El intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, pidió este viernes la renuncia de todos los funcionarios que integran la primera línea del Ejecutivo municipal, en una decisión que abrió un escenario de incertidumbre política dentro de la Municipalidad y puso bajo revisión el funcionamiento del gabinete.
La solicitud fue formalizada mediante una nota enviada a los titulares de las ocho secretarías ejecutivas y de la Asesoría Legal. El documento establece que las renuncias serán puestas a consideración exclusiva del jefe comunal, quien comunicará posteriormente si las acepta o las rechaza y, en ese último caso, dispone la continuidad de los funcionarios en sus cargos.
La medida no implica, al menos por ahora, la salida automática de los integrantes del gabinete. En diálogo con El Litoral, Nicolás explicó que el pedido constituye una herramienta de conducción destinada a evaluar el funcionamiento del equipo y ordenar eventualmente la estructura de gobierno.
“El pedido de renuncia a los secretarios debe entenderse exclusivamente como una herramienta de gestión”, sostuvo el intendente en dialogo con el medio correntino El Litoral. En esa línea, aclaró que la decisión “no implica necesariamente una decisión de apartar a nadie”, sino que habilita un mecanismo para que quienes no estén de acuerdo con el rumbo de la administración puedan dejar sus funciones de manera ordenada.
El jefe comunal también dejó abierta la posibilidad de modificaciones. Según explicó, la intención inicial es dar continuidad a la mayoría de los funcionarios, aunque no descartó recambios dentro de la estructura municipal. La evaluación, por lo tanto, no se limitaría a una cuestión formal: también puede derivar en una reorganización de áreas y responsabilidades.
La nota remitida a los funcionarios contiene, además, una definición política más contundente. “El que no está conforme con el transitar y logros de esta gestión tiene la libertad absoluta de irse de la Municipalidad sin más dilaciones”, señala el documento firmado por Nicolás.
El planteo coloca el desempeño de cada área en el centro de la discusión y funciona como una señal hacia el interior del Ejecutivo. El intendente busca preservar la unidad de su equipo y, al mismo tiempo, establecer una instancia de evaluación sobre el rumbo de la gestión municipal.
“Se trata de una facultad propia de la conducción, orientada a preservar la unidad, el funcionamiento y la responsabilidad institucional del equipo de gobierno”, explicó Nicolás al fundamentar la decisión.
El movimiento también tiene un antecedente reciente en la política municipal de Ituzaingó. En noviembre de 2023, el entonces intendente Juan Pablo Valdés había solicitado la renuncia de aproximadamente la mitad de sus funcionarios, en el marco de una reconfiguración de su gabinete orientada a revisar estrategias y establecer un nuevo rumbo para la administración.
La diferencia en esta oportunidad está dada por el alcance de la medida: Nicolás puso a disposición los cargos de la totalidad de la primera línea del Ejecutivo, lo que abre la posibilidad de una revisión integral del equipo, aun cuando el propio intendente anticipó que no necesariamente todos los funcionarios serán reemplazados.
La decisión se produce además en un contexto en el que la gestión municipal deberá definir si la herramienta queda circunscripta a una evaluación interna o si se traduce en cambios concretos de estructura, prioridades y conducción. Las próximas horas serán determinantes para conocer qué renuncias son aceptadas y qué funcionarios continuarán al frente de las distintas áreas.
Más allá de los nombres que eventualmente puedan cambiar, el movimiento plantea una cuestión central de gestión: la capacidad de un gobierno municipal para revisar su funcionamiento, corregir desvíos y reorganizar recursos sin interrumpir la prestación de servicios. En ese sentido, la evaluación del gabinete puede convertirse en una herramienta para ajustar la administración a las demandas de la ciudad, siempre que derive en decisiones concretas y verificables.
Por ahora, el intendente conserva la decisión sobre cada uno de los cargos. La presentación de las renuncias no implica por sí misma una crisis institucional, pero sí inaugura una etapa de revisión política y administrativa en la Municipalidad de Ituzaingó.
El proyecto de ArPulp para construir una planta de celulosa en Ituzaingó comienza a ingresar en una etapa decisiva. Después de aproximadamente dos años de trabajos técnicos, durante 2026 la compañía espera completar uno de los pasos centrales para una inversión estimada en US$ 2.000 millones solamente dentro del complejo industrial: la aprobación del estudio de impacto ambiental.
