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El futuro sin contraseñas: ¿se acerca el fin de los largos y complicados passwords?

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Entre los países que más han sufrido la filtración de contraseñas de organismos públicos se encuentran Australia, con más de 136 mil contraseñas filtradas, el Reino Unido, con 205 mil, y -liderando el ranking- Estados Unidos, con la gran cantidad de 625 mil contraseñas filtradas, poniendo en evidencia a organismos públicos incluso de la NASA.

Por otro lado, en febrero de este año se produjo una enorme filtración de contraseñas; ya que fueron reveladas 3 mil 200 millones de contraseñas de 2 mil, 180 millones de correos electrónicos únicos de todo el mundo, según el portal The Hacker News. Esto representa una de las mayores filtraciones de información de correos electrónicos y contraseñas de la historia, dijo el medio. De acuerdo con el reporte del sitio, el descubrimiento de los millones de contraseñas filtradas se hizo al analizar un documento de 100 GB de datos llamado COMB21, por  “Compilation of Many Breaches” (Recopilación de muchas filtraciones), publicado gratuitamente en febrero pasado en un foro de cibercrimen y que recopila datos filtrados de los últimos años.

No es un problema exclusivo de los gobiernos

“A medida que las amenazas han ido evolucionando en los últimos años, las contraseñas han tenido que hacerse más largas y complicadas. Por desgracia, también son más difíciles de recordar y más estresantes para los usuarios. Las contraseñas complejas no crean la mejor experiencia de usuario; además siguen siendo fáciles de comprometer y son costosas”, afirma Dean Coclin, Director Senior de Desarrollo comercial de DigiCert.

Las contraseñas son el acceso a la información personal y corporativa, pero también pueden dejar los datos vulnerables si no son lo suficientemente fuertes. Las contraseñas vulnerables abren la posibilidad a pérdidas de miles de millones de dólares, por no hablar de la disminución de la confianza digital y de las transacciones en línea y de la pérdida de reputación de las organizaciones afectadas. Tal vez es momento de dejar de promover las contraseñas tradicionales por completo, y he aquí el motivo.

Es un hecho: las contraseñas tradicionales son vulnerables

Ya no basta con tener una política sólida de contraseñas. La mayoría de las contraseñas no son lo suficientemente fuertes como para resistir a la piratería: 90% de las contraseñas generadas por los usuarios son débiles y vulnerables. Además, los usuarios suelen olvidar las contraseñas, y algunos siguen anotándolas con papel y bolígrafo. Estas contraseñas pueden encontrarse, perderse o ser robadas, escuchadas o incluso adivinadas, y no son seguras por sí solas.

El trabajo a distancia solo ha propiciado el aumento de los ataques a las contraseñas. Aplicar las políticas de contraseñas en un entorno remoto es aún más difícil; además, los empleados pueden tener contraseñas adicionales a las cuales deben dar seguimiento cuando acceden a software y archivos de trabajo de forma remota. Gestionar una gran cantidad de contraseñas es una carga para los usuarios y es probable que reutilicen la misma contraseña, o detalles de la misma, sólo para recordarla. Sin embargo, esto las hace aún más vulnerables porque si una contraseña puede ser hackeada, las otras son adivinadas fácilmente. Esto nos lleva a preguntarnos por qué seguimos dependiendo de este método tan anticuado.

Por otro lado, los responsables de la toma de decisiones de TI se centran en el despliegue de nuevas tecnologías para navegar por un entorno de trabajo remoto, el cual llegó para quedarse incluso después de la pandemia. Esta transición es el momento perfecto para considerar un futuro sin contraseñas y así garantizar la continuidad del negocio. En medio de la transformación digital, es hora de transformar también las contraseñas tradicionales. Las nuevas tecnologías, como las tarjetas inteligentes, los lectores de huellas dactilares y el reconocimiento facial, están llevando las preferencias lejos de las contraseñas tradicionales.

Las contraseñas tradicionales son engorrosas

Las contraseñas suelen ser estresantes para los usuarios. Según una encuesta de Visa, el 86% de los consumidores está interesado en cambiar a la biometría, el 70% cree que la biometría es más fácil y el 46% cree que es más segura que las contraseñas o los pines. Los usuarios tienen que recordar (o se les tiene que recordar) que deben restablecer las contraseñas, cambiar las contraseñas vulnerables y crear nuevas credenciales para cada cuenta, lo cual es una tarea molesta para la mayoría.

