En la última reunión del año, el Instituto Forestal de Misiones volvió a fijar los precios para la materia prima, con un incremento promedio del 4 por ciento que fue aceptado de manera unánime por todos los sectores
De este modo, los nuevos valores comenzarán a regir a mediados de enero de 2022.
TONELADA PUESTO SOBRE CAMIÓN
TROZAS PODADAS PINO $5.546
NO PODADAS $4.714
ARAUCARIA PODADA $7.716
NO PODADA $6.601
EUCALIPTO
PODADO $4.735
NO PODADO $4.008
En la reunión, realizada en Eldorado, Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera, se sumó como director suplente del Infopro. Los directores además pidieron una reunión con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, para tratar temas del sector.
Nuevamente hubo unanimidad en la fijación de precios de los productos forestales de Misiones.
El directorio del Instituto Forestal Misionero acordó los precios para trozas pulpables (raleo), chip pulpable y trozas con destino a aserrío y laminables.
Los precios por tonelada para trozas pulpables (raleo) son de 2350 pesos y 2585 pesos para el chip pulpable, puesto en fábrica.
En relación con los precios que estaban vigentes, implica un aumento de 70 por ciento promedio desde la última actualización. Estaba 1.679 pesos la troza podada de pino y ahora aumentó 2160 puesto sobre camión.
Los representantes del directorio del Instituto, por el Estado Provincial el Dr. Hugo Escalada, presidente del organismo; por los grandes industriales Andrés Garde (Papel Misionero), por el sector primario Rubén Costas, Manfredo Seifert y Marcelo Dacuñha; por las PyMEs nucleadas en AMAYADAP y APICOFOM, Luis Hahn; y por los gremios de trabajadores, Carmelo Rojas, acordaron los nuevos precios que regirán desde noviembre, a partir de la publicación en el boletín oficial, de las trozas pulpables (raleo), chip pulpable y trozas con destino a aserrío y laminables.
El Instituto Forestal firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria Misiones mediante el cual el organismo fiscalizará el cumplimiento de los nuevos valores para el chip y el raleo. El convenio se firmó en la mañana de este lunes entre el director de la ATM, Rodrigo Vivar y el presidente del InFoPro, Hugo Escalada.
“Junto a Hugo Escalada, titular del Instituto Forestal Misiones, firmamos un convenio que ayudará a los pequeños y medianos productores de la madera. La iniciativa busca consolidar herramientas de aplicación de políticas forestales en la provincia. Establecidos los valores de referencias para distintos productos forestales, la ATM se encargará de fiscalizar el cumplimiento del precio de la materia prima. Creemos plenamente que el trabajo en equipo logrará la revalorización del productor primario misionero”, señaló Vivar.
El Instituto había fijado en 20 dólares promedio la tonelada de raleo utilizado por la industria forestal.
Los precios están vigentes desde hace unos diez días, pero hasta ahora la industria y pequeñas y medianas empresas compradores resisten el pago y las principales pasteras dejaron de recibir materia prima, lo que provocó un sobre stock de aserraderos. Incluso, en un comunicado conjunto, la Asociación Forestal de Argentina, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel y la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines se pronunciaron en contra de la regulación del chip y el raleo y como medida de protesta anunciaron que las principales papeleras y pasteras no están recibiendo chip y raleo.
El lockout también alcanza, advierten, a proveedores que dejaron de entregar rollos al no poder vender el raleo o puntas de árboles a las pasteras. “De continuar esta situación muchas empresas se verán obligadas a parar la producción por razones de fuerza mayor, lo que significa la suspensión de miles de empleos”, aseguran las entidades.
Del otro lado del teléfono, la voz sonaba sorprendida. Los datos mostraban a Misiones con un crecimiento de ventas a contramano del resto del país, donde todavía no hay recuperación en medio de la pandemia que profundizó la recesión que sofoca al país desde fines de 2018. En septiembre el patentamiento de cero kilómetros en Misiones creció 27 por ciento interanual, pero también en relación con agosto. ¿A qué obedece este fenómeno después de una caída del 47 por ciento durante 2019? “Un poco de fronteras cerradas, pero también el buen momento de actividades como la yerba mate o la madera”, explica la empresaria al teléfono. Se vendieron muchas unidades de alta gama y destinadas al transporte. Aunque también, por primera vez en el año, hubo un crecimiento real en la venta de planes de ahorro. Las restricciones a la compra de dólares pueden incluso estimular esa modalidad: la cuota de un auto medio está en promedio por debajo de los cien dólares más impuestos.