El ejecutivo tucumano Fernando Correa, con una larga experiencia profesional dentro del sector forestal, presentó los avances del proyecto durante el encuentro por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), realizado en Posadas. En diálogo con Economis, aseguró que la iniciativa mantiene por ahora el cronograma trazado originalmente y ratificó el objetivo de tener la planta funcionando en 2030.
“El proyecto está bastante en línea con el cronograma original. Siempre dijimos que el hito principal para este año es el estudio de impacto ambiental”, explicó Correa.
El documento se encuentra en su fase final y la expectativa de la empresa es presentar la documentación ante la autoridad ambiental de Corrientes durante las próximas semanas. Si el proceso administrativo avanza según lo previsto, la aprobación podría llegar hacia finales de 2026 o comienzos de 2027.
Pero mientras se desarrolla el trámite ambiental, ArPulp trabaja simultáneamente sobre otros componentes necesarios para una inversión de esta escala: capacitación de recursos humanos, logística, certificaciones, suministro forestal, ingeniería y estructuración financiera.
Una fábrica pensada para 2030
El calendario industrial permite dimensionar la complejidad del emprendimiento. Durante 2027 debería avanzar la ingeniería básica, una instancia que demandará entre diez y doce meses. Paralelamente comenzarán los pedidos de grandes equipos industriales, cuya fabricación puede insumir alrededor de un año y medio debido a que se producen específicamente para cada planta.
Después llegará la construcción.
“Los períodos de construcción son 48 meses. Un mes más, un mes menos”, sintetizó Correa a Economis.
La meta continúa siendo 2030. El proyecto contempla una inversión cercana a US$ 2.000 millones dentro de la fábrica, aunque la cifra final podría incrementarse por infraestructura complementaria. Entre las alternativas estudiadas aparecen inversiones logísticas y eventualmente instalaciones portuarias vinculadas con la salida de la producción hacia los mercados internacionales.
ArPulp apunta además a un segmento particular del negocio mundial de la celulosa: la celulosa fluff, utilizada principalmente por las industrias sanitaria y de higiene.
“Es un producto muy de nicho, muy específico”, explicó Correa. A diferencia de otras variedades de celulosa con características más cercanas a un commodity, la fluff abastece mercados que requieren especificaciones técnicas particulares.
Por eso, además del financiamiento, ArPulp trabaja en la incorporación de un socio estratégico internacional.
“El escenario ideal sería tener una empresa global que sepa producir celulosa, pero sobre todo por la parte de comercialización”, señaló.
La iniciativa está promovida por un grupo inversor argentino y ya existen conversaciones con bancos y organismos multilaterales para conseguir financiamiento.
Correa aclaró que la estructuración financiera está a cargo de especialistas y señaló a Grupo Pegasus, de Buenos Aires, como asesor financiero y socio del proyecto.
La magnitud del desembolso convierte al financiamiento en uno de los capítulos centrales de la inversión, pero también coloca en primer plano otra condición que ArPulp considera indispensable: la estabilidad jurídica.
Allí aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). ArPulp todavía no presentó formalmente su adhesión. La compañía proyecta hacerlo entre enero y febrero, fundamentalmente para compatibilizar el momento de inscripción con el calendario efectivo de desembolsos.
La normativa establece compromisos de inversión durante los primeros 24 meses posteriores al ingreso al régimen y, según explicó Correa, una inscripción demasiado anticipada no coincidiría con la curva normal de desembolsos de una planta de estas características.
Para el ejecutivo, la principal ventaja no está únicamente asociada a los incentivos fiscales.
“Lo importante que te da el RIGI es la protección a la inversión. Tenés un compromiso de que no se van a cambiar las reglas de juego por los próximos treinta años”, sostuvo.
Correa vinculó esa previsibilidad con uno de los principales obstáculos históricos para las grandes inversiones industriales en la Argentina: el riesgo asociado a modificaciones regulatorias, tributarias o cambiarias durante la vida útil de proyectos que necesitan décadas para recuperar el capital invertido.
En ese sentido, ubicó al proyecto forestal dentro de la nueva generación de inversiones intensivas en capital que aparecen junto con petróleo, gas y minería.
Cinco millones de metros cúbicos de madera por año
La escala industrial de ArPulp también promete modificar profundamente el mercado forestal del Nordeste.
La futura planta necesitaría aproximadamente cinco millones de metros cúbicos de madera por año. Una demanda permanente de semejante volumen tendría consecuencias sobre plantaciones, cosecha, transporte, servicios forestales, logística y planificación de nuevas superficies.