En este sentido, el equipo de TI invierte un tiempo crucial en administrar contraseñas (en promedio unas seis horas a la semana), cuando podrían estar dedicados a proyectos de mayor prioridad. Eliminar el uso de passwords incrementará la productividad y aliviará el estrés en su organización.

Cómo reemplazar contraseñas en un corto periodo de tiempo

Cualquier sistema de acceso que no requiera password, como datos biométricos o el token, son el futuro en la experiencia de usuario, tanto para los empleados como para el usuario final. De acuerdo con una encuesta de LastPass, 92% de los profesionales en TI creen que los sistemas sin contraseña son el futuro para los usuarios finales. La autenticación sin contraseña reducirá los riesgos de seguridad, reducirá la carga para los colaboradores de TI, y protegerá a las organizaciones.

Sin embargo, hacer la transición puede llevar tiempo, y es probable que un futuro completamente sin contraseña esté todavía a unos años de distancia. Para la transición a un futuro sin contraseñas, las organizaciones deben implementar la autenticación multifactor (MFA) mediante el uso de una contraseña y la biometría para crear capas adicionales de autenticación y seguridad. Esta capa adicional de seguridad hace que la MFA sea eficaz para proteger las contraseñas. Según Microsoft, MFA bloquea 99,9% de los ataques automatizados. Así, las organizaciones pueden aplicar una política sólida de contraseñas y utilizar un gestor de contraseñas.

Un administrador de contraseñas es una forma conveniente y segura para mantener todas sus contraseñas en un solo lugar. Productos como LastPass o 1password han mostrado madurez, además de superar auditorías externas. Existen numerosas opciones para elegir en el mercado.

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Presentan en el Senado un proyecto para declarar a internet como servicio público

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Un proyecto de ley para declarar público, esencial, estratégico y en competencia al servicio de internet en todo el país fue presentado hoy en la Cámara de Senadores, en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 que firmó el Poder Ejecutivo Nacional a fines del año pasado y que se encuentra objetado en la Justicia.

La iniciativa lleva la firma del presidente de la Comisión de Medios del Senado, el peronista chubutense Alfredo Luenzo, quien durante una audiencia que se realizó esta mañana había anticipado la intención de “tener un marco de acceso digital firme, robusto, con un concepto estrictamente federal”.

Desde el artículo primero de la norma se declara “de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”.

“Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, se afirma.

En sus fundamentos, Luenzo menciona que “la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital”.

Por otro lado, el proyecto establece que “los licenciatarios de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

“Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del servicio universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta”, continúa la iniciativa.

Asimismo, deja en manos de la autoridad de aplicación la “reglamentación” de “la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

Luenzo había adelantado su intención de presentar la iniciativa, que finalmente formalizó por la tarde, durante una audiencia de la comisión que preside en la que miembros de la Asociación por los Derechos Civiles presentaron un informe durante un debate en el que se expresó la importancia de lograr una regulación pública de contenidos en internet.

En una videoconferencia, Eduardo Ferreyra, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), expuso sobre el documento referido a “la protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet”.

Ferreyra advirtió que “la autorregulación presenta muchos defectos en su accionar y es necesario una regulación pública que colabore con la privada para abordar estos temas”.

El dirigente señaló que “se ha postulado el marco internacional de derechos humanos como el marco general por el cual se deberían guiar las plataformas para la modelación de contenido” y que “cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado, si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente”.

“Una regulación pública también tiene que apuntar a que la ciudadanía sea incorporada de manera significativa en la toma de decisiones”, agregó.

El especialista instó a pensar en “un modelo que ponga límites, restricciones, y sobre todo establezca mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, y en “cómo los delitos de intimidación pública se aplican a las redes sociales”.

“Cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión”, aclaró, no obstante.

Damián Loreti, profesor titular plenario de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exvicedecano de esa casa de estudios, subrayó, por su parte, la “necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora del corregulador porque no alcanza solo con la transparencia”.

“Lo que hay que ver es si esos logaritmos generan algún tipo de discriminación en término de ciertos tipos de discurso para generar distorsiones en términos de la accesibilidad a contenidos por parte de los interesados en esos contenidos”, reflexionó.

También consideró que “hay un déficit en el análisis de qué pasa con las fake news, más pensada en términos de responsabilidades, de pluralismo”, y entendió que “no alcanza con la trasparencia” sino que “hay que agregar mecanismos que garanticen que no hay discriminación negativa”.

“No alcanza con la plataforma, no alcanza tampoco a mi criterio con los resultados de la aplicación de logaritmos no sean discriminatorios, sino que hay que hacer mecanismos que garanticen derecho de defensa y reparación porque estas plataformas deberían regirse por los principios rectores de protección de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas”, agregó.

