JAVIER GORTARI

Universidades: el centenario de la Reforma, el año del ajuste

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Javier Gortari exhibe números precisos sobre el impacto del ajuste en la educación universitaria y especialmente en la Universidad Nacional de Misiones, donde volvió a dar clases después de sus años como rector. El año del Centenario de la Reforma será, para la Universidad, el año del ajuste, explica.  
Los números parecen darle la razón. El proyecto de Presupuesto 2019 que diseñó Mauricio Macri implica una reducción en el valor real asignado al conjunto de Universidades en general (y a la UNaM en particular), ya que las actualizaciones previstas (30% en promedio y 23% para Misiones), están muy lejos de las proyecciones inflacionarias más conservadoras (40% para 2018 y 23% para 2019).
“Resulta paradójico que en al conmemorarse cien años de la Reforma Universitaria de 1918, las medidas principales para el sistema universitario sean los recortes presupuestarios, no sólo porque desde el Gobierno nacional -en la figura del ministro de Educación Alejandro Finocciaro- participaron con mucha enjundia en la celebración internacional realizada en la capital cordobesa en junio pasado y en el marco de la CRES 2018, sino porque de la alianza gobernante participa la Unión Cívica Radical, partido en el gobierno en 1918 y de cuyos cuadros se nutrió el movimiento reformista”, reflexiona.   
Gortari da un ejemplo que resulta dramático. Al ritmo del endeudamiento público que ya superó al 80 por ciento del PBI, también han subido exponencialmente las previsiones presupuestarias para el pago de intereses de esa deuda. La partida presupuestaria para el pago de intereses crece 50% en 2019, alcanzando los 600.000 millones, lo que equivale a cuatro presupuestos universitarios o para financiar a 335 universidades como la UNaM.
El presupuesto 2019 propuesto para la UNaM es $ 1.793 millones, contra los $1.454 millones de 2018.  Este año, el 88% del total presupuestado se utiliza para pagar salarios docentes y no docentes (1.280 millones). El 12 por ciento restante (174 millones) para gastos de funcionamiento (comedores, albergues, becas, servicios, combustible, insumos varios) y expansiones aúlicas en varios municipios. Si se actualiza lo destinado a salarios este año (1.280 millones) con el 25 por ciento acordado en paritarias, se llega a diciembre con una asignación salarial anual de 1.600 millones. Restando ese número del presupuesto 2019 para la UNaM, quedan para funcionar 193 millones, que comparado con el valor de 2018, implica una actualización de apenas 11 por ciento.
Otra comparación sirve para comprender la magnitud del ajuste. “Es la primera vez en quince años que se recorta el presupuesto en la UNaM”, advierte Gortari.
En 2003 el presupuesto era de 30 millones, que a 3 pesos por dólar equivalían a U$S 10 millones.
En el presupuesto de 2016, el último aprobado por la anterior gestión, ascendió a 816 millones, que a 13 pesos por dólar equivalía a U$S 60 millones (un crecimiento respecto a 2003 del 500%).
El presupuesto de $1.793 millones propuesto para 2019, con un dólar hipotético a $40, equivale a U$S 45 millones (una reducción del 25% respecto a 2016).
Lo mismo sucede si se compara el presupuesto de la universidad pública con el de una privada. Hace pocos días los estudiantes de una universidad privada con sede en Posadas, se manifestaron por los aumentos de las cuotas a 8.500 pesos. Si se multiplica esa cuota mensual por los 20 mil alumnos de la UNaM, se obtienen 170 millones al mes o 2.040 millones al año. Son 250 millones por encima de lo que Poder Ejecutivo Nacional propuso para la UNaM en el presupuesto 2019.

