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Passalacqua recibió a Valdés y ratificó el trabajo conjunto

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El gobernador Hugo Passalacqua recibió este lunes, en Casa de Gobierno, al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con quien mantuvo una reunión institucional para fortalecer la cooperación entre ambas provincias en el marco de la agenda estratégica que impulsa el Norte Grande. Durante el encuentro abordaron temas vinculados a infraestructura, energía, logística, producción, turismo e integración regional. Entre las prioridades analizadas se destacaron la necesidad de avanzar en obras de infraestructura para mejorar la competitividad de las economías regionales, el acceso al gas natural para el Norte Grande, el fortalecimiento de la hidrovía, el desarrollo de la cuenca forestoindustrial compartida y la consolidación de políticas conjuntas que potencien las capacidades productivas de Misiones y Corrientes.

En ese marco, Passalacqua destacó que “hoy Misiones y Corrientes están más unidas que nunca trabajando por el bien de sus pueblos y defendiendo los intereses de los misioneros y los correntinos”.

Asimismo, sostuvo que la articulación entre ambas provincias fortalece la posición del Norte Grande para impulsar proyectos estratégicos y sostener los reclamos históricos de la región ante el Gobierno nacional, con el objetivo de reducir las asimetrías que aún afectan a esta región del país. “Nos unimos para trabajar juntos y para reclamar a Nación deudas históricas que tiene con las provincias del norte argentino, como el gasoducto”, expresó.

Finalmente, el mandatario misionero remarcó que la unidad entre las provincias constituye una condición indispensable para alcanzar soluciones de fondo. “Si nosotros no trabajamos unidos, no vamos a encontrar soluciones a nada. Solos no se logra nada, solos no se puede. Con Valdés coincidimos en la visión de que tenemos que mantenernos unidos para lograr una mejor Argentina, una mejor región y provincias cada vez más fuertes”, concluyó.

Por su parte, Valdés destacó que el trabajo conjunto con Misiones responde a una visión estratégica compartida. “Venimos trabajando con el gobernador Passalacqua sobre la agenda en común que tenemos que tener Corrientes y Misiones pensando en el desarrollo estratégico de nuestra región”, expresó.

El gobernador correntino señaló que muchas de las necesidades de ambas provincias son compartidas y requieren una planificación coordinada, especialmente en materia de infraestructura, energía, logística y desarrollo productivo. En ese sentido, remarcó que la mejor manera de afrontar esos desafíos es mediante una agenda común que permita potenciar las capacidades de Misiones y Corrientes y fortalecer la posición del Nordeste Argentino.

Además, puso en valor el vínculo institucional construido entre ambos gobiernos y recordó que Passalacqua participó de su acto de asunción el pasado 10 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer gobernador de Misiones en asistir oficialmente a la ceremonia de asunción de un mandatario correntino.

“Hay una coincidencia de desarrollo y de industrialización que tiene que unir los intereses de Misiones y Corrientes. Tenemos que dejar de estar separados; tenemos que trabajar en bloque, unir los intereses de los misioneros y los correntinos”, sostuvo.

Al finalizar la reunión, los mandatarios provinciales asistieron a la ceremonia de entrega de uniformes de gala de 91 cadetes de primer año de la Promoción XLVIII del Liceo Naval Militar “Almirante Storni” en Posadas.

El gobernador Valdés, visitó Misiones acompañado por el diputado nacional Diógenes González; el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca; la subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Motta; y el interventor del Ente Regulador de Agua, Andrés Stegelmann, quienes integraron la comitiva oficial que participó de las actividades desarrolladas en la provincia.

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Misiones y Corrientes buscan consolidar una agenda regional común para reclamar gas, energía e infraestructura

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La relación política e institucional entre Corrientes y Misiones comienza a adquirir una dimensión estratégica que trasciende la cordialidad entre gobernadores. Durante una reunión mantenida en Posadas, el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, y su par misionero, Hugo Passalacqua, avanzaron en la construcción de una agenda regional que busca instalar reclamos históricos del Nordeste argentino ante la Nación y fortalecer una estrategia conjunta para el desarrollo productivo, energético y logístico.

