Las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvieron a mostrar una caída real en abril. En total, los envíos alcanzaron los $5,58 billones, con una baja del 3,3% respecto del mismo mes de 2025.
En ese contexto, Misiones recibió $179.491 millones, con una variación real negativa del 3% interanual. La caída consolida una tendencia que ya se había registrado en enero, febrero y marzo, y que volvió a impactar sobre los recursos de libre disponibilidad de la provincia.
El principal factor de arrastre fue la Coparticipación Federal, que totalizó $161.620 millones para Misiones y registró una baja real del 3,8% interanual. El retroceso estuvo explicado, entre otros factores, por la caída en la recaudación del IVA, del 3,3%, y de Ganancias, del 2,5%.
Los fondos por Leyes y Regímenes Especiales tuvieron un comportamiento positivo, con una suba real interanual del 7,2%, impulsada casi en su totalidad por el desempeño del impuesto a los combustibles y del monotributo. También crecieron los recursos por Compensación del Consenso Fiscal, con un avance del 2,3% real interanual.
Sin embargo, esos incrementos no alcanzaron para compensar la retracción de la coparticipación. El resultado final fue una nueva caída del flujo total de transferencias automáticas hacia Misiones.
En términos concretos, la baja de abril equivale para la provincia a una pérdida cercana a los $5.590 millones respecto del mismo mes del año pasado, medido a valores actuales.
Con este resultado, el primer cuatrimestre de 2026 cerró con envíos automáticos a Misiones por $698.594 millones, lo que representa una caída real del 5,8% frente al mismo período de 2025. En pesos constantes a precios actuales, la provincia acumula una pérdida de $44.698 millones en apenas cuatro meses.
Transferencias automáticas a Misiones
Abril y primer cuatrimestre de 2026
Indicador
Monto / Variación
Transferencias automáticas a Misiones en abril
$179.491 millones
Variación real interanual de abril
-3,0%
Coparticipación Federal
$161.620 millones
Caída real de la Coparticipación Federal
-3,8%
Leyes y Regímenes Especiales
+7,2% real
Compensación del Consenso Fiscal
+2,3% real
Pérdida estimada en abril
$5.590 millones
Transferencias acumuladas enero-abril
$698.594 millones
Variación real del primer cuatrimestre
-5,8%
Pérdida acumulada a precios actuales
$44.698 millones
Fuente: elaboración en base a datos de transferencias automáticas del Estado nacional.
La iniciativa que busca reducir el Impuesto al Valor Agregado sobre el almidón de mandioca representaría una erogación mínima para las cuentas públicas nacionales: equivaldría al 0,00056% del Producto Bruto Interno, según los cálculos que acompañan el proyecto de ley que ya circula en la Cámara de Diputados.
En números concretos, la rebaja implicaría resignar alrededor de 3.893 millones de pesos por año, una cifra que al tipo de cambio mayorista del Banco Nación —cotizado en $1.368— se traduce en poco menos de 2,85 millones de dólares anuales. La proyección toma como referencia un PBI nominal estimado en 688,3 billones de pesos para 2026.
Para dimensionar la magnitud, basta con una comparación: la reducción de retenciones al campo dispuesta a fines del año pasado tuvo un costo fiscal calculado en 511 millones de dólares por año, unas 373 veces superior al que demandaría este beneficio para un cultivo concentrado mayoritariamente en suelo misionero.
Un pedido que ya lleva más de diez años
El reclamo tiene historia. Desde el clúster mandioquero de Misiones vienen golpeando puertas en la Casa Rosada desde hace más de una década, sin distinción de signos políticos. Elevaron el pedido durante la gestión de Cristina Fernández —con gestiones directas ante el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno—, volvieron a intentarlo bajo la administración de Mauricio Macri y repitieron la solicitud durante el mandato de Alberto Fernández. Ninguna de esas instancias prosperó.