“Estamos en una etapa de difícil. El Poder Ejecutivo establece una transferencia directa para las universidades con una actualización del 30% que está por debajo de la pauta inflacionaria. Pero, además, el problema del Presupuesto y es lo que más han reclamado los rectores, es que hay universidades a las que se le actualiza por encima del 50 por ciento y a otras, como a la Universidad Nacional de Misiones que están en el 20%”, explica el ex rector.
La mitad de la pauta inflacionaria…
No sólo es el promedio del 30% que está muy por debajo, sino que hay algunas como la Universidad Nacional de Misiones que está por debajo de ese promedio. Por eso las autoridades del CIN y algunos rectores, están reuniéndose con diputados y senadores para hacer un replanteo que consiste básicamente en esto: que todas las universidades que ya están consolidadas y las que venían funcionando hace varios años como la nuestra, tengan en promedio una actualización del 32,9%, parejo para todas, para que no haya discriminación. Y para las universidades nuevas, las universidades chicas, pero que tienen carreras que van incorporando año a año, un 50%. No hay que sacar de otras partidas presupuestarias, sino readecuar lo que está planteado dentro del presupuesto, que son 140 mil millones de pesos.
¿Y para la Universidad Nacional de Misiones cuánto es el presupuesto en números?
El número que está previsto es de 1793 millones de pesos. Eso supone un crecimiento… una actualización…. -Insisto en eso, porque en economía llamamos a eso una ilusión monetaria, que es pensar que estamos creciendo cuando hay una inflación de 40 para este año, y de 20 que está prevista para el presupuesto del año que viene, 60 contra un 20, no estamos creciendo, sino que estamos perdiendo un poquito menos-, de 23 por ciento. Eso tiene un problema, porque ya los salarios a través de paritarias se han actualizado un 25%, lo que reduciría aún más lo que queda para gastos de funcionamiento, que son comedores, albergues, becas estudiantiles, combustibles, los gastos básicos que tiene cualquier institución para moverse.
¿Es el primer recorte real desde 2002?
Sí y otra vez vuelvo al concepto de ilusión monetaria. Parece que se está incrementando, pero en realidad con los índices inflacionarios, se reduce. En términos reales, es la primera vez en estos quince años en que tenemos esa reducción fuerte. Ya se está notando, se nota en los salarios, independientemente que en la época anterior se actualizaron y fueron buenos sueldos, pero han registrado una caída importante… y en los gastos de funcionamiento. Nosotros seguimos con un gasto de funcionamiento congelado, con tarifas de agua, de luz, de combustible, de todo lo que es el gasto cotidiano, que es lo mismo que le pasa a cualquiera en su casa, que han crecido de forma exponencial
¿Qué significa esto en términos de calidad educativa? ¿Una parálisis de la universidad? ¿Qué puede pasar?
El ajuste fuerte en el presupuesto universitario es en los salarios, que es el 90% del gasto, es decir que, si había alguna intención de reducir el gasto en inversión en las universidades, hay que tocar los salarios y los tocaron. Los gastos de funcionamiento, en el caso nuestro, los tenemos relativamente resueltos, porque nos arreglamos con lo que tenemos. En el tema de infraestructura, por suerte hicimos unas fuertes inversiones en comedores y albergues, que eso nos sirve para atender una demanda creciente de los estudiantes, que necesitan cada vez más de comida y de una necesidad de alojamiento. Obviamente no damos abasto, pero crecimos en esa capacidad y eso lo tenemos. En realidad, a lo que nos están obligando como universidad, es lo que hacemos, como toda la sociedad, a ser muchos más austeros en los gastos cotidianos.
Por ahora yo diría que la calidad en términos de enseñanza y aprendizaje, no se resiente porque los profesores son los mismos, las aulas están, los laboratorios están. Eso es para la universidad de Misiones, para las universidades nuevas, es mucho más complejo porque tienen que atender los cursos nuevos que van a apareciendo. Para eso necesito profesores, laboratorios y ahí se complica la calidad. A mí, lo que más me preocupa, más allá de las anécdotas coyunturales, es la señal que se le da al sistema, no solo a la universidad, sino a la ciencia y técnica, que de repente por una decisión política, porque acá no hubo una guerra ni un tsunami, se corta un proyecto de mediano y largo plazo como es el educativo. La interrupción de los equipos de investigación produce que hasta tres generaciones se pierdan para poder volverlos a armar. Y eso sí, me parece gravemente estratégico, trágicamente estratégico desde el punto de vista de la Nación, como un todo. Cualquier país que se plantee un desarrollo medianamente claro, o con algún grado de soberanía, independencia tecnológica, científica, necesita invertir fuertemente en ciencia y tecnología.
Javier Gortari exhibe números precisos sobre el impacto del ajuste en la educación universitaria y especialmente en la Universidad Nacional de Misiones, donde volvió a dar clases después de sus años como rector. El año del Centenario de la Reforma será, para la Universidad, el año del ajuste, explica.  
Los números parecen darle la razón. El proyecto de Presupuesto 2019 que diseñó Mauricio Macri implica una reducción en el valor real asignado al conjunto de Universidades en general (y a la UNaM en particular), ya que las actualizaciones previstas (30% en promedio y 23% para Misiones), están muy lejos de las proyecciones inflacionarias más conservadoras (40% para 2018 y 23% para 2019).
“Resulta paradójico que en al conmemorarse cien años de la Reforma Universitaria de 1918, las medidas principales para el sistema universitario sean los recortes presupuestarios, no sólo porque desde el Gobierno nacional -en la figura del ministro de Educación Alejandro Finocciaro- participaron con mucha enjundia en la celebración internacional realizada en la capital cordobesa en junio pasado y en el marco de la CRES 2018, sino porque de la alianza gobernante participa la Unión Cívica Radical, partido en el gobierno en 1918 y de cuyos cuadros se nutrió el movimiento reformista”, reflexiona.   
Gortari da un ejemplo que resulta dramático. Al ritmo del endeudamiento público que ya superó al 80 por ciento del PBI, también han subido exponencialmente las previsiones presupuestarias para el pago de intereses de esa deuda. La partida presupuestaria para el pago de intereses crece 50% en 2019, alcanzando los 600.000 millones, lo que equivale a cuatro presupuestos universitarios o para financiar a 335 universidades como la UNaM.
El presupuesto 2019 propuesto para la UNaM es $ 1.793 millones, contra los $1.454 millones de 2018.  Este año, el 88% del total presupuestado se utiliza para pagar salarios docentes y no docentes (1.280 millones). El 12 por ciento restante (174 millones) para gastos de funcionamiento (comedores, albergues, becas, servicios, combustible, insumos varios) y expansiones aúlicas en varios municipios. Si se actualiza lo destinado a salarios este año (1.280 millones) con el 25 por ciento acordado en paritarias, se llega a diciembre con una asignación salarial anual de 1.600 millones. Restando ese número del presupuesto 2019 para la UNaM, quedan para funcionar 193 millones, que comparado con el valor de 2018, implica una actualización de apenas 11 por ciento.
Otra comparación sirve para comprender la magnitud del ajuste. “Es la primera vez en quince años que se recorta el presupuesto en la UNaM”, advierte Gortari.
En 2003 el presupuesto era de 30 millones, que a 3 pesos por dólar equivalían a U$S 10 millones.
En el presupuesto de 2016, el último aprobado por la anterior gestión, ascendió a 816 millones, que a 13 pesos por dólar equivalía a U$S 60 millones (un crecimiento respecto a 2003 del 500%).
El presupuesto de $1.793 millones propuesto para 2019, con un dólar hipotético a $40, equivale a U$S 45 millones (una reducción del 25% respecto a 2016).
Lo mismo sucede si se compara el presupuesto de la universidad pública con el de una privada. Hace pocos días los estudiantes de una universidad privada con sede en Posadas, se manifestaron por los aumentos de las cuotas a 8.500 pesos. Si se multiplica esa cuota mensual por los 20 mil alumnos de la UNaM, se obtienen 170 millones al mes o 2.040 millones al año. Son 250 millones por encima de lo que Poder Ejecutivo Nacional propuso para la UNaM en el presupuesto 2019.
 
