prestación Alimentar. Secretaría de Educación: Política salarial docente y no docente de universidades. Compra de computadoras. Becas PROGRESAR, comedores escolares y Jornada Extendida. Programas de empleo: Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha. ANSeS: Prestaciones previsionales con impacto de la Ley de Movilidad Previsional (N° 26.417). Programa 19 (Asignaciones Familiares). Prestación por desempleo.Programa 32 – Acciones de Nutrición (Programa 1000 Días). Transferencias al PAMI. Prestación Mensual de Oncopediatría.

Empresas públicas y organismos: financiamiento adicional

La jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro (91) recibe refuerzos para sostener: Radio y Televisión Argentina S.A.U. Educ.ar S.A.U. Casa de Moneda S.A.U. Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Belgrano Cargas y Logística S.A. SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria). ACUMAR. ENARD. Incremento de capital del IDB Investment Corporation.

Asimismo se readecúa el Servicio de la Deuda Pública para cubrir servicios financieros del ejercicio en curso.

Economía queda habilitado a disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero

Uno de los artículos con mayor impacto político y sectorial es el artículo 4°, que autoriza al Ministerio de Economía a modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS).

El DNU instruye a Energía Argentina S.A. (ex Enarsa), fiduciaria del fondo, a brindar “colaboración y asistencia” a la Secretaría de Energía para garantizar la transición hacia un nuevo instrumento de financiamiento de obras de transporte de gas.

La habilitación refleja el giro del Gobierno hacia mecanismos alternativos para financiar infraestructura energética en un contexto de severo ajuste fiscal y restricciones de financiamiento.

El sector energético podría mostrar distintas reacciones: desde empresas interesadas en nuevos esquemas de inversión hasta gobernadores y actores del gasoducto troncal que podrían advertir por eventuales retrasos o redefiniciones.

Control legislativo obligatorio

Como establece la Ley 26.122, el DNU debe ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente, que deberá dictaminar su validez y enviarlo al recinto de ambas Cámaras para su tratamiento.

El artículo 7° del decreto cumple con ese paso formal: “Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del H. Congreso de la Nación”.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin