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IVA en baja, coparticipación en retroceso: el círculo que asfixia a las provincias

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La economía no levanta y las cuentas provinciales lo sufren. En los últimos meses, Misiones viene enfrentando un deterioro sostenido de sus recursos por coparticipación federal que ya no puede explicarse como un simple vaivén coyuntural. Los datos son contundentes: en febrero de 2026 la provincia recibió por envíos automáticos 172.603 millones de pesos, cifra que implicó una caída real interanual del 7,9% y del 9,7% respecto a enero

En términos concretos, esta baja interanual se traduce en una pérdida de 14.816 millones de pesos frente al mismo mes del año anterior. Enero ya había mostrado un comportamiento similar, con una merma interanual del 7,0% y casi 14.400 millones de pesos menos en términos reales. 

En apenas dos meses, la provincia resignó alrededor de 29 mil millones de pesos por la caída de la recaudación nacional.

¿Qué se esconde detrás de esto? El factor central es la contracción en la recaudación del IVA, uno de los principales componentes de la masa coparticipable. Cuando el IVA cae en términos reales, las provincias lo sienten de manera inmediata en sus transferencias automáticas. Y el IVA cae porque el consumo se enfría. Allí está el núcleo del problema. 

Más allá de que el INDEC muestre una economía con crecimiento estadístico en determinados indicadores, la economía real, la que mueve el comercio, la industria y los servicios, sigue mostrando signos de estancamiento en amplios sectores.

Esta semana conocimos los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica, que presentó un resultado positivo tanto en diciembre como para el acumulado del 2025, pero dicho resultado tiene una fuerte incidencia de sectores puntuales que no son los que generan más empleo ni los que movilizan el consumo masivo; es decir, el crecimiento económico medido por el EMAE no se traduce en una expansión homogénea hacia todos los sectores. Los rubros que más inciden en la recaudación del IVA siguen operando con demanda contenida, márgenes ajustados y baja capacidad de recuperación. 

En ese marco, el programa económico nacional termina impactando sobre la dinámica comercial y, por lo tanto, sobre la recaudación. 

De hecho, también se conocieron esta semana los datos de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas y las ventas de combustible al público. En todos los casos el escenario es parecido: puede observarse, en el nivel general nacional, cierto repunte pero que está apoyado en pisos históricos. Es decir, la baja base de comparación sigue vigente, porque si miramos un poco más atrás en la comparación temporal, absolutamente todos los indicadores de consumo están por debajo de 2021, 2022 y 2023.

Misiones no es ajena a este esquema. Si bien es la provincia con mayor autonomía fiscal del NEA, continúa siendo fuertemente dependiente de los envíos nacionales. Cada punto de caída real en la coparticipación repercute directamente sobre la posibilidad de llevar adelante un presupuesto orientado al desarrollo. La pérdida acumulada en los primeros meses de 2026 no es menor: son miles de millones de pesos que dejan de ingresar en un contexto que ya presentaba restricciones.

El presente es complejo y el horizonte inmediato no resulta alentador. Dada la tendencia de la recaudación nacional y la falta de señales claras de recuperación sostenida del consumo, el primer semestre se perfila como muy exigente para las arcas provinciales. 

Esto obliga a reorganizar prioridades. Misiones cuenta con ventajas comparativas construidas a lo largo de los años, como un esquema fiscal ordenado y bajo nivel de endeudamiento. El contraste con Chaco, dentro de la región, es marcado en términos de déficit y carga de deuda. Sin embargo, una mejor posición relativa no elimina el problema central: cómo sostener servicios, inversión y políticas públicas con ingresos que, en términos reales, se reducen de manera sistemática.

A este cuadro se suma una limitación estructural. Las provincias no tienen herramientas para ir contra el ciclo económico general. No definen la política monetaria, no fijan el tipo de cambio, no determinan el esquema de retenciones ni la estructura de los principales impuestos que componen la masa coparticipable. Administran lo que reciben y optimizan sus propios tributos, pero no pueden revertir por sí solas una contracción del consumo a nivel nacional. Cuando la macro se enfría, las provincias pueden intentar paliar ese efecto, pero no poseen la solución de fondo.

