IVA

La exención de Ganancias para alquileres puede ser uno de los mayores incentivos para la inversión inmobiliaria

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La reciente reglamentación del Decreto 406/2026 marca un punto de inflexión para el mercado inmobiliario argentino. A partir de esta normativa, las rentas obtenidas por alquileres destinados a vivienda permanente quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias, al igual que determinadas operaciones vinculadas a la venta y transferencia de inmuebles. 

Qué establece exactamente la reglamentación 

La norma define como “casa-habitación” a los inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del inquilino. Esto implica que los ingresos obtenidos por esos alquileres quedan exentos del Impuesto a las Ganancias, mejorando significativamente la rentabilidad de la inversión inmobiliaria. 

Por qué es una buena noticia para los propietarios 

Durante años, muchos propietarios vieron reducida la rentabilidad de sus inmuebles debido al aumento de costos de mantenimiento, inflación, impuestos y períodos de vacancia. La eliminación de Ganancias mejora la renta neta obtenida por cada alquiler y genera incentivos para: Volver a ofrecer inmuebles que hoy se encuentran vacíos. Invertir en nuevas propiedades destinadas a renta. Mejorar y mantener las viviendas existentes. Reinvertir en desarrollos inmobiliarios. En términos económicos, cuando aumenta la rentabilidad de una actividad, aumenta también la inversión en esa actividad. Esto es precisamente lo que busca la medida. 

Por qué beneficia al inquilino 

Aunque el beneficio parece estar dirigido al propietario, los efectos positivos alcanzan también a los inquilinos. Si más propietarios encuentran atractivo alquilar sus inmuebles, la oferta de viviendas aumenta. Una mayor oferta genera: Más alternativas para elegir. Mayor competencia entre propietarios. Menor presión sobre los precios. Mejores condiciones contractuales. Mayor calidad de los inmuebles ofrecidos. El problema principal del mercado locativo argentino durante los últimos años fue la escasez de oferta. Toda medida que promueva el regreso de viviendas al mercado formal ayuda a equilibrar la relación entre oferta y demanda. 

Formalización y transparencia 

La disminución de la carga tributaria también favorece la registración formal de contratos, brindando mayor seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos y fortaleciendo la transparencia del mercado. 

Más movimiento en la compraventa de inmuebles 

La reglamentación también beneficia determinadas operaciones de venta. Cuando disminuyen los costos fiscales de una transacción inmobiliaria, aumenta la cantidad de propietarios dispuestos a vender, generando: Mayor oferta de inmuebles. Más oportunidades para compradores. Incremento de escrituras. Mayor actividad económica vinculada al sector. Nuevos desarrollos e inversiones. El impacto en Misiones 

En mercados dinámicos como Posadas, Garupá y Candelaria, donde la demanda habitacional continúa creciendo, la medida puede transformarse en una herramienta clave para ampliar la oferta de viviendas y atraer nuevas inversiones. Misiones mantiene una fuerte cultura de inversión inmobiliaria. Por ello, cualquier mejora en la rentabilidad de los inmuebles suele traducirse rápidamente en nuevas construcciones, generación de empleo y crecimiento económico.

Una oportunidad histórica para el sector 

La exención de Ganancias se suma a otros factores positivos como el regreso de los créditos hipotecarios, una mayor estabilidad económica y una recuperación gradual de la actividad inmobiliaria. La combinación de estos factores podría iniciar una nueva etapa de crecimiento para el mercado inmobiliario argentino, beneficiando a propietarios, inquilinos, compradores e inversores. 

Conclusión El verdadero valor de esta medida no radica únicamente en una reducción impositiva. Su importancia está en la posibilidad de generar más inversión, más oferta de viviendas y más acceso a la vivienda para miles de familias argentinas. “Cuando invertir en vivienda vuelve a ser rentable, aparecen más propiedades, más desarrollos y más oportunidades para las familias argentinas. Esa es la verdadera importancia de esta reglamentación”.

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CAME rechazó la reforma tributaria sugerida por el FMI y pidió un nuevo Consenso Fiscal

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones tributarias formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y advirtió que las propuestas apuntan a aumentar la carga sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin resolver los problemas estructurales que afectan la competitividad del sector productivo.