El dato se conoció horas después de una extensa reunión de las concesionarias con el Gobierno provincial, en el que se acordó una serie de medidas para que las empresas recuperen rentabilidad. Se acordó el incremento de 1 a 3 millones del tope para beneficiarse de la bonificación por venta de vehículos y se amplió el Ahora Patentamiento para vehículos usados que se vendan y radiquen en Misiones.
Pero después de la sorpresa inicial, los datos: no es el primer indicador que muestra a Misiones haciendo punta en la recuperación. El consumo de cemento está en niveles altísimos y tuvo a la tierra roja como la única con saldo positivo en los últimos cuatro meses, lo que implica una recuperación bastante por encima de los niveles pre pandemia.
Esos indicadores económicos se traducen en los indicadores económicos. Aunque la pandemia disparó el porcentaje de desocupación, la pobreza cayó en comparación con 2020 y muestra a la capital misionera con la menor tasa de la región.
Como contraste al aumento promedio nacional al 49,9 por ciento (cinco puntos por encima de la herencia en alza dejada por Mauricio Macri, la capital misionera logró contener la pobreza. En el primer semestre de 2019 el 28,6 por ciento de los hogares estaba en esa situación, con el 39,8 por ciento de la población. Un año después la pobreza bajó a 27,1 por ciento de los hogares y 38,1 por ciento de la población. En el primer trimestre de este año, de acuerdo a los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, la pobreza en hogares era de 32,1 por ciento.
La capital misionera está entre las diez provincias con menor cantidad de hogares pobres y es una de las cinco donde bajó la pobreza. En el Gobierno aseguran que la baja se produce por una doble condición: inflación a la baja y fronteras cerradas en la segunda mitad del semestre. Eso hizo que el mayor circulante de dinero interno, mitigara los efectos de la parálisis de algunos sectores de la economía.
Misiones tiene la tasa de pobreza más baja del NEA y por debajo de la media nacional con una caída de 2 puntos porcentuales. Además, la indigencia fue del 5,1%, también la menor del NEA, cayendo tres puntos. De este modo, en el último año, 4.465 personas lograron dejar de ser pobres en el principal aglomerado misionero.
Los datos que más preocupan son los de la desocupación, ya que el segundo trimestre cerró con 8,2 por ciento en Posadas, contra 2,4% del primer trimestre, lo que elevó de cuatro a trece mil el número de desocupados. La pérdida de ocupación afectó especialmente a cuentapropistas y trabajadores informales, ya que el empleo registrado se mantuvo estable en los últimos meses.
¿Se puede hablar de reactivación? Alejandro Pegoraro desgrana en su columna en Economis algunos indicadores clave. En el Gobierno sostienen que la combinación de cierre de fronteras con una buena administración de la economía que apenas se detuvo en la pandemia, ha generado un flujo de divisas interno que permitió una rápida recuperación por encima de cualquier otro distrito. En esa línea, el gobernador Oscar Herrera Ahuad fue uno de los más cautos en materia sanitaria, pero al mismo tiempo, uno de los que mayor velocidad le imprimió a la reactivación económica, con protocolos particulares para cada uno. No hubo apuro en los permisos sociales, pero sí inmediatez en lo económico. Esa focalización es también una herramienta que puede usarse ahora para, eventualmente, retroceder si es necesario dado el crecimiento de los casos de coronavirus. Septiembre fue el mes negro, con una duplicación de los casos en comparación con agosto y en los últimos días se dieron los picos de reportes, aunque todavía muy lejos del epicentro de la pandemia, en el gran Buenos Aires y otras provincias mucho más complicadas. Los números sanitarios de Misiones están entre los mejores del país, con un sistema público que en más de seis meses, todavía no fue exigido al máximo.