Tampoco existe hoy un esquema de asistencia financiera nacional que amortigüe el impacto. Con una estrategia fiscal centrada en la reducción del gasto y la obsesión del superávit por el superávit mismo, no hay fondos compensatorios ni programas extraordinarios que permitan suavizar las pérdidas. En ese contexto, cada jurisdicción debe absorber el shock con recursos propios, lo que profundiza tensiones presupuestarias y obliga a postergar iniciativas.

El sector privado, por su parte, atraviesa un momento de extrema cautela. Con consumo débil, crédito limitado y costos financieros elevados, las empresas difícilmente puedan convertirse en el motor que reactive de manera contundente la economía. Sin inversión sostenida ni expansión del mercado interno, la recaudación tributaria seguirá condicionada. Pretender que el crecimiento surja espontáneamente en un escenario contractivo resulta más una expresión de deseo que una proyección fundada.

Por eso, la discusión de fondo es política y económica al mismo tiempo. La Nación debe asumir que el equilibrio macroeconómico es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin dinamismo en la economía real, sin recuperación efectiva del poder de compra y sin expansión del consumo, la recaudación no se fortalecerá y las provincias continuarán bajo presión. El bienestar no se construye únicamente con indicadores agregados en verde, sino con actividad concreta en comercios, industrias y servicios. Si la estrategia nacional no logra traducir estabilidad en crecimiento tangible, las provincias seguirán reflejando, mes a mes, las consecuencias de una economía que todavía no despega.

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Enero cerró con ingresos fiscales por $18,3 billones, cayó un 7,6% real

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La recaudación de recursos tributarios alcanzó en enero de 2026 un total de $18.337.625 millones, lo que representó un incremento interanual del 22,0%. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los ingresos vinculados a la Seguridad Social, en un contexto de normalización macroeconómica y recomposición de la base imponible. Los datos confirman una mejora nominal de los ingresos fiscales al inicio del año, con implicancias directas sobre el equilibrio de las cuentas públicas y la capacidad financiera del Estado.

La recaudación tributaria de enero registró una caída del orden del 7,6% real anual, al totalizar los $18,33 billones. El resultado, reportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se explica por una fuerte baja de los ingresos del IVA en un contexto de menor actividad.

De esta forma, la pérdida de recursos impactó en una retracción de los envíos de coparticipación de impuestos a las provincias del orden del 8%, lo cual complica las negociaciones con los gobernadores de las provincias por la reforma laboral que contiene una rebaja del Impuesto a las Ganancias de las empresas.

El aporte de los principales impuestos

De acuerdo con el informe oficial correspondiente a enero de 2026, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto recaudó $6.213.245 millones, con una variación interanual del 16,4%. Dentro de este tributo, el IVA Impositivo mostró un crecimiento más marcado, con una suba del 28,0% respecto del mismo mes del año anterior, lo que refleja una mayor dinámica de la recaudación asociada a las transacciones gravadas.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias registró uno de los incrementos más relevantes del mes. La recaudación ascendió a $3.403.975 millones, con una variación interanual del 32,4%. Este comportamiento posicionó a Ganancias como uno de los principales motores del crecimiento de los recursos tributarios, en línea con la evolución de los ingresos alcanzados por el tributo y su peso dentro de la estructura fiscal.

Seguridad Social y estructura de ingresos

Los recursos vinculados a la Seguridad Social también exhibieron un desempeño positivo. En enero, los ingresos por este concepto alcanzaron los $5.499.301 millones, lo que implicó una suba interanual del 27,3%. Este rubro constituye un componente clave de la recaudación total y resulta central para el financiamiento del sistema previsional y de las prestaciones sociales.

Por impuestos a los Combustibles ingresaron $ 334.594 millones de Pesos, lo que significa un incremento del 27,3% interanual. El incremento se explica por el aumento del impuesto.

En conjunto, los datos de enero muestran una estructura de ingresos donde los principales impuestos y contribuciones registraron incrementos nominales significativos, consolidando un arranque de año con mayor recaudación en términos interanuales. El crecimiento del 22,0% en los recursos tributarios totales refleja la evolución de los impuestos más sensibles a la actividad económica y al nivel de ingresos, así como el peso creciente de los aportes y contribuciones sociales.

