Javier Milei

Martínez advierte sobre el deterioro social: “La clase media se va debilitando”

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El obispo de Posadas, monseñor Juan Ramón Martínez, expresó una fuerte preocupación por la situación social y económica del país. Cuestionó que “el ajuste lo están haciendo las clases baja y media”, reclamó mayor diálogo institucional en debates sensibles como la baja de la edad de imputabilidad y planteó una pregunta directa al presidente Javier Milei sobre la dignidad humana.

¿Cómo analiza la Iglesia la situación social que se está viviendo?

—El pensamiento general para nosotros es de una gran preocupación por la situación social en la que está inmersa gran parte de la población argentina. La pobreza nos preocupa mucho porque hoy es una realidad extendida. Vemos gente en cierta marginalidad, pero también percibimos que la clase media se va deteriorando, porque la relación entre los sueldos y los gastos de la vida no es buena. Cada vez las cosas están más caras. Incluso nos sorprenden algunos datos del Indec sobre inflación.

Inclusive a la gente se le agrega el no poder pagar los servicios…

Es una preocupación muy genuina. No es un análisis abstracto ni distante, sino lo que vemos caminando los barrios. Tenemos parroquias, sacerdotes, religiosas y muchos laicos comprometidos en la realidad cotidiana. Lo que vemos es preocupante.

¿Ha aumentado la cantidad de gente que necesita ayuda social de la Iglesia?

Sí. Permanentemente tenemos situaciones complejas con personas muy necesitadas. Algunos comedores ya no tienen las respuestas del Estado que tenían antes y se sostienen gracias a la solidaridad. Hay gente que no llega a fin de mes, pero igual comparte alimentos con vecinos que están peor.

¿Tienen más consideración que los políticos?

Nosotros estamos en la calle, en los barrios, y no lo hacemos previo a una campaña electoral. Hace poco se incendiaron viviendas humildes en un barrio de Posadas y la intervención de la parroquia fue muy importante. No vimos presencia política.

¿El tema social está produciendo que adolescentes cada vez más chicos delinquen o se acerquen a las drogas?

Sí, tanto en la venta como en el consumo.

En provincias limítrofes se observa que jóvenes se van a Brasil a trabajar. ¿Cuál es su opinión?

Van temporalmente porque a veces un sueldo de un mes allá equivale a lo que aquí ganan en un año. Son problemas de Estado que deberían dialogarse entre todos.

Se debate la baja de la edad de imputabilidad. La Iglesia expresó su desacuerdo…

Lamentablemente asistimos a un país donde para tratar esta ley se dialoga con gobernadores, pero no con otros sectores. Nunca fuimos convocados para aportar nuestra mirada. Emitimos un documento el día de San Juan Bosco.

Tal vez hubiera sido interesante un diálogo con la Iglesia…

Sí, deberían haberse convocado representantes de las distintas iglesias.

Redes sociales y dignidad humana

España anunció restricciones al uso de redes sociales para menores. ¿Cómo ve este tema?

No tengo una posición totalmente definida, pero es cierto que la inteligencia artificial y las tecnologías vinieron para quedarse. Debe haber un discernimiento ético. El papa León XIV planteó cómo compatibilizar la inteligencia artificial con la dignidad humana. Allí entran nuestros niños y jóvenes.

“El presidente Milei”

Si pudiera hablar a solas con el presidente Javier Milei, ¿qué le diría?

Le preguntaría qué piensa sobre la infinita dignidad humana que tienen las personas. Le haría una pregunta concreta sobre su valoración de que toda persona es infinitamente digna.

¿Ve futuro para la Argentina?

Futuro siempre hay. Me preocupa que el ajuste no lo está haciendo la casta política sino el pueblo, las clases baja y media.

¿Coincide en que muchos políticos viven otra realidad social?

—Sí.

La democracia tiene deudas pendientes…

No podremos madurar nuestra democracia si la educación no está entre los principales problemas a resolver.

Sin educación y salud como prioridad, ¿el futuro es difícil?

Sin educación y sin salud como temas prioritarios el futuro es muy difícil. En Misiones, debo decirlo, la salud y la educación son prioridad. Pero estamos ligados a contextos nacionales. Tenemos crisis en la yerba, en el té, apertura de importaciones. Se habla de inversión y no viene capital. Se van industrias a Paraguay y nadie analiza suficientemente por qué.

Martínez citó la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II para sostener que el trabajo tiene prioridad sobre el capital. “El trabajo es el que produce el capital. Cuando se destruye el trabajo o se reemplaza por subsidios permanentes, tampoco se dignifica a la persona”, afirmó.

La “mea culpa” y el legado papal

¿Hay alguna mea culpa que deba hacer la Iglesia?

Sí. Tenemos defectos y debemos acercarnos más a la gente pobre. Hay una gran apertura en la Iglesia.