La compañía prevé desarrollar plantaciones propias para cubrir aproximadamente 30% de sus necesidades, lo que representaría entre 40.000 y 50.000 hectáreas netas.
El resto deberá provenir del mercado. “Vamos a ser compradores netos”, confirmó Correa. Y allí Misiones aparece directamente involucrada.
Aunque la planta estará instalada en Ituzaingó, su estrategia de abastecimiento contempla un radio económico de suministro alrededor del complejo industrial. La cercanía del sur misionero lo incorpora naturalmente a ese mapa.
“Misiones está muy cerquita también”, señaló.
Correa sostuvo que el complejo pretende integrarse como “un eslabón que falta” dentro de una cadena forestal que ya cuenta con plantaciones e industrias, pero todavía dispone de grandes volúmenes de biomasa con escaso valor comercial.
El residuo forestal pasa a tener valor
Este punto es central para comprender el impacto que ArPulp proyecta sobre los aserraderos de Misiones y Corrientes.
Según Correa, alrededor del 30% de la madera producida por hectárea actualmente termina como residuo, ya sea dentro del monte durante las operaciones forestales o posteriormente en los aserraderos.
Una planta de celulosa de gran escala puede convertir una parte de ese material en materia prima industrial.
“No es parte de la competencia, es un complemento”, planteó el ejecutivo durante su exposición, al explicar que una demanda estable permitiría valorizar fracciones del recurso que actualmente tienen poco o ningún aprovechamiento económico y, al mismo tiempo, mejorar la planificación de futuras plantaciones.
La lectura de ArPulp es que una fábrica que consume cinco millones de metros cúbicos anuales no solamente modifica el precio o la demanda de madera: obliga a elevar la productividad del sistema completo.
La presentación de Correa puso precisamente el foco en ese concepto. Para competir internacionalmente ya no alcanza con disponer de árboles y buenas tasas de crecimiento. Se necesita un ecosistema industrial competitivo, con proveedores, servicios, transporte, transformación, logística de exportación y un marco jurídico capaz de sostener inversiones de largo plazo.
Hasta 13.000 puestos de trabajo
El segundo gran impacto será laboral. Dentro de la planta trabajarían alrededor de 1.000 personas, distribuidas entre los diferentes turnos y operaciones industriales.
La cadena de suministro sumaría entre 2.000 y 2.500 trabajadores, incluyendo silvicultura, cosecha, transporte y logística.
La mayor concentración temporal de empleo se producirá durante la construcción, cuando ArPulp estima que podrían generarse aproximadamente 6.000 puestos de trabajo.
A eso se agregarían unos 4.000 empleos inducidos, derivados del movimiento económico generado por el complejo sobre comercio, servicios y otras actividades regionales.
La estimación global alcanza así aproximadamente 13.000 puestos de trabajo entre las diferentes categorías.
Pero Correa plantea que el efecto excederá la contratación directa. Durante su presentación explicó que una industria de semejante escala crea una demanda permanente de proveedores de servicios, insumos químicos, logística y mano de obra especializada, elevando el nivel tecnológico y generando actividades industriales alrededor de la propia fábrica.
Aunque la inversión está localizada en Corrientes, la dimensión del proyecto obliga a observarlo desde una perspectiva regional.
El sur de Misiones está dentro de la zona forestal de influencia de Ituzaingó y posee plantaciones, aserraderos, servicios y disponibilidad de biomasa que podrían integrarse a la cadena de suministro.
Correa considera que la llegada de una demanda estable de cinco millones de metros cúbicos anuales podría provocar un “cambio estructural” en el sector forestal primario de la región.
También abrió una puerta interesante durante la conversación con Economis: ante la pregunta sobre si Misiones podría albergar en el futuro una inversión industrial de características semejantes, su respuesta fue afirmativa.
“¿Por qué no? Misiones tiene mucha madera y también tiene madera disponible”, respondió.
La definición sintetiza una discusión que atraviesa desde hace años al complejo forestoindustrial del Nordeste. Misiones y Corrientes poseen una de las mayores concentraciones de bosques implantados del país, pero buena parte del desafío continúa siendo transformar esa ventaja forestal en inversiones industriales capaces de agregar valor, absorber residuos y colocar productos sofisticados en los mercados internacionales.
La apuesta de ArPulp aparece además en medio de una transformación profunda del mercado mundial.
En su exposición, Correa describió cambios estructurales ocurridos desde la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania sobre la industria europea, el crecimiento de la capacidad productiva china y la sustitución progresiva de determinados plásticos por productos derivados del papel.
