Infraestructura energética

Gerardo Grippo: “Todavía no vemos un proyecto integral para aprovechar el gas de Vaca Muerta”

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Mientras Argentina proyecta convertirse en exportador global de energía, la industria misionera advierte que la falta de gas natural y las asimetrías estructurales profundizan la pérdida de competitividad en el norte del país.

En un escenario donde la Argentina busca posicionarse como proveedor global de energía a partir del desarrollo de Vaca Muerta, las economías regionales del norte enfrentan una realidad muy distinta: altos costos energéticos, limitaciones de infraestructura y crecientes dificultades para competir.

El ingeniero Gerardo Grippo, presidente del Movimiento Industrial Misionero, puso el foco en una de las principales brechas estructurales: la ausencia de gas natural por redes en Misiones, un factor que -según advierte- condiciona el desarrollo productivo y desalienta inversiones.

“Contar con Vaca Muerta es un activo estratégico enorme para el país, pero todavía no vemos un proyecto integral de desarrollo nacional que permita aprovechar plenamente ese potencial”, señaló.

Energía: la gran asimetría

Grippo remarcó que la Argentina debería no solo exportar gas, sino también utilizar ese recurso para garantizar energía competitiva en el mercado interno. En ese esquema, la falta de infraestructura aparece como el principal cuello de botella.

“La extensión de los gasoductos es clave. Hoy existe un proyecto que llegaría hasta Paso de los Libres para exportar a Brasil, pero también debería contemplar su llegada a Misiones. De lo contrario, la provincia seguirá en una situación de aislamiento energético”, advirtió.

La consecuencia directa es una pérdida de competitividad. Sin acceso a gas natural, las industrias misioneras enfrentan mayores costos de producción en comparación con otras regiones del país que sí cuentan con ese insumo estratégico.

Yacyretá, energía sin impacto local

La paradoja energética también atraviesa a la región. A pocos kilómetros de Misiones, la represa de Yacyretá aporta entre el 15% y el 20% de la energía eléctrica nacional, pero ese recurso no se traduce en ventajas competitivas para la provincia.

“La disponibilidad de energía genera desarrollo industrial, urbano y social. Pero hoy esa energía no está impulsando el crecimiento local”, planteó Grippo

En el debate sobre reformas laborales, el dirigente industrial fue claro: el problema central no es el costo del trabajo, sino la falta de condiciones estructurales para producir.

“El empleo no se genera porque sea más barato contratar. Se genera cuando hay demanda. Hoy la industria tiene niveles de capacidad instalada cercanos al 50%, con sectores mucho más abajo”, explicó.

En ese contexto, advirtió que las reformas sin consenso social pueden derivar en mayor precarización, sin resolver los problemas de fondo.

Grippo también subrayó el rol del tipo de cambio como herramienta de competitividad, aunque señaló las limitaciones del caso argentino por su estructura bimonetaria.

“A diferencia de otros países, cualquier ajuste cambiario en Argentina impacta rápidamente en los precios internos. A eso se suman otros factores como la carga impositiva, los costos logísticos y el acceso al financiamiento”, detalló.

Mercosur y apertura: oportunidad con condiciones

Sobre el escenario internacional, el presidente del Movimiento Industrial Misionero consideró que el Mercosur sigue siendo una plataforma clave, pero advirtió sobre los riesgos de una apertura sin políticas productivas.

“La integración es necesaria, pero si no resolvemos las asimetrías internas -energía, infraestructura, financiamiento- la apertura puede profundizar las desigualdades y debilitar a las economías regionales”, sostuvo.

Un reclamo estructural

La conclusión es clara: mientras el país proyecta exportar energía al mundo, una parte de su entramado productivo sigue operando con desventajas estructurales.

Para Misiones, el acceso a energía competitiva no es solo una cuestión técnica, sino una condición indispensable para sostener la industria, generar empleo y consolidar su rol dentro del Mercosur.

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Valdés presentó en New York el gasoducto Chaco–Santa Catalina como carta política y productiva en la agenda internacional

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, cerró el jueves (12/03) su participación en la Argentina Week en Nueva York con una apuesta clara: colocar al gasoducto Chaco–Santa Catalina en el centro del mapa de inversiones para el nordeste argentino. Durante un panel de gobernadores realizado en el marco del encuentro, el mandatario provincial presentó la obra energética como una infraestructura capaz de redefinir el perfil productivo de la región y abrir nuevas oportunidades industriales.