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La fibra óptica de Telecom para el servicio de internet llegó a Iguazú

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Con una inversión de 12 millones de dólares concretan el tendido de fibra óptica en Misiones en localidades como Aristóbulo del Valle, Jardín América Posadas e Iguazú. La inversión también apunta a mejorar las redes 3G en la provincia del noreste argentino con la instalación de nuevas antenas.

Esta red es una iniciativa público-privada de alcance federal que lanzó su primera etapa en abril, con la interconexión de las redes de fibra óptica de Silica Networks, Ecom, Ampernet Telecom, Marandu Comunicaciones y REFSA Telecomunicaciones, conformado una red de más de 15.000 km.

El enlace se estableció en la frontera entre la localidad de Bernardo de Irigoyen -en Misiones-, y las ciudades brasileñas de Dionisio Cerqueira -Santa Catarina- y Barracão –Paraná-, un nuevo punto de acceso de la conectividad internacional de la Argentina, que hasta ahora llegaba solamente por los cables submarinos que emergen en la localidad bonaerense de Las Toninas.

Ahora los habitantes de gran parte de Iguazú podrán acceder a conectividad de banda ancha de calidad y ser parte del polo regional de desarrollo tecnológico y de la economía del conocimiento que será posible a partir del desarrollo de esta infraestructura de fibra óptica.

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El Gobierno autorizó aumentos de internet, cable y telefonía

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Un aumento en enero, otro en febrero, y se viene el de marzo: Las facturas de internet, cable y telefonía fija tendrán incrementos desde el mes que entra, siempre autorizados por el Gobierno, desde un 5 y hasta un 7,5% dependiendo del tipo de servicio de los distintos planes.

El Gobierno Nacional autorizó nuevos aumentos para los servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija, que empezarán a regir el mes próximo.

Luego de que el pasado sábado el Poder Ejecutivo haya permitido un incremento en la telefonía móvil de hasta un 7,5% para febrero y un 2,5% para marzo, este martes se incluyó al resto del sector de las telecomunicaciones.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través de la Resolución 204/2021 publicada hoy en el ‘Boletín Oficial‘, estableció que las licenciatarias de Servicios de Telefonía Fija (STF), podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo de 2021 “en hasta un cinco por ciento (5%)”.

Mientras que las empresas prestadoras de acceso a internet podrán hacer lo propio según el siguiente esquema: a) Planes que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, Segmento Hogar, de prestadores de SVA-INT con menos de 100 mil accesos totales: hasta un 7%; b) Planes que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, Segmento Hogar, de prestadores de SVA-INT con 100 mil accesos totales o más: hasta un 5%; c) Planes que ofrecen 50 Mbps o más de velocidad de bajada, Segmento Hogar: hasta un 7,5%; d) Planes Corporativos: hasta un 7,5%.

Por otra parte, los abonos de televisión por cable residenciales, ya sea en la modalidad pospaga o prepaga, el aumento permitido es: a) Planes ofrecidos por prestadores de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico o Radioeléctric (SRSVFR) con menos de 100.000 accesos totales: hasta un 7%; b) Planes ofrecidos por prestadores de SRSVFR con 100 mil accesos totales o más: hasta un 5%; c) Planes o paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales ‘Premium’: hasta un 7,5%.

En el caso de servicios de televisión satelital, el incremento en el abono será: a) de hasta cinco por ciento para prestadoras con menos de 200 canales; 7,5% para prestadoras de 200 o más canales; y de hasta un 7,5% en el caso de planes o paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales ‘Premium’.

El ENACOM aclaró que los incrementos autorizados sólo podrán ser aplicados por aquellas Licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones en las que se permitieron las anteriores actualizaciones tarifarias. No obstante, los aumentos no alcanzan a los precios de las Prestaciones Básicas Universales (PBU), planes subsidiados que lanzó el Gobierno a fines del año pasado destinado a jubilados, desocupados y beneficiarios de AUH, entre otros.

El año pasado, en medio de la cuarentena, el Gobierno congeló el precio de los servicios de telecomunicaciones y prohibió hasta fin de 2020 el corte de los mismos por falta de pago. Ya en 2021, se permitió un aumento general del 5% para enero, y otro de hasta el 7% en febrero para aquellas empresas que posean menos de cien mil accesos totales. Desde el sector cooperativo y PYME que ofrece fundamentalmente este tipo de servicios le planteó al Ejecutivo la necesidad de una nueva actualización tarifaria.