“Estamos en una etapa de difícil. El Poder Ejecutivo establece una transferencia directa para las universidades con una actualización del 30% que está por debajo de la pauta inflacionaria. Pero, además, el problema del Presupuesto y es lo que más han reclamado los rectores, es que hay universidades a las que se le actualiza por encima del 50 por ciento y a otras, como a la Universidad Nacional de Misiones que están en el 20%”, explica el ex rector.
La mitad de la pauta inflacionaria…
No sólo es el promedio del 30% que está muy por debajo, sino que hay algunas como la Universidad Nacional de Misiones que está por debajo de ese promedio. Por eso las autoridades del CIN y algunos rectores, están reuniéndose con diputados y senadores para hacer un replanteo que consiste básicamente en esto: que todas las universidades que ya están consolidadas y las que venían funcionando hace varios años como la nuestra, tengan en promedio una actualización del 32,9%, parejo para todas, para que no haya discriminación. Y para las universidades nuevas, las universidades chicas, pero que tienen carreras que van incorporando año a año, un 50%. No hay que sacar de otras partidas presupuestarias, sino readecuar lo que está planteado dentro del presupuesto, que son 140 mil millones de pesos.
¿Y para la Universidad Nacional de Misiones cuánto es el presupuesto en números?
El número que está previsto es de 1793 millones de pesos. Eso supone un crecimiento… una actualización…. -Insisto en eso, porque en economía llamamos a eso una ilusión monetaria, que es pensar que estamos creciendo cuando hay una inflación de 40 para este año, y de 20 que está prevista para el presupuesto del año que viene, 60 contra un 20, no estamos creciendo, sino que estamos perdiendo un poquito menos-, de 23 por ciento. Eso tiene un problema, porque ya los salarios a través de paritarias se han actualizado un 25%, lo que reduciría aún más lo que queda para gastos de funcionamiento, que son comedores, albergues, becas estudiantiles, combustibles, los gastos básicos que tiene cualquier institución para moverse.
¿Es el primer recorte real desde 2002?
Sí y otra vez vuelvo al concepto de ilusión monetaria. Parece que se está incrementando, pero en realidad con los índices inflacionarios, se reduce. En términos reales, es la primera vez en estos quince años en que tenemos esa reducción fuerte. Ya se está notando, se nota en los salarios, independientemente que en la época anterior se actualizaron y fueron buenos sueldos, pero han registrado una caída importante… y en los gastos de funcionamiento. Nosotros seguimos con un gasto de funcionamiento congelado, con tarifas de agua, de luz, de combustible, de todo lo que es el gasto cotidiano, que es lo mismo que le pasa a cualquiera en su casa, que han crecido de forma exponencial
¿Qué significa esto en términos de calidad educativa? ¿Una parálisis de la universidad? ¿Qué puede pasar?
El ajuste fuerte en el presupuesto universitario es en los salarios, que es el 90% del gasto, es decir que, si había alguna intención de reducir el gasto en inversión en las universidades, hay que tocar los salarios y los tocaron. Los gastos de funcionamiento, en el caso nuestro, los tenemos relativamente resueltos, porque nos arreglamos con lo que tenemos. En el tema de infraestructura, por suerte hicimos unas fuertes inversiones en comedores y albergues, que eso nos sirve para atender una demanda creciente de los estudiantes, que necesitan cada vez más de comida y de una necesidad de alojamiento. Obviamente no damos abasto, pero crecimos en esa capacidad y eso lo tenemos. En realidad, a lo que nos están obligando como universidad, es lo que hacemos, como toda la sociedad, a ser muchos más austeros en los gastos cotidianos.
Por ahora yo diría que la calidad en términos de enseñanza y aprendizaje, no se resiente porque los profesores son los mismos, las aulas están, los laboratorios están. Eso es para la universidad de Misiones, para las universidades nuevas, es mucho más complejo porque tienen que atender los cursos nuevos que van a apareciendo. Para eso necesito profesores, laboratorios y ahí se complica la calidad. A mí, lo que más me preocupa, más allá de las anécdotas coyunturales, es la señal que se le da al sistema, no solo a la universidad, sino a la ciencia y técnica, que de repente por una decisión política, porque acá no hubo una guerra ni un tsunami, se corta un proyecto de mediano y largo plazo como es el educativo. La interrupción de los equipos de investigación produce que hasta tres generaciones se pierdan para poder volverlos a armar. Y eso sí, me parece gravemente estratégico, trágicamente estratégico desde el punto de vista de la Nación, como un todo. Cualquier país que se plantee un desarrollo medianamente claro, o con algún grado de soberanía, independencia tecnológica, científica, necesita invertir fuertemente en ciencia y tecnología.

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Situación económica y social del sector yerbatero

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Un exhaustivo informe para conocer el estado actual de la produccion yerbatera. “Una relativa prosperidad coyuntural que no tiene su correlato en la situación socio-laboral de los trabajadores rurales del sector”.
Por Javier Gortari*  – La actividad yerbatera registró una evolución favorable en lo que va del año 2018. Se observó una demanda sostenida de materia prima, que terminó pagándose en algunas zonas por encima de los precios establecidos. También llevó al adelantamiento de la cosecha, que para fines de agosto había alcanzado a los 724 millones de kilos de hoja verde, superando en un 5% el volumen total de la cosecha del año pasado (689 millones de kilos).
Esto se explica en una demanda interna creciente (176 millones de kilos entre enero y agosto) y un incremento importante en las exportaciones (30 millones de kilos en el mismo período). Anualizando los valores de ambos mercados a partir del comportamiento promedio de los primeros ocho meses del año, estaríamos llegando a fines de 2018 con una demanda interna de 264 millones de kilos y exportaciones por 45 millones de kilos. En ambos casos significarían
cifras récords respecto a los valores históricos