Prácticamente no hay sector de la economía que no haya recibido una asistencia del Estado provincial y desde el inicio de la pandemia se ha trabajado para atender las demandas particulares de cada sector.
El turismo es, por obvias razones, el más complejo de resolver, pese al permiso de la circulación interna. El Gobierno decidió jugar fuerte ahí con una rebaja de Ingresos Brutos exclusiva para Puerto Iguazú, de cinco a 2,5 por ciento, potenciar el Ahora Turismo, extendiendo el programa a todos los fines de semana de noviembre y diciembre y un plan de compra anticipada, con fondos de la Provincia, que después será revendido, pero que significará una inyección inmediata a los hoteles. Buena parte de los beneficios se destinó exclusivamente a Iguazú, como ciudad que vive del turismo.
Sin embargo, el sector no parece haber quedado conforme. Se llegó a hablar de “insolvencia” si no se abre las puertas al turismo nacional e internacional. Pero eso depende de las cuestiones sanitarias y no únicamente de decisiones políticas.
Lo cierto es que además de la rebaja de Ingresos Brutos por dos años, la condonación de los intereses y la refinanciación de las facturas acumuladas por la energía eléctrica, el Estado ha aportado mucho en la ciudad de las Cataratas. Según números oficiales de la Nación, 50 empresas recibirán ahora 90,8 millones de pesos no reembolsables para sostener a poco más de mil trabajadores. Desde el inicio de la cuarentena fueron más los recursos que llegaron directamente a las empresas.
Entre marzo y septiembre, recibieron 95 millones por Asistencia al Trabajo y la Producción, 80 millones por el Ingreso Familiar de Emergencia, 10 millones por un plan de Aptur y otros cinco millones por IFE turístico. Entre octubre y marzo del año que viene llegarán otros 100 millones por ATP, 80 de IFE y otros 60 del IFE turístico. En total, 510 millones de pesos no reembolsables. Hay empresas que recibieron más de diez millones para cubrir sus gastos.
A eso se debe sumar la quita del 95 por ciento de las cargas patronales, la condonación de deudas y créditos a tasas subsidiadas. Llamativamente, algunos empresarios insisten por más y casi que miraron con desdén lo propuesto por el Gobierno, aunque otros reconocen que el diálogo que tienen en Misiones no se registra en otras provincias.
¿Es mucho? ¿Es poco? Siempre depende de la lupa. Pero las medidas para el turismo prácticamente dividieron a la provincia en dos: solo Iguazú recibe una baja de Ingresos Brutos -la actividad turística- y quitas en las facturas de energía -las empresas-. En El Soberbio, nadie protestó por lo conseguido.
De todos modos, el martes seguirán las negociaciones con el sector turístico de Iguazú en una reunión en la que harán de locales. Se espera la presencia del ministro de Turismo, José María Arrúa, del de Hacienda, Adolfo Safrán, Gobierno, Marcelo Pérez y de Salud, Oscar Alarcón, además de entidades empresariales.
El Estado debe atender las demandas de todos y en la pandemia, son tantas como finitos los recursos. El turismo, aunque cuente con mucha inversión privada, está atado a la suerte de un recurso natural, que es de todos y cuya custodia es, otra vez, una mochila estatal.
El sector forestal también desdeña el rol del Estado en este momento. No por poco, sino por mucho. La industria está que trina en contra de la fijación del precio de la materia prima para la pasta celulosa y los aserraderos, definida el viernes -por primera vez en la historia- en torno a los 20 dólares la tonelada.
“Es una ley que va a generar consecuencias negativas para la forestoindustria”, señaló el presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná, Román Queiroz, alineado a la postura de la compañía Arauco, principal exportadora de pasta celulosa de la provincia.
El sector industrial plantea que el Instituto Forestal Provincial no está facultado para fijar precios mínimos, sino para “acordar” entre los distintos actores de la cadena foresto industrial el precio de los productos forestales y que la fijación de precios mínimos con una pretendida penalidad por incumplimiento resulta una amenaza contra la sana competencia, toda vez que puede forzar un incremento de precios en el mercado “aguas abajo”, que perjudique a los consumidores y al interés económico general. En efecto, la ley habla de acordar entre los distintos sectores de la cadena forestoindustrial el precio de los productos forestales. Pero advierte que ese precio resulta de un estudio de costos de producción elaborado por el órgano asesor, según condiciones y estándares de calidad, que los sectores deben respetar. “El incumplimiento del mismo hace pasible al infractor de multas que fija la reglamentación”, aclara la ley.