“Desde el ENACOM se pretende una sinergia regulatoria respecto de los precios que convoque la realidad que las TIC y la TV Satelital representan no sólo como un portal de acceso a la salud, el trabajo, a la educación, a la justicia, a la seguridad, al conocimiento, a la información y al entretenimiento, sino considerando su incidencia fundamental en la construcción del desarrollo económico y social”, se manifestó desde el ente dirigido por Claudio Ambrosini, al tiempo que se remarcó la definición de “una política de precios razonable y dinámica”.

“Admitir un precio irrazonable implicaría una afectación a una gran parte de la sociedad, pretendiendo detraer una proporción excesiva de los ingresos de los usuarios y usuarias, perjudicando su accesibilidad y los derechos fundamentales que las TIC en general permiten satisfacer, máxime durante la pandemia, donde ha quedado demostrado cabalmente que sólo a través del uso de tales tecnologías fue posible esa satisfacción”, se agregó y se indicó que “no es intempestivo recordar que los sucesivos incrementos que se autorizan, son la herramienta más justa, razonable y asequible para todos los actores involucrados, en función de proyectar una salida gradual del congelamiento de precios instaurado hasta diciembre de 2020”.

Resolución 204/2021

VISTO el EX-2021-12854837-APN-DNDCRYS#ENACOM; las Leyes 27.078 y 26.522 con sus modificatorias y concordantes, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 del 21 de agosto de 2020; las Resoluciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) 1466 y 1467 del 18 de diciembre de 2020, 27 del 30 de enero de 2021 y 28 del 1 de febrero de 2021, el IF-2021-14889797-APN-DNDCRYS#ENACOM, y

CONSIDERANDO:

Que por el DNU 267 del 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), como organismo autárquico y descentralizado y como Autoridad de Aplicación de las Leyes 27.078 y 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en octubre de 2009, estableció que su objeto será la regulación de tales servicios en todo el ámbito territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Que la Ley 27.078 de “Argentina Digital” reconoció el carácter de servicio público esencial y estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC.

Que mediante el DNU 690/2020 citado en el visto, cuya validez fue ratificada por el Honorable Congreso de la Nación, se modificó Ley “Argentina Digital” estableciendo que los Servicios de TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre sus licenciatarias, son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia; y que este ENACOM, en su carácter de Autoridad de Aplicación, garantizará su efectiva disponibilidad.

Que el artículo 48 de la misma Ley dispone que las licenciatarias de los Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.

Que, sin embargo, el mismo artículo también instruye que los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de la prestación en función del Servicio Universal y aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, serán regulados por este ENACOM.

Que el DNU 690/2020 también estableció en su artículo 4º y en el marco de la emergencia ampliada por el DNU 260/2020, la suspensión de cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los Licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades; advirtiendo que dicha suspensión también alcanzaría a los servicios de televisión satelital por suscripción.

Que es deber de este ENACOM ejercer sus competencias para asegurar el objeto de las Leyes 27.078 y 26.522, sus normas complementarias y reglamentarias, tutelando los derechos y garantías de todos los actores involucrados en su ámbito de aplicación.

Que, no obstante el de TV Satelital no es un servicio regulado por la Ley sectorial sobre TIC sino por la Ley 26.522, su incorporación en la reglamentación de precios surge luego de ser un servicio esencial alcanzado por la suspensión de aumentos en el artículo 4° del DNU 690/2020 y, fundamentalmente, a partir de la protección del usuario y usuaria final del servicio de TV PAGA, al margen de la tecnología mediante la cual ese servicio se presta.

Que, por su parte, entre los servicios genéricamente aludidos como de “TV PAGA”, deben entenderse comprendidos entonces los de TIC de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y de comunicación audiovisual de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital (DTH o TV Satelital).

Que, razonadamente, puede inferirse que el Servicio de TV PAGA en cualquiera de sus modalidades por vínculo físico, radioeléctrico o satelital, representa y trasunta la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos; el ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública y la participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas.

Que por imperio del propio DNU 690/2020 y como Autoridad de Aplicación de las Leyes 27.078 y 26.522, el ENACOM es el encargado de efectuar la reglamentación de precios facultada.