Lejos de limitarse a una visita protocolar, el encuentro reflejó una coincidencia política sobre la necesidad de que ambas provincias actúen como un bloque regional frente a decisiones nacionales que, según advirtieron, históricamente relegaron al NEA en materia de infraestructura y competitividad.

Valdés sostuvo que el objetivo central consiste en “generar oportunidades para que los correntinos y los misioneros no tengan que irse de sus provincias” y afirmó que la articulación entre ambos gobiernos debe convertirse en una política permanente de integración.

“La mirada es poner por delante los intereses de los misioneros y de los correntinos”, resumió.

Gas, energía y obras: los ejes de una agenda compartida

Uno de los principales temas abordados fue la infraestructura energética, particularmente la falta de acceso al gas natural que continúa condicionando el desarrollo industrial de ambas provincias.

Valdés cuestionó que los proyectos de expansión de los gasoductos vuelvan a privilegiar corredores destinados al abastecimiento industrial del sur de Brasil sin contemplar el abastecimiento de Corrientes y Misiones.

“Se piensa en alimentar un gasoducto que llegue a San Pablo y nuevamente esa traza deja afuera a Misiones”, señaló, al advertir que la ausencia del recurso energético limita la radicación de nuevas industrias y resta competitividad frente a otras regiones del país.

En ese sentido, ambos mandatarios coincidieron en impulsar un reclamo conjunto durante la próxima reunión del Norte Grande para incorporar entre las prioridades nacionales la construcción de la infraestructura necesaria para abastecer al NEA.

La estrategia apunta a presentar un documento consensuado entre los gobernadores de la región que incluya obras estructurales vinculadas al gas, rutas, logística y conectividad.

Tarifa diferencial para las provincias cálidas

Otro de los reclamos que ambos gobiernos buscarán instalar es la creación de un régimen de tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas y muy cálidas, siguiendo el antecedente del régimen de Zona Fría que beneficia a usuarios de regiones con bajas temperaturas.

Valdés sostuvo que la discusión debe partir de una realidad climática diferente.

“Nos calefaccionamos y también nos refrigeramos con energía”, afirmó, al señalar que los elevados consumos eléctricos durante gran parte del año representan una carga significativa para las familias del Nordeste.

En Corrientes, estimó que cerca de 178.000 usuarios podrían acceder a ese beneficio, mientras que invitó a Misiones a sumarse formalmente al planteo para ampliar el alcance del reclamo.

La iniciativa será presentada ante la Jefatura de Gabinete nacional con el objetivo de construir un esquema de compensación para provincias donde las altas temperaturas convierten al consumo eléctrico en una necesidad permanente.

Una visión regional para potenciar la economía del NEA

Más allá de la infraestructura, ambos gobernadores coincidieron en avanzar hacia una integración económica más profunda entre Corrientes y Misiones.

Valdés destacó que la región comparte cadenas productivas estratégicas como la forestoindustria, la yerba mate, el turismo y parte de la producción tealera, lo que abre oportunidades para desarrollar políticas conjuntas de agregado de valor.

En materia forestal, remarcó que las inversiones que actualmente desembarcan en Corrientes —incluido el anunciado proyecto industrial por unos 2.000 millones de dólares y otras inversiones privadas en ejecución— no deben interpretarse como un fenómeno exclusivamente provincial.

Por el contrario, consideró que la cuenca forestal debe pensarse como un sistema regional donde ambas provincias puedan complementarse.

“La madera que sale de Corrientes puede encontrar agregado de valor en Misiones y la madera de Misiones también puede hacerlo en Corrientes”, explicó.

La propuesta busca consolidar una plataforma forestal integrada que permita aprovechar capacidades industriales, logística y mercados compartidos.

Turismo, hidrovía y comercio exterior

La agenda bilateral también incorporó proyectos vinculados al turismo y al comercio internacional.