Horas antes del primer acuerdo de precios, los empresarios pidieron tiempo para analizar el impacto de costos y algunos dijeron desconocer la ley de creación del Instituto Forestal y sus alcances. Pero la ley se aprobó el 29 de septiembre de 2016 y ya en el debate legislativo se planteaba un precio promedio de 20 dólares por tonelada de raleo.
En medio, el gobierno de Mauricio Macri armó una mesa forestal con los principales jugadores y eliminó retenciones a las exportaciones de pasta celulosa. Se redujeron los impuestos provinciales a las exportaciones, entre otros beneficios. Se prometían inversiones y multiplicar exportaciones. Ni una ni otra se cumplieron.
El productor forestal no recibió más por la madera, insumo esencial. Los valores actuales promedian entre nueve y once dólares la tonelada de materia prima. La pasta celulosa se vende a 600 dólares. Ahora recibirán 600 pesos más por tonelada. Es muy discutible afirmar que las empresas hacen más o menos inversiones dependiendo de la mayor o menor injerencia del Estado. Durante los últimos cuatro años sin pandemia, cerraron 24.537 empresas en el país, bajo un Gobierno que despreciaba el rol del Estado, pero que dejó inflación y endeudamiento récords. La lluvia de inversiones nunca se concretó.
Después de casi cuatro horas de debate por primera vez en la historia se fijó el precio de la materia prima forestal. Viernes histórico que marca la culminación de un proceso que se inició en 2016, pero que no estará exento de debates, ya que el sector industrial, que deberá pagar más, no aceptó con resignación el promedio de 20 dólares la tonelada de raleo, fijado por el Instituto Forestal.
El sector forestal tendrá así una guía de precios mínimos que regirá el movimiento económico más relevante dentro del Producto Bruto Geográfico misionero y que, sin embargo, tenía a los productores en lo más bajo de la escala de la rentabilidad.
El presidente del Instituto y autor de la ley que le dio vida, Hugo Escalada, señaló que la materia prima “no tenía valor, realmente, con este fuerte apotegma, si se quiere, de que la oferta y la demanda sola se tienen que establecer, cosa que funciona en teoría, en la facultad y en mercados ideales. Nunca jamás va a haber oferta y demanda justa cuando tenés sectores monopólicos y tenés actores muy fuertes, que gracias al lobby te presionan diciendo: “Te compro a tanto, si te gusta bien y si no también”. Entonces, es imposible establecer un marco referencial librado a la oferta y la demanda.
¿Cuál es la estructura a través de la cual se llegan a estos costos?
La estructura a través de la cual se llega a estos costos, es un trabajo muy eficiente del colegio de Ingenieros Forestales, con profesionales muy eficaces, a la facultad de Ciencias Forestales, basado en saber aprovechar el talento producido en Misiones. Nosotros tenemos una Facultad, un Colegio, de los mejores del país, esos profesionales, ese conocimiento, se puso al servicio primero de establecer un marco conceptual teórico basado en un estudio de ingenieros, para recién a partir de eso empezar a discutir el resto. Porque si no entras en el “a mí me parece esto, o si me parece lo otro”. Al sistema cacho decimal, con un cachito más, un cachito menos, eso no sirve más. En el mundo desarrollado, los números son finitos, porque la rentabilidad es muy chica. Entonces, acá lo primero que tuvimos que hacer era ver donde estábamos parados, porque los números y las estadísticas que había no reflejaban la realidad del productor primario. Así que el primer paso fue hacer un estudio concienzudo, que nosotros queremos seguir haciéndolo cada 6 meses y hacerlo cada vez más profundo y finito todavía. Y después sobre ese número integrar el resto de la cadena de valor, pedirles a todos los actores que nos den sus grillas de costos, empezar a discutir y ver cómo llegar a un precio de referencia.