Su diagnóstico es que América Latina y particularmente el Mercosur tienen condiciones para capturar una parte de las nuevas inversiones mundiales en celulosa, siempre que logren combinar disponibilidad de fibra con competitividad logística, infraestructura, servicios y estabilidad institucional.
En junio del año pasado, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó la inauguración del Puerto de Ituzaingó, presentado como el mayor puerto del norte argentino y una infraestructura estratégica para reducir los costos logísticos de las economías regionales, en particular de las cadenas de la yerba mate y la forestoindustria.
Sin embargo, a más de seis meses de aquel anuncio, la terminal sigue sin operar. Mientras el gobierno provincial sostiene que el proyecto avanza en su etapa final de diseño y organización, referentes del sector productivo advierten que el principal cuello de botella no es técnico, sino político y regulatorio.
La advertencia fue formulada por Pablo Rigal, gerente forestal de Las Marías, durante una entrevista realizada en el aserradero que la compañía posee en Gobernador Virasoro, epicentro de la producción forestoindustrial del país.
“Los puertos y las condiciones están dadas. Este es un tema más político que logístico”, resumió el ejecutivo, reflejando una preocupación extendida entre industriales que desde hace meses aguardan la puesta en marcha efectiva del puerto.
Infraestructura disponible, marco legal ausente
Desde el punto de vista físico, la obra presenta un alto grado de avance. En las últimas horas, el gobierno de Corrientes informó que se están definiendo aspectos operativos clave, como el layout de la terminal: muelles, accesos, zonas de carga y descarga, áreas de servicios y circulación interna. En ese marco, el director de Transporte Fluvial y Puertos, Adolfo Escobar Damús, mantuvo reuniones con empresarios para avanzar en esa etapa.
No obstante, desde el sector forestal advierten que la infraestructura legal necesaria para garantizar la disponibilidad de barcazas sigue ausente. El problema remite a la normativa que regula el transporte fluvial en el Río Paraná, un factor determinante para que la terminal pueda operar con costos competitivos.
La discusión se inscribe en un debate de alcance nacional. El Poder Ejecutivo había impulsado una modificación del régimen de Marina Mercante que equiparaba el tratamiento de las barcazas extranjeras con las de matrícula nacional, habilitando su operación en puertos argentinos. Sin embargo, esa desregulación fue rechazada por el Congreso de la Nación y quedó sin efecto.
El Decreto 340/25, que establecía un régimen de excepción para la Marina Mercante Nacional, fue objetado por incluir disposiciones consideradas restrictivas del derecho a huelga y por plantear riesgos en materia de soberanía. La caída de esa norma dejó sin respaldo legal uno de los instrumentos que, en los hechos, permitiría dotar de escala y eficiencia operativa al puerto de Ituzaingó.
El impacto económico de no operar
Según estimaciones del sector, no menos del 30% de los costos de producción de la forestoindustria responden al componente logístico. El reemplazo parcial del transporte terrestre por el fluvial permitiría reducir hasta 20 dólares por metro cúbico transportado, lo que equivale a un ahorro cercano a 1.000 dólares por contenedor.
Además del impacto directo en costos, la operatoria fluvial aliviaría la presión sobre una red vial que presenta un visible deterioro en el corazón productivo del NEA. “Si la industria mejora su rentabilidad en un 20%, el productor obtiene alrededor de 1.000 dólares más por hectárea”, explicó Rigal, al comparar el efecto de los costos logísticos con el impacto que generan las retenciones en otras economías regionales.
Desde el sector remarcan que la inversión inicial -estimada en unos 50 millones de dólares tras siete años de ejecución- aún requiere partidas adicionales para dragado y ajustes finales, calculadas en torno al 20% de ese monto. Sin embargo, el problema no es financiero.
“¿Qué es lo que falta? ¿Dólares? No. Falta que el Estado deje que la industria y el sector privado hagan su trabajo”, sintetizó el directivo.
Inversores en espera
El retraso en la definición normativa también afecta el interés de inversores extranjeros, particularmente operadores fluviales de Paraguay, principal fabricante regional de barcazas. Según el sector privado, existen empresas dispuestas a invertir sin requerir subsidios, pero que no avanzan ante la falta de reglas claras y de interlocución efectiva con el sector público.