Que en el citado marco y atendiendo tanto a los plazos previstos por el artículo 4° del DNU 690/2020 como al espíritu del DNU 311/2020, en lo que respecta a la suspensión de corte de los servicios en mora, ambos con fechas de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020; este ENACOM dictó la Resolución 1466/2020 aludida en el visto, por medio de la cual se autorizó a los licenciatarios de Servicios de TIC que presten servicios de Acceso a Internet, de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico o satelital; Servicio de Telefonía Fija y de Comunicaciones Móviles -todos con sus distintas y respectivas modalidades-, a aplicar un incremento en el valor de sus precios minoristas de hasta un CINCO POR CIENTO (5%) para enero de 2021.

Que en el caso de los Licenciatarios que posean menos de CIEN MIL (100.000) accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante el año 2020, se había autorizado un incremento en el valor de sus precios minoristas de hasta un OCHO POR CIENTO (8%) también para enero de 2021.

Que para establecer los porcentajes de incrementos de precios minoristas autorizados por Resolución ENACOM 1466/2020, se debían tomar como referencia los valores vigentes al 31 de julio 2020.

Que el artículo 2° de la misma norma dispuso que cualquier pretensión particular de incremento en un porcentaje superior a los establecidos en su artículo 1°, los prestadores debían solicitarlo con carácter excepcional y fundarse debidamente a través de documentación fehaciente, en el marco del artículo 48 de la Ley 27.078 (texto dado por el DNU 690/2020).

Que hasta tanto no mediara autorización expresa por parte de este ENACOM para su modificación previa evaluación de la solicitud en los términos del párrafo precedente, los licenciatarios de Servicios alcanzados por la Resolución ENACOM 1466/2020 estarán sujetos a los porcentajes de aumento establecidos por su Artículo 1°.

Que es política de este ENACOM como Autoridad de Aplicación, articular y sostener un vínculo de diálogo responsable con el sector para la consecución de una mejor práctica regulatoria, pues se entiende inexcusable el sostenimiento y estímulo de las inversiones públicas y privadas en el ecosistema digital para continuar desarrollando las infraestructuras y redes necesarias con el fin de universalizar el acceso y cobertura de las TIC en todo el territorio argentino.

Que, por lo razonado y expresado en los considerandos precedentes, no admite diatribas que hasta tanto no medie autorización expresa por parte de esta Autoridad de Aplicación para la modificación de sus precios minoristas, previa evaluación de la solicitud en los términos del artículo 2°, primer párrafo, de la Resolución ENACOM 1466/2020; los Licenciatarios de Servicios de TIC y de TV Satelital estarán sujetos a los porcentajes de aumentos establecidos por el artículo 1° de dicha norma.

Que surge de la regulación vigente que este ENACOM, en su carácter de Autoridad de Aplicación, debe continuar orientando y actualizando la regulación de los precios de los servicios alcanzados por la Resolución ENACOM 1466/2020.

Que en los términos de la citada norma los prestadores notificaron a esta Autoridad de Aplicación las propuestas sobre variaciones de sus precios, planes y promociones.

Que de las presentaciones efectuadas y analizadas durante el mes de enero, pudieron advertirse diversas manifestaciones de pequeños prestadores, fundamentalmente de servicios de Telefonía Fija (STF), Internet y TV PAGA, sobre valores de sus precios minoristas vigentes para 2021 por debajo de los precios promedios de mercado.

Que al aludir genéricamente al Servicio de Telefonía Fija (STF), deben entenderse comprendidos el Servicio Básico Telefónico (SBT), el Servicio de Telefonía Local (STL), de Larga Distancia Nacional (LDN) y de Larga Distancia Internacional (LDI).

Que asimismo, asociaciones y federaciones que nuclean a PYMEs y/o Cooperativas proveedoras de los servicios Telefonía Fija (STF), Internet y TV PAGA con menos de CIEN MIL (100.000) accesos informaron los precios vigentes y acompañaron estudios e información sobre sus estructuras de costos.

Que, para ello, en atención a la coyuntura que atraviesa nuestro país, han sido particularmente estudiadas las propuestas efectuadas por el segmento de prestadores mencionados, pues se los reconoce como actores esenciales e inevitables protagonistas del sostenimiento y fortalecimiento en la prestación del Servicio de Telefonía Fija, de Internet y TV PAGA pues se entiende que reconocen inmediatamente las necesidades primarias de conectividad locales en aquellas zonas desatendidas.

Que es parte de una concepción que persigue la presencia de un Estado inteligente en materia regulatoria, establecer regulaciones asimétricas a partir de la segmentación de los sectores para poder dar soluciones concretas a realidades diversas.