El escenario cambió recientemente con la combinación de dos factores: la gestión del gobernador Hugo Passalacqua ante el Ministerio de Economía nacional y la presentación formal del proyecto de ley por parte del diputado nacional Oscar Herrera Ahuad. La modificación requiere tratamiento legislativo porque implica incorporar al almidón de mandioca dentro del inciso a), punto 10, de la ley del IVA, para que pase a tributar el 10,5% en lugar del 21% actual.
Un alivio para los celíacos de todo el país
Aunque la producción se concentra en la tierra colorada, el consumo de harina de mandioca se extiende por toda la Argentina. El derivado se utiliza no solo para elaborar chipá o como insumo en la industria farmacéutica, sino también como uno de los reemplazos más habituales del trigo en la alimentación de personas con enfermedad celíaca.
Allí radica uno de los argumentos centrales de quienes impulsan la medida: los productos libres de gluten tienen hoy un precio de góndola que golpea fuerte el bolsillo de las familias que, por razones de salud, no pueden optar por harinas tradicionales. Una alícuota reducida permitiría descomprimir esa carga en hogares de todo el país.
Blanqueo e impulso para la economía regional
Desde el sector productivo suman otro argumento. Sostienen que una alícuota diferenciada facilitaría el blanqueo de una actividad que hoy opera con una marcada brecha entre la comercialización formal y las operaciones por fuera del circuito declarado, algo que distorsiona la competencia dentro del mercado interno.
En la provincia, la producción primaria de mandioca ya está exenta del pago de Ingresos Brutos para los productores inscriptos en el registro correspondiente, de modo que el paso provincial para aliviar la actividad fue dado tiempo atrás. Lo que falta es el acompañamiento desde el orden nacional.
Con un impacto fiscal que los propios números describen como marginal, un beneficio directo para una economía regional históricamente postergada y un alivio concreto para miles de consumidores celíacos, la pelota quedó del lado del Gobierno nacional y de sus representantes en el Congreso, que deberán definir si traducen el proyecto en ley.
El decreto 242 pone en marcha el régimen para pymes y abre un nuevo frente en la estrategia económica
El Gobierno avanzó el 10 de abril con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) a través del Decreto 242/2026, una pieza clave para traducir en incentivos concretos el esquema aprobado en la Ley 27.802. La norma fija un plazo de dos años para canalizar inversiones productivas con beneficios fiscales y define qué proyectos podrán acceder. La decisión llega en un contexto de búsqueda de reactivación y plantea una tensión de fondo: ¿alcanza un régimen focalizado en pymes para dinamizar la inversión o se trata de un instrumento acotado dentro de una estrategia más amplia?
El dato central es operativo y político a la vez: las inversiones alcanzadas serán aquellas realizadas desde la entrada en vigencia del régimen y hasta dos años después de la reglamentación operativa que deberá dictarse en un plazo de 30 días. El esquema apunta a micro, pequeñas y medianas empresas —hasta Mediana Tramo 2— y también incluye a entidades sin fines de lucro registradas, siempre que cumplan con los parámetros exigidos.
Un marco fiscal para ordenar la inversión productiva
El decreto completa la arquitectura legal del RIMI, creado por la Ley 27.802, cuyo objetivo es incentivar inversiones nacionales y extranjeras con impacto en producción, empleo y exportaciones. La reglamentación avanza sobre un punto clave: delimitar qué se considera inversión productiva y bajo qué condiciones se accede a los beneficios.
El universo es amplio pero definido. Incluye bienes de capital y de tecnología —siempre nuevos—, inversiones en riego agrícola, mallas antigranizo y hasta bienes semovientes con fines reproductivos. También incorpora obras vinculadas a la actividad productiva, siempre que no superen el 30% de avance al momento de entrada en vigencia de la ley.
La norma agrega un componente estratégico: promueve inversiones en eficiencia energética, tanto en generación renovable como en optimización del consumo. En ese punto, el régimen se alinea con una lógica de modernización productiva más que con un estímulo generalizado.