“Hay empresas interesadas a las que ni siquiera se las atiende. No piden financiamiento: quieren invertir”, advirtió Rigal, quien sostiene que la falta de definiciones no sólo posterga la puesta en marcha del puerto, sino también proyectos de expansión industrial asociados.
Así, el puerto de Ituzaingó -concebido como una plataforma logística para transformar la competitividad del norte correntino- permanece operativo sólo en los papeles, a la espera de una decisión política que permita convertir la infraestructura construida en una herramienta efectiva de desarrollo productivo y reducción de costos.
Durante la última reunión ordinaria que se desarrolló en Buenos Aires. Durante la última reunión ordinaria que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá aprobó la adjudicación de la obra para la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión en distintas zonas de Ituzaingó. La Consejera por Corrientes, Ana Almirón celebró la decisión y aseguró que esta obra beneficiará al desarrollo y crecimiento de Ituzaingó.
Las obras consisten en la provisión y montaje de una línea de media tensión compacta de 13,2 kV de aproximadamente 10 km. de longitud y la provisión y montaje de una línea de baja tensión de aproximadamente 13 km. de longitud.
La mega obra de «Distribución de sistema eléctrico de media y baja tensión, zona centro, de la ciudad de Ituzaingó abarcará todo el casco cítrico y modernizará por completo el servicio eléctrico pensando en el desarrollo de Ituzaingó para las próximas décadas», explicó la Consejera por Corrientes de Yacyretá, Ana Almirón.
La provisión y montaje de las subestaciones transformadoras sobre la línea de media tensión también se encuentran contempladas en la contratación y están compuestas por transformadores de distribución de 315kVA. El trazado de la línea se desarrollará en la zona centro de la localidad de Ituzaingó.
Almirón destacó que esta nueva inversión «se suma a otras grandes inversiones que la EBY viene haciendo para el desarrollo económico, industrial y turístico de Ituzaingó como las dos estaciones transformadoras, del Parque Industrial y la ET Ituzaingó Norte, habilitadas el año pasado con una inversión de $500.000.000. Otros aportes en redes de agua, cloaca, infraestructura púbica y recursos turísticos que está haciendo Yacyretá en la ciudad».
La Consejera de Yacyretá celebró la adjudicación de la obra porque resolverá una demanda histórica de la comunidad y “que contribuirá a generar mejores condiciones para los vecinos y vecinas de Ituzaingó”, finalizó.
Un operativo de control y fiscalización del Comité Contra la Trata y Explotación de Personas halló en un establecimiento forestal de la localidad correntina de Ituzaingó a 40 trabajadores viviendo en carpas, sin agua potable, ni baños, en “condiciones inhumanas”, afirmó hoy el delegado de la región NEA del Organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación e informó que se realizó la denuncia en la Justicia Federal.
El informe del Comité concluye que los empleados del establecimiento Don Francisco (en el Paraje Vedoya, departamento de Ituzaingó) “vivían en carpas de plástico, sin baños, ni agua potable, ni energía eléctrica y en pésimas condiciones de habitabilidad”.
Además, remarcó que “los obligaban a trabajar jornadas extensas sin días de descanso” y “el empleador, les descontaba la comida y el valor de las herramientas”, entre otras irregularidades.
El delegado de la Región NEA del Comité contra la Trata y Explotación de Personas, José María Serbín, afirmó que “se detectaron claros indicios de explotación laboral, viven en condiciones inhumanas, sin servicios básicos y están fuera de la escala salarial y con jornadas extensas sin días de descanso”.
Mencionó, también, que realizaban sus tareas sin las debidas condiciones de seguridad e higiene, sin ropa de trabajo ni elementos de protección y que los trabajadores expresaron que el empleador les descontaba los alimentos y el valor de las herramientas.
Por otra parte, en el operativo de inspección laboral realizado en el Departamento Ituzaingó “se comprobó que los trabajadores fueron trasladados por la misma empresa desde la provincia de Misiones hasta el establecimiento forestal para realizar tareas de plantación y raleo en forestación”.
La inspección, cuyos resultados se difundieron hoy, se realizó con la presencia del delegado Región NEA del Comité contra la Trata de Personas dependiente de Jefatura de Gabinete de la Nación, José María Serbín, el delegado provincial de Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y Roberto Cafferata junto a inspectores de organismos nacionales de control y fiscalización.
Por el caso, tras la fiscalización, se realizó la correspondiente denuncia en la Justicia Federal, precisó Serbín a Télam. y agregó que los trabajadores relevados víctimas de explotación accederán a prestaciones a través del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).
