El Gobierno nacional avanza en una reforma tributaria de enorme alcance que, de concretarse, podría redefinir para siempre la arquitectura fiscal de la Argentina. Se trata del denominado “Súper IVA”, un nuevo tributo que unificaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los Ingresos Brutos provinciales (IIBB) y tasas municipales en un solo esquema de recaudación nacional. Impulsado por el presidente Javier Milei, con respaldo técnico de su ministro de Economía, Luis Caputo, y validación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el proyecto apunta a ejecutarse antes de 2026, aunque su avance depende de los equilibrios legislativos que surjan tras las elecciones de octubre.
La propuesta se basa en un principio de simplificación fiscal extremo. En lugar de que los contribuyentes enfrenten múltiples gravámenes superpuestos —con cargas que se acumulan a lo largo de la cadena productiva—, el “Súper IVA” establecería un único punto de tributación sobre el consumo final, recaudado por el organismo nacional ARCA y redistribuido a las provincias en proporción a sus alícuotas. La idea es que, a la alícuota base del IVA del 21%, se sume el porcentaje que hoy representan los IIBB, que varía entre 1,5% y 5% según la jurisdicción. El resultado: un impuesto integrado de entre 22,5% y 26%, pero simplificado, no acumulativo y, en teoría, más competitivo.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que el diseño técnico está prácticamente cerrado, a la espera de la revisión final de expertos tributarios cercanos al oficialismo. Se trata de una pieza clave dentro de la hoja de ruta que el Ejecutivo pactó con el FMI, que exige una reforma impositiva integral para antes de 2026. El organismo internacional, además, ve con buenos ojos la propuesta, por su potencial para mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir la evasión.
En el corazón del debate está Ingresos Brutos, un tributo provincial considerado el más distorsivo, regresivo y rechazado del sistema argentino. En un país donde existen más de 125 tipos de impuestos y se crea uno nuevo cada dos años en promedio, el IIBB ocupa el primer lugar en las listas negras de los tributaristas, sin importar su escuela doctrinaria.
Se lo acusa de distorsionar los precios relativos, encarecer los costos finales al consumidor, fomentar la informalidad y erosionar la competitividad de la producción nacional frente a sus pares regionales. De hecho, mientras en buena parte de América Latina el IIBB es historia antigua, en la Argentina se mantiene como una fuente vital de recursos para las provincias. Los cálculos más conservadores estiman que la evasión y elusión impositiva supera el 35%, y el IIBB aparece como un protagonista silencioso de esa fuga estructural.
El dilema de los gobernadores
La intención de reemplazar los Ingresos Brutos por un tributo administrado centralmente generó una reacción inmediata de los gobernadores. Muchos comenzaron a intercambiar mensajes por WhatsApp para unificar una postura de rechazo. El motivo es claro: el IIBB representa la segunda fuente de ingresos para las provincias —sólo detrás de la coparticipación federal— y permite cierto grado de autonomía financiera que se vería amenazada bajo el nuevo régimen.
Pero también son conscientes de las asimetrías de poder que impone el contexto. Milei gobierna sin presupuesto aprobado, con la llave de las transferencias discrecionales en manos de Caputo y con la figura del primo de este —asesor de peso desde el edificio de enfrente al Palacio de Hacienda— como actor clave en la negociación fina con los mandatarios provinciales. En tiempos de ajuste y restricción, la dependencia de Nación es más asfixiante que nunca.
Desde el sector privado, la propuesta genera expectativas. La unificación de tributos podría reducir los costos administrativos, eliminar superposiciones normativas y facilitar el cumplimiento fiscal, especialmente para pymes y empresas exportadoras. A la vez, promete reducir el llamado “costo argentino”, mejorando márgenes de competitividad.
Sin embargo, su implementación exige una reforma de la Ley de Coparticipación Federal y la generación de acuerdos entre niveles de gobierno con visiones fiscales divergentes. El riesgo político de avanzar sin consenso puede implicar un fuerte desgaste institucional.
El “Súper IVA” no es solo una propuesta técnica. Es, en esencia, un proyecto de rediseño del federalismo fiscal argentino. Con el respaldo del FMI, la determinación de Javier Milei y el trabajo técnico de su círculo económico, el Gobierno apuesta a resolver de un golpe tres problemas históricos: la complejidad tributaria, la evasión estructural y la ineficiencia recaudatoria.
Pero el obstáculo no es solo la técnica: es la política. El futuro del “Súper IVA” se jugará en el Congreso y en la relación de fuerza entre Nación y provincias. Será allí donde se defina si esta idea revolucionaria es el germen de un nuevo sistema o una utopía más en la larga lista de reformas fiscales frustradas.