Que con fundamento en lo antedicho y a partir del análisis y estudio de la información aportada por ese sector de gran importancia para el acceso a los servicios en las distintas y más vastas regiones del país, por Resoluciones ENACOM 27 y 28/2021 citadas en el visto, fueron autorizados para febrero 2021 incrementos de hasta un SIETE POR CIENTO (7%) que podrían aplicar los Licenciatarios de Servicios de Internet, Telefonía Fija (STF) y TV PAGA que posean menos de CIEN MIL (100.000) accesos totales; tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados por Resolución ENACOM 1466/2020.

Que siguiendo ese temperamento, el sector cooperativo y PYME que ofrece fundamentalmente Servicios de Telefonía Fija (STF), Internet y TV PAGA, ha manifestado con fundamentos razonables, la necesidad de un nuevo incremento en sus precios minoristas, sobre todo, teniendo en cuenta que sus prestadores involucrados suelen tener cuotas de mercado en accesos que no superan los CIEN MIL (100.000) abonados.

Que los Servicios esenciales y en competencia de TIC y de TV Satelital representan no sólo un portal de acceso a la salud, la justicia, la educación, el trabajo, la seguridad, el conocimiento, la información y al entretenimiento, sino que su incidencia es fundamental en la construcción del desarrollo económico y social.

Que el Servicio de Internet es indispensable e insustituible y su contenido debe ser mantenido indefectiblemente en orden a salvaguardar los derechos fundamentales en juego, máxime a partir del paroxismo que la pandemia sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19 acarrea en el mundo entero, y sus inabordables consecuencias socioeconómicas a nivel global y nacional.

Que el Servicio de TV PAGA en cualquiera de sus modalidades por vínculo físico, radioeléctrico o satelital, representa y trasunta la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos; el ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública y la participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas.

Que con relación al Servicio de Telefonía Fija (STF), en los últimos años su cuantía de accesos reconoce una marcada tendencia a la baja -fundamentalmente por el cambio en la demanda de servicios de voz hacia la telefonía móvil-; razón por la cual el negocio no sigue la dinámica del mercado de otros servicios pues hoy la convergencia modificó la estructura del mercado de las comunicaciones en general.

Que a ese respecto, no se considera necesario aplicar segmentación alguna a la hora de autorizar la adecuación de los precios del Servicio de Telefonía Fija (STF).

Que la reglamentación de precios establecida en las Resoluciones ENACOM 1466/2020; 27/2021 y 28/2021, persigue la justicia y razonabilidad en los precios minoristas de los Servicios de TIC subyaciendo en esta regulación los inexorables valores sociales de la equidad, igualdad y consecución de derechos, pues la esencialidad de tales servicios conlleva necesariamente su acceso indiscriminado en garantía de los derechos fundamentales de las personas que se satisfacen, no sólo a través, sino a partir de ellos.

Que todos los precios minoristas de servicios regulados en la reciente reglamentación persiguen la menor afectación en los ingresos de la población, junto con razonables márgenes de ganancia para las empresas prestadoras, fomentando un escenario en el que se pretende estimular la competencia por precios libres, pero sin sustraerse del marco de emergencia sanitaria ampliada por DNU 260/2020; pues la República Argentina, al igual que el mundo entero, se enfrenta a incalculables consecuencias derivadas de la pandemia que se encuentra atravesando por la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 -que provoca la enfermedad del COVID-19-; y cuya inadvertencia es inexcusable.

Que desde este ENACOM se pretende una sinergia regulatoria respecto de los precios que convoque la realidad que las TIC y la TV Satelital representan no sólo como un portal de acceso a la salud, el trabajo, a la educación, a la justicia, a la seguridad, al conocimiento, a la información y al entretenimiento, sino considerando su incidencia fundamental en la construcción del desarrollo económico y social.

Que se persigue la definición de una política de precios razonable y dinámica, que admita innovaciones allí donde se reconozcan necesidades concretas y fundadas por los prestadores; siempre ponderando que todo el conjunto de las reglamentaciones emitidas están fundamentalmente dirigidas a tutelar a los sectores más vulnerables en el marco general protectorio de consumidores y usuarios de Servicios de TIC y TV Satelital, garantizando además los niveles de inversión y el desarrollo de la competencia en el sector.

Que ha quedado zanjada en la articulación con el sector cooperativo y PYME junto con el las empresas de mayor envergadura, la voluntad y determinación de esta Autoridad de Aplicación de autorizar precios razonables teniendo en consideración la situación de emergencia que atraviesa nuestro país y la afectación del poder adquisitivo de los usuarios y usuarias, entre otras variables.