La intervención funcionó, además, como el punto final de su gira en Estados Unidos. En un foro orientado a vincular a dirigentes provinciales con inversores y actores del sistema financiero internacional, Valdés eligió subrayar un mensaje político y económico concreto: la disponibilidad de gas natural podría transformar el escenario energético de Corrientes y generar condiciones para atraer capital productivo.

La pregunta que sobrevuela ese planteo es evidente. ¿Se trata simplemente de un proyecto de infraestructura o del intento de posicionar a Corrientes como un nodo energético en el nordeste, capaz de alterar la dinámica productiva regional?

Infraestructura energética y estrategia de desarrollo

En su exposición, Valdés explicó que la construcción del gasoducto Chaco–Santa Catalina tendría efectos directos sobre varios sectores de la economía provincial. Según detalló, la llegada del gas natural permitiría ampliar la capacidad productiva en áreas vinculadas a la logística, la industria química y el sector alimentario.

El planteo apunta a una ecuación clásica en la política económica regional: energía más accesible como motor para atraer inversiones. En ese marco, el gobernador sostuvo que la obra podría facilitar además la exportación de productos agroindustriales deshidratados, un segmento donde el acceso a energía competitiva suele ser un factor decisivo para la industrialización local.

Durante el panel también proyectó un horizonte más amplio. La infraestructura energética —según indicó— abriría la puerta al desarrollo de nuevos modelos de negocios vinculados al gas, como plantas de GNL o GNC.

El argumento se articula con una narrativa de desarrollo basada en infraestructura estratégica. En esa lógica, el gasoducto aparece no solo como una obra energética sino como una plataforma para reconfigurar cadenas productivas.

Energía, inversiones y posicionamiento regional

El mensaje del gobernador estuvo acompañado por una cifra que dimensiona el alcance del proyecto. De acuerdo con su exposición, el gas natural beneficiaría a más de 2,6 millones de personas en Corrientes y Misiones, con energía “más competitiva y limpia”.

En términos económicos, el planteo vincula tres variables: reducción de costos productivos, mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. Esa combinación suele ser central en los discursos dirigidos a potenciales inversores internacionales.

En ese sentido, Valdés enfatizó la necesidad de consolidar condiciones institucionales que respalden la llegada de capital. “Con reglas claras y un marco legal que promueve inversiones, Corrientes puede consolidarse como un nodo energético del NEA”, afirmó durante su intervención.

La estrategia se inscribe en una dinámica más amplia donde las provincias buscan posicionarse en el escenario internacional para captar proyectos productivos. En ese terreno, las obras de infraestructura energética funcionan como una carta de negociación política y económica.

Un proyecto que abre expectativas y desafíos

El cierre de la participación correntina en la Argentina Week dejó instalado un eje claro: la infraestructura energética como palanca de desarrollo regional.

Si el gasoducto Chaco–Santa Catalina avanza según lo proyectado, el impacto podría extenderse más allá del suministro energético. El acceso al gas natural podría modificar costos industriales, habilitar nuevas actividades productivas y generar un entorno más atractivo para inversiones.

Sin embargo, el escenario todavía depende de múltiples variables: la concreción de la obra, la capacidad de transformar disponibilidad energética en proyectos industriales concretos y la coordinación regional para aprovechar esa infraestructura.

Por ahora, la apuesta política quedó planteada en un escenario internacional. El desafío comenzará cuando ese proyecto de desarrollo tenga que traducirse en inversiones, producción y empleo dentro del territorio.

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Misiones accede a financiamiento internacional: USD 75 millones para ampliar la red eléctrica

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La infraestructura energética de Misiones suma una nueva vía de financiamiento internacional. El Gobierno nacional aprobó el esquema de garantías que permitirá a la provincia acceder a un préstamo de hasta 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento destinado a ampliar y modernizar la red eléctrica. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 131/2026, publicado el 5 de marzo en el Boletín Oficial, y habilita la firma de los contratos necesarios para ejecutar el programa que tendrá un impacto directo en el sistema energético de la zona sur, con la extensión de la línea 132 entre San Isidro, en Posadas, Alem y Oberá.

