INFRAESTRUCTURA

Las diez obras que pueden cambiar la logística, la energía y las exportaciones de Argentina

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Durante décadas, Argentina convivió con una paradoja estructural: abundancia de recursos naturales, pero infraestructura insuficiente para transformarlos en crecimiento sostenido. Gas que no podía transportarse, rutas saturadas, redes eléctricas al límite y corredores logísticos con elevados costos redujeron la competitividad de sectores capaces de generar divisas y empleo.

Hoy, ese escenario comienza a mostrar un cambio de escala. Bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con una participación predominante del capital privado, avanza un conjunto de diez proyectos estratégicos que buscan atacar uno de los principales obstáculos de la economía argentina: la falta de infraestructura para producir más y exportar mejor.

La mayor parte de las inversiones se concentra en energía, aunque también aparecen iniciativas ferroviarias, portuarias, viales, eléctricas e internacionales que prometen modificar el mapa logístico del país durante los próximos cinco años.

El eje central es Vaca Muerta. Allí se concentran las inversiones de mayor magnitud. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, incorporada al RIGI mediante la Resolución 676/2026, demandará una inversión de 550 millones de dólares para incrementar en 12 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte entre Neuquén y Buenos Aires antes del invierno de 2027. La obra permitirá sustituir importaciones de gas natural licuado con producción local, reduciendo costos energéticos para hogares, industrias y centrales eléctricas.

En paralelo, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya supera la mitad de ejecución. Con una inversión de 3.000 millones de dólares liderada por YPF junto a Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, conectará Añelo con Punta Colorada para transportar hasta 550.000 barriles diarios de petróleo hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, el proyecto de mayor envergadura es Argentina LNG. La iniciativa impulsada por YPF contempla inversiones cercanas a los 50.000 millones de dólares, de los cuales unos 30.000 millones se ejecutarán durante los primeros cuatro años. El objetivo es convertir el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado para abastecer mercados internacionales desde la costa atlántica de Río Negro. La meta inicial apunta a exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares anuales hacia 2030, con posibilidad de escalar hasta los 20.000 millones.

Ese ecosistema energético se complementa con el Gasoducto San Matías, otra obra incorporada recientemente al RIGI que demandará 1.300 millones de dólares y abastecerá al proyecto Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Según las estimaciones oficiales, el ducto permitirá generar exportaciones por unos 2.500 millones de dólares anuales.

Pero el desafío argentino no termina en producir más energía. También requiere transportar bienes hacia los mercados internacionales de manera más eficiente.

En esa lógica aparece el Corredor Bioceánico Capricornio, una obra regional valuada en aproximadamente 10.000 millones de dólares que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una red de 2.400 kilómetros. El corredor pretende consolidarse como una alternativa logística al Canal de Panamá para vincular el Atlántico con el Pacífico, aunque el tramo argentino continúa siendo el más rezagado de toda la iniciativa.

Con un objetivo similar avanza el Tren Trasandino, un proyecto ferroviario de 9.600 millones de dólares que contempla un túnel de 54 kilómetros bajo la Cordillera de los Andes, doble vía electrificada y un puerto de aguas profundas en Chile destinado a facilitar las exportaciones agroindustriales hacia Asia.

Otro componente estratégico es la Hidrovía Paraná-Paraguay. La nueva concesión privada por 25 años busca modernizar el principal corredor fluvial del país mediante inversiones tecnológicas y obras de mantenimiento que permitan reducir tiempos de navegación y mejorar la competitividad exportadora.

La infraestructura vial también atraviesa un proceso de transformación. La Red Federal de Concesiones reemplazará al esquema administrado por Corredores Viales mediante la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales financiadas íntegramente por inversión privada. Según el Ministerio de Economía, estos corredores concentran cerca del 80% del tránsito nacional y permitirán reducir tanto el deterioro de la infraestructura como el costo fiscal asociado a la administración estatal.

En materia energética, el Gobierno también lanzó un ambicioso Plan Nacional de Transporte Eléctrico, que contempla inversiones privadas por unos 6.600 millones de dólares para ejecutar 17 proyectos destinados a reforzar líneas de alta tensión, ampliar la capacidad del sistema e incorporar nuevas interconexiones nacionales e internacionales. El financiamiento se recuperará mediante cargos tarifarios aplicados una vez que las obras entren en funcionamiento.

El décimo gran proyecto corresponde al sistema ferroviario de cargas. La privatización del Belgrano Cargas y Logística incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo un esquema que habilitará inversiones privadas para modernizar la infraestructura. Entre los principales interesados figura Ferromex, del Grupo México, que analiza un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares destinado a recuperar capacidad operativa y reducir costos logísticos para las economías regionales.

