IVA

La recaudación tributaria en junio fue de $20 billones y el retroceso real fue de casi 8%

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La recaudación tributaria nacional volvió a mostrar señales de desaceleración en junio, luego del alivio transitorio registrado en mayo por el impacto del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las empresas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó ingresos por $20,017 billones, un aumento nominal interanual del 23,7%, aunque ese incremento quedó muy por debajo de la inflación, lo que implica una caída real cercana al 8%, según estimaciones privadas.

El dato confirma que el proceso de reducción de impuestos impulsado por el Gobierno nacional, junto con modificaciones en el calendario fiscal y un menor dinamismo del comercio exterior, continúa impactando sobre los ingresos del Estado. Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9%, la recaudación tributaria nacional registró una baja real interanual del 7,4%.

ARCA explicó que el principal factor detrás del resultado fue la fuerte caída de los recursos provenientes del comercio exterior. En particular, los derechos de exportación disminuyeron por dos motivos: la elevada base de comparación de junio de 2025, cuando los exportadores adelantaron liquidaciones por el vencimiento del esquema transitorio de retenciones, y la reducción de las alícuotas vigentes para los principales cultivos agrícolas durante este año. También incidió la desaceleración de las importaciones respecto del fuerte crecimiento registrado un año atrás.

A ello se sumó un factor administrativo. El organismo recordó que el vencimiento para la presentación y el pago del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas fue prorrogado hacia julio de 2026, desplazando ingresos que el año pasado habían impactado en junio.

La mayor contracción se observó en los derechos de exportación. ARCA informó una recaudación de $881.128 millones, equivalente a una caída nominal interanual del 27,8%, mientras que el IARAF estima un desplome real del 45,9%. El organismo atribuyó el resultado tanto a la reducción de las retenciones sobre soja, trigo, maíz, cebada y girasol como a la comparación con un mes excepcionalmente elevado en 2025.

El Impuesto a las Ganancias también mostró un desempeño moderado. La recaudación alcanzó los $3,21 billones, con un incremento nominal del 11,3%, uno de los más bajos entre los principales tributos. Si bien el ingreso del primer anticipo correspondiente a sociedades con cierre diciembre impulsó parcialmente los recursos, el efecto fue compensado por la postergación del vencimiento para personas humanas y por un mayor uso de saldos a favor acumulados por los contribuyentes.

El IVA, principal fuente de recursos tributarios, recaudó $6,55 billones y creció 28,2% nominal interanual. Sin embargo, descontando la inflación, el IARAF calcula que registró una caída real del 4%, reflejando una actividad económica que continúa recuperándose de manera heterogénea y un consumo aún por debajo de los niveles necesarios para sostener una expansión de la base tributaria.

Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social alcanzaron $4,59 billones, con una suba nominal del 29,6%. Según ARCA, el incremento respondió al crecimiento de la remuneración bruta promedio, aunque fue parcialmente compensado por una mayor adhesión a planes de facilidades de pago. El IARAF estima que, en términos reales, este rubro cayó 2,9%, influido por la evolución del empleo registrado y de los salarios reales.

Entre los pocos tributos que exhibieron mejoras reales sobresalen el Impuesto a los Combustibles y Bienes Personales. El primero recaudó $674.831 millones, con un incremento nominal del 70,4%, explicado principalmente por las actualizaciones del gravamen. Bienes Personales, por su parte, alcanzó $1,71 billones y creció 46,2% interanual, favorecido por el vencimiento correspondiente a acciones y participaciones societarias, aunque también afectado parcialmente por la prórroga para personas humanas.

El desempeño de junio refleja, además, uno de los principales desafíos del programa económico. La estrategia oficial de reducir la presión tributaria sobre el sector exportador y estimular la actividad productiva tiene un costo inmediato sobre la caja fiscal, mientras el Gobierno apuesta a compensarlo mediante un mayor crecimiento económico, mejoras en la formalización y un incremento de la base imponible.

Con ingresos acumulados por $109,57 billones durante el primer semestre, equivalentes a un crecimiento nominal del 25,9% respecto del mismo período del año pasado, la evolución de la recaudación durante la segunda mitad del año será un indicador clave para evaluar si la expansión de la actividad logra reemplazar el efecto de la reducción de impuestos sin comprometer el objetivo oficial de equilibrio fiscal.

