INUNDACIONES

Inundaciones en Corrientes: más de 400 vecinos evacuados

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 Al menos 413 vecinos fueron evacuados por las inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes, según informaron fuentes oficiales.

Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que se alojó a los habitantes en gimnasios municipales y escuelas.

La caída de 300 milímetros provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones.

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues.__IP__

Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial.

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El Gobierno instalará un centro de operaciones en 9 de Julio para auxiliar a los municipios inundados

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció esta tarde que el Gobierno  instalará un centro de operaciones en el municipio de 9 de Julio para brindar auxilio a los distritos del interior agrario de la provincia de Buenos Aires que se encuentran afectados por la inundaciones a raíz del desborde de la Cuenca del Río Salado.

Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas”, señaló la funcionaria en un conferencia de prensa en Casa Rosada, donde agregó que se  harán tareas de “limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas”, entre otras, para “garantizar la circulación por los caminos”.

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra detalló la serie de medidas orientadas a asistir a la población afectada por la emergencia hídrica. Que se implementarán a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Bullrich afirmó que “a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires”, se ha decidido realizar “un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”.

La ministra informó que se instalará un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio, donde este sábado viajará el director de la AFE, Santiago Hardie. Para coordinar el trabajo con el intendente local y sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. En tanto, el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sumará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas. Y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados.

También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado. Para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

Bullrich destacó que, al mismo tiempo, el Gobierno trabajará junto a los productores agropecuarios afectados por una acumulación histórica de lluvias. Y detalló que cayeron “entre 1.200 y 1.800 milímetros de agua cuando más de 500 milímetros es una anomalía para esta época del año”.

“El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente. Por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia”, insistió. Previamente, Adorni había señalado que “el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses”.

Está últimas frases aludieron al enfrentamiento político con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. De hecho, Bullrich reconoció que la medida de instalar el centro de operaciones en 9 de Julio corrió por cuenta de la Nación. Y no fue analizada previamente con la gestión provincial.

“Si el gobierno provincial quiere ir a 9 de Julio será bienvenido”, planteó la funcionaria. Quien además recordó que “la Provincia tiene la responsabilidad sobre las obras en la Cuenca del Salado”. “Hace dos semanas (el gobierno provincial) anunció obras para la Cuenca. Obras que hace 50 años que no se hacen”, cerró. 

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El Gobierno dará asistencia económica de hasta $10 mil millones a afectados por inundaciones

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Es para damnificados de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

El Gobierno el dará una asistencia económica de hasta $10.000.000.000 en subsidios para compensar pérdidas materiales a los afectados por las inundaciones ocurridas en mayo pasado en las ciudades bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

Así se indicó este lunes a través del Boletín Oficial en una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el informe señala: “La Agencia Federal de Emergencias en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional tiene por objeto dar respuesta ante situaciones de desastres naturales y coordinar el apoyo y el despliegue de los recursos disponibles para el desarrollo de tareas, actividades y en las acciones de preparación, prevención, respuesta inmediata y poscrisis”.

En el mismo se añadió: “Mediante el Decreto Nº 497/25 se creó un fondo especial de asistencia directa por la suma de hasta pesos diez mil mil millones ($10.000.000.000) destinado a otorgar subsidios para los residentes afectados por las inundaciones acaecidas los días 16 y 17 de mayo de 2025, en las ciudades Zarate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, con el fin de compensar pérdidas materiales sufridas por dicho fenómeno”.

“La urgencia y gravedad de los daños ocasionados por el evento meteorológico de los días 16 y 17 de mayo de 2025, en las ciudades de Zárate-Campana y localidades aledañas, de Provincia de Buenos Aires, exige la implementación de mecanismos ágiles, transparentes y efectivos para canalizar la ayuda estatal y garantizar el acceso de las personas físicas damnificados a los beneficios instituidos por el Decreto N° 497/2025”, añadió.