¿Cómo se arribó al consenso?
Lo que nosotros fijamos en el Instituto Forestal, era un mecanismo que para nosotros era imprescindible, que era salirnos de la unanimidad. No hay posibilidad cuando vos sentás a una mesa, a actores tan antagónicos, con intereses tan opuestos que se llegue a la unanimidad. El primer paso a la hora de formar el instituto fue gestar un sistema de mayorías, donde cada uno da su posición, pero después, se vota. Porque nosotros necesitamos que el producto que salga de ahí sea una respuesta. El primer paso fue salirnos del mecanismo de unanimidad, poner un mecanismo de mayorías, a partir de eso discutir, acercar las posiciones de cada uno. Hace tres meses el Gobernador lanzaba la Mesa Forestal y el Instituto Forestal al mismo tiempo. Y pedía que, en 60, 90 días, “haya definiciones”. Con el Instituto arrancamos específicamente, lo hicimos con 4 videoconferencias de no menos de una hora y media, dos horas, cada 15 días, explicándole a todos los actores de la cadena que íbamos a fijar el precio, que le pedíamos que acerquen sus estudios, que queríamos hacerlo de la manera más eficaz y eficiente, pero que no íbamos a abandonar el norte por el cual el Instituto Forestal iba a trabajar, que es el Estado al lado del productor primario.
¿Ahora cómo va a ser el mecanismo de control, para que se cumplan esos precios?
Esto tiene horas, en la pulseada por la fijación del precio, con muchas presiones, dificultades, con muchos lobbies, ahora viene lo que me estas preguntando, la etapa de definiciones. Quiero creer, va haber un tiempo prudente y prudencial, para esperar que los actores de la cadena no necesiten que se los controle. Ustedes habrán escuchado hablar innumerables veces de la responsabilidad social empresaria. Si realmente tuvieran responsabilidad social empresaria no debieran esperar a que el Estado los persiga para pagar algo que ellos mismos fijaron por ley. Porque en el Instituto también hay representantes de los grandes sectores, hay de Papel Misionero, Arauco, Apicofom, Amayadap, o sea, también ellos fueron parte de esta votación. Así que lo que nosotros esperamos, es que este precio que es absolutamente justo y que tiene nada más que un 5% de rentabilidad se cumpla. No le estamos dando un precio al productor para que mañana se haga millonario, le estamos dando un precio al productor para que deje de perder. Para que le dejen de decir: “Te voy a ir a recoger la basura del pinal, que no vale nada, porque te estoy haciendo un favor, después yo la proceso”. No, no es la basura, el primer raleo, es el primer aprovechamiento que se da de un producto forestal. Entonces cambiar la terminología, empezar a empoderar al productor que, si yo quiero que siga en la actividad, le tengo que dar un plazo hacia delante de sustentabilidad, porque sino en los últimos 6 años se ha dejado de plantar, en este último año hacen tala rasa y están poniendo yerba. Entonces, la actividad forestal, esto que nos resalta por ser la primera provincia forestal del país, está en ciernes, porque los productores la están abandonando. Vamos a terminar con la producción de una empresa y media gigantesca, produciendo de una manera fuertemente monopólica y el resto de los productores mirando hacia otro lugar. Eso fue lo que el Estado advirtió, eso fue lo que el Estado vislumbró, a partir de eso se genero esa herramienta en Cámara de Diputados que es el Instituto Forestal y hoy está teniendo sus primeros resultados.
¿Cuáles son esos valores de referencia, porque hoy son precios mínimos?
No son valores de referencia, son valores exigibles, porque es un valor a cumplir, que esperemos que lo cumplan. El valor gira alrededor de los 1600 pesos, para traducirlo de una manera más clara, está asegurando hoy 600 pesos más de lo que le venían pagando al productor primario por tonelada. Aún con esos 600 pesos más de lo que les estaban pagando, estamos acercándonos a un 4 ó 4,5% de rentabilidad, queda mucho por discutir para delante, queda mucho por establecer en el Instituto. Ahora, lo que sí es cierto que si se presiona la cadena para abajo, si te ponen un precio máximo fuera del país, o en Buenos Aires, vos para poder cumplir con eso, empezás a apretar; el que vende aprieta al que produce, el que produce al que le da de alguna manera la industrialización, y, ese al de la materia prima, el de la materia prima ya no tiene donde escapar, está en el piso.