El organismo internacional planteó ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, extender el alcance del IVA sobre bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.

Para CAME, estas iniciativas tienen un efecto regresivo porque reducen el ingreso disponible de las familias, encarecen la formalidad y afectan el consumo interno, uno de los principales motores de la actividad económica.

“La discusión tributaria está enfocada en el lugar equivocado”, señalaron desde la entidad empresaria, al sostener que el principal problema fiscal para las pymes no se encuentra en los impuestos nacionales sino en la estructura tributaria provincial y municipal.

El foco de la crítica: Ingresos Brutos y las tasas municipales

Según el análisis de CAME, el verdadero obstáculo para la inversión, la producción y la generación de empleo formal es la acumulación de impuestos subnacionales, especialmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y diversas tasas municipales.

La entidad explicó que estos tributos se aplican sobre la facturación y no sobre la rentabilidad, por lo que impactan incluso sobre empresas que registran márgenes reducidos o pérdidas.

Además, advirtió que el denominado “efecto cascada” de Ingresos Brutos incrementa los costos en cada etapa de la cadena productiva y termina trasladándose a precios, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Otro de los puntos cuestionados es el sistema de retenciones y percepciones provinciales, que genera saldos a favor difíciles de recuperar y obliga a las empresas a financiar involuntariamente a los fiscos locales.

Un préstamo forzoso al Estado

CAME sostiene que las retenciones anticipadas aplicadas por las provincias suelen superar el impuesto efectivamente adeudado por los contribuyentes.

Qué propone el FMI para Argentina

  • Ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores.
  • Extender el IVA a bienes y servicios actualmente exentos.
  • Modificar el régimen de Monotributo elevando categorías.
  • Incrementar la recaudación tributaria de manera permanente.

Como consecuencia, miles de empresas acumulan créditos fiscales que pueden tardar años en recuperarse, perdiendo valor por efecto de la inflación.

La entidad remarcó que este mecanismo afecta especialmente al capital de trabajo de las pymes y funciona, en la práctica, como un financiamiento sin costo para los gobiernos provinciales.

La propuesta: un Nuevo Consenso Fiscal

Frente a este escenario, CAME propuso convocar a un Nuevo Consenso Fiscal entre Nación, provincias y municipios para avanzar en una reforma integral del sistema tributario subnacional.

El objetivo sería armonizar criterios, transparentar los regímenes de recaudación y reducir las distorsiones que afectan la competitividad empresarial.

La entidad considera que el acuerdo debería incluir una transformación gradual de Ingresos Brutos para eliminar su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrar la tributación en la venta final al consumidor, siguiendo una lógica similar a la del IVA.

Asimismo, plantea establecer reglas uniformes para las devoluciones de saldos a favor, limitar las retenciones excesivas y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones.

Las 6 bases del Nuevo Consenso Fiscal que propone CAME

  1. Armonizar criterios tributarios entre provincias.
  2. Limitar retenciones y percepciones excesivas.
  3. Agilizar la devolución de saldos a favor.
  4. Transparentar tasas municipales.
  5. Reducir el efecto cascada de Ingresos Brutos.
  6. Fortalecer la coordinación fiscal entre jurisdicciones.

Desde CAME sostienen que aumentar la carga sobre salarios y consumo no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.

Por el contrario, afirman que una mayor presión tributaria sobre trabajadores y pequeños contribuyentes podría afectar la demanda interna, desalentar la formalización y reducir la actividad económica.

“La competitividad no se recupera aumentando impuestos sobre quienes producen, trabajan y consumen, sino eliminando los tributos distorsivos que encarecen la inversión y la generación de empleo”, concluyó la entidad.

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Herrera Ahuad propone reducir el IVA al agua potable por ley

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El diputado nacional de Encuentro Misionero, Oscar Herrera Ahuad, presentó un proyecto de ley que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado sobre la provisión de agua potable. Pero detrás de la modificación tributaria nacional aparece una discusión política más profunda: el rol del Estado frente a los servicios esenciales y la presión fiscal que soportan los hogares argentinos.