El acceso a los beneficios está atado a la “puesta en marcha” de la inversión, entendida como su utilización efectiva para generar ganancias gravadas. Es decir, no alcanza con invertir: el activo debe entrar en funcionamiento para habilitar el beneficio fiscal.
Beneficios, restricciones y control: el equilibrio fiscal detrás del régimen
El decreto no solo habilita incentivos, también fija límites. El uso de beneficios fiscales —incluyendo devoluciones vinculadas al IVA— tendrá un tope del 50% del cupo anual previsto en el presupuesto nacional. Además, la asignación se ordenará según la antigüedad de los saldos fiscales, lo que introduce un criterio de priorización.
A la vez, quedan excluidas las inversiones financieras o de portfolio, reforzando el enfoque productivo del régimen. También se establecen condiciones estrictas para acceder: no podrán beneficiarse quienes mantengan deudas firmes, exigibles e impagas con el organismo recaudador.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con las áreas de Agricultura y Energía, tendrá un rol central en la implementación. Deberá dictar en 30 días las normas operativas que definirán, en la práctica, el alcance real del régimen.
Pymes en el centro y señales al mercado
La reglamentación del RIMI posiciona a las pymes como eje de la política de inversión en esta etapa. En términos políticos, el Gobierno busca mostrar un esquema de incentivos focalizado, con impacto en la economía real y sin expandir de manera indiscriminada el gasto tributario.
El diseño también refleja una lógica de control: los beneficios están condicionados, escalonados y sujetos a verificación. No es un régimen de acceso automático, sino administrado. Eso reduce riesgos fiscales, pero también puede limitar su velocidad de adopción.
En el plano de la agenda económica, el RIMI aparece como complemento de otras herramientas orientadas a atraer inversiones, aunque con un perfil más acotado. No apunta a grandes proyectos, sino a un entramado productivo más fragmentado, con impacto territorial.
Implementación, demanda y capacidad de tracción
El decreto pone en marcha el régimen, pero su efectividad dependerá de la reglamentación que se dicte en las próximas semanas y del nivel de adhesión del sector privado. La clave estará en si las condiciones logran traducirse en decisiones de inversión concretas.
También habrá que observar cómo interactúa el RIMI con el contexto macroeconómico y con otros instrumentos vigentes. El plazo de dos años fija una ventana clara, pero no garantiza resultados.
En paralelo, el foco en sectores como energía y agro introduce una señal sobre las áreas prioritarias, aunque sin excluir otros rubros. La pregunta que queda abierta es si este esquema logra escalar o si queda como un incentivo puntual dentro de una política más amplia que todavía está en construcción.
La recaudación tributaria de marzo volvió a encender una señal de alerta en el frente fiscal: aunque alcanzó los $16.071.028 millones y mostró un crecimiento interanual del 26,2%, el dato quedó por debajo de la inflación estimada en torno al 33% en los últimos doce meses. El resultado no sólo implica una nueva caída en términos reales, sino que extiende a ocho meses consecutivos la contracción del ingreso tributario ajustado por precios, en un contexto donde el Gobierno sostiene su estrategia de alivio impositivo y enfrenta tensiones crecientes en la relación con las provincias.
El dato, informado el 1 de abril de 2026 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), confirma una moderación en el ritmo de expansión de los recursos fiscales y abre un interrogante central: ¿hasta qué punto la baja de impuestos y la desaceleración de la actividad condicionan la capacidad de financiamiento del Estado?
Menos ingresos reales y señales de enfriamiento fiscal
El número de marzo no sólo quedó por debajo de la inflación interanual, sino también del registro de febrero, cuando la recaudación había alcanzado $16,2 billones. En términos acumulados, el primer trimestre cerró con ingresos por $50.640.483 millones, con una suba del 22,7% interanual, consolidando una dinámica de crecimiento nominal pero con pérdida de poder real.