Informe Recaudación Argentina Junio ARCA by CristianMilciades

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La coparticipación de Misiones cayó 4,1% en junio y perdió más de $33.000 millones en el semestre

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Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional volvieron a retroceder en junio y profundizaron el escenario de menor disponibilidad de fondos para las provincias. En ese contexto, Misiones recibió $222.880 millones, un monto que representa una caída real interanual del 4,1%, exactamente en línea con el promedio nacional, según el informe elaborado por Politikon Chaco.

El resultado confirma que el alivio observado en mayo fue apenas transitorio. En junio, las transferencias automáticas distribuidas entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron $6,95 billones, pero en términos reales se ubicaron 4,1% por debajo del mismo mes del año pasado. La principal explicación volvió a estar en la fuerte caída de la coparticipación, afectada por una menor recaudación del Impuesto a las Ganancias y del IVA.

La coparticipación volvió a ser el principal problema

Los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, que representan el 77% del total distribuido, registraron una caída real del 8,4% interanual. El deterioro estuvo impulsado por un desplome del 14,2% en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, acompañado por una baja del 4,1% en el IVA, además de retrocesos en los impuestos internos y otros tributos coparticipables.

En contrapartida, los fondos correspondientes a Leyes y Regímenes Especiales crecieron 12,9% en términos reales, impulsados por Bienes Personales, el impuesto a los Combustibles, el Régimen de Energía Eléctrica y el Monotributo. También aumentaron los recursos por Compensación del Consenso Fiscal, con una mejora del 17,4%. Sin embargo, esos incrementos no alcanzaron para compensar el derrumbe de la coparticipación.

El impacto en Misiones

La estructura se repitió en la provincia.

Misiones recibió en junio:

  • $171.031 millones por Coparticipación Federal, con una baja real del 8,4%.
  • $41.778 millones por Leyes y Regímenes Especiales, con un crecimiento del 14,7%.
  • $10.070 millones por Compensación del Consenso Fiscal, que aumentó 6,5%.

Aun así, el saldo final fue negativo y dejó a la provincia con una disminución real del 4,1% respecto de junio de 2025.

En el ranking nacional, Misiones quedó prácticamente sobre el promedio del país. Mientras Córdoba (-2,4%), Salta (-2,6%) y Catamarca (-2,7%) registraron las menores bajas, la Ciudad de Buenos Aires sufrió el mayor retroceso (-8,1%). Misiones compartió el nivel del promedio nacional con una caída del 4,1%, mientras Corrientes retrocedió 4,3%, Chaco 4,6% y Formosa 4,6%.

Un semestre que también cerró en rojo

El balance de los primeros seis meses del año tampoco dejó margen para el optimismo.

Entre enero y junio, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron $36,92 billones, con una caída real acumulada del 2,8%, equivalente a una pérdida de $1,11 billones a valores actuales. Se trata de un desempeño inferior al de 2025, pero también por debajo de los niveles registrados en 2023, 2022 y 2021.

Para Misiones, el semestre cerró con transferencias por $1,182 billones, un descenso real del 2,6% frente al mismo período del año pasado. Traducido a pesos constantes, la provincia dejó de percibir el equivalente a $33.066 millones, una cifra que refleja el costo acumulado de la menor recaudación nacional sobre las finanzas provinciales.

Aunque Misiones figura entre las jurisdicciones con menores caídas acumuladas -sólo detrás de Catamarca, Buenos Aires, Salta, Tucumán y Neuquén-, el resultado mantiene la tendencia negativa que viene condicionando los ingresos automáticos de las provincias durante 2026.

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La exención de Ganancias para alquileres puede ser uno de los mayores incentivos para la inversión inmobiliaria

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La reciente reglamentación del Decreto 406/2026 marca un punto de inflexión para el mercado inmobiliario argentino. A partir de esta normativa, las rentas obtenidas por alquileres destinados a vivienda permanente quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias, al igual que determinadas operaciones vinculadas a la venta y transferencia de inmuebles. 

Qué establece exactamente la reglamentación 

La norma define como “casa-habitación” a los inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del inquilino. Esto implica que los ingresos obtenidos por esos alquileres quedan exentos del Impuesto a las Ganancias, mejorando significativamente la rentabilidad de la inversión inmobiliaria. 