Que a instancias del contexto señalado, la reglamentación de precios tiene además su perspectiva teleológica en el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya citado en los fundamentos del DNU 690/2020 y sostenido en los autos “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/Amparo Colectivo”, donde se destaca que “ …el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo f amiliar a considerar.”

Que en el mismo precedente, la CSJN consideró necesario fijar ese temperamento, entre otros, como uno de los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse sobre los servicios públicos esenciales, con la expectativa de que tales consignas sean asumidas en el futuro para casos similares.

Que siguiendo esa hermenéutica, este ENACOM estudia cuidadosamente la reglamentación de precios minoristas, pues convalidar pretensiones de incrementos excesivas generaría que los usuarios y usuarias se vean obligados a soportar un precio de servicio que los pudiera tornar inaccesibles resultando irrazonable.

Que admitir un precio irrazonable implicaría una afectación a una gran parte de la sociedad, pretendiendo detraer una proporción excesiva de los ingresos de los usuarios y usuarias, perjudicando su accesibilidad y los derechos fundamentales que las TIC en general permiten satisfacer, máxime durante la pandemia, donde ha quedado demostrado cabalmente que sólo a través del uso de tales tecnologías fue posible esa satisfacción.

Que no es intempestivo recordar que los sucesivos incrementos que se autorizan, son la herramienta más justa, razonable y asequible para todos los actores involucrados, en función de proyectar una salida gradual del congelamiento de precios instaurado hasta diciembre de 2020.

Que fue advertido especialmente el contexto económico-social de recesión y caída de ingresos reales que la población viene experimentando en los últimos años y que, dada la situación actual, torna aún más imperioso que se establezca una pauta gradual y razonable para los eventuales incrementos de los servicios esenciales de TIC y de TV Satelital luego de la suspensión de aumentos impuesta por art. 4° del DNU 690/2020.

Que en ese marco, por NO-2021-14888226-APN-ENACOM#JGM se ha instruido a las áreas que analizan y merituan las propuestas y solicitudes en la órbita de los institutos que integran la reglamentación de precios que manda el DNU 690/2020, para que analicen una propuesta donde se autoricen adecuaciones para los Servicios de Telefonía Fija (STF), de Valor Agregado de Acceso a Internet y TV PAGA.

Que en virtud del análisis efectuado y de las consideraciones vertidas, corresponde autorizar nuevos incrementos de precios minoristas en marzo del corriente año, para los Servicios de Telefonía Fija (STF) Internet y de TV PAGA; advirtiendo diferentes escenarios y segmentos de mercado hacia los cuales se destinan sus precios y planes vigentes; estableciendo distintos esquemas de incrementos en atención a las realidades diversas de los usuarios y usuarias que acceden a ellos.

Que, por otra parte, los nuevos incrementos autorizados en la presente, deben destinarse a aquellas Licenciatarias que han cumplido las disposiciones anteriores sobre reglamentación de precios y Prestaciones Básicas Universales (PBU) y obligatorias; pues allí este ENACOM encuentra la sinergia y convocatoria regulatoria necesaria para honrar su fin de tutela efectiva de la garantía de acceso de toda la población a los servicios esenciales bajo su órbita, junto con la protección y articulación de todo el universo de prestadores en un ambiente donde sus necesidades y planteos encuentran respuesta.

Que en ese sentido, los incrementos autorizados sólo podrán ser aplicados por aquellas Licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones contenidas en la Resoluciones ENACOM 1466/2020; 1467/2020; 27/2021 y 28/2021 en todos sus términos y alcances; y que la presente medida no abarca ni alcanza a los precios aprobados para las Prestaciones Básicas Universales (PBU) y Obligatorias aprobadas por la Resolución ENACOM 1467/2020.

Que teniendo en cuenta los plazos legales para comunicación a este ENACOM de las variaciones de precios minoristas que las Licenciatarias efectúen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales vigentes, y considerando la proximidad del período de aplicación de los nuevos incrementos autorizados en la presente, se entiende prudente admitir cierta flexibilidad en los plazos de comunicación previa que deberán respetar en la primera variación de precios minoristas con impacto posterior a la publicación de este Acto; pudiendo las prestadoras omitir la antelación y comunicarlos al momento de su aplicación.

Que han tomado intervención las Direcciones Nacionales de este Organismo con competencia en la materia.

Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención de su competencia.

Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Técnicos y el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, del 30 de enero de 2020.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU 267/2015 y el DNU 690/2020.