En el informe del Boletín Oficial, se indica que la ministra de Seguridad resuelve: “Apruébense las normas complementarias del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) para las localidades de Zarate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco de la Provincia de Buenos Aires”.

“Instrúyese al titular de la Agencia Federal de Emergencias a controlar, autorizar y aprobar los desembolsos correspondientes en la medida que las solicitudes presentadas se encuentren en ‘Estado Aprobado’, de acuerdo al Anexo aprobado por el artículo precedente. Cumplido, deberá informar a la Secretaría de Coordinación Administrativa de este Ministerio el listado de personas que se encuentran en condiciones de percibir el del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) para las localidades de Zarate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco de la Provincia de Buenos Aires”, culminó.

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Bahía Blanca: el Gobierno amplía el acceso al subsidio SUR para damnificados por inundaciones

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El Ministerio de Seguridad ajusta el mecanismo de asistencia a damnificados por inundaciones en Bahía Blanca. Se amplían los criterios y validaciones para el acceso al Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), con el objetivo de garantizar mayor equidad y transparencia

Con el objetivo de optimizar el acceso a los subsidios destinados a los damnificados por las inundaciones del 7 de marzo en Bahía Blanca, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una serie de modificaciones al régimen del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR). La medida, formalizada mediante la Resolución 760/2025, establece nuevas instancias de verificación, habilita mecanismos de corrección documental y extiende el alcance de los criterios de elegibilidad.

El SUR es una prestación monetaria no contributiva por única vez, creada por el Decreto 238/2025 como herramienta de asistencia directa para los residentes de viviendas afectadas por el evento climático. A través de este ajuste normativo, el Gobierno busca mejorar la eficiencia del proceso, reducir la exclusión por errores administrativos y garantizar que los fondos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

La nueva resolución incorpora al esquema de evaluación de solicitudes el uso de bases de datos de otros organismos de la administración pública nacional, y establece un criterio de priorización en casos donde existan múltiples solicitudes de un mismo requirente para diferentes domicilios.

Asimismo, se habilita una “Instancia Complementaria” de 72 horas —comunicada a través del correo oficial sur@minseg.gob.ar— para que aquellos inscriptos que no lograron validar su información en la etapa inicial, ya sea por inconsistencias con los registros de la empresa EDES o por dificultades en el acceso digital, puedan subsanar errores y completar la documentación requerida.

El rediseño del procedimiento pone el foco en los sectores más vulnerables, particularmente aquellos que no contaban con medidor de luz o que presentaron dificultades tecnológicas al momento de la inscripción inicial. Según la norma, esta etapa especial apunta a garantizar que ninguna vivienda afectada quede fuera del beneficio por obstáculos administrativos o técnicos.

Además, se actualiza el lenguaje de los formularios oficiales para reflejar la digitalización del proceso, sustituyendo la mención a “Formulario Vivienda Vulnerable” por “Formulario Digital”.

Patricia Bullrich: “La ayuda debe ser rápida, transparente y llegar a todos”

“La urgencia de la situación exige mecanismos ágiles, transparentes y efectivos”, sostiene la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich, en línea con lo planteado en la normativa fundacional del fondo especial para emergencias.

El esquema se encuadra dentro de las competencias de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, y responde a la lógica del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que articula las respuestas estatales ante desastres naturales.

Con estas modificaciones, el Ministerio de Seguridad busca fortalecer la legitimidad y eficacia del SUR, en un contexto donde la transparencia en la asignación de subsidios y la inclusión de los sectores más golpeados por la emergencia se vuelve crucial. La implementación operativa ya se encuentra en marcha, y se espera que la instancia complementaria permita alcanzar a un mayor universo de hogares afectados, especialmente en los sectores periféricos de Bahía Blanca.