La industria sostiene que esto va a desalentar inversiones y que incluso los grandes jugadores dejarán de comprar al pequeño productor. ¿Cómo se cuida eso, o cómo se equilibra eso?
Justamente ese es un tema que se puso arriba de la mesa. “Si instalamos este precio despedimos 20 mil personas”. “Si instalamos este precio mañana no le compramos más a todos los productores misioneros porque nos vamos a autoabastecer y ustedes van a tener una gran crisis, van a haber tractores en la ruta”. Se han dicho un montón de cosas. Lo que nosotros decimos de manera fehaciente con los estudios, con los datos que tenemos es, que, si queremos hacer un plan hacia adelante de 20, 30 años, si quieren denominarlo estratégico, cualquier planeamiento tiene que empezar con un mínimo de rentabilidad hacia el pequeño productor. No hay manera que vos reinviertas y compres maquinaria más moderna, que es lo que hoy nos están pidiendo, que nos tecnifiquemos, que exportemos cada vez más, que apostemos al mercado interno, si no tenés rentabilidad en tu producto, es una incoherencia. La manera en que vos reinvertís en lo tuyo es cuando tenés ganancia, si no tenés rentabilidad lo que menos vas a hacer es reinvertir en tu actividad.
¿Genera un impacto tan negativo en estas grandes empresas?
Es un precio que lo van a poder pagar, es un precio que obviamente les va a achicar el margen de rentabilidad, pero cuando hablamos de margen de rentabilidad de las grandes empresas, las grandes empresas tienen margen de rentabilidad porque son competitivas. Si vos vas a ser competitivo y vas a tener rentabilidad porque apretás al que está abajo, porque no le pagas lo que le tenes que pagar, porque de alguna manera para que te cierren los números acudís a otras ecuaciones, termina pasando lo que nos pasó a nosotros en la década del 70. Creció mucho la actividad forestal hasta mediados de la década del 70, después se paralizó. Misiones hoy tiene arriba de los 700 aserraderos, de los cuáles muy poquitos, me sobran los dedos de una mano, están tecnificados a primer nivel, el resto está trabajando con maquinaria en desuso. Sin ir más lejos, la planta de pasta de papel de celulosa de Papel Misionero, es una planta de la década del 70 que generó el Estado, es una planta prácticamente obsoleta. Entonces, no solamente no está pudiendo reinvertir el productor primario, tampoco lo están pudiendo hacer los productores industriales como en este caso Papel Misionero.
El sector industrial se quejó de este valor de 20 dólares la tonelada, ¿qué precio se está manejando en los otros países forestales, Chile, Brasil?
El Instituto Forestal chileno, que es un equivalente al nuestro, ha fijado ahora, en este mes del 2020, 23 dólares la tonelada de precio base. Porque ellos fijan un precio base y después se le van agregando en cuestión de definiciones. Por ejemplo, si vos tenés certificada tu madera, o sea si vos en toda la cadena, cumpliendo con todas las leyes vigentes, con todos los controles ecológicos, eso se llama certificación, vale más porque invertiste mucho más que si yo te estoy vendiendo una madera que no lo tiene. Entonces, ellos ponen un precio sostén, un precio básico, sobre eso a mayor cantidad de distancia que recorren para llevar la madera, a mayor cantidad de certificaciones, a mayor cantidad de valor agregado, vas subiendo el precio. Nosotros ahora hicimos el primer escalón, que es un precio con un mínimo de rentabilidad, al cual todavía no se le han agregado un montón de cuestiones que querríamos en un momento agregarle. Pero, vamos por partes, queremos esperar, queremos ver cómo el mercado se acomoda, el mercado se va a tener que acomodar, nosotros estamos convencidos que este precio se puede pagar tranquilamente, más en un momento de boom como estamos pasando ahora, no estamos lanzando esto en un momento en el cual no cierran para nada los números, en el sector forestal hoy en la provincia de Misiones está pasando por un momento muy bueno.