Más allá de la magnitud financiera, el denominador común de estas iniciativas es que buscan resolver restricciones estructurales que históricamente limitaron el crecimiento argentino. Para el economista Sebastián Laza, una mejora en la infraestructura energética y logística permitiría potenciar sectores donde el país posee claras ventajas comparativas —como el agro, la minería y los hidrocarburos— y generar un efecto multiplicador sobre la industria, el transporte, la metalmecánica y los servicios asociados.

En la misma línea, José Vargas, director de Evaluecon, sostiene que la verdadera transformación no reside únicamente en cada obra individual, sino en la capacidad de conformar un sistema integrado que reduzca costos, aumente la productividad y genere las divisas necesarias para sostener el crecimiento económico sin repetir la histórica restricción externa.

El desafío trasciende la construcción de infraestructura. La experiencia argentina demuestra que las grandes obras sólo producen cambios estructurales cuando están acompañadas por estabilidad macroeconómica, reglas regulatorias previsibles y continuidad institucional. Inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y seguridad jurídica aparecen como condiciones indispensables para que el capital privado complete inversiones cuya recuperación demandará décadas.

Si esas condiciones logran consolidarse, el impacto podría extenderse mucho más allá de los sectores directamente involucrados. Una matriz logística más eficiente, menor costo energético y mayor capacidad exportadora no sólo fortalecerían el ingreso de divisas, sino que también mejorarían la competitividad de miles de empresas, favorecerían nuevas inversiones y ampliarían las oportunidades de desarrollo para las economías regionales, convirtiendo a la infraestructura en uno de los principales motores del crecimiento sostenible de la próxima década.

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Santilli y Valdés avanzan en una agenda de infraestructura para Corrientes

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El jefe de Gabinete recibió al gobernador correntino en Casa Rosada para analizar obras estratégicas como los puentes internacionales sobre el río Uruguay, el segundo puente Chaco-Corrientes y mejoras en corredores logísticos clave para el desarrollo del NEA.

La agenda de infraestructura volvió a ocupar un lugar central en la relación entre la Nación y las provincias. En un contexto de restricciones fiscales y fuerte necesidad de inversiones en conectividad, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió en Casa Rosada al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para avanzar en proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico y la integración regional del nordeste argentino.

El encuentro permitió repasar la agenda conjunta entre ambas administraciones y analizar los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno nacional, pero tuvo como eje principal el impulso a obras de infraestructura que Corrientes considera estratégicas para fortalecer su competitividad y ampliar sus vínculos comerciales con Brasil y Uruguay.

Entre los temas centrales figuró la necesidad de que el Gobierno nacional otorgue el aval para avanzar con dos pasos internacionales sobre el río Uruguay: el puente Alvear-Itaquí, que conectará Corrientes con el estado brasileño de Río Grande do Sul, y el puente Monte Caseros-Bella Unión, destinado a fortalecer la conexión con Uruguay. Ambas iniciativas requieren respaldo nacional para completar las etapas técnicas, administrativas y de financiamiento.

Para Corrientes, estos proyectos representan mucho más que nuevas conexiones viales. La provincia busca consolidar corredores logísticos que reduzcan costos de transporte, faciliten el comercio exterior y generen nuevas oportunidades para las economías regionales, particularmente para los sectores forestal, citrícola, arrocero, ganadero y agroindustrial.

Tras el encuentro, Valdés destacó que el acompañamiento del Gobierno nacional resulta determinante para concretar estas obras y sostuvo que el aval oficial constituye un paso indispensable para transformar los proyectos en infraestructura efectiva que contribuya al crecimiento provincial.

La reunión se inscribe dentro de la estrategia de diálogo que Santilli mantiene con los gobernadores desde su llegada al Ejecutivo nacional y que se profundizó tras asumir la Jefatura de Gabinete. La coordinación con las provincias busca, además, construir consensos en torno a iniciativas que el Gobierno necesita impulsar en el Congreso.

La infraestructura vial también ocupó un lugar destacado durante la reunión. El gobernador reiteró la necesidad de resolver el mantenimiento del corredor Belgrano, especialmente en el tramo urbano de la avenida 3 de Abril, considerado uno de los principales accesos a la ciudad de Corrientes y un punto crítico para el tránsito regional.