Por qué es una buena noticia para los propietarios 

Durante años, muchos propietarios vieron reducida la rentabilidad de sus inmuebles debido al aumento de costos de mantenimiento, inflación, impuestos y períodos de vacancia. La eliminación de Ganancias mejora la renta neta obtenida por cada alquiler y genera incentivos para: Volver a ofrecer inmuebles que hoy se encuentran vacíos. Invertir en nuevas propiedades destinadas a renta. Mejorar y mantener las viviendas existentes. Reinvertir en desarrollos inmobiliarios. En términos económicos, cuando aumenta la rentabilidad de una actividad, aumenta también la inversión en esa actividad. Esto es precisamente lo que busca la medida. 

Por qué beneficia al inquilino 

Aunque el beneficio parece estar dirigido al propietario, los efectos positivos alcanzan también a los inquilinos. Si más propietarios encuentran atractivo alquilar sus inmuebles, la oferta de viviendas aumenta. Una mayor oferta genera: Más alternativas para elegir. Mayor competencia entre propietarios. Menor presión sobre los precios. Mejores condiciones contractuales. Mayor calidad de los inmuebles ofrecidos. El problema principal del mercado locativo argentino durante los últimos años fue la escasez de oferta. Toda medida que promueva el regreso de viviendas al mercado formal ayuda a equilibrar la relación entre oferta y demanda. 

Formalización y transparencia 

La disminución de la carga tributaria también favorece la registración formal de contratos, brindando mayor seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos y fortaleciendo la transparencia del mercado. 

Más movimiento en la compraventa de inmuebles 

La reglamentación también beneficia determinadas operaciones de venta. Cuando disminuyen los costos fiscales de una transacción inmobiliaria, aumenta la cantidad de propietarios dispuestos a vender, generando: Mayor oferta de inmuebles. Más oportunidades para compradores. Incremento de escrituras. Mayor actividad económica vinculada al sector. Nuevos desarrollos e inversiones. El impacto en Misiones 

En mercados dinámicos como Posadas, Garupá y Candelaria, donde la demanda habitacional continúa creciendo, la medida puede transformarse en una herramienta clave para ampliar la oferta de viviendas y atraer nuevas inversiones. Misiones mantiene una fuerte cultura de inversión inmobiliaria. Por ello, cualquier mejora en la rentabilidad de los inmuebles suele traducirse rápidamente en nuevas construcciones, generación de empleo y crecimiento económico.

Una oportunidad histórica para el sector 

La exención de Ganancias se suma a otros factores positivos como el regreso de los créditos hipotecarios, una mayor estabilidad económica y una recuperación gradual de la actividad inmobiliaria. La combinación de estos factores podría iniciar una nueva etapa de crecimiento para el mercado inmobiliario argentino, beneficiando a propietarios, inquilinos, compradores e inversores. 

Conclusión El verdadero valor de esta medida no radica únicamente en una reducción impositiva. Su importancia está en la posibilidad de generar más inversión, más oferta de viviendas y más acceso a la vivienda para miles de familias argentinas. “Cuando invertir en vivienda vuelve a ser rentable, aparecen más propiedades, más desarrollos y más oportunidades para las familias argentinas. Esa es la verdadera importancia de esta reglamentación”.

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CAME rechazó la reforma tributaria sugerida por el FMI y pidió un nuevo Consenso Fiscal

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones tributarias formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y advirtió que las propuestas apuntan a aumentar la carga sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin resolver los problemas estructurales que afectan la competitividad del sector productivo.

El organismo internacional planteó ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, extender el alcance del IVA sobre bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.

Para CAME, estas iniciativas tienen un efecto regresivo porque reducen el ingreso disponible de las familias, encarecen la formalidad y afectan el consumo interno, uno de los principales motores de la actividad económica.

“La discusión tributaria está enfocada en el lugar equivocado”, señalaron desde la entidad empresaria, al sostener que el principal problema fiscal para las pymes no se encuentra en los impuestos nacionales sino en la estructura tributaria provincial y municipal.