¿Qué dejó el papa Francisco?

Nos dejó muchísimo. Fue un hombre de Dios coherente con el Evangelio.

¿Qué expectativa tiene con León XIV?

Muchas. Creo que es continuidad de Francisco, con un estilo diferente.

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En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Dictamen exprés en el Senado y buscará aprobar la Reforma Laboral el próximo viernes

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La Libertad Avanza consiguió avanzar en forma exprés en el Senado hacia la aprobación de la Reforma Laboral luego de aceptar la eliminación del artículo 44 -vinculado a las licencias por enfermedad- durante su tratamiento previo en la Cámara de Diputados. Con ese gesto político, el oficialismo aseguró los respaldos necesarios para dictaminar y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Salón Azul del Senado pocos minutos después de las 10 de la mañana para analizar el texto corregido. El debate planteaba dos alternativas: aceptar las modificaciones introducidas por Diputados o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, el bloque oficialista confirmó que avanzaría con el texto reformado, apostando a la sanción definitiva en la sesión prevista para el viernes.

Objeciones por constitucionalidad y procedimiento

Desde la oposición, el tratamiento estuvo atravesado por cuestionamientos reglamentarios y advertencias sobre el impacto de la reforma. El senador Jorge Capitanich sostuvo que su bloque consideraba que existían “violaciones flagrantes” a disposiciones reglamentarias y al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, remarcó que el proyecto afectaría derechos laborales y tendría consecuencias fiscales para provincias y municipios, sin garantizar un efecto positivo en la generación de empleo.

En la misma línea, Mariano Recalde criticó el carácter integral de la iniciativa, al señalar que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, y cuestionó que se haya debatido como un paquete único sin discusión pormenorizada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó durante el plenario.

Otros legisladores opositores denunciaron que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y advirtieron que las reducciones impositivas incluidas en el esquema beneficiarían principalmente a sectores de mayores ingresos.

Cambios en comisiones y estrategia oficial

El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. Desde el PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la Unión Cívica Radical, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con estos movimientos, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para emitir dictamen.

El senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la rapidez del tratamiento y sostuvo que la reforma apunta a modernizar estructuras laborales que consideró “vetustas”. En el mismo sentido, el senador aliado Agustín Moteverde afirmó que el apuro responde a la necesidad de “volver a hacer próspera y grande la Argentina”.

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino advirtió que la celeridad podría derivar en futuras impugnaciones judiciales y cuestionó la eliminación del artículo 44, enmarcando el proceso en un contexto que definió como “lleno de irregularidades”.

Amenazas de judicialización y clima de tensión

Durante el debate, senadores de la oposición anticiparon que podrían recurrir a la Justicia por presuntos incumplimientos del reglamento. Juliana Di Tullio señaló que la citación a comisión no habría respetado los plazos establecidos y advirtió sobre eventuales vicios de inconstitucionalidad.

Carlos Linares cuestionó promesas incumplidas en sectores como el petrolero y llamó a la movilización ciudadana durante el tratamiento en el recinto. El clima se tensó aún más con cruces verbales entre legisladores oficialistas y opositores, reflejando la polarización que rodea a la iniciativa.

Al cierre del plenario, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del procedimiento y sostuvo que la reforma propone avanzar hacia relaciones laborales más flexibles. “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”, afirmó.

Con dictamen favorable y los votos encaminados, la sesión del próximo viernes será decisiva para definir el futuro de la Reforma Laboral, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

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Diputados aprobó la reforma laboral y ahora vuelve al Senado con cambios

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En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT y una fuerte movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación arrojó 135 votos positivos y 115 negativos, sin abstenciones, y fue celebrada con una ovación del oficialismo y sus aliados.

El texto, sin embargo, deberá retornar al Senado –cámara de origen– para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir el salario durante las licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ese cambio obliga a una nueva revisión en la Cámara alta, donde el oficialismo ya activó el calendario para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.

Una mayoría construida con aliados provinciales

El resultado fue posible gracias al respaldo de Pro, UCR, MID, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron diputados peronistas referenciados en Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes reproches desde Unión por la Patria, que los tildó de “traidores”.

Minutos antes de la votación se asomaron a los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un gesto político que subrayó la relevancia estratégica del proyecto para la Casa Rosada.