Según explicó el mandatario provincial, la situación actual requiere definir responsabilidades institucionales para garantizar el mantenimiento de una vía por la que circula buena parte del transporte de cargas y pasajeros que conecta la capital correntina con el resto del NEA.

Otro de los proyectos analizados fue la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, una obra largamente reclamada por ambas provincias para descomprimir el tránsito del puente General Belgrano y mejorar la conectividad regional. La iniciativa también forma parte de la estrategia logística para fortalecer el corredor bioceánico y facilitar el movimiento de mercancías hacia los principales puertos del país.

Valdés adelantó que su agenda en Buenos Aires también contempla reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales para avanzar en distintos proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la provincia.

Más allá de las definiciones políticas, la reunión refleja uno de los principales desafíos del desarrollo del norte argentino: transformar la infraestructura en una herramienta de competitividad. Para una región con fuerte perfil exportador, mejorar la conectividad significa reducir costos logísticos, atraer inversiones, ampliar mercados y fortalecer la integración con los países vecinos. En ese escenario, la coordinación entre Nación y provincias aparece como un factor determinante para convertir proyectos históricos en obras concretas capaces de impulsar el crecimiento del NEA..

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Misiones accede a financiamiento del Fonplata por USD 40 millones para vivienda e infraestructura

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El Banco de Desarrollo FONPLATA dio un paso clave para ampliar su presencia en Misiones con la preparación de una nueva línea de financiamiento cercana a los 40 millones de dólares, destinada a reactivar obras paralizadas y ejecutar nuevos proyectos de infraestructura social. La iniciativa será canalizada principalmente a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y beneficiaría a más de 300.000 misioneros.

Una misión técnica integrada por autoridades de FONPLATA y del Ministerio de Economía de la Nación recorrió durante esta semana obras en Posadas, Oberá y Jardín América para evaluar el estado de los proyectos que podrían integrar el programa.

La propuesta contempla una estrategia denominada de “última milla”, un instrumento que permite completar obras que quedaron inconclusas por falta de financiamiento, además de incorporar nuevas intervenciones en sectores considerados prioritarios.

La jefa de Operaciones de FONPLATA en Argentina, Malena Araneo, explicó que el banco trabaja junto con el Gobierno nacional y la Provincia en una operación multisectorial que abarca distintos frentes.

Entre ellos figuran viviendas, agua potable y saneamiento, energía, infraestructura educativa y obras complementarias de urbanización.

“Estamos pensando en una operación de última milla multisectorial que posiblemente financie obras en vivienda, educación, energía, agua y saneamiento. La idea es mejorar la calidad de vida, las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos”, señaló Araneo.

Según las estimaciones preliminares, el programa comprendería unas 70 obras distribuidas en distintos municipios de Misiones.

La meta: aprobar el crédito este año

Actualmente los equipos técnicos realizan las evaluaciones de factibilidad y revisan el estado de cada proyecto.

Si el cronograma previsto se cumple, el financiamiento será elevado al directorio de Fonplata antes de finalizar el año y las primeras obras podrían retomarse prácticamente de inmediato.

“Esperamos aprobar la operación este año y poder retomar las obras también durante este año”, indicó Araneo.

Las condiciones financieras son competitivas para este tipo de organismos multilaterales. La tasa se ubicaría alrededor del 2% anual más SOFR -la tasa de referencia variable publicada por la Reserva Federal de Nueva York-, mientras que el plazo definitivo de amortización será acordado entre la Provincia y el organismo.

Una apuesta de Nación por Misiones

Desde el Ministerio de Economía de la Nación, el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia, destacó que Misiones se convirtió en una de las provincias con mejor desempeño para acceder a financiamiento internacional.

Actualmente existe una cartera activa cercana a los 90 millones de dólares distribuida en dos proyectos ya vigentes, mientras que el Gobierno nacional trabaja junto a la Provincia en cinco nuevas operaciones que, en conjunto, representarían alrededor de 287 millones de dólares.

Tolivia remarcó que el proyecto impulsado junto con FONPLATA tiene un diferencial respecto de otros organismos multilaterales.

“Permite terminar múltiples obras que ya fueron iniciadas y que quedaron inconclusas por distintas razones. Eso genera un impacto mucho más rápido sobre la calidad de vida de la población”, explicó.

El funcionario también destacó la capacidad de ejecución provincial.

“La respuesta del Gobierno de Misiones en los proyectos vigentes ha sido muy buena. Eso demuestra capacidad de gestión y una buena relación institucional.”

Otro de los aspectos que valoró la Nación fue la situación financiera de Misiones.