Desde el organismo recaudador explicaron que el resultado estuvo afectado por la ausencia de ingresos clave: “no hubo ingresos de anticipos de Ganancias de sociedades con cierre de ejercicio de diciembre (el más importante del año) ni anticipo de Ganancias de personas humanas”. Este factor puntual amplificó una tendencia más estructural: la desaceleración de la recaudación en términos reales.
En paralelo, el efecto de la baja de impuestos y retenciones también incidió en el resultado final, reduciendo el flujo de recursos disponibles. Este punto introduce un componente político relevante, ya que la política tributaria no sólo impacta en la macroeconomía, sino también en la distribución de recursos entre Nación y provincias.
IVA y Seguridad Social sostienen, Ganancias se rezaga
El desempeño de los principales tributos mostró un comportamiento heterogéneo. El IVA neto se consolidó como el principal sostén de la recaudación, con ingresos por $5.619.607 millones y un crecimiento interanual del 28,7%. Dentro de este tributo, el componente impositivo avanzó 32,5%, mientras que el IVA aduanero creció 19,1%, evidenciando una brecha entre el mercado interno y el comercio exterior.
Por su parte, el Impuesto a las Ganancias recaudó $2.609.519 millones, con una suba del 17,1%, claramente por debajo del promedio general. La dinámica del tributo refleja tanto la ausencia de anticipos como una menor tracción relativa frente a otros ingresos.
El impuesto a los Débitos y Créditos mostró uno de los mayores incrementos, con $1.304.386 millones y una suba del 38,4%, mientras que los recursos de la Seguridad Social alcanzaron $4.451.245 millones, con un crecimiento del 28,5%, en línea con la evolución de los salarios formales.
A nivel agregado, el subtotal de impuestos avanzó 31,8%, mientras que los recursos aduaneros crecieron apenas 9,5%, confirmando el menor dinamismo del sector externo frente a la actividad interna.
Tensión fiscal y reparto de recursos
La caída real de la recaudación introduce una variable clave en la dinámica política: el margen fiscal del Gobierno se vuelve más estrecho justo cuando necesita sostener equilibrio en las cuentas públicas y, al mismo tiempo, administrar demandas territoriales.
En este escenario, la menor recaudación impacta directamente en la masa coparticipable, lo que tiende a tensar la relación con las provincias. La combinación de baja de impuestos, menor ingreso real y desaceleración económica configura un triángulo complejo para la gobernabilidad fiscal.
Al mismo tiempo, el comportamiento dispar de los tributos refuerza una lectura estructural: el consumo interno —reflejado en el IVA— sigue siendo el principal sostén, mientras que el comercio exterior y los impuestos más vinculados a resultados empresariales muestran menor dinamismo.
La dinámica de marzo no redefine por sí sola el rumbo fiscal, pero sí marca un punto de atención. La continuidad de caídas reales en la recaudación obliga a observar de cerca dos variables: la evolución de la inflación y el impacto efectivo de la política tributaria sobre la actividad.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en si esta tendencia se consolida o si aparecen factores estacionales o económicos que permitan revertirla. En un escenario donde cada punto de recaudación cuenta, la tensión entre alivio impositivo y sostenibilidad fiscal seguirá en el centro del tablero.
En un contexto de actividad económica contenida y expectativas en revisión, el empresario Alfredo Gruber hablo con Economis y puso en palabras una tensión creciente en el sector productivo de Misiones: reconoció que la estabilidad macroeconómicaes un dato positivo, pero advirtió que “está todo frenado” en términos de consumo y actividad. El planteo, realizado tras una jornada sectorial en Posadas, introduce una pregunta incómoda para el Gobierno nacional: ¿alcanza la estabilización para sostener el entramado productivo o se abre una nueva fase de presión por reformas más profundas?