Implicancias fiscales

El desempeño de la recaudación en enero resulta relevante para la planificación fiscal del año. La mejora interanual de los ingresos tributarios fortalece el margen financiero del Estado y se convierte en una variable clave para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, la evolución de impuestos como IVA y Ganancias será determinante para evaluar la consistencia de este crecimiento en los próximos meses.

Con un inicio de 2026 marcado por una recaudación superior a los $18,3 billones, el seguimiento de la dinámica tributaria permitirá anticipar el impacto sobre el resultado fiscal y sobre las decisiones de política económica a lo largo del año.

Informe Recaudación Tributaria de Enero 2026 by CristianMilciades

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Un forestal cruzó a Hartfield y le pidió que reclame a la Nación bajar el IVA para poder competir

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El ingeniero forestal Nicolás Ocampo, impulsor del Grupo Jóvenes Ingenieros Forestales de Misiones y ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, respondió a las declaraciones del diputado nacional Diego Hartfield, quien había defendido las políticas del gobierno de Javier Milei y planteado la competencia como motor del crecimiento, comparándola con su experiencia como ex tenista profesional.

Ocampo valoró la trayectoria deportiva del legislador y el concepto de competencia, pero advirtió que no puede trasladarse de manera lineal al entramado productivo. “Sería bueno que le pregunte a los productores y a los dueños de las pymes forestales si quieren competir. Estoy seguro de que absolutamente todos le van a decir que sí”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que la forestoindustria misionera —compuesta por más de 500 pymes— es uno de los sectores que más riqueza genera en la provincia, con producción de bienes y servicios, empleo directo e impacto social. Sin embargo, aseguró que hoy atraviesa “la mayor crisis de su historia”.

Según explicó, el problema no es la falta de voluntad para competir, sino las condiciones en las que se exige hacerlo. Entre los factores críticos mencionó el fuerte aumento de los costos: en los últimos dos años, el precio de la energía se incrementó más de un 617% —una decisión tomada a nivel nacional— y el gasoil cerca de un 250%, afectando de manera directa a la actividad forestal y a la logística.

Frente a este escenario, Ocampo planteó una reducción del IVA al 10% y del impuesto a las ganancias en niveles similares, como ocurre en Paraguay. “Misiones tiene el 90% de sus límites con Paraguay y Brasil. Si la Nación nos brinda herramientas de competitividad, podemos ser una potencia productiva e industrial y terminar con desventajas históricas. Eso sería verdadera libertad para competir”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de una política energética nacional para el sector industrial y recordó que países como Alemania, Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea subsidian la energía para sostener la producción. A eso sumó la necesidad de precios diferenciales para Misiones, considerando el impacto que tuvo la represa de Yacyretá en la provincia, medidas que dependen exclusivamente del Estado nacional.

Otro punto señalado fue el ingreso de productos forestales importados, como muebles provenientes de China, e incluso la posibilidad de importar viviendas industrializadas. “¿No les parece que así la competencia deja de ser justa?”, planteó.

Además, advirtió sobre la desventaja estructural que implica la falta de acceso al gas natural en Misiones y llamó a revisar la aplicación de la Ley Nacional de Promoción Forestal 25.080. Según indicó, los beneficios fiscales previstos en la norma estarían siendo aprovechados mayormente por grandes empresas, generando concentración y dejando en desventaja a las pymes y a los productores.

Finalmente, Ocampo cuestionó que, en medio de esta crisis, se impulse una reforma laboral “desde la urgencia”, enfrentando a trabajadores y pequeñas y medianas empresas sin resolver los problemas de fondo. “La competencia es buena, pero solo bajo condiciones justas. Hoy los productores no pueden competir no porque no quieran, sino porque las decisiones políticas nacionales los están ahogando”, concluyó.

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ARCA denunció a la AFA por facturas apócrifas y un presunto perjuicio fiscal de más de $375 millones

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante la Justicia federal, por la presunta utilización de facturas apócrifas y la existencia de salidas no documentadas de fondos, en una operatoria que habría generado un perjuicio fiscal preliminar superior a los 375 millones de pesos.
La acusación surge tras una fiscalización integral sobre las operaciones de la AFA realizadas entre marzo de 2023 y junio de 2025, y se suma a una denuncia previa por posible evasión tributaria y previsional que, según ARCA, superaría los 19.000 millones de pesos.