Tolivia sostuvo que el bajo nivel de endeudamiento, el equilibrio de las cuentas públicas y el cumplimiento de los programas de responsabilidad fiscal fortalecen la posición de la provincia frente a los organismos internacionales.

Ese perfil permite que Misiones tenga mejores posibilidades para acceder a nuevas líneas de crédito destinadas a infraestructura.

El Iprodha acelera la entrega de viviendas

Mientras avanza la negociación internacional, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional continúa con recursos propios la finalización de varios proyectos habitacionales que habían quedado demorados.

El presidente del organismo, Juan Carlos Pereira, confirmó que las viviendas correspondientes a la Convocatoria 250, ubicadas principalmente en Itaembé Guazú, estarán concluidas hacia fines de agosto y comenzarán a entregarse durante los primeros días de septiembre.

Se trata de cerca de 300 viviendas cuyos adjudicatarios ya fueron sorteados hace tiempo, aunque las obras permanecieron paralizadas por restricciones presupuestarias.

Además, el Iprodha finalizará viviendas en Apóstoles, donde todavía resta realizar el sorteo definitivo de ubicación.

Pereira adelantó además que durante la segunda quincena de julio comenzará la reactivación de nuevas obras en el sector 4 de Itaembé Guazú y en distintas localidades del interior.

La decisión responde a una instrucción directa del gobernador Hugo Passalacqua para volver a dinamizar el empleo en la construcción, uno de los sectores más afectados por la paralización de la obra pública nacional.

El funcionario aclaró que esta nueva etapa se ejecutará exclusivamente con recursos provinciales, sin financiamiento del Gobierno nacional.

“El objetivo es que los recursos provinciales se vuelquen a la obra pública para recuperar parte del empleo perdido en la construcción”, afirmó.

Las obras priorizarán viviendas de mampostería por tratarse del sistema constructivo que demanda mayor cantidad de mano de obra. Paralelamente continuará la terminación de las viviendas de madera correspondientes a la Convocatoria 264, cuya entrega está prevista para el último trimestre del año.

La posible llegada de los 40 millones de dólares de FONPLATA representa mucho más que un nuevo crédito para Misiones. En un contexto de fuerte retracción de la inversión pública nacional, el programa permitiría finalizar obras inconclusas, ampliar el acceso a servicios básicos y sostener la actividad de uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleo.

La combinación entre financiamiento internacional, orden fiscal provincial y capacidad de ejecución aparece hoy como uno de los principales activos de Misiones para mantener en marcha proyectos de infraestructura en un escenario donde la obra pública depende cada vez más de recursos propios y de organismos multilaterales.

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Extendieron el plazo para que contratistas acepten bonos a cambio de deudas por obra pública

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El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026 el plazo para que las empresas contratistas de obra pública puedan adherir al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, un mecanismo que permite cancelar acreencias con el Estado mediante la entrega de títulos públicos (bonos). La decisión busca ampliar la participación de las empresas alcanzadas sin modificar las condiciones económicas del programa ni el monto máximo previsto para su implementación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, luego de que distintos contratistas solicitaran más tiempo para completar la presentación de la documentación requerida a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El régimen está dirigido a empresas con contratos de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, dependientes del Ministerio de Economía, y comprende deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, así como obligaciones derivadas de contratos extinguidos desde 2024.

La propuesta oficial contempla cancelar esas obligaciones mediante la entrega de tres instrumentos financieros en pesos —LECAP y BONCAP— dentro de un cupo máximo de $221.119.509.519. De esta manera, el Estado busca regularizar pasivos acumulados sin realizar desembolsos inmediatos de caja, reemplazando deuda comercial por deuda financiera.

El plazo original de adhesión vencía a mediados de julio, pero el Gobierno resolvió extenderlo una semana más con el objetivo de garantizar una mayor concurrencia de empresas y facilitar la carga de la información necesaria para acceder al esquema.

La prórroga únicamente modifica la fecha límite para manifestar la voluntad de adhesión. Una vez presentada la solicitud, los contratistas dispondrán de diez días hábiles adicionales para incorporar toda la documentación respaldatoria de sus acreencias, incluyendo el cálculo de los intereses generados por la mora del Estado.

Uno de los aspectos centrales del régimen es que la adhesión implica la renuncia expresa a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con las obligaciones alcanzadas. Es decir, quienes acepten el pago mediante bonos deberán desistir de las acciones iniciadas o futuras contra el Estado Nacional respecto de esos contratos.