El kirchnerismo intentó, sobre el cierre del debate, hacer caer la sesión aprovechando la momentánea ausencia de legisladores oficialistas, pero la maniobra no prosperó. Superado el escollo de la votación en general, el oficialismo avanzó luego en la aprobación en particular de uno de los capítulos más sensibles: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

Qué cambia: indemnizaciones, jornada y negociación colectiva

El proyecto –de más de 200 artículos– introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir adicionales como aguinaldo y premios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo de capitalización con aportes patronales –que hoy van a la Anses– para financiar indemnizaciones. Sus críticos advierten que podría desfinanciar el sistema previsional y convertirse en una herramienta de fondeo estatal.
  • Banco de horas: permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de pagar horas extra.
  • Jornada laboral: habilita ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
  • Vacaciones: podrán fraccionarse y tomarse dentro de una ventana ampliada.
  • Negociación colectiva: prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales nacionales.
  • Derecho de huelga: establece limitaciones y redefine servicios esenciales.
  • Justicia laboral: dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña.
  • Derogación de estatutos profesionales: capítulo que también genera resistencias y podría sufrir modificaciones.

Un debate áspero y advertencias de judicialización

La oposición más dura –Unión por la Patria, la izquierda y parte de Provincias Unidas– calificó la reforma de “regresiva” e “inconstitucional” y anticipó que, de convertirse en ley, será judicializada.

Máximo Kirchner sostuvo que la norma “va a fracasar” y advirtió que el Gobierno no podrá alegar falta de herramientas legislativas. Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”, mientras que Vanesa Siley habló de una “transferencia fenomenal de riqueza” hacia los empleadores.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro recordó que desde el inicio de la gestión se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 empresas cerraron, y cuestionó que la ley “facilita la salida de trabajadores más que su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante Lisandro Almirón (LLA) sostuvo que “primero tiene que haber trabajo para que la legislación laboral tenga sentido” y que el actual marco normativo “expulsa a las personas de la formalidad”. Desde la UCR, Lisandro Nieri replicó que quienes hoy critican la reforma no impulsaron cambios cuando tuvieron mayoría parlamentaria.

Carrera contra el reloj

El oficialismo activó una estrategia acelerada en el Senado. La jefa del bloque libertario convocó a un plenario de comisiones para dictaminar el texto modificado y llevarlo al recinto el próximo viernes 27. Solo entonces la reforma quedará definitivamente sancionada.

Para el Gobierno, se trata de una pieza clave de su programa de desregulación económica y modernización del mercado laboral, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Para la oposición sindical y política, en cambio, la norma implica una flexibilización estructural que tensionará el sistema judicial y el equilibrio institucional.

La pulseada ahora se traslada a la Cámara alta. Y, eventualmente, a los tribunales.

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La nueva edad de imputabilidad: en Misiones solo 1,5% de los delitos involucran a menores de edad

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La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a la reforma del Régimen Penal Juvenil, el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica estructuralmente el sistema vigente desde 1980. La iniciativa fue aprobada con 149 votos afirmativos y 100 negativos y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El debate se da en un contexto en el que los datos muestran que la participación juvenil en el delito representa una proporción baja del total. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad.

A nivel nacional, las cifras van en la misma línea: los delitos cometidos por menores representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados.

Radiografía nacional del delito juvenil

Los datos más recientes permiten trazar un perfil claro del fenómeno:

  • En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.
  • El 81,4% de los ilícitos corresponde a delitos contra la propiedad (robos y hurtos).
  • El 88,6% de los menores involucrados son varones.
  • El 55,2% tiene entre 16 y 17 años.
  • El 71,5% no tenía causas previas.
  • La mayor concentración de casos se registra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las cifras indican que la mayoría de los adolescentes involucrados no son reincidentes y que los delitos violentos graves representan una fracción minoritaria dentro del universo juvenil.

La reforma deroga las leyes 22.278 y 22.803 y reemplaza el modelo tutelar por un proceso penal formal, con investigación fiscal, derecho a defensa desde el inicio y sentencia fundada. Establece la punibilidad desde los 14 años, eleva el umbral de prisión efectiva para jóvenes de 16 y 17 años y reserva la privación de libertad para delitos graves como homicidios, robos violentos o abusos sexuales. También amplía el catálogo de penas alternativas, como servicios comunitarios y monitoreo electrónico, fija un máximo de 15 años de prisión y prohíbe la prisión perpetua para menores de 18 años.

El proyecto prevé una asignación presupuestaria estimada en 23.739 millones de pesos para su implementación, con más de 20.000 millones destinados a la Defensoría General de la Nación para fortalecer la defensa pública especializada. Ese monto fue cuestionado por el bloque misionerista en el Congreso, ya que advierten que no alcanzará para construir centros de contención, contratar a profesionales y brindar atención diaria, carga que podría recaer en las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público.

Mientras el oficialismo sostiene que el régimen actual quedó desactualizado frente a nuevas modalidades delictivas, las cifras muestran que el fenómeno juvenil representa una fracción acotada del total de delitos y que la mayoría de los casos corresponde a ilícitos patrimoniales.

La discusión ahora se traslada al Senado, donde el debate combinará seguridad pública, política criminal y derechos humanos en torno a una reforma que modifica de manera estructural el sistema penal juvenil argentino.

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