El financiamiento apunta al “Proyecto de Mejoras de Infraestructura de Redes Eléctricas en la Provincia de Misiones”, una iniciativa orientada a fortalecer el sistema de transmisión y facilitar la integración de energías renovables en la red provincial. El mecanismo incluye una garantía soberana del Estado nacional y una contragarantía de la provincia, que respalda los compromisos financieros asumidos.

El dato central del decreto es el monto: USD 75 millones, un volumen significativo para inversiones en infraestructura energética provincial en un contexto de restricción fiscal y limitado acceso al crédito externo.

Cómo funciona el financiamiento: garantía nacional y contragarantía provincial

La norma aprueba dos instrumentos contractuales que estructuran la operación financiera.

Por un lado, el Contrato de Garantía entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) establece que el Estado nacional actuará como garante solidario de las obligaciones de pago del préstamo otorgado a la provincia. Esto significa que, ante un eventual incumplimiento del prestatario, el Gobierno nacional deberá responder por el capital, intereses, comisiones y demás cargos financieros asociados al crédito.

A su vez, se aprueba un Contrato de Contragarantía entre la Nación y el Gobierno de Misiones. En este acuerdo, la provincia se compromete a reembolsar cualquier monto que el Estado nacional deba afrontar en su condición de garante.

El mecanismo prevé además una herramienta clásica del financiamiento subnacional en Argentina: si la provincia no cumple con los pagos, el Gobierno nacional podrá instruir al Banco Nación para retener fondos de la coparticipación federal y destinarlos a cancelar la deuda.

Este esquema busca preservar el crédito soberano frente al organismo financiero internacional y, al mismo tiempo, asegurar que la responsabilidad final del endeudamiento recaiga sobre la jurisdicción beneficiaria.

El proyecto: redes de transmisión y energías renovables

Los fondos del préstamo estarán destinados a mejorar la infraestructura eléctrica en la región centro de Misiones.

El programa se estructura en dos componentes principales: Inversión en infraestructura de transmisión eléctrica, orientada a ampliar y modernizar las redes existentes. Gestión del financiamiento, vinculada a la administración técnica y financiera del proyecto.

El objetivo declarado es mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico, además de facilitar la integración de energías renovables dentro del sistema provincial.

El proyecto también busca reforzar la capacidad del sistema para acompañar el crecimiento de la demanda energética, un factor relevante en provincias con fuerte desarrollo industrial forestal, agroindustrial y turístico.

Antecedentes institucionales y encuadre financiero

La operación se inscribe dentro del esquema habitual de financiamiento de organismos multilaterales para proyectos de infraestructura subnacional.

En este caso, la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina se comprometió a otorgar el préstamo a la provincia con la condición de contar con una garantía soberana de la República Argentina. Ese requisito es frecuente en operaciones de crédito internacional con gobiernos provinciales.

Antes de la aprobación del decreto, distintos organismos técnicos evaluaron la operación.

El Banco Central analizó el impacto de la garantía en la balanza de pagos y concluyó que el efecto macroeconómico será limitado y consistente con la dinámica prevista de las operaciones externas.

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía indicó que el costo financiero del préstamo resulta inferior al que la Argentina podría obtener en el mercado, lo que refuerza la conveniencia del financiamiento multilateral frente a otras fuentes de crédito.

Impacto económico: infraestructura energética y desarrollo regional

Desde el punto de vista económico, la medida apunta a fortalecer uno de los cuellos de botella estructurales de muchas economías regionales: la infraestructura energética.

La inversión en redes de transmisión puede generar efectos en varias dimensiones:

Inversión pública: el préstamo habilita recursos externos para obras eléctricas en una provincia con creciente demanda energética.

Competitividad productiva: una red más robusta reduce riesgos de interrupciones y mejora la estabilidad del suministro para industrias, aserraderos, agroindustrias y servicios.

Integración energética: la modernización de la red facilitará la incorporación de fuentes renovables, un objetivo cada vez más presente en las políticas energéticas provinciales.

Efecto fiscal controlado: al tratarse de financiamiento externo con garantía nacional, el riesgo crediticio se comparte entre Nación y provincia, aunque el esquema de contragarantía mantiene la responsabilidad primaria en el gobierno provincial.

Financiamiento multilateral para infraestructura provincial

En términos de política pública, el decreto muestra continuidad en el uso de organismos multilaterales como fuente de financiamiento para obras de infraestructura en provincias.