En el sexenio 2008/13, el promedio anual de demanda (consumo interno + exportaciones), fue de 282 millones de kilos. Superando por un 1% el promedio de oferta del período: 278 millones de kilos. Lo que daría un exceso de demanda de 24 millones de kilos en seis años, situación que estaría encubriendo problemas de subregistro de la producción de hoja verde, que se hace en base a declaraciones juradas de los operadores del sector (no existe información consistente sobre la situación de los stocks, por lo que a los efectos del análisis, los suponemos constantes).
A partir de entonces la registración de la actividad primaria fue mejorando, reflejando el impacto de la puesta en vigencia del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) para el sector yerbatero a partir del año 2015, que obliga al pago de una tarifa sustitutiva para cobertura de aportes personales y contribuciones patronales (obra social, jubilación, asignaciones familiares, seguro de desempleo y riesgos de trabajo) en función de los volúmenes de producción operados. Los registros del quinquenio 2014/18 evidencian un promedio de oferta de 312 millones de kilos (12% por encima de los seis años previos), contra una demanda media anual de 291 millones (un 3% de crecimiento respecto al promedio del período anterior). Lo que supone un exceso de oferta anual para el quinquenio de 21 millones de kilos anuales.
Más allá de los problemas de registro de la producción y de las eventuales recomposiciones de stocks, se puede advertir una tendencia al crecimiento del volumen de producción y también – aunque a menor ritmo- en la demanda. Tal vez la manifestación más elocuente del sostenido incremento en el consumo fue la baja conflictividad que hubo este año en relación al pago en tiempo y forma de los precios oficiales para la materia prima ($7/kg hoja verde). Es más, en algunas zonas (Andresito, San Pedro), se hizo público que las cooperativas estaban pagando hasta $2 por encima de dicho precio, para garantizarse el abastecimiento de hoja verde que les permitiera cumplir con sus proyecciones y compromisos de ventas de producto terminado.
Esta relativa prosperidad coyuntural, no tiene su correlato en la situación socio-laboral de los trabajadores rurales del sector, que realizan la cosecha en condiciones de precariedad similares a las de los mensúes de hace 100 años:
Tareferos (los cosecheros de Yerba Mate)
En el mes de julio de este año, por Resolución No 53 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se estableció en $1,5 por kilo cosechado el valor a pagar por la recolección de hoja verde de yerba mate, para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de marzo de 2019. Por su parte el directorio del INYM acordó en su sesión del 6 de septiembre, los precios que regirán para la materia prima puesta en secadero en el semestre que va de octubre/18 a marzo/19: $8,40 el kilo de hoja verde y $31,90 para el kilo de la yerba canchada (pasada por el primer proceso de industrialización: deshidratado y molienda gruesa, con una relación técnica media de 3 kilos de hoja verde para producir 1 kg de canchada. Esta yerba, luego de pasar por un período de estacionamiento natural de 1 año -o acelerado en cámaras con atmósfera controlada- es molida más fina y queda lista de empaquetar para consumo. En este proceso recupera parte de la humedad perdida, generando rindes definitivos del orden del 40% respecto al producto primario).
Con precios de góndola que promedian los $100 el kilo, podemos hacer el ejercicio de distribución de ese valor entre los distintos actores de la cadena  productiva. El 25% corresponde al pago que recibe el productor por los 3 kilos de hoja verde ($8,4 x 3= $25,2) que se necesitan para producir 1 kilo de yerba lista para consumo. Un 45% queda para el sector industrial y comercial. Y un 30% corresponde a impuestos y tasas (IVA; Ingresos Brutos, tasa de fiscalización del INYM, tarifa sustitutiva CCG y otros).
De los $25,2 que recibe el productor, debe pagar por la cosecha: $/kg 1,5 x 3 kg = $4,5. Es decir que el tarefero recibe por cada $100 a que se vende el kilo de yerba mate al público, el 4,5%. De acuerdo al Relevamiento Provincial de Tareferos que realizó la Universidad Nacional de Misiones en el período 2010/12, un tarefero promedio alcanza a cosechar en una jornada laboral de 9 horas y en un yerbal de calidad media, unos 450 kilos diarios. Esa es la cantidad de materia prima que se necesita para producir 150 kilos de yerba lista para consumo, que el comerciante minorista vende a $100 el kilo, generando un valor bruto por ventas de $15.000.
El tarefero recibe de ese valor $675 diarios. Es decir que en apenas media hora, el tarefero genera un volumen de materia prima suficiente para producir una cantidad de producto final que al precio en góndola equivale a su salario diario. A partir de esa primera media hora, todo el valor que genera el trabajo del cosechero en las otras 8,5 horas de su jornada laboral, es el excedente del que se apropian los otros actores de la cadena productiva: contratista, productor,
secadero, molino, comercio y Estado.
Puesto de otra manera podemos decir que, a un promedio diario de $675 por cosecha de 450 kilos de hoja verde, un cosechero que trabaja a destajo 15 días al mes (ese es el promedio mensual de días efectivamente trabajados por cuestiones climáticas, de salud, de traslado, de problemas organizativos), obtiene un ingreso de $10.125 mensuales. Ese valor está por debajo del establecido para el Salario Mínimo Vital y Móvil ($10.700 en septiembre/18) y equivale a la mitad del valor de una canasta básica ($20.134 para julio/18). Como la cosecha gruesa va de abril a septiembre (6 meses), el resto del año deben vivir de changas, planes sociales (AUH fundamentalmente) y ayuda del Estado.
En esta condición viven los 16.000 tareferos que garantizan, año a año y desde hace 100 años, la producción de yerba mate en la Argentina. El seguro de desempleo (UATRE) o el programa de subsidio interzafra que administra el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, solamente comprende a aquellos trabajadores registrados y formalmente en condiciones por días trabajados y volúmenes cosechados (unos 6.000 en la interzafra 2017/18). Las recientes manifestaciones de protesta de las organizaciones de tareferos ante la terminación de la cosecha –que incluyó un piquete frente a la sede del Ministerio de Trabajo en Buenos Aires y cortes de ruta en la Provincia de Misiones-, fueron en el sentido de ampliar esta cobertura a más tareferos y mejorar los valores del subsidio (actualmente $2.300 mensuales durante 4 meses).
De acuerdo a declaraciones del ministro de Trabajo de la Provincia de Misiones, Juan Carlos Agulla, desde el Gobierno Nacional aseguraron que los fondos para este año para atender ese programa se redujeron de $60 millones a $18 millones. (Divididos los 6.000 jornaleros que cobraron el subsidio intercosecha del año pasado, esa reducción significa pasar de recibir $10.000 pesos en el período interzafra 2017/18 a $3.000 en 2018/19. O pasar de una cobertura de 6.000 trabajadores a 2.000: esta última es la propuesta de la Secretaría de Trabajo en el marco de los recortes presupuestarios nacionales).
Como el problema es un tema “provincial”, el Gobierno Nacional lo transfirió a la jurisdicción. El Gobierno Provincial solicitó al INYM que apoyara con su presupuesto el aumento de la cantidad de trabajadores incluidos en subsidio interzafra y el directorio de ese organismo aprobó, en su sesión del 4 de octubre pasado, transferir fondos a la Secretaría de Trabajo para lograr una cobertura más amplia, en el marco de las condiciones que se les exige a los trabajadores beneficiarios: tres recibos de sueldo durante la cosecha recién finalizada y un ingreso mínimo de $3.000. La idea es poder reiterar la cobertura de los últimos años y alcanzar a 6.000 trabajadores temporarios registrados, durante los 4 meses de la interzafra, antes de que empiecen las tareas de verano denominada zafriña o cosecha fina. (Aún si eso se lograra finalmente, sería por el mismo importe de subsidio mensual que el año pasado, $2.300 – en un contexto de alta inflación particularmente de los alimentos-, y para los 6.000 trabajadores registrados: los 10.000 restantes seguirían sin atenderse) 
En este punto cabe consignar que el INYM se financia con lo recaudado por la Tasa de Inspección prevista en la ley de su creación. La última actualización del valor de esta tasa es de abril de 2017 (Resolución 70-E/2017 del Ministerio de Agroindustria de la Nación), que la llevó a $0,65 por kilo de yerba molida con destino al mercado interno. Sobre un volumen de demanda interna que está en el orden de los 250 millones de kilos, implica un fondo de $163 millones anuales. Este es el presupuesto del INYM y con ello costea su funcionamiento, así como los diversos programas de asistencia al sector: subsidio de la tasa de interés de los créditos para financiar la cosecha, programas de capacitación en Buenas Prácticas para la producción primaria y manufactura, distribución de herramientas y equipamientos para tareas de poda, cosecha y transporte de la materia prima, becas de estudio a hijos de productores y tareferos, cofinanciación con el CONICET de proyectos de investigación sobre propiedades de la Yerba Mate, su vinculación con la salud, etc. Con lo que dedicar parte de su presupuesto al apoyo económico del programa interzafra no solo es financieramente plausible, sino que, considerando al eslabón de la cosecha como un factor crítico de toda la cadena de valor, aparece como por demás razonable que se respalde el acompañamiento a la mejora en las condiciones de vida de estos trabajadores.