La iniciativa plantea incorporar el servicio de agua potable dentro de las actividades alcanzadas por la alícuota reducida del IVA, argumentando que el esquema nacional actual resulta incompatible con la condición de derecho humano fundamental que posee el acceso al agua potable.

Sin embargo, el trasfondo político del proyecto va más allá del aspecto técnico tributario. En un escenario nacional atravesado por recortes, ajuste fiscal y debates sobre subsidios y tarifas, la propuesta de Herrera Ahuad se posiciona como un mensaje orientado a discutir cuáles deben ser los límites de la carga impositiva sobre bienes esenciales.

Un debate sobre impuestos y derechos básicos

El proyecto pone sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la Argentina: hasta qué punto el sistema tributario nacional puede tratar igual a consumos esenciales y a bienes prescindibles.

En los fundamentos, el exgobernador sostiene que el agua potable no puede continuar soportando una alícuota del 21%, equivalente a la tasa general del IVA, mientras otros bienes y servicios ya cuentan con tratamientos diferenciales por razones sociales o estratégicas.

La mirada política del proyecto se apoya en una lógica de protección del acceso básico a servicios esenciales, una postura que históricamente fue defendida desde distintos espacios provinciales y federales frente a políticas nacionales de ajuste o desregulación.

En ese sentido, la propuesta de Encuentro Misionero vuelve a colocar en agenda un enfoque que combina equilibrio fiscal con mecanismos de alivio social sobre consumos considerados imprescindibles.

El impacto social como eje político

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento del carácter regresivo del IVA. Herrera Ahuad plantea que el impuesto afecta proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, especialmente cuando recae sobre servicios que no pueden dejar de consumirse.

Desde esa perspectiva, la reducción del IVA sobre el agua aparece no sólo como una herramienta económica, sino también como una definición política vinculada al acceso igualitario a derechos básicos.

El texto destaca que el beneficio alcanzaría de manera directa a todos los usuarios residenciales del país, generando un alivio automático sobre las facturas sin necesidad de nuevos sistemas de subsidios o mecanismos burocráticos.

Señal política desde Misiones

La presentación del proyecto también tiene lectura política en clave federal. Desde hace años, distintos dirigentes misioneros vienen sosteniendo críticas hacia la estructura tributaria nacional y el esquema de distribución de recursos.

En ese contexto, la iniciativa de Herrera Ahuad busca posicionar a Misiones dentro del debate nacional sobre tarifas, presión impositiva y servicios públicos, impulsando una propuesta concreta vinculada a uno de los consumos más sensibles para la población.

Además, el proyecto aparece en un momento donde el Congreso comienza a reactivar discusiones vinculadas al costo de vida, ingresos y sostenimiento de servicios esenciales, temas que atraviesan de lleno la agenda social y política argentina.

La propuesta deberá ahora avanzar en el tratamiento parlamentario, donde podría convertirse en un nuevo foco de discusión sobre la estructura del IVA, la función social de los impuestos y el alcance de las políticas públicas en un contexto de fuerte tensión económica.

Otra iniciativa para bajar impuestos

El diputado nacional Herrera Ahuad presentó días pasados un proyecto de ley que busca establecer una alícuota reducida del Impuesto al Valor Agregado del 10,5% para la fécula de mandioca, producto actualmente gravado con la alícuota general del 21%. La propuesta incorpora a la fécula de mandioca, comprendida en la Partida 1108.14.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), al artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997.

La iniciativa replica el tratamiento que recibió oportunamente la harina de trigo mediante la ley 26.151, que redujo su alícuota al 10,5%. En los fundamentos, Herrera Ahuad señala que la mandioca, junto con la yerba y el té, es uno de los cultivos más representativos de Misiones, y que existen alrededor de 10.000 productores distribuidos en la provincia, con el 75% de la producción destinada a consumo en fresco.

La dimensión industrial del sector tiene carácter exclusivo en el país. El 100% de las industrias que producen fécula se encuentran en la provincia de Misiones, con 11 industrias relevadas, de las cuales 4 son cooperativas y 7 empresas familiares. La cadena de valor involucra a productores, cooperativas, industrias de molienda y procesamiento, transportistas y empresas alimentarias.