Que las circunstancias ut-supra detalladas dan mérito suficiente para que la presente medida se adopte con carácter urgente “ad referéndum” de aprobación del Directorio de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de conformidad con la facultad delegada en el punto 2.2.12 del Acta de Directorio 56 del 30 de enero de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Establecer que las Licenciatarias de Servicios de Telefonía Fija (STF), podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo de 2021 y tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados mediante Resoluciones ENACOM 1466/2020 y 28/2021; en hasta un CINCO POR CIENTO (5%).

ARTÍCULO 2°: Establecer que las Licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVAINT) podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo de 2021 y tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados mediante Resoluciones ENACOM 1466/2020 y 27/2021, según el siguiente esquema: a) Planes que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, Segmento Hogar, de prestadores de SVA-INT con menos de CIEN MIL (100.000) accesos totales: hasta un SIETE POR CIENTO (7%). b) Planes que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, Segmento Hogar, de prestadores de SVA-INT con CIEN MIL (100.000) accesos totales o más: hasta un CINCO POR CIENTO (5%). c) Planes que ofrecen 50 Mbps o más de velocidad de bajada, Segmento Hogar: hasta un SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%). d) Planes Corporativos: hasta un SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%).

ARTÍCULO 3°.- Establecer que las Licenciatarias de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico o Radioeléctrico (SRSVFR), podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo de 2021 para abonos de TV residenciales en cualquiera de sus modalidades (pospaga o prepaga) y tecnologías (analógica, digital,”HD”, entre otras); tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados mediante Resoluciones ENACOM 1466/2020 y 28/2021, según el siguiente esquema: a) Planes ofrecidos por prestadores de SRSVFR con menos de CIEN MIL (100.000) accesos totales: hasta un SIETE POR CIENTO (7%). b) Planes ofrecidos por prestadores de SRSVFR con CIEN MIL (100.000) accesos totales o más: hasta un CINCO POR CIENTO (5%). c) Planes o paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales “Premium”: hasta un SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%).

ARTÍCULO 4°.- Establecer que las Licenciatarias de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo Satelital (DTH o TV Satelital) podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo de 2021 para abonos de TV residenciales en cualquiera de sus modalidades (pospaga o prepaga), y tecnologías (analógica, digital,”HD”, entre otras); según el siguiente esquema: a) Planes de prestadores de DTH o TV Satelital con menos de 200 canales: hasta un CINCO POR CIENTO (5%). b) Planes de prestadores de DTH o TV Satelital con 200 canales o más: hasta un SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%). c) Planes o paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales “Premium”: hasta un SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%).

ARTÍCULO 5°: Establecer que los incrementos autorizados en los artículos precedentes sólo podrán ser aplicados por aquellas Licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones contenidas en las Resoluciones ENACOM 1466/2020; 1467/2020; 27/2021 y 28/2021 en todos sus términos y alcances; y que la presente medida no abarca ni alcanza a los precios de las Prestaciones Básicas Universales (PBU) y Obligatorias aprobadas por la Resolución ENACOM 1467/2020.

ARTÍCULO 6°.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PLAZOS PARA COMUNICAR. Establecer que las modificaciones que las Licenciatarias eventualmente realicen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales con arreglo a las autorizaciones de incrementos aprobadas en la presente Resolución, podrán ser comunicadas a este ENACOM al momento de su aplicación de conformidad con las disposiciones legales y modalidades de información vigentes.

ARTÍCULO 7°.- La presente norma entrará en vigencia a partir de la fecha de su dictado.

ARTÍCULO 8°.- La presente medida se dicta “ad referéndum” del DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y, cumplido, archívese.

Claudio Julio Ambrosini

e. 23/02/2021 N° 9219/21 v. 23/02/2021

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Entró en vigencia la Prestación Básica Universal para telefonía, internet y TV por cable

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó que, a partir de hoy, entró en vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para servicios de telefonía móvil, fija, Internet y TV por cable.

Esta prestación se determinó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que fijó un servicio mínimo de 150 pesos para telefonía móvil.

El decreto tuvo como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables.

Podrán optar por adherirse a la PBU las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, así como también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar; beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles.

El beneficio se extiende a clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarios y entidades de bien público.

La PBU “persigue el horizonte de la expansión de derechos establecidos por el Gobierno nacional como lineamiento general para asegurar que todos los argentinos y argentinas gocen de las mismas oportunidades”, indicó el Ente.

“Desde el comienzo de su gestión, Enacom estableció que la comunicación es un derecho humano básico, y el acceso a las TIC, un servicio esencial para la construcción de ciudadanía”, concluyó el comunicado.

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