Otro fondo interesante que produce el circuito comercial de la Yerba Mate es el generado por la aplicación del Convenio de Corresponsabilidad Gremial desde el año 2015. Este Convenio supone la retención por parte de los industriales de una Tarifa Sustitutiva con la que se financian los aportes personales y contribuciones patronales, calculados en función de los jornales requeridos para producir un kilo de Yerba Mate elaborada. La industria retiene la Tarifa Sustitutiva según el volumen de producción operado y lo deposita en una cuenta del INYM. Para el año 2018 esta tarifa se estableció en $1,76 por kilo de yerba canchada, de los cuales $0,06 corresponden a la “cuota solidaria de afiliación” a UATRE. Los $1,70 restantes los debe transferir el INYM a la AFIP, con destino a la financiación nacional de los conceptos mencionados (jubilación, obra social, riesgos de trabajo, asignaciones familiares y seguros varios).
Considerando a la demanda anual (consumo interno y exportaciones) como el volumen de producción que entró en los circuitos comerciales (291 millones de kilos promedio en el último quinquenio), por el concepto de Tasa Sustitutiva el fisco recaudó $495 millones anuales. Podemos ver también en este caso la posibilidad de fondos frescos con los que atender una deuda histórica del sector yerbatero: las deplorables condiciones de vida de quienes tienen a su
cargo el trabajo de cosechar la Yerba Mate.
En el mismo sentido apunta el proyecto de Ley presentado en el Congreso Nacional por el diputado misionero Jorge Franco en marzo de 2017, por cuyo tratamiento insistió ante la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería en septiembre de este año, con el apoyo de los diputados Welbach, Basterra y Behillo (Exp.1122-D-2017. Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ley 25.564. Modificación sobre funciones y facultades). Entre otras medidas estratégicas, el proyecto propone la implementación del Mercado Consignatario a fin de operativizar un espacio comercial de referencia para garantizar el respeto a los precios establecidos por el INYM de la hoja verde y de la yerba canchada. También prevé la fijación del precio de la yerba mate a salida de molino, de modo de garantizar hasta ese nivel de procesamiento la certeza de cobertura de costos y márgenes de ganancia, tanto para productores como para secaderos y molinos elaboradores.
Pero el eje del proyecto es la creación de un Fondo Especial Yerbatero (FEY) a partir del cobro de una Tasa Compensadora de Fiscalización y Fomento (en reemplazo de la Tasa de Inspección actual). El valor propuesto de dicha tasa sería el equivalente al 5% del precio promedio de venta al público del paquete de 1/2 kilo de Yerba Mate, aplicable al producto comercializado en el mercado interno (a $50/kg en septiembre de 2018, permitiría recaudar un Fondo de unos $1.250 millones anuales, a distribuir entre pequeños productores, tareferos y presupuesto del INYM). En los fundamentos del proyecto de ley se lee:
“… [la tasa de fomento]será destinada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y pequeños productores rurales de yerba mate.” 
“El Fondo Especial Yerbatero servirá para la búsqueda de una vivienda digna, transporte adecuado, salud, educación y capacitación profesional para los tareferos. Entendemos esta vía como la única posible para la erradicación definitiva del trabajo infantil.”
Las cámaras empresariales del sector de ambas provincias productoras, Misiones y Corrientes, ya han manifestado su oposición a este proyecto. Se trata de una disputa histórica por la distribución de los ingresos generados por la actividad yerbatera: un valor bruto de producción/comercialización del orden de los U$S 1.000 millones anuales. Que ha permitido la realización de importantes ganancias y una sostenida acumulación de capital en aquellos actores más concentrados de la cadena de valor: grandes productores integrados verticalmente con la agroindustria y molinos yerbateros que controlan oligopólicamente la producción final.
La otra cara de la moneda son los más de 15 mil pequeños productores que subsisten en un esquema de minifundio, autoexplotación y expulsión de las generaciones más jóvenes hacia los centros urbanos próximos. Y el contingente de peones rurales que desde hace 100 años acompañan el desarrollo del cultivo de Yerba Mate en el noreste argentino, repitiendo de generación en generación el derrotero de miseria y exclusión social de sus mayores.
Relevamiento socio-laboral
Es necesario un contingente del orden de los 16 mil obreros rurales, para levantar una cosecha de 800 millones de kilos de hoja verde, estimando en 7,5 meses el período laboral (abril/septiembre y la “zafriña” de verano), trabajando un promedio de 15 días al mes, con un rendimiento medio de 450 kilos diarios por cosechero. En el marco de la crisis yerbatera provocada por la desregulación, una buena parte de estos trabajadores rurales se radicaron en las periferias de los pueblos del interior provincial: los 9.300 asalariados permanentes registrados por las EAP ́s yerbateras en el Censo Agropecuario 1988, se redujeron a la mitad en el Censo Agropecuario 2002: 4.800.
Estos trabajadores rurales ahora urbanizados, transitorios y semiocupados, son reclutados por contratistas propietarios de un camión y un capital de trabajo básico, quienes coordinan con el dueño del yerbal y con los secaderos la cosecha y su traslado a la planta industrial. Esta “deslocalización” laboral, la estacionalidad de la demanda de trabajo y la intermediación contractual, reducen la capacidad negociadora de los trabajadores, lo que deriva en situaciones de absoluta vulnerabilidad[1].
En septiembre de 2008 la legislatura misionera aprobó la Ley No 4450, por la que se creaba el Registro Único de Tareferos de la Provincia de Misiones, con el objetivo de convertirse en un instrumento para “elaborar, desarrollar y destinar programas sociales” que permitan generar mejores condiciones de vida para estos trabajadores y su grupo familiar.
En el marco de un convenio de cooperación entre el Gobierno Provincial y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), el Relevamiento Provincial de Tareferos se inició en la interzafra 2010/11 y se extendió hasta la de 2011/12, cuando debió suspenderse por la interrupción del financiamiento. Se alcanzaron a relevar unos 7.000 tareferos en 22 localidades:
por la ruta nacional no12 costera al Río Paraná (Jardín América, Puerto Leoni, Colonia Polana, Hipólito Irigoyen, Santo Pipó, General Urquiza, Capioví, Gobernador Roca, Ruiz de Montoya, Corpus, Puerto Rico, Garuhapé, El Alcázar, Caraguatay, Montecarlo y Puerto Piray), en la frontera con Brasil por la ruta nacional no 101 (Andresito) y sobre la ruta nacional no14 que recorre longitudinalmente el centro provincial (Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Campo Ramón y Campo Viera). De la información recolectada se puede sintetizar[2]: 
Situación laboral y social de los 6.905 tareferos relevados 
 Edad promedio:34 años, 88% de sexo masculino y 94% de nacionalidad argentina (siendo la más importante entre el resto la de origen paraguayo).
 ·El 61% vivía con familia (42% unión de hecho y 19% matrimonio).
 El 77% carecía de Obra Social. Los problemas de salud laboral más frecuentes registrados fueron dolores de cintura, columna y hernias (asociados al levantamiento y acarreo de raídos de 100 kg desde el yerbal al camino donde los recoge el camión) y resfríos y gripes provocados por la exposición al mal tiempo y a la intemperie.
 El 71%% nunca había hecho aportes jubilatorios y otro 21% alguna vez hizo pero no hacía, sumando un 92% sin proyección jubilatoria.
 El 47% aseguró que su padre fue tarefero y el 39% que su madre lo fue.
 El 64% aprendió a tarefear con sus padres y el 17% con otros familiares y amigos.
 El 56% comenzó a tarefear con 14 años o menos, dando cuenta de la extendida presencia del trabajo infantil.
 El 17% no leía ni escribía. El 60% tenía como nivel máximo educativo la escuela primaria incompleta.
 El 83% son transportados al yerbal en la caja del camión (77%) o de una camioneta (6%).
 El 97% recibe su jornal en efectivo. Un 3% en vales o mercadería.
 El 75% manifestó que permanece en su casa durante la cosecha, es decir que todos los días va y viene del yerbal. Un 23% acampa en el yerbal y lo hace en carpas o galpones.
 El 23% va al yerbal con toda la familia.
 El 41% trabajó para un contratista. El 38% para una empresa/cooperativa. Y un 28% fue contratado directamente por el productor.
 El 81% no está afiliado a ningún sindicato.
Vivienda y condiciones de vida (se relevaron 5.627 hogares de tareferos con una población total de 25.431 personas)
 El 81% asentadas en zonas urbanas y periurbanas, 12% en zona rural agrupada, 4% en rural dispersa y 3% en comunidades aborígenes.
 Un promedio de 4,5 personas por hogar.
 El 50% de las viviendas estaban emplazadas en asentamientos espontáneos con calles de tierra y sin veredas ni desagües.
 Un 81% eran casas con paredes de madera.
 El 51% tenía pisos de cemento/mosaico; 38% de tablas (38%) y 11% de tierra.
 Los techos eran el 65% de zinc o fibrocemento, 35% eran de chapas de cartón y otros materiales precarios.
 Un 38% era propietario de la casa y el terreno. El 62% restante solo era dueño de la casa –la “mejora”- u ocupante precario.
 Solo el 48% estaba conectado a la red de agua potable. Un 29% usaba agua de pozo y un 16% de canilla pública.
 El 73% usaba letrina para las excretas y un 24% inodoro con desagüe a pozo (23%) o cloaca (1%).
 El 86% tenía conexión a energía eléctrica.
 Sólo el 34% cocinaba con gas. El resto usaba leña (65%) o carbón como principal combustible para la cocina.
 Casi el 50% de los hogares presentaba niveles de hacinamiento: medio 25% (más de dos personas por cuarto) y crítico 22% (más de tres personas por cuarto).
* Docente/investigador de la Universidad Nacional de Misiones
[1] Re, Roa y Gortari (2017): Tareferos: vida y trabajo en los yerbales. Editorial Universitaria. UNaM. Posadas (descarga libre en www.editorial.unam.edu.ar).
[2] Alemany, Bulloni y Figueredo (2018): Características laborales y socio familiares – Estrategias de vida en la zafra y en la inter-zafra de los Tareferos de 22 localidades de la Provincia de Misiones. Informe de Proyecto de Investigación: “Encadenamientos económicos agroindustriales y trabajo rural en la Provincia de Misiones”. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UNaM. Posadas.