Antes de la firma de cada acuerdo individual, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá intervenir para verificar la documentación y validar el procedimiento, incorporando una instancia de control sobre las acreencias reconocidas.

Desde la perspectiva económica, la herramienta forma parte de la estrategia del Gobierno para ordenar el pasivo acumulado por obras públicas sin incrementar la presión sobre las cuentas fiscales. Al mismo tiempo, procura ofrecer una alternativa a empresas que mantienen créditos pendientes de cobro, muchas de las cuales enfrentan problemas de liquidez tras la paralización o reestructuración de proyectos de infraestructura.

Aunque el mecanismo no sustituye el pago en efectivo que reclaman numerosos contratistas, la ampliación del plazo refleja la intención oficial de facilitar el acceso al régimen y ampliar el universo de empresas que opten por esta vía de regularización. El resultado de la convocatoria permitirá medir el nivel de aceptación del sector privado y el grado de confianza en los instrumentos financieros ofrecidos por el Estado para cancelar sus compromisos pendientes.

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Passalacqua recibió a Valdés y ratificó el trabajo conjunto

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El gobernador Hugo Passalacqua recibió este lunes, en Casa de Gobierno, al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con quien mantuvo una reunión institucional para fortalecer la cooperación entre ambas provincias en el marco de la agenda estratégica que impulsa el Norte Grande. Durante el encuentro abordaron temas vinculados a infraestructura, energía, logística, producción, turismo e integración regional. Entre las prioridades analizadas se destacaron la necesidad de avanzar en obras de infraestructura para mejorar la competitividad de las economías regionales, el acceso al gas natural para el Norte Grande, el fortalecimiento de la hidrovía, el desarrollo de la cuenca forestoindustrial compartida y la consolidación de políticas conjuntas que potencien las capacidades productivas de Misiones y Corrientes.

En ese marco, Passalacqua destacó que “hoy Misiones y Corrientes están más unidas que nunca trabajando por el bien de sus pueblos y defendiendo los intereses de los misioneros y los correntinos”.

Asimismo, sostuvo que la articulación entre ambas provincias fortalece la posición del Norte Grande para impulsar proyectos estratégicos y sostener los reclamos históricos de la región ante el Gobierno nacional, con el objetivo de reducir las asimetrías que aún afectan a esta región del país. “Nos unimos para trabajar juntos y para reclamar a Nación deudas históricas que tiene con las provincias del norte argentino, como el gasoducto”, expresó.

Finalmente, el mandatario misionero remarcó que la unidad entre las provincias constituye una condición indispensable para alcanzar soluciones de fondo. “Si nosotros no trabajamos unidos, no vamos a encontrar soluciones a nada. Solos no se logra nada, solos no se puede. Con Valdés coincidimos en la visión de que tenemos que mantenernos unidos para lograr una mejor Argentina, una mejor región y provincias cada vez más fuertes”, concluyó.

Por su parte, Valdés destacó que el trabajo conjunto con Misiones responde a una visión estratégica compartida. “Venimos trabajando con el gobernador Passalacqua sobre la agenda en común que tenemos que tener Corrientes y Misiones pensando en el desarrollo estratégico de nuestra región”, expresó.

El gobernador correntino señaló que muchas de las necesidades de ambas provincias son compartidas y requieren una planificación coordinada, especialmente en materia de infraestructura, energía, logística y desarrollo productivo. En ese sentido, remarcó que la mejor manera de afrontar esos desafíos es mediante una agenda común que permita potenciar las capacidades de Misiones y Corrientes y fortalecer la posición del Nordeste Argentino.

Además, puso en valor el vínculo institucional construido entre ambos gobiernos y recordó que Passalacqua participó de su acto de asunción el pasado 10 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer gobernador de Misiones en asistir oficialmente a la ceremonia de asunción de un mandatario correntino.

“Hay una coincidencia de desarrollo y de industrialización que tiene que unir los intereses de Misiones y Corrientes. Tenemos que dejar de estar separados; tenemos que trabajar en bloque, unir los intereses de los misioneros y los correntinos”, sostuvo.

Al finalizar la reunión, los mandatarios provinciales asistieron a la ceremonia de entrega de uniformes de gala de 91 cadetes de primer año de la Promoción XLVIII del Liceo Naval Militar “Almirante Storni” en Posadas.

El gobernador Valdés, visitó Misiones acompañado por el diputado nacional Diógenes González; el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca; la subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Motta; y el interventor del Ente Regulador de Agua, Andrés Stegelmann, quienes integraron la comitiva oficial que participó de las actividades desarrolladas en la provincia.

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