Valdés planteó fortalecer la complementariedad entre el Parque Nacional Iguazú y los Esteros del Iberá mediante estrategias conjuntas de promoción turística, aprovechando la fuerte conectividad aérea que posee Puerto Iguazú para extender el flujo de visitantes hacia Corrientes.

En paralelo, ambos gobiernos coincidieron en impulsar el desarrollo de la hidrovía como herramienta para reducir costos logísticos y potenciar las exportaciones regionales.

El mandatario correntino señaló que la habilitación plena del sistema permitirá mejorar el funcionamiento del puerto de Posadas mediante un mayor calado y frecuencias más elevadas para el transporte fluvial de cargas.

También mencionó el respaldo de Misiones al proyecto del puente Chaco-Corrientes, obra considerada estratégica para fortalecer la integración logística del Nordeste con los mercados internacionales.

La relación con Milei y el debate por las economías regionales

Consultado sobre el vínculo con el presidente Javier Milei, Valdés definió la relación institucional como “correcta” y valoró la posibilidad de profundizar el diálogo con el Gobierno nacional tras los cambios recientes en el gabinete.

El mandatario sostuvo que Corrientes continuará acompañando aquellas reformas que considere beneficiosas para el país, aunque aclaró que siempre priorizará la defensa de los intereses provinciales.

Respecto de las economías regionales, consideró necesario revisar algunos aspectos del actual esquema económico, especialmente en sectores como la yerba mate.

Si bien evitó reclamar una vuelta plena a los mecanismos de regulación previos al Decreto 70/2023, sostuvo que resulta necesario fortalecer el rol de los productores y avanzar hacia un sistema donde toda la cadena pueda capturar rentabilidad.

“No creo en la sobrerregulación, pero sí creo que hay que volver a darle el lugar que tienen los productores”, afirmó.

También vinculó el futuro de las economías regionales con la transformación de la matriz exportadora argentina. Según su visión, el crecimiento esperado de sectores como el petróleo, el gas, la minería y las tierras raras debería reducir la dependencia fiscal del agro y abrir la posibilidad de eliminar gradualmente las retenciones que afectan a las producciones regionales.

La reunión entre Passalacqua y Valdés deja entrever un cambio de estrategia política en el Nordeste. En lugar de negociaciones aisladas entre provincias y Nación, ambos gobernadores buscan consolidar un frente regional capaz de instalar una agenda común en infraestructura, energía y desarrollo productivo. El desafío será trasladar esa coincidencia política al ámbito institucional del Norte Grande y convertir los reclamos compartidos en proyectos con financiamiento y ejecución efectiva.

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Energía de Misiones despejó más de cien kilómetros de líneas troncales en Posadas

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Más de cien kilómetros de líneas de Media Tensión fueron intervenidas desde el mes de mayo en el marco del operativo integral de mantenimiento preventivo de alto impacto que lleva adelante Energía de Misiones en la capital provincial.

El operativo integral se ejecuta dos veces por semana, en turnos matutinos y vespertinos, y avanza con tareas de poda y limpieza de las líneas troncales de cada zona con el objetivo de minimizar las fallas por el contacto de los cables con el entorno vegetal.

La meta es preparar los tendidos para el impacto del clima con la llegada de las tormentas de El Niño y el refuerzo de transformadores para su mejor desempeño antes de los primeros calores de septiembre.

Desde la primera semana de mayo también se reemplazaron treinta postes de madera por columnas de hormigón, y se ejecutaron 141 intervenciones en subestaciones, transformadores y seccionadores para reemplazar equipo dañado o con el límite de su vida útil.

El operativo se desarrolla semanalmente hasta el mes de octubre con un cronograma de cortes de energía que es previamente comunicado a los vecinos. Los cortes son necesarios para permitir el desempeño seguro de las cinco cuadrillas (en promedio) que se ocupan de estas tareas, y que se despliegan en las zonas de trabajo con sus respectivas grúas de altura y demás equipamiento y materiales.