El Gobierno nacional mantiene un rol central en estas operaciones, ya que: otorga la garantía soberana exigida por los organismos internacionales, y establece mecanismos de contragarantía para preservar el crédito público.

La medida también delega en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Finanzas la facultad de firmar los contratos y eventuales modificaciones operativas, siempre que no alteren el monto ni el destino del financiamiento.

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El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027 y fijó un precio tope al GNL para los próximos inviernos

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El Poder Ejecutivo extendió la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027 y estableció un régimen transitorio de precio máximo para la comercialización interna del Gas Natural Licuado (GNL) durante los próximos dos inviernos. La decisión fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, y responde a la persistencia de restricciones estructurales en la infraestructura de transporte de gas, que obligan a sostener importaciones para garantizar el abastecimiento invernal.

El decreto reconoce que las obras de ampliación de capacidad de transporte recién entrarían en operación en el invierno de 2027, lo que mantiene vigente un escenario de vulnerabilidad energética. En ese marco, el Ejecutivo avanzó con una redefinición del esquema de importación y comercialización de GNL, con el objetivo de asegurar suministro, reducir costos y limitar riesgos derivados de una situación de hecho monopólica en la regasificación.

Emergencia energética: fundamentos técnicos y prórroga hasta 2027

La medida prorroga la emergencia declarada originalmente por el Decreto 55/2023, luego extendida por los Decretos 1023/2024 y 370/2025, y se apoya en el marco normativo de las Leyes 17.319 (Hidrocarburos), 24.076 (Gas Natural, T.O. 2025) y 27.742 (Ley de Bases). El DNU detalla que persisten las causas estructurales que motivaron la emergencia: insuficiente capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina hacia los grandes centros de consumo del Área Metropolitana de Buenos Aires y el Litoral, especialmente en los picos de demanda invernal.

El texto subraya que, sin el aporte de GNL importado, la demanda residencial y el funcionamiento de las centrales térmicas quedarían insatisfechos en los días más fríos. En consecuencia, la importación de GNL continúa siendo “crítica” para: asegurar el abastecimiento ininterrumpible, sustituir combustibles líquidos en generación eléctrica, atender restricciones operativas, fortalecer un mercado de gas de invierno y cumplir los objetivos del artículo 2° de la Ley 24.076.

El decreto también reconoce que la falta de inversión acumulada durante años —atribuida a señales tarifarias insuficientes— demoró las expansiones necesarias del sistema de transporte de gas y electricidad, cuyos proyectos aún requieren tiempo para completarse.

GNL: nuevo esquema, precio máximo y rol del sector privado

Uno de los ejes centrales del DNU 49/2026 es la redefinición del esquema de importación y comercialización del GNL. Hasta ahora, Energía Argentina Sociedad Anónima actuó como único importador para abastecer el mercado interno en invierno. Según el decreto, esa intervención estatal no logró los resultados esperados, implicó “erogaciones de mucha envergadura” y no se tradujo en mejoras del sistema de transporte.

En línea con las modificaciones introducidas por la Ley 27.742, el Ejecutivo busca reducir la intervención directa del Estado y promover un esquema de comercialización privada, aunque bajo control y supervisión de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), hasta tanto entre en funciones el ente unificado de gas y electricidad.

El decreto dispone que la Secretaría de Energía adopte las medidas necesarias para permitir el acceso de importadores privados a la infraestructura de regasificación existente. Actualmente, solo se encuentra operativa la terminal de Escobar, mientras que la de Bahía Blanca, inaugurada en 2008, no está en funcionamiento. La norma enfatiza que, por razones técnicas y de seguridad, el acceso a la terminal debe ser unificado y coordinado, para evitar conflictos logísticos, riesgos operativos y demoras ante emergencias.

En este contexto, el Artículo 2° del decreto establece un precio máximo para la venta en el mercado interno del gas natural resultante de la regasificación del GNL importado para los dos próximos períodos invernales. Ese precio no podrá superar un marcador internacional que determine la Secretaría de Energía, más un valor adicional —en dólares por millón de BTU— destinado a cubrir costos de flete marítimo, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte por ducto hasta el punto de entrega en Los Cardales, provincia de Buenos Aires.