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Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca y defendió su propio plan de asistencia

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Con el Decreto 424/2025, el Ejecutivo rechazó en su totalidad la Ley 27.790, que preveía un fondo adicional de $200.000 millones, argumentando superposición con medidas ya vigentes y falta de financiamiento

El Gobierno nacional vetó por completo la Ley 27.790, que había sido sancionada por el Congreso el 4 de junio de 2025, y que declaraba zona de emergencia y catástrofe a la provincia de Buenos Aires —en particular a los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales— por las inundaciones sufridas en marzo. La norma también preveía la creación de un fondo de $200.000 millones para la asistencia de damnificados.

Mediante el Decreto 424/2025, publicado este 24 de junio en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei argumentó que la ley sancionada era innecesaria porque el Poder Ejecutivo ya había actuado previamente mediante el Decreto 238/2025, que creó un fondo especial con igual monto y objetivos similares, financiado en parte por un préstamo contingente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Un veto por superposición de medidas y falta de previsión presupuestaria

La decisión presidencial se fundamenta en tres pilares:

  1. Duplicación de esfuerzos: la ley vetada reproduce medidas ya implementadas por el Decreto 238/2025, incluyendo subsidios no contributivos para damnificados y líneas de asistencia financiera.
  2. Ausencia de fuente de financiamiento: según el Ejecutivo, el proyecto de ley incumple el artículo 38 de la Ley 24.156, al no prever cómo se financiarían las erogaciones dispuestas.
  3. Avance en la ejecución actual: el fondo gestionado por el Ministerio de Seguridad Nacional ya asignó pagos al 85,43% de los inscriptos, con 32.076 beneficiarios alcanzados y 3.962 casos aún en análisis.

“La totalidad de lo desarrollado previamente pone de relieve la necesidad de que este Poder Ejecutivo Nacional haga uso de todos los medios constitucionales habilitados para evitar la entrada en vigencia de un proyecto de ley cuya finalidad […] ya ha sido atendida”, afirma el decreto.

Detalles de la ley vetada: un fondo, obras, créditos y exenciones

La Ley 27.790 incluía un amplio abanico de medidas para los afectados por las inundaciones:

  • Declaración de emergencia por 180 días para Bahía Blanca y Coronel Rosales.
  • Fondo especial de $200.000 millones administrado por la Jefatura de Gabinete.
  • Obras de infraestructura con recursos locales, líneas de crédito a tasa subsidiada y exenciones fiscales.
  • Suspensión de ejecuciones y operaciones bancarias para personas sin ingresos.
  • Informe obligatorio al Congreso sobre la implementación y control de los fondos.

El Ejecutivo objetó, además, la inclusión de Coronel Rosales, señalando que esa zona no fue alcanzada por el mismo nivel de daño, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia Federal de Emergencias.

Avances del programa vigente y participación del BID

El programa de asistencia actual —creado por decreto en marzo— incluye el Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.), una transferencia directa a los hogares afectados, cuyo pago ya fue ejecutado en más del 85% de los casos registrados. El registro público se instrumentó vía formulario digital y línea 0800, y su administración corresponde al Ministerio de Seguridad.

Los recursos provienen, en parte, del préstamo BID AR-O0016, aprobado en 2022, que se activa ante desastres naturales y de salud pública. El BID validó la elegibilidad del evento el 20 de marzo, lo que habilitó el uso de esos fondos.

El veto del Decreto 424/2025 se enmarca en la estrategia del Gobierno de concentrar la política de gasto en manos del Ejecutivo, incluso en contextos de emergencia. La decisión también refuerza la línea de disciplina fiscal estricta, al evitar la creación de nuevos compromisos presupuestarios sin fuente de financiamiento.

En términos políticos, el rechazo a una ley que había reunido consenso legislativo podría abrir una disputa entre el Congreso y el Ejecutivo, especialmente si los legisladores buscan insistir con la norma. No obstante, el Gobierno sostiene que ya cumple con la asistencia a los damnificados y que una duplicación presupuestaria no es viable en un marco de emergencia económica.

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