Dónde estarán esta semana

El martes 7 de julio, entre las 7:30 y las 11:30, el corte programado de energía para posibilitar los trabajos afectará a los barrios 20 de junio, Los Pinos, y a las chacras 67, 68, 84, 85, 86 87, 89, 90, 105, 106 y zonas aledañas. El miércoles 8 de julio, también de 7:30 a 11:30, el operativo se realizará en los barrios Sol Naciente, Malvinas, Luz y Fuerza y las chacras 50, 51, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 79, 80, 96, 97, 99 y 100.

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Caputo propone cancelar deudas de obra pública con bonos

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El Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para saldar deudas con contratistas mediante títulos públicos. El esquema alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y establece un cupo máximo de $221.119,5 millones, priorizando la regularización de pasivos sin ampliar el gasto presupuestario.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, introduce un mecanismo voluntario para que empresas contratistas acepten bonos del Tesoro como forma de cancelación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y obligaciones derivadas de contratos rescindidos. El objetivo oficial es ordenar los pasivos heredados de la obra pública preservando la estrategia de equilibrio fiscal.

Para el sector constructor, la resolución representa un cambio relevante: el Estado reconoce la existencia de obligaciones pendientes, pero reemplaza el pago en efectivo por instrumentos financieros que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado secundario. La decisión traslada parte del costo financiero a las empresas, aunque también abre una vía para destrabar créditos cuya percepción permanecía incierta.

Un mecanismo para normalizar pasivos sin afectar el presupuesto

El régimen estará disponible para contratos ejecutados bajo la Ley 13.064 y también para obras financiadas por organismos multilaterales, siempre que dependan de las Secretarías de Obras Públicas o Transporte.

Las empresas tendrán 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente deberán presentar la liquidación de sus acreencias, acompañada por la documentación respaldatoria y el cálculo de intereses por mora cuando correspondan. El procedimiento y el modelo de adhesión fueron aprobados en un anexo específico de la resolución.

Una vez validados los montos, ambas partes suscribirán un acta acuerdo que formalizará la cancelación de las obligaciones mediante títulos públicos.

Tres bonos para cancelar la deuda

El esquema combina tres instrumentos del Tesoro Nacional, distribuidos prácticamente en partes iguales:

  • 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • 33% en un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027.
  • 34% en un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia y el programa tendrá un límite global de $221.119.509.519, que funcionará como cupo máximo de adhesión.

La adhesión implica renunciar a reclamos futuros

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas es que el ingreso al régimen no sólo supone aceptar bonos como medio de pago.

La resolución establece que cada contratista deberá desistir expresamente de los reclamos administrativos o judiciales vinculados al contrato alcanzado y renunciar a futuras acciones relacionadas con la ecuación económica o financiera derivada de la modalidad de cancelación elegida.

Desde la óptica jurídica, el mecanismo busca otorgar certeza al Estado respecto del cierre definitivo de cada obligación una vez entregados los títulos.

Para muchas firmas, la posibilidad de convertir créditos demorados en activos financieros puede mejorar la previsibilidad patrimonial, aunque no necesariamente la liquidez inmediata.

La decisión también introduce un nuevo criterio para evaluar el riesgo contractual con el Estado nacional: los pagos pendientes podrán transformarse en instrumentos financieros cuya rentabilidad dependerá tanto de su vencimiento como de las condiciones del mercado secundario.

La eficacia del régimen dependerá del nivel de adhesión de las constructoras y del comportamiento de los títulos públicos utilizados para cancelar las acreencias. Si los bonos conservan liquidez y valor de mercado, el mecanismo podría acelerar el saneamiento de pasivos de la obra pública. Si, por el contrario, las empresas enfrentan dificultades para convertir esos activos en financiamiento operativo, persistirá el desafío de recomponer el capital de trabajo en un sector que continúa condicionado por la escasa ejecución de nuevas obras nacionales.

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Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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