El valor adicional será definido a partir de un procedimiento competitivo de selección de un único comercializador privado. Si ese proceso fracasa, Energía Argentina S.A. volverá a asumir la importación, regasificación y venta del GNL en el mercado interno.

Impacto económico, regulatorio y próximos escenarios

La prórroga de la emergencia hasta fines de 2027 consolida un marco excepcional que habilita decisiones rápidas en un sector clave para la macroeconomía y el abastecimiento energético. En términos económicos, el establecimiento de un precio máximo al GNL busca evitar trasladar al mercado interno los efectos de la volatilidad internacional y de una estructura de oferta concentrada, con impacto directo sobre tarifas, costos de generación eléctrica y actividad industrial.

Desde el punto de vista institucional, el uso del DNU se justifica en la “urgencia temporal” ante la inminencia del invierno de 2026 y la imposibilidad de seguir los trámites legislativos ordinarios, conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. El decreto deberá ahora ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente, según lo establece la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

En el corto plazo, el foco estará puesto en la reglamentación que dicte la Secretaría de Energía, en el proceso de selección del comercializador privado y en la definición del marcador internacional de referencia. En el mediano plazo, el horizonte sigue atado a la concreción de las obras de transporte que permitan reducir la dependencia del GNL importado y cerrar definitivamente el capítulo de la emergencia energética.

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Más allá del litio: el aire líquido emerge como alternativa clave para almacenar energías renovables

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La carrera global por sustituir los combustibles fósiles aceleró una transformación estructural de los sistemas eléctricos: por primera vez, la electricidad renovable superó al carbón como fuente de generación. Sin embargo, ese avance expuso un problema central para la estabilidad de las redes: cómo almacenar energía cuando no hay sol ni viento. En ese contexto, una tecnología ignorada durante casi cinco décadas vuelve al centro del debate energético. El almacenamiento de energía mediante aire líquido tendrá en 2026 su primera planta comercial a escala mundial, en el noroeste de Inglaterra, con el objetivo de aportar una solución limpia, de gran escala y potencialmente más económica que las alternativas actuales.

El proyecto, desarrollado por la empresa Highview Power, marca un hito en la transición energética y plantea un nuevo escenario para los sistemas eléctricos que avanzan hacia una matriz basada en renovables, pero necesitan respaldo firme para garantizar suministro continuo y estabilidad operativa.

La función principal de una batería de flujo de vanadio es proporcionar almacenamiento de energía a gran escala.

El desafío estructural de la transición energética y la necesidad de almacenamiento

La expansión de las energías renovables es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los impactos del cambio climático. Sin embargo, a diferencia de las centrales térmicas a carbón o gas —que pueden encenderse y apagarse según la demanda—, las fuentes renovables son intermitentes. En determinados momentos generan menos electricidad de la necesaria y, en otros, producen excedentes que pueden dañar la red.

Según explicó Shaylin Cetegen, ingeniera química del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) especializada en sistemas de almacenamiento, a medida que creció la participación de renovables se volvió imprescindible desarrollar capacidad de almacenamiento a escala de red. Durante décadas, la principal solución fue la hidroelectricidad de bombeo, que utiliza excedentes eléctricos para elevar agua a una represa y luego generar electricidad al liberarla. En 2021, el mundo contaba con 160 gigavatios de esta capacidad.

En los últimos años, la demanda de almacenamiento impulsó una fuerte expansión de las baterías a gran escala. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, el almacenamiento con baterías pasó de 1 GW en 2013 a más de 85 GW en 2023, con más de 40 GW incorporados solo en ese año. Aun así, estas soluciones presentan límites de costo, duración y reemplazo.

En este escenario reaparece el almacenamiento mediante aire líquido, una tecnología cuya idea básica existe desde 1977, pero que recién en este siglo comenzó a recibir atención sostenida, impulsada por la urgencia de la transición energética.

El almacenamiento de energía a gran escala con baterías de litio es una forma de almacenar el exceso de energías renovables

Cómo funciona el aire líquido y por qué vuelve a ganar protagonismo

El sistema de almacenamiento con aire líquido se basa en un proceso de tres etapas. Primero, se toma aire del ambiente y se limpia. Luego, se comprime repetidamente hasta alcanzar presiones muy altas. Finalmente, se enfría hasta licuarse mediante un intercambiador de calor multicanal, que permite transferencias térmicas controladas.