La reducción fiscal tendría impacto en la competitividad del sector frente a mercados regionales como Brasil y Paraguay. Además, el proyecto destaca el uso de la fécula de mandioca en el desarrollo de alimentos innovadores para nichos de mercados específicos, como lo son los productos libres de gluten, con efectos en la sustitución de insumos importados y mayor disponibilidad de productos sin TACC.

El proyecto señala que la escala productiva del sector es relativamente acotada, con un volumen anual promedio cercano a las 18.000 toneladas, por lo que la adecuación de la alícuota no implicaría un impacto fiscal significativo a nivel nacional. En los fundamentos, el legislador remarcó que la medida constituye una herramienta estratégica para promover la inclusión alimentaria, el desarrollo regional y la competitividad del sector, al tiempo que corrige una inequidad tributaria histórica.

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Desde la provincia reclaman a Nación la eliminación del IVA sobre el agua potable

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Por primera vez en Argentina, un ente regulador provincial impulsa formalmente la reducción y/o eliminación del IVA sobre el agua potable, planteando que resulta incoherente sostener un discurso de baja de impuestos mientras millones de argentinos siguen pagando un 21% sobre un servicio esencial. Es que desde el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones (EPRAC), organismo encargado del control del agua en Misiones, iniciaron un proceso formal para solicitar la reducción de impuestos al estado Nacional.

“Por disposición de nuestro gobernador y con el apoyo de nuestros diputados nacionales, le solicitamos al gobierno nacional que revea el esquema de IVA aplicado a este servicio básico” instó la presidente del EPRAC, Soledad Balán, quien sostuvo que el agua “no puede ser tratada como un bien de lujo” y cuestionó que el Gobierno Nacional mantenga una de las cargas impositivas más altas sobre un recurso básico para la vida cotidiana.

En esa línea, explicó que no es disparatado el pedido ya que hay alimentos de la canasta básica que cuentan con este tipo de beneficios impositivos. “Si Nación realmente quiere sostener coherencia con su discurso liberal y de alivio fiscal, debería empezar por eliminar impuestos sobre servicios esenciales como el agua potable”, expresó la titular del organismo de control de los servicios de agua.

Desde el organismo remarcaron que una reducción del IVA tendría impacto directo sobre las facturas de millones de usuarios y representaría un alivio concreto para las familias en un contexto económico complejo. Además, señalaron que la iniciativa busca abrir una discusión nacional sobre la lógica de seguir cobrando impuestos elevados sobre consumos básicos mientras se habla de reducción de presión fiscal.

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El consumo volvió a caer y crece la presión sobre un modelo económico con precios altos y demanda débil

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La desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria todavía no logran traducirse en una recuperación sostenida del consumo privado. Mientras el Gobierno sostiene el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico como eje central de su estrategia, distintos indicadores empiezan a mostrar tensiones sobre la actividad cotidiana, especialmente en bienes masivos y sectores vinculados al mercado interno.

Según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el consumo privado cayó 0,6% interanual en abril y acumuló una baja de 1,5% durante el primer cuatrimestre de 2026.

La medición desestacionalizada mostró estabilidad respecto de marzo, lo que sugiere una desaceleración en el ritmo de caída. Aun así, el informe indicó que el índice “regresó a niveles de octubre de 2025” luego de las mermas registradas desde mediados del año pasado.

La desaceleración inflacionaria no alcanza para reactivar la demanda

Los datos reflejan una economía donde la estabilización macroeconómica todavía convive con debilidad en el consumo.

Uno de los indicadores que expone esa tensión es la recaudación del IVA en términos reales, que registró en abril su sexta caída consecutiva, con una baja interanual de 1,3%.

El informe también detectó una desaceleración en el uso de tarjetas de crédito. Aunque las compras financiadas crecieron 1,3% interanual, el avance quedó muy por debajo del 12% registrado en enero.

El comportamiento del consumo masivo muestra además señales de deterioro persistente. El consumo de carne vacuna acumuló nueve meses consecutivos de caída y registró una baja interanual de 7,6% en marzo.