El foco de la crítica: Ingresos Brutos y las tasas municipales

Según el análisis de CAME, el verdadero obstáculo para la inversión, la producción y la generación de empleo formal es la acumulación de impuestos subnacionales, especialmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y diversas tasas municipales.

La entidad explicó que estos tributos se aplican sobre la facturación y no sobre la rentabilidad, por lo que impactan incluso sobre empresas que registran márgenes reducidos o pérdidas.

Además, advirtió que el denominado “efecto cascada” de Ingresos Brutos incrementa los costos en cada etapa de la cadena productiva y termina trasladándose a precios, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Otro de los puntos cuestionados es el sistema de retenciones y percepciones provinciales, que genera saldos a favor difíciles de recuperar y obliga a las empresas a financiar involuntariamente a los fiscos locales.

Un préstamo forzoso al Estado

CAME sostiene que las retenciones anticipadas aplicadas por las provincias suelen superar el impuesto efectivamente adeudado por los contribuyentes.

Qué propone el FMI para Argentina

  • Ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores.
  • Extender el IVA a bienes y servicios actualmente exentos.
  • Modificar el régimen de Monotributo elevando categorías.
  • Incrementar la recaudación tributaria de manera permanente.

Como consecuencia, miles de empresas acumulan créditos fiscales que pueden tardar años en recuperarse, perdiendo valor por efecto de la inflación.

La entidad remarcó que este mecanismo afecta especialmente al capital de trabajo de las pymes y funciona, en la práctica, como un financiamiento sin costo para los gobiernos provinciales.

La propuesta: un Nuevo Consenso Fiscal

Frente a este escenario, CAME propuso convocar a un Nuevo Consenso Fiscal entre Nación, provincias y municipios para avanzar en una reforma integral del sistema tributario subnacional.

El objetivo sería armonizar criterios, transparentar los regímenes de recaudación y reducir las distorsiones que afectan la competitividad empresarial.

La entidad considera que el acuerdo debería incluir una transformación gradual de Ingresos Brutos para eliminar su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrar la tributación en la venta final al consumidor, siguiendo una lógica similar a la del IVA.

Asimismo, plantea establecer reglas uniformes para las devoluciones de saldos a favor, limitar las retenciones excesivas y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones.

Las 6 bases del Nuevo Consenso Fiscal que propone CAME

  1. Armonizar criterios tributarios entre provincias.
  2. Limitar retenciones y percepciones excesivas.
  3. Agilizar la devolución de saldos a favor.
  4. Transparentar tasas municipales.
  5. Reducir el efecto cascada de Ingresos Brutos.
  6. Fortalecer la coordinación fiscal entre jurisdicciones.

Desde CAME sostienen que aumentar la carga sobre salarios y consumo no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.

Por el contrario, afirman que una mayor presión tributaria sobre trabajadores y pequeños contribuyentes podría afectar la demanda interna, desalentar la formalización y reducir la actividad económica.

“La competitividad no se recupera aumentando impuestos sobre quienes producen, trabajan y consumen, sino eliminando los tributos distorsivos que encarecen la inversión y la generación de empleo”, concluyó la entidad.

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Herrera Ahuad propone reducir el IVA al agua potable por ley

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El diputado nacional de Encuentro Misionero, Oscar Herrera Ahuad, presentó un proyecto de ley que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado sobre la provisión de agua potable. Pero detrás de la modificación tributaria nacional aparece una discusión política más profunda: el rol del Estado frente a los servicios esenciales y la presión fiscal que soportan los hogares argentinos.

La iniciativa plantea incorporar el servicio de agua potable dentro de las actividades alcanzadas por la alícuota reducida del IVA, argumentando que el esquema nacional actual resulta incompatible con la condición de derecho humano fundamental que posee el acceso al agua potable.

Sin embargo, el trasfondo político del proyecto va más allá del aspecto técnico tributario. En un escenario nacional atravesado por recortes, ajuste fiscal y debates sobre subsidios y tarifas, la propuesta de Herrera Ahuad se posiciona como un mensaje orientado a discutir cuáles deben ser los límites de la carga impositiva sobre bienes esenciales.

Un debate sobre impuestos y derechos básicos

El proyecto pone sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la Argentina: hasta qué punto el sistema tributario nacional puede tratar igual a consumos esenciales y a bienes prescindibles.

