El Gobierno nacional modificó el esquema financiero de la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y estableció que el dinero obtenido por la venta del material rodante tendrá un destino específico: financiar y pagar las obras que deberán ejecutar los futuros concesionarios ferroviarios.
La modificación fue establecida mediante el Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que reemplaza disposiciones del Decreto 282/2026 y redefine el mecanismo mediante el cual se administrarán los recursos generados durante el proceso de privatización.
La nueva arquitectura financiera busca que el producido tanto del remate público del material rodante como de la venta de material que sea incluido en los futuros contratos de concesión de vías sea asignado a un fideicomiso que determinará el Ministerio de Economía. El destino será único: financiar y pagar las obras a cargo de los concesionarios.
El cambio tiene una consecuencia central sobre el proceso de privatización. Los activos ferroviarios que sean vendidos dejarán de constituir solamente una fuente de recursos para el Estado y pasarán a estar vinculados directamente con el financiamiento de las obligaciones de infraestructura que asumirán los operadores privados.
El Gobierno justificó la modificación por la necesidad de dotar al mecanismo de mayor eficiencia y velocidad. Según los fundamentos del decreto, el esquema anterior se apoyaba en un fideicomiso de objeto múltiple, que administra distintas fuentes de financiamiento y atiende a una pluralidad de destinos y beneficiarios.
La nueva estructura apunta, en cambio, a establecer un vehículo financiero con una finalidad exclusiva. La expectativa oficial es que esa especialización permita acelerar los desembolsos y evitar que los procedimientos propios de un fideicomiso con múltiples objetivos terminen demorando el cumplimiento de las obras previstas en los contratos de concesión.
En términos de política pública, el Gobierno busca cerrar un circuito entre la disposición de activos ferroviarios y la recuperación de la infraestructura. El material rodante que se venda generará recursos que deberán quedar afectados al mejoramiento del sistema ferroviario de cargas a través de las obras obligatorias que asumirán los concesionarios.
La decisión se inscribe en el proceso de privatización de Belgrano Cargas autorizado por la Ley de Bases y reglamentado por el Decreto 67/2025. Ese esquema prevé una desintegración vertical de la empresa y la separación de sus unidades de negocio, con un mecanismo diferente para cada componente: remate público para el material rodante y contratos de concesión de obra pública para las vías, sus inmuebles aledaños y el uso de los talleres ferroviarios.
El nuevo decreto no modifica ese diseño general, sino el modo en que se canalizarán los recursos generados por la venta del material ferroviario. El Ministerio de Economía será el encargado de determinar el fideicomiso correspondiente, suscribir el contrato y establecer las normas operativas y complementarias necesarias para ponerlo en funcionamiento.
La norma también establece una referencia concreta para la valuación del material rodante que sea incorporado a los contratos de concesión. El precio de venta deberá tomar como valor mínimo de referencia la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en el marco del proceso de privatización de Belgrano Cargas.
Este punto introduce un resguardo relevante sobre la valoración de los activos: el precio mínimo no quedará librado exclusivamente a una negociación contractual, sino que deberá considerar una tasación oficial del Estado como referencia.
El cambio también alcanza al material rodante que sea vendido directamente mediante remate público. En ambos casos, tanto si los activos se venden mediante remate como si forman parte de los contratos de concesión de vías, el producido deberá dirigirse al fideicomiso específico y quedar afectado al financiamiento de las obras.
El Gobierno sostiene que esta ingeniería permitirá favorecer la ejecución de las inversiones obligatorias previstas en las futuras concesiones. La lógica es que los recursos obtenidos por la disposición de activos ferroviarios contribuyan a generar las condiciones financieras necesarias para recuperar y mejorar la infraestructura que utilizarán los nuevos operadores.
El desafío será transformar esa afectación financiera en obras concretas y verificables. La eficiencia del esquema dependerá no sólo de la velocidad con la que se constituya el fideicomiso y se liberen los fondos, sino también de la calidad de los contratos de concesión, de las obligaciones de inversión y de los mecanismos de control sobre su cumplimiento.