El dato tiene relevancia política y económica porque el consumo alimenticio suele funcionar como termómetro directo del poder adquisitivo y de la capacidad de recuperación del ingreso real.

El mercado interno muestra comportamientos desiguales

El escenario no es homogéneo entre sectores.

Mientras algunos segmentos vinculados a bienes durables mostraron señales positivas —como el patentamiento de motos, que creció 52,1% interanual en abril— otros rubros continuaron en retroceso.

El patentamiento de autos cayó 14,6% durante el mismo período, mientras que el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró su primera baja del año, con una retracción de 6% interanual en marzo.

En contraste, sectores semidurables como indumentaria y calzado en centros comerciales habían mostrado una mejora de 3% interanual en la última medición disponible de febrero.

La dinámica confirma un patrón de recuperación fragmentada, donde algunos nichos vinculados a financiamiento o consumo puntual logran sostener actividad, mientras amplias áreas del mercado interno continúan debilitadas.

La competitividad vuelve al centro del debate económico

El deterioro del consumo se combina con otro fenómeno que empieza a preocupar al sector privado: el encarecimiento relativo de la economía argentina.

Un informe de la Fundación Mediterránea elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna sostuvo que Argentina resulta más cara que otros mercados internacionales en el 81% de los bienes de consumo duradero analizados.

El estudio identificó especialmente a automóviles, electrodomésticos, indumentaria y calzado entre los rubros más afectados por pérdida de competitividad.

Según el reporte, un vestido de marca internacional vendido en Argentina aparece como el más caro del mundo dentro de la muestra relevada, mientras que las zapatillas deportivas ocupan el sexto lugar global en precios.

La investigación atribuye esa situación a una combinación de presión impositiva —IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales— junto con medidas de protección comercial y el comportamiento del tipo de cambio.

Un peso fuerte ayuda a estabilizar, pero encarece la economía

El informe técnico analizó además el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), indicador que mide si un país está caro o barato en dólares frente a otras economías.

En abril de 2026, el índice se ubicó 28% por debajo de su promedio histórico.

La lectura no implica necesariamente una crisis cambiaria inmediata, pero sí expone uno de los dilemas centrales del actual esquema económico: el mismo proceso que ayudó a moderar inflación y estabilizar expectativas también elevó costos relativos en dólares para buena parte de la economía doméstica.

La Fundación Mediterránea planteó que parte de ese fenómeno podría sostenerse en el tiempo si crecen exportaciones de petróleo, gas y minería.

Sin embargo, mientras esos sectores ganan protagonismo, actividades más vinculadas al mercado interno enfrentan mayores dificultades para sostener competitividad.

Misiones y el NEA sienten el impacto en consumo y comercio

Para provincias como Misiones y otras economías del NEA, la combinación entre caída del consumo y pérdida de competitividad tiene efectos directos sobre comercio, actividad pyme y demanda interna.

Rubros como indumentaria, calzado, electrodomésticos y gastronomía dependen fuertemente del poder adquisitivo local y de la circulación comercial fronteriza.

La persistencia de precios altos en dólares también puede afectar el consumo regional en zonas con fuerte dinámica transfronteriza, donde las diferencias cambiarias suelen modificar hábitos de compra y competitividad comercial.

Al mismo tiempo, la caída prolongada en consumo de alimentos y servicios refleja un contexto donde la recuperación económica todavía no se distribuye de manera uniforme entre sectores y regiones.

El Gobierno estabilizó variables financieras, pero el mercado espera señales de reactivación

La administración nacional logró reducir tensiones cambiarias y contener parte de las expectativas inflacionarias. Sin embargo, los datos de consumo y competitividad empiezan a instalar otro interrogante: cuánto tiempo puede sostenerse una economía estabilizada financieramente pero con demanda interna debilitada.

La evolución del salario real, el crédito, la inflación y el nivel de actividad serán variables decisivas para determinar si el consumo logra salir de la fase de estancamiento o si la desaceleración termina consolidándose.

Por ahora, los indicadores muestran una economía que estabilizó parte de sus desequilibrios macroeconómicos, aunque todavía no consigue recuperar plenamente el movimiento del mercado interno.

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