“La energía que obtenemos de la red alimenta este proceso de carga”, explicó Cetegen. El aire licuado se almacena en grandes tanques y, cuando la red necesita energía adicional, se libera, se evapora y vuelve a su estado gaseoso. Esa expansión impulsa turbinas que generan electricidad, tras lo cual el aire se libera nuevamente a la atmósfera, sin combustión ni emisiones.

Uno de los aspectos clave del sistema es la recuperación térmica. La compresión del aire genera calor, que puede reutilizarse para mejorar la eficiencia del proceso. Sin estos ciclos, la eficiencia ronda el 50%, pero al incorporarlos puede superar el 60% y acercarse al 70%, según Cetegen.

El principal desafío, señalan los especialistas, es desplegar suficiente capacidad de almacenamiento mediante aire líquido para que tenga un impacto significativo en la transición ecológica. Aun así, sus promotores confían en que el crecimiento de las renovables inclinará la balanza económica a su favor.

La primera planta comercial y el debate sobre la viabilidad económica

La instalación que se construye cerca de Carrington, en las afueras de Manchester, será la primera planta comercial de almacenamiento de energía mediante aire líquido en el mundo. El proyecto sigue la experiencia de una planta piloto en Pilsbury y podrá almacenar 300 megavatios-hora de electricidad, suficientes para cubrir un corte breve de suministro para hasta 480.000 hogares.

Según explicó Richard Butland, director ejecutivo de Highview Power, la planta entrará en funcionamiento en dos fases. En agosto de 2026 comenzará a operar la turbina, que no generará electricidad pero ayudará a estabilizar la red eléctrica. Actualmente, esa función suele cubrirse mediante la activación de centrales de gas, una solución que —según Butland— “supone un coste enorme para el sistema”. El objetivo es ofrecer una alternativa que evite ese recurso.

El sistema completo de almacenamiento comenzaría a operar en 2027, y la empresa prevé obtener ingresos mediante la venta de electricidad a la red en momentos de alta demanda. No obstante, la viabilidad económica sigue siendo un punto crítico.

En un estudio publicado en marzo, Cetegen y su equipo analizaron la rentabilidad del almacenamiento con aire líquido en 18 regiones de Estados Unidos, bajo ocho escenarios de descarbonización y a lo largo de 40 años. En el escenario más ambicioso, la tecnología resultó viable únicamente en Florida y Texas. En el resto de los casos, no se observó viabilidad económica, en gran parte porque en los primeros años no había suficientes renovables para generar volatilidad de precios que justificara el uso intensivo del sistema.

Lejos de interpretar estos resultados como negativos, Cetegen subrayó que el análisis fue deliberadamente conservador y que otras tecnologías, como la hidroelectricidad de bombeo y las baterías, mostraron una viabilidad aún menor en los mismos escenarios.

Un dato central es el costo nivelado de almacenamiento, que estima el costo por unidad de energía almacenada durante la vida útil del proyecto. En el caso del aire líquido, puede ser de US$45 por megavatio-hora, frente a US$120 de la hidroelectricidad por bombeo y US$175 de las baterías de iones de litio. “Si bien ninguno de estos métodos es económicamente viable hoy sin apoyo político, el almacenamiento mediante aire líquido se destaca como una opción particularmente rentable para el almacenamiento a gran escala”, afirmó Cetegen.

El aire líquido es calentado hasta temperatura ambiente y al evaporarse impulsa una turbina para producir electricidad, sin necesidad de combustión

Un rol estratégico en las redes eléctricas del futuro

Para Butland, el futuro de las redes eléctricas no dependerá de una sola tecnología, sino de una combinación de soluciones. La hidroelectricidad de bombeo es eficiente y duradera, pero depende de la disponibilidad de agua y ubicación. Las baterías pueden instalarse casi en cualquier lugar, pero requieren reemplazo cada 10 años. El aire líquido, en cambio, permite almacenar energía durante más tiempo, con pérdidas mínimas.

“A medida que un país inicia la transición hacia la energía verde, su red eléctrica necesita ser remodelada para adaptarse”, sostuvo Butland. “Estamos reconstruyendo todas las redes a nivel mundial, basándonos en la nueva generación”. En ese proceso, el almacenamiento de energía mediante aire líquido podría convertirse en una pieza clave de la nueva arquitectura energética global.

Fuente BBC Mundo

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