La modificación se produce en una privatización que tiene una importancia estratégica para el sistema logístico argentino. El transporte ferroviario de cargas constituye una pieza relevante para reducir costos de traslado en largas distancias y mejorar la competitividad de las economías regionales y de las cadenas productivas que dependen de la conexión entre zonas de producción, centros industriales y puertos.
En ese sentido, el cambio introducido por el Decreto 718/2026 propone una relación más directa entre la venta de activos y la recuperación de infraestructura: el Estado dispone del material rodante bajo el esquema de privatización, pero los recursos generados quedan afectados a las obras que deberán mejorar el sistema concesionado.
El nuevo mecanismo entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ahora, el Ministerio de Economía deberá definir el fideicomiso y avanzar con la instrumentación necesaria para que los fondos provenientes de las ventas tengan el destino exclusivo establecido por el Gobierno.
“Otra victoria como esta y estamos perdidos”. La frase fue pronunciada por el rey Pirro de Epiro en el año 279 a. C tras vencer a los romanos en la batalla de Ásculo, debido a la enorme cantidad de soldados propios que perdió en el combate.
La cita nunca perdió vigencia y sirve para describir el estado de situación tras la aprobación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei para seducir a potenciales inversores.
La ley diseñada por Federico Sturzenegger obtuvo la media sanción en el Senado, pero reducida a una mera hojarasca, como “El Coloso” gusta llamar a las normas que no son de su agrado.
El diario de sesiones dirá que la ley fue aprobada por 37 votos contra 33 rechazos, pero el resultado, en verdad, fue desastroso para el Gobierno. Perdió en todos los niveles posibles, en el ámbito legislativo, pero peor aún, en la pulseada política, en la calle y hasta en las redes sociales, su elemento favorito. Hasta Tini Stoessel, usualmente inexpresiva en cuestiones políticas, usó sus redes para manifestarse en contra. Lo mismo hizo Lisandro Martínez, el defensor de la Scalonetta. Faltó Messi. Pero sí se anotó Antonela Roccuzzo, quien le dio like a una publicación que rechazaba el proyecto oficial.
Quedó flotando la sensación de que se despertó una bestia dormida. La política también se desperezó, aunque es pretensioso que algún dirigente se adjudique poderes de convencimiento como el que le quieren atribuir a Sergio Tomás Massa. Los gobernadores fueron clave para frenar la ley, incluso los que la Casa Rosada consideraba aliados constantes.
El misionero Hugo Passalacqua se puso, literalmente, la gorra: “Lo que amamos no se vende”, se podía leer en la visera que usó en la Fiesta del Azúcar Rubio, en Mojón Grande. Horas antes de la sesión, remarcó en un video: “Nuestra posición es clara, no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”.
Passalacqua rompió con el alineamiento automático y los senadores misioneristas fueron los que activaron la reacción en cadena. Habían recibido el pedido del Gobernador de votar en contra de la ley. Sonia Rojas Decut ya había anticipado su oposición al capítulo tercero, de la extranjerización de la tierra. Carlos Arce emitió un comunicado horas antes de la sesión. Tras ese posicionamiento, senadores de otras provincias comenzaron a anticipar su rechazo, lo que obligó a Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, a dar de baja el capítulo entero para salvar la ley.
La perenne, apenas unas horas antes se había jactado de ganar por un voto. En la sesión quedó en evidencia que contó mal los porotos y la ley estuvo a punto de fracasar. También hubo que quitar del paquete la reforma a la ley del Manejo del Fuego, que el Gobierno quería desesperadamente derrumbar. La norma actual impide -por 30 años para zonas agropecuarias, pastizales o matorrales o 60 para áreas sensibles- modificar el uso del suelo después de un incendio, para evitar que la especulación inmobiliaria devore humedales, montes o estepas patagónicas. La resistencia en las calles y de diversos actores ambientalistas forzó el rechazo de los senadores. No ayudó demasiado al Gobierno la revelación de que el senador libertario Joaquín Benegas Lynch maneja una empresa dedicada a vender propiedades a extranjeros.