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Gisela Spasiuk va por la reelección en la Facultad de Humanidades

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La fórmula Gisela Spaisuk-Cristian Garrido-que apoya a Alicia Bohren y a Fernando Karmer como rector y vice de la Universidad Nacional de Misiones- será la única en disputar el decanato de la FHyCS en las elecciones de 12 de junio próximo. No sucederá lo mismo con los cargos a consejeros Directivos y Superiores, ya que hay dos listas distintas que se disputarán esos lugares en el ámbito de la FHyCS.
El Frente Docente para la Educación Pública se presenta como un espacio “sostenido en las ideas de autonomía universitaria y pluralidad de pensamiento, que reivindica la transparencia institucional y el compromiso académico e intelectual, a partir del diálogo y la participación en los diferentes ámbitos políticos de la vida universitaria”.
En su plataforma afirman que buscan “potenciar el capital académico y la experiencia acumulada en las trayectorias de trabajo institucional y en los espacios de gestión de quienes nos unimos para pensar y construir la gestión 2018-2021 en la FHyCS;  fortaleciendo los logros y espacios de trabajo colectivo; corrigiendo y aprendiendo de los errores; y consolidando los avances institucionales con nuevos proyectos y acciones que fortalezcan el desarrollo de nuestra Facultad”.
Al presentar el espacio la candidata a decana, Gisela Spasiuk afirmó que “este tipo de encuentros es absolutamente celebratorio de la vida institucional de la Universidad. Se celebra la democracia y el proceso de democratización en la Universidad, que hace posible que hoy tengamos dos candidatas mujeres disputando el rectorado de la UNaM. Mi candidata a rectora es Alicia (Bohren, agrupación Convergencia, Unidad y Compromiso). Hoy  en la Universidad Nacional de Misiones nadie discute si una mujer puede o no integrar una fórmula”.
Al referirse al proceso electoral coomentó que “somos la continuidad de un proyecto institucional y yo celebro eso: que nos estemos tomando esta nueva fase electoral no como una contienda sino como una oportunidad de volver a poner en debate, en apuesta,  que el proyecto institucional que estamos construyendo es el mejor para nuestra universidad”.
En ese sentido añadió que la lista Convergencia, Unidad y Compromiso que impulsa a la fórmula Bohren-Kramer para ocupar el rectorado “es un espacio de continuidad con resultados satisfactorios. Un espacio que fue creciendo porque se permitió el diálogo; porque hubo un modo de hacer gestión y política institucional plural, donde todos nos sentimos contenidos, más allá de los colores políticos.  Y por eso que hoy tenemos una mayor unidad. Esa Convergencia hoy tiene: “Convergencia, Unidad y Compromiso”, permitiendo que estemos en una nueva apuesta de mayor compromiso institucional no sólo hacia el interior de nuestra casa sino y fundamentalmente con nuestra provincia y nuestra región que se merecen que sigamos por este rumbo de conducción”.
Cristian Garrido, virtual vice decano, añadió que “el escenario actual  hace que sea estratégico conformar un Frente diverso y plural para seguir apostando por la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Es así que, en un contexto no tan amigable con la Universidad Pública, hoy nos encontramos formando espacio integrado  por diversas voces que aportan matices y buscan fortalecer la institución.”
En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales hay una población de 9.456 electores habilitados a emitir su voto, de los cuales 244 forman parte del claustro Docentes y 74 al de los No Docentes, mientras que 6.222 electores integran el claustro de Egresados y 2.916 al de Estudiantes.
 