El diagnóstico combina dos planos que hoy conviven en la economía real. Por un lado, la baja de la volatilidad y cierta previsibilidad. Por otro, una caída en la demanda que impacta tanto en el mercado interno como en el externo, con empresas que enfrentan menor volumen de ventas y mayores costos.
Impuestos, logística y regulaciones: el núcleo del reclamo
El eje más consistente del planteo empresario pasa por la estructura impositiva. Gruber insistió en que la presión fiscal sigue siendo elevada en los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— y que a dos años del gobierno “más reformista” como se autodenomina la gestión de La Libertad Avanza los avances en reducción de cargas aún son “muy pocos”.
En ese marco, apuntó a nivel provincial contra el impuesto a los ingresos brutos, al que definió como distorsivo por su efecto acumulativo a lo largo de la cadena productiva. También planteó la necesidad de una reducción del IVA del 21% al 10%, aunque reconoció que esa medida enfrenta límites estructurales vinculados a la informalidad y al peso del gasto público.
El análisis se completa con otro factor estructural: el costo logístico. Desde Misiones, la salida de producción hacia los puertos de Buenos Aires o Uruguay encarece la competitividad. En ese punto, el empresario vinculó la discusión con obras de infraestructura como la posibilidad de mejorar la navegabilidad mediante sistemas asociados a represas, lo que permitiría reducir costos de transporte. “Hay que pensar en aprovechar el río como dijo Scherer dándole navegabilidad con la construcción de Corpus, que además de energía nos permitiría usar puertos aguas arriba y enviar las cargas por el río”, describió el empresario
Actividad frenada y señales contradictorias del contexto global
El diagnóstico empresarial no se limita al plano local. Gruber advirtió que la falta de dinamismo atraviesa tanto el mercado interno como el externo. “La gente no compra” sintetiza una percepción que se repite en distintos sectores.
A esa situación se suma un escenario internacional inestable. Cambios en aranceles, tensiones comerciales y la incertidumbre global complican la planificación exportadora. En paralelo, la suba proyectada de los combustibles —asociada según Gruber solo al contexto internacional, no a la suba de impuestos nacionales— aparece como un nuevo factor de presión sobre costos y precios, con impacto directo en la inflación.
La ausencia de obra pública también aparece como un elemento que retrae la demanda, especialmente en sectores vinculados a la construcción y la industria.
Reformas en debate y falta de impacto concreto
En términos de política económica, el empresario marcó una distancia entre las reformas anunciadas y su impacto efectivo. Señaló que la reforma laboral aún no está reglamentada y que, por lo tanto, no genera cambios concretos en la operatoria diaria de las empresas.
Esa percepción refuerza la idea de una transición en curso, donde las medidas estructurales todavía no se traducen en mejoras palpables para el sector productivo. En ese contexto, la expectativa se mantiene, pero convive con incertidumbre.
A nivel provincial, también aparece en agenda la posible reforma de normativas nacionales y provinciales vinculadas al uso del suelo y la producción, con debates en ámbitos institucionales sobre cambios regulatorios que podrían ampliar la capacidad productiva. Allí, el planteo empresario apunta a flexibilizar restricciones que hoy limitan el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.
Entre la espera y la presión por definiciones
El mensaje final combina cautela y presión. “La esperanza es lo último que se pierde”, planteó Gruber, aunque advirtió que sería “una lástima” que el esfuerzo de los últimos años no se traduzca en resultados concretos.
La economía, en esa mirada, aparece como “una moneda en el aire”, donde las decisiones de inversión se postergan hasta tener mayor claridad sobre el rumbo político y económico. Es un dato relevante: sin previsibilidad consolidada, el sector productivo tiende a esperar antes que arriesgar.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en dos variables clave: si la estabilidad logra traducirse en reactivación del consumo y si las reformas —fiscales, laborales o regulatorias— avanzan con impacto real. Entre tanto, el reclamo empresario empieza a ordenarse en una agenda concreta que combina baja de impuestos, mejora logística y simplificación normativa.