En los fundamentos, el exgobernador sostiene que el agua potable no puede continuar soportando una alícuota del 21%, equivalente a la tasa general del IVA, mientras otros bienes y servicios ya cuentan con tratamientos diferenciales por razones sociales o estratégicas.

La mirada política del proyecto se apoya en una lógica de protección del acceso básico a servicios esenciales, una postura que históricamente fue defendida desde distintos espacios provinciales y federales frente a políticas nacionales de ajuste o desregulación.

En ese sentido, la propuesta de Encuentro Misionero vuelve a colocar en agenda un enfoque que combina equilibrio fiscal con mecanismos de alivio social sobre consumos considerados imprescindibles.

El impacto social como eje político

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento del carácter regresivo del IVA. Herrera Ahuad plantea que el impuesto afecta proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, especialmente cuando recae sobre servicios que no pueden dejar de consumirse.

Desde esa perspectiva, la reducción del IVA sobre el agua aparece no sólo como una herramienta económica, sino también como una definición política vinculada al acceso igualitario a derechos básicos.

El texto destaca que el beneficio alcanzaría de manera directa a todos los usuarios residenciales del país, generando un alivio automático sobre las facturas sin necesidad de nuevos sistemas de subsidios o mecanismos burocráticos.

Señal política desde Misiones

La presentación del proyecto también tiene lectura política en clave federal. Desde hace años, distintos dirigentes misioneros vienen sosteniendo críticas hacia la estructura tributaria nacional y el esquema de distribución de recursos.

En ese contexto, la iniciativa de Herrera Ahuad busca posicionar a Misiones dentro del debate nacional sobre tarifas, presión impositiva y servicios públicos, impulsando una propuesta concreta vinculada a uno de los consumos más sensibles para la población.

Además, el proyecto aparece en un momento donde el Congreso comienza a reactivar discusiones vinculadas al costo de vida, ingresos y sostenimiento de servicios esenciales, temas que atraviesan de lleno la agenda social y política argentina.

La propuesta deberá ahora avanzar en el tratamiento parlamentario, donde podría convertirse en un nuevo foco de discusión sobre la estructura del IVA, la función social de los impuestos y el alcance de las políticas públicas en un contexto de fuerte tensión económica.

Otra iniciativa para bajar impuestos

El diputado nacional Herrera Ahuad presentó días pasados un proyecto de ley que busca establecer una alícuota reducida del Impuesto al Valor Agregado del 10,5% para la fécula de mandioca, producto actualmente gravado con la alícuota general del 21%. La propuesta incorpora a la fécula de mandioca, comprendida en la Partida 1108.14.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), al artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997.

La iniciativa replica el tratamiento que recibió oportunamente la harina de trigo mediante la ley 26.151, que redujo su alícuota al 10,5%. En los fundamentos, Herrera Ahuad señala que la mandioca, junto con la yerba y el té, es uno de los cultivos más representativos de Misiones, y que existen alrededor de 10.000 productores distribuidos en la provincia, con el 75% de la producción destinada a consumo en fresco.

La dimensión industrial del sector tiene carácter exclusivo en el país. El 100% de las industrias que producen fécula se encuentran en la provincia de Misiones, con 11 industrias relevadas, de las cuales 4 son cooperativas y 7 empresas familiares. La cadena de valor involucra a productores, cooperativas, industrias de molienda y procesamiento, transportistas y empresas alimentarias.

La reducción fiscal tendría impacto en la competitividad del sector frente a mercados regionales como Brasil y Paraguay. Además, el proyecto destaca el uso de la fécula de mandioca en el desarrollo de alimentos innovadores para nichos de mercados específicos, como lo son los productos libres de gluten, con efectos en la sustitución de insumos importados y mayor disponibilidad de productos sin TACC.

El proyecto señala que la escala productiva del sector es relativamente acotada, con un volumen anual promedio cercano a las 18.000 toneladas, por lo que la adecuación de la alícuota no implicaría un impacto fiscal significativo a nivel nacional. En los fundamentos, el legislador remarcó que la medida constituye una herramienta estratégica para promover la inclusión alimentaria, el desarrollo regional y la competitividad del sector, al tiempo que corrige una inequidad tributaria histórica.

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