Gortari: “a la hora de elegir, lo que vale son las trayectorias”
 “Sin duda la crisis (económica) va a tener su impacto en la universidad y eso nos va a obligar a ser muy austeros y a administrar con mucho cuidado los recursos. Pero la Universidad Nacional de Misiones se posicionó bien en los últimos años. Tiene una estructura y un equipamiento interesante y tiene lo más importante, que es su gente: sus trabajadores sus estudiantes y sus graduados. Creo que poniéndole un poco de cabeza -como sabemos hacer en todo lo que hacemos- vamos a poder atravesar la situación”, afirmó Javier Gortari, actual rector de la UNaM y candidato a primer Consejero Superior de Convergencia, Unidad y Compromiso, en la presentación de la lista.
Al hablar en el acto de lanzamiento de la lista “Convergencia, Unidad y Compromiso”, realizado el martes 22 de Mayo en la Facultad de Ingeniería de Oberá, Gortari opinó que “está bueno que haya gente que quiera participar, se propongan proyectos alternativos y se discutan y debatan ideas. Lo que cuenta a la hora de decidir -afirmó- son las trayectorias de cada uno. Ellas son las que hablan más que con mil palabras, sobre todo en un ámbito tan pequeño y familiar como el de nuestra universidad”.
Por su parte, Hugo Amable, también candidato a Consejero Superior explicó que el Frente Docente por la Educación Pública “está conformado por diferentes agrupaciones y expresiones  políticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, y tiene por objetivo construir un espacio  plural de gestión, con las premisas de una educación pública gratuita, inclusiva y de excelencia académica.  Es el producto de un trabajo realizado durante la actual gestión, en el que se privilegiaron los consensos en torno a los temas sustantivos de las actividades  de Docencia,  Investigación y Extensión universitaria; tanto en el Consejo Directivo como en los diferentes órganos consultivos de la Facultad. Así también, se respetaron las circunstanciales diferencias de criterios”, señaló.
El diálogo y las coincidencias permitieron la conformación de la fórmula integrada por Gisela Spasiuk como decana; Cristian Garrido como vice decano, y una lista de candidatos al Consejo Directivo, en las que están representados todos los sectores que integran el Frente Docente por la Educación Pública.
Candidatos al Consejo Directivo de la FHyCS por el Frente Docente
Norma Figueredo, Mirta Miranda, Marta Espínola, Carlos Balustra, Miguel Franco,  Carla Andruskevics, Fabio Correa, Sonia Alfaya, Norma Oviedo, Gladiz Franco integran la lista de Consejeros Directivos titulares, mientras que la de Suplentes está integrada por Esteban Cartago Lozina, Karina Lemes, Nélida González, Marta Vázquez, Néstor Álvarez, Carmen Melo, Nelly Balmaceda, Marina Casales, Carlos García Da Rosa y Fernando Gutierrez.
 
Objetivos del Frente Docente por la Educación Pública
Este Frente plantea entre sus objetivos: promover entre los docentes, estudiantes, no docentes y egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, la construcción de una institución autónoma, abierta y sensible a los problemas sociales, flexible a los cambios del contexto, útil a la sociedad, capaz de promover la iniciativa personal y grupal, la discusión de ideas y proyectos, la construcción de consensos y la participación en la vida universitaria, respetando la diversidad, la diferencia y la práctica democrática pluralista, como medio para construir acuerdos, rechazando toda forma de discriminación y abuso de poder que limite, coarte o impida aprovechar las oportunidades y posibilidades de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión.
Agregan que en este sentido, “consideramos imprescindible propiciar mayores niveles de institucionalidad en todas las funciones que hacen a la gestión y administración de la Facultad, enfatizando la pertinencia de los circuitos y las instancias normativas que atraviesan los procedimientos consensuados para la toma de decisiones institucionales y el establecimiento de políticas académicas a cortos, mediano y largo plazo, mediante la discusión y elaboración de un Plan Estratégico Institucional”.
En relación al claustro Estudiantes afirman que buscan  garantizarles el derecho de aprender y formarse con calidad y pertinencia como ciudadanos y profesionales, de contar con reglas académicas claras y estables, de ser escuchados y respetados, de participar en las decisiones, de contar con docentes, planes de estudio, programas y bibliografía actualizados, de participar en los proyectos de investigación y de extensión, y de acceder a las oportunidades de becas y pasantías, dentro de las posibilidades presupuestarias de la Facultad y de la Universidad.
Mientras que a  los Docentes “garantizar el derecho de enseñar, de ser respetados como ciudadanos y profesionales, de contar con reglas académicas claras y estables para desarrollar su carrera docente, de formarse en la docencia y en la investigación, de participar en encuentros científicos y académicos, de publicar trabajos, de estar informados, de dirigir y participar en proyectos de investigación y/o extensión, y de acceder a las oportunidades de subsidios y becas dentro de las posibilidades presupuestarias de la Facultad y de la Universidad”.
“Garantizar a los No docentes el derecho de trabajar y contar con reglas laborales claras y estables, de respetar su escalafón, de formarse y capacitarse, de acceder a puestos de trabajo y categorías de acuerdo a su idoneidad y experiencia, y de estar informados y actualizados”, expresan en relación a este claustro.
Y finalmente,  acompañar a los Graduados en el ejercicio de su profesión, “generando oportunidades para mantener actualizada la formación teórica y las competencias profesionales, brindarles información sobre oportunidades laborales, becas, subsidios y pasantías, promover su participación en la conducción de la Facultad y en los proyectos de extensión-investigación, como también recuperar sus saberes y experiencias para retroalimentar las aulas y los procesos de formación”.

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Estiman que la Universidad del Alto Uruguay comenzaría a funcionar en 2019

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El rector normalizador de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, Magno Ibañez continúa con las reuniones de trabajo para avanzar en la implementación de la casa de altos estudios. Explicó a Economis que la Universidad tendrá tres Departamentos (no Facultades), y se buscará crear una oferta académica innovadora para la región que comenzaría el cursado en el año 2019.

Ibañez reconoció que la salida de la primer Rectora Normalizadora, Marina Arjol generó demoras en la presentación de los proyectos de las curriculas y las carreras. Por lo que consideró muy difícil el comienzo del dictado para el año 2018, como estaba previsto. “La aprobación de las carreras de parte de la CONEAU es muy rigurosa y lleva tiempo” indicó.

Indicó que “es lento el proceso de aprobación de los proyectos”. Pero que es lo más importante para lograr abrir los cursados. Afirmó que lo importante es lograr presentar las carreras, con las curriculas, las cargas horarias y los cuerpos docentes.

Otro punto a destacar es la aprobación del Estatuto de la Universidad, en este se destacan varias cuestiones importantes, por ejemplo la Universidad del Alto Uruguay no estará integrada por facultades sino por tres departamentos, con el objeto de fortalecer y favorecer las áreas disciplinares:

1) Departamento de Ciencias Aplicadas: Ofrecería las carreras Licenciatura en Ciencias y Gestión ambiental, Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería en Energías renovables, Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones, e Ingeniería Agronómica (Cotítulo con la UNaM)

2) Departamento de Ciencias de la Salud: Contaría con las carreras Técnico en Instrumentación quirúrgica, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Veterinaria, Técnico anestesista y Enfermería (cotítulo con la UNaM)

3) Departamento de Ciencias Humanas y Sociales: Planea dictar las carreras de Técnico en Innovación y Emprendedurismo, Licenciatura en Cooperación internacional e integración regional, Licenciado en Gestión de Negocios y Profesorado en Portugués (cotítulo con la UNaM).