La presentación fue realizada por el organismo recaudador que conduce Andrés Vázquez, mientras que la AFA es presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente se encuentra actualmente en etapa de instrucción, sin imputaciones penales formales ni resolución judicial de fondo.

El origen de la investigación y las irregularidades detectadas

La investigación se inició a partir de alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. Esos controles derivaron en la identificación de pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin sustento económico real.

Según consta en el expediente, la fiscalización no se limitó a una revisión formal de comprobantes, sino que incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales.
Los investigadores detectaron un patrón reiterado: empresas que emitían facturas por montos millonarios sin contar con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.

En varios de los domicilios declarados, los inspectores no lograron localizar actividad comercial, encontrando viviendas particulares o direcciones inexistentes. Además, se registraron movimientos bancarios atípicos, como retiros inmediatos de fondos, endosos de cheques y circuitos cerrados de dinero, así como la presencia de socios o directivos que integran múltiples sociedades, varias de ellas también incluidas en la base de contribuyentes no confiables.

Ajustes fiscales, montos en discusión y encuadre legal

Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas e IVA. Las resoluciones fueron notificadas electrónicamente a comienzos de 2026, otorgando a la AFA los plazos legales para presentar su descargo.

Según el detalle incorporado al expediente, la cuantificación provisoria de los ajustes es la siguiente:

Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas

  • Período fiscal 2025
    • Ajustes por resoluciones administrativas: $4.647.841,21
    • Ajustes por investigaciones sistémicas: $165.414.140,05
    • Total estimado 2025: $170.061.981,26
  • Período fiscal 2024
    • Ajustes por resoluciones administrativas: $52.148.310,91
    • Ajustes por cruces sistémicos: $129.742.595,73
    • Total estimado 2024: $181.890.906,64
  • Período fiscal 2023
    • Ajustes por resoluciones administrativas: $22.934.217,46

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

  • Período fiscal 2023
    • Ajuste determinado: $1.160.350,80

En conjunto, el monto determinado supera los 375 millones de pesos, sin considerar intereses resarcitorios ni eventuales multas, y permanece sujeto a modificaciones conforme avance el procedimiento.

La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley del Impuesto a las Ganancias, que se aplica cuando los pagos realizados carecen de respaldo en operaciones reales, aun cuando existan comprobantes formales.

La respuesta de la AFA y el avance judicial

De acuerdo con las actuaciones, la AFA rechazó los ajustes determinados y manifestó su disconformidad con las liquidaciones practicadas. Frente a esa negativa, ARCA avanzó con un procedimiento determinativo de oficio, que habilita una revisión más profunda de la situación fiscal del contribuyente.

En paralelo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente fiscalizados, lo que amplió tanto el período bajo análisis como la cantidad de operaciones investigadas.

Los informes técnicos sostienen que la emisión de una factura no resulta suficiente para justificar la deducción de un gasto si no se acredita la prestación efectiva del servicio, la razonabilidad económica de la operación y la capacidad real del proveedor. Bajo este criterio, ARCA concluyó que los pagos efectuados por la AFA no pueden ser aceptados como gastos deducibles.

El expediente pone especial foco en el elemento subjetivo, es decir, en el grado de conocimiento o intención del contribuyente. Para ARCA, el volumen de las operaciones, la reiteración de proveedores y las inconsistencias detectadas impiden sostener que la AFA desconociera la falta de sustento económico de las contrataciones.

Impacto institucional

Ante la magnitud de las irregularidades, ARCA informó formalmente al juez interviniente, aportando resoluciones administrativas, informes técnicos y la cuantificación preliminar del perjuicio fiscal, además de solicitar la continuidad de las medidas de prueba y la autorización para nuevos requerimientos de información.

La causa permanece abierta y podría ampliarse si surgen nuevos proveedores, períodos o circuitos financieros bajo sospecha. Desde el ámbito judicial advierten que las responsabilidades finales y los montos definitivos dependerán del avance de las actuaciones administrativas y de las decisiones que adopte la Justicia.

Por su volumen económico, la complejidad técnica del esquema analizado y el alto perfil público de la entidad involucrada, el expediente se perfila como una de las investigaciones fiscales más relevantes de los últimos años, con impacto en los planos judicial, político, económico y deportivo, mientras la AFA continúa ejerciendo su derecho de defensa.