Otro de los ejes centrales de la alta casa de estudios es que será la primera universidad bilingüe en la Argentina. En ese contexto se espera que tanto docentes como alumnos puedan comunicarse en español y portugués promoviendo en ambos la identidad de frontera, fortaleciendo las competencias de una segunda lengua y coordinando de multiculturalidad de la región del Alto Uruguay.

Ibañez y Gortari firmando el convenio UNAU – UNaM

Sobre los convenios que se firman de colaboración con otras Universidades, planteó que “los convenios no nos quitan independencia”. Resaltó que además del acuerdo del viernes pasado con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), esta semana firmaron otro con la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

Aclaró que el estatuto de la UNAU establece que las carreras que se ofrecen no deben ser iguales a las existentes en la región y en especial a las dictadas por las casas de altos estudios en la provincia.

Tanto la creación del Estatuto como la edificación en un terreno de la UNAM generó cierto “escozor” entre propios y extraños en San Vicente ya que muchas de estas definiciones se tomaron lejos del actual equipo de trabajo y de su visión de la universidad. Se verá si esto en el tiempo resulta un problema o solo un inconveniente menor fácilmente superable.

Sobre el convenio del pasado viernes con la UNaM explicó que surge a partir de la necesidad de espacios propios para la construcción del edificio propio. Con esto se encuentran muy avanzadas las tratativas para la construcción de un “edificio de utilización conjunta” en la localidad de San Vicente.

El mismo -destinado a aulas y laboratorios- se emplazará en el terreno que fuera donado a la Universidad Nacional de Misiones por el Gobierno de la Provincia de Misiones. En tanto la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU) gestionará el financiamiento para el proyecto ejecutivo de la obra. Una vez cumplimentada esta etapa, ambas universidades trabajarán en la obtención del financiamiento total del edificio en cuestión.

El rector de la UNAU explicó que este solo es uno de los muchos edificios que tendrá la UNAU en San Vicente ya que se espera construir también un Campus Universitario en el mediano plazo.

Por otra parte, este martes 25, Magno Ibañez se reunió con las autoridades de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM).

En la reunión Ibañez y la secretaria general de UDPM, Stella Maris Leverberg analizaron las futuras presentaciones necesarias para que en 2019 la Universidad ya cuente con sus puertas abiertas.

Ibañez y Leverberg firmando el convenio UNAU – UDPM

“Estamos muy agradecidos por la presencia del rector organizador de la UNAU, el proceso de desarrollo para la implementación de la apertura de carreras de la UNAU está en marcha. Se ha consolidado el Estatuto, pero que siempre está sujeto a modificaciones según las demandas que vayan surgiendo”, explicó Leverberg.

“La sede está funcionando en San Vicente, se están convocando a los interesados a las carreras previstas para el 2019 para Veterinaria y Agronomía. Y se está trabajando en el proyecto institucional de cada carrera”, detalló.

También manifestó que “esta oferta tiene un valor incalculable para la zona de San Vicente y alrededores y también para toda la provincia ya que las carreras universitarias en las que se está trabajando son hasta ahora las únicas en Misiones, por eso nos parece fundamental colaborar y contribuir todo lo que podamos como sindicato para que se concrete lo antes posible”.

Magno Ibañez por su parte explicó que “con respecto al Estatuto de la Universidad que ya fue aprobado y actualmente están trabajando en el Proyecto Institucional para definir el plan de estudios que se adapte a la realidad de las necesidades académicas de los futuros alumnos”.

Por último, Ibañez también invitó a los representantes de la UDPM a conocer la Sede de la UNAU en San Vicente ubicada en la intersección de las calles Perón y Alem y aunar fuerzas para que este proyecto se concrete a la brevedad.

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El IPS y la UNaM presentaron un nuevo ciclo de la Universidad para el adulto mayor

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El presidente del IPS, Carlos Arce y el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari presentaron el nuevo ciclo de la Universidad del Adulto Mayor. Este año habrá cursos en Posadas, Oberá, Apóstoles, San Vicente, Leandro N Alem y Puerto Iguazú.

Se anunció en conferencia de prensa la implementación del convenio IPS-UNAM para Programa Universidad para Adultos Mayores del año lectivo 2017 que arrancan el 2 de mayo. El anuncio lo realizaron el presidente del IPS Dr Carlos Arce junto al Rector de la Unam Javier Gortari y la directora de Rama Pasiva Delia Pompeya Sandoval. Los cursos se dictarán en localidades del interior además de Posadas.

Con el objeto de promover la formación continua y el acceso de nuevos conocimientos y tecnologías el IPS, a partir de un convenio firmado con la Universidad Nacional de Misiones, ofrece a sus Afiliados Pasivos cursos y talleres totalmente gratuitos. El presidente del IPS, Carlos Arce destacó la continuidad del programa e indicó que apunta a “cuidar a nuestros adultos mayores”.

De esta manera, los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) podrán hacer cursos gratuitos con docentes de la Universidad Nacional de Misiones con el fin de generar un espacio de encuentro, inclusión y capacitación pensado para los Adultos Mayores afiliados del instituto.

Arce manifestó que el programa traduce un trabajo en equipo dado entre la Universidad Nacional de Misiones y la directora de la Rama Pasiva.

El funcionario sostuvo que el IPS no sólo es una cuestión de prestación médica, sino que ven al afiliado desde lo psicosocial. “Vemos al afiliado como un ente físico, psicosocial”, indicó.

Explicó que el programa implica que los docentes de la UNaM viajen por toda la provincia, aspecto que consideró muy loable ya que deben dejar de lado cuestiones personales y familiares para realizar este trabajo.

Por su parte, el rector de la UNaM, Javier Gortari, señaló que el programa es desarrollado con el IPS y el PAMI. Precisó que están con alrededor de 500 graduados por año en áreas de informática, fotografía, orquídeas, entre otras.

Marcó que es que es un impacto positivo y un estímulo fuerte que en esta etapa los jubilados puedan ponerse en contacto con la Universidad.

Los cursos previstos son los siguientes:

Posadas
Inglés, Portugués, Informática, Yoga y Salud, Juegos de Memoria y Fotografía.

Oberá
Fotografía, Computación, Cerámica, Pintura

Eldorado
Cultivo de Orquídeas, Plantas Aromáticas y Medicinales, Computación, Fotografía

Apóstoles
Informática, Fotografía, Cerámica, Pintura

San Vicente
Cultivo de Orquídeas, Plantas Aromáticas y Medicinales, Nuevas Tecnologías

Alem
Cerámica, Pintura

Iguazú
Fotografía

 

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