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Industria fueguina: Economía suspendió el aporte al FAMP por pérdida de competitividad

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El Ministerio de Economía resolvió reducir al 0% el aporte obligatorio que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), en el marco del régimen de promoción de la Ley 19.640. La medida, formalizada mediante la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, busca recomponer la ecuación económico-financiera del sector ante cambios tributarios y arancelarios que afectaron la competitividad, y tiene impacto directo sobre la inversión, el empleo y la continuidad productiva en la provincia.

La resolución fue firmada el 20 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires por el Secretario de Coordinación de Producción, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, y publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero de 2026.

El régimen fueguino, la prórroga hasta 2038 y el rol del FAMP

La decisión se inscribe en el entramado normativo del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, establecido por la Ley N° 19.640, cuyo objetivo original fue reafirmar la soberanía nacional mediante un esquema fiscal y aduanero especial que impulsara el desarrollo económico en la entonces jurisdicción nacional.

Ese régimen permitió la radicación de empresas industriales generadoras de empleo directo e indirecto y, con el Decreto N° 727 del 22 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre de 2038 la vigencia de los derechos y obligaciones de las firmas con proyectos vigentes, otorgando previsibilidad a largo plazo. Como contrapartida, ese mismo decreto estableció que las empresas debían realizar aportes mensuales obligatorios equivalentes al 15% del beneficio obtenido en concepto de IVA, destinados al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP – Fueguina), creado por el Decreto N° 725/21.

El FAMP fue concebido como un fideicomiso de administración orientado a financiar proyectos productivos que ampliaran la matriz económica provincial y mejoraran la competitividad. Sin embargo, el artículo 5° del Decreto N° 727/21 ya preveía que, ante modificaciones en las condiciones tributarias o arancelarias que alteraran la competitividad, la Autoridad de Aplicación pudiera reducir el porcentaje del aporte, hasta tanto se restablecieran las condiciones originales.

Pérdida de competitividad y pedido del sector industrial

Según los considerandos de la Resolución 20/2026, las empresas que integran la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) presentaron formalmente su reclamo en el expediente administrativo, advirtiendo que la plena vigencia del Decreto N° 333 del 19 de mayo de 2025 y el conjunto de medidas de desregulación económica en curso generaron una pérdida crítica de competitividad para el sector.

El planteo sostuvo que el impacto no se limitó a un segmento específico, sino que alcanzó a toda la actividad productiva de la provincia, comprometiendo la continuidad operativa y el sostenimiento del empleo. En ese marco, y conforme al procedimiento previsto en el artículo 5° de la Resolución N° 228/2022, se realizó la consulta al Comité Ejecutivo del FAMP – Fueguina, que dictaminó favorablemente sobre la afectación de los proyectos vigentes y recomendó hacer lugar a la reducción solicitada.

Los informes técnicos incorporados al expediente concluyeron que se verificaron modificaciones en las condiciones tributarias y arancelarias vigentes al momento del dictado del Decreto N° 727/21, configurándose el supuesto legal que habilita la reducción del aporte. En función de ello, se dispuso llevar el aporte obligatorio a CERO POR CIENTO (0%), con aplicación extensiva a todas las empresas adheridas a las prórrogas establecidas por los Decretos N° 727/21 y N° 594/23.

Alcances, límites y efectos sobre el empleo y la inversión

La resolución aclara que la reducción del aporte no libera a las empresas del cumplimiento de los proyectos productivos que hubieran sido aprobados por el Comité Ejecutivo del FAMP en los términos del artículo 6° bis del Decreto N° 727/21. En caso de incumplimiento, las firmas deberán integrar al fondo los aportes retenidos, más los intereses correspondientes.

Asimismo, se establece que el Comité Ejecutivo del FAMP – Fueguina será el encargado de fijar las pautas para operativizar esta previsión, y que la medida rige desde el día de su suscripción y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su dictado.

Desde el punto de vista económico e institucional, la decisión representa una señal de alivio fiscal para el entramado industrial fueguino en un contexto de cambios regulatorios y de presión sobre costos. Al mismo tiempo, reabre el debate sobre el equilibrio entre la necesidad de financiar políticas de diversificación productiva y la urgencia de preservar la competitividad, la inversión y el empleo en una provincia altamente dependiente del régimen promocional.

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