¿Por qué eran importantes ambos capítulos para Misiones? La flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros tendría un enorme impacto en un territorio tan pequeño. Hoy Misiones ya tiene el 11 por ciento de la tierra en manos extranjeras, pero hay varios departamentos por encima del límite, con Iguazú al tope con casi 39 por ciento. Habilitar la extranjerización del acceso a recursos naturales como el agua, atenta contra la identidad misionera, lo mismo que implica un riesgo para la biodiversidad custodiada. Los libertarios, como antes el macrismo, promocionan el plan Maizar para extender la frontera agraria y la crisis de la yerba mate volvió a colocar en la vulnerabilidad a miles de pequeños productores. Razones que explican la resistencia política ejercida por Passalacqua y diversos espacios políticos, incluido un colectivo de ex legisladores de diversas corrientes, que firmó un comunicado conjunto.
Caídos los capítulos de Tierra y Fuego, el Gobierno se quedó apenas con la normativa referida al encarecimiento de las expropiaciones y los desalojos exprés, pero ésta última norma regirá únicamente para Capital Federal si no se adhieren las provincias. Muy poco para semejante traspié. Más de cuatro meses de desgaste, cuatro sesiones fallidas y 17 borradores.
En el Gobierno nadie quiere asumir los costos. Bullrich acusa a Sturzenegger de ser demasiado pretencioso con los planes de reforma y El Coloso tambalea, lo mismo que las garantías de aprobación de la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el Súper RIGI y el régimen de Zona Fría. Se dice que se frenará una segunda oleada de desregulación por el temor libertario a poner en riesgo el plan reelección, para la que Milei dice ya tener elegido al candidato a vice. La actual, Victoria Villarruel, es protagonista de la guerra fría con el Presidente y podría ser candidata presidencial, según adelantó Miguel Ángel Pichetto.
Pero el plan de reelección enfrenta hoy mismo otros riesgos: el agotamiento de la sociedad, una inflación que no se deja domar -marcó 2,9 por ciento en Capital Federal y encendió todas las alarmas- y una pobreza que volvió a subir al 30% en el primer trimestre según la Universidad Católica Argentina.
Todas las encuestas empiezan a contar la misma historia. Cambian las consultoras, las preguntas y los porcentajes, pero el clima se repite. Domina el pesimismo económico y la bronca y la tristeza superan largamente a la esperanza. Milei todavía conserva un núcleo duro considerable, pero el problema está fuera de ese perímetro. Cuando más de la mitad de la sociedad dice estar peor, seis de cada diez quieren un cambio de Gobierno y el rechazo presidencial empieza a convertirse en un techo electoral, la discusión deja de ser sobre comunicación, relato o “batalla cultural”.
Ahí aparece la paradoja que puede definir 2027. Milei llegó al poder porque consiguió convertir el hartazgo en esperanza; ahora corre el riesgo de que ese mismo hartazgo encuentre otro vehículo político. Ya no puede responsabilizar indefinidamente a “la casta”, al kirchnerismo o a la herencia recibida porque, después de años en la Casa Rosada, la realidad empieza a ser suya. Y mientras el oficialismo se enfrenta a ese desgaste, el peronismo descubre que ni siquiera necesita enamorar todavía: le alcanza, por ahora, con que crezca el desencanto.
Hay un dato adicional que empieza a modificar el tablero y que hasta hace pocos meses parecía improbable: Axel Kicillof aparece por primera vez arriba en varias mediciones -Zuban & Córdoba lo registra por primera vez- y se consolida como el dirigente opositor con mayor capacidad de disputar el centro de la escena, a pesar de las zancadillas constantes de Máximo Kirchner y La Cámpora. Zuban Córdoba muestra al peronismo con 31,3% de intención de voto contra 28% de La Libertad Avanza. En paralelo, el Presidente acumula 61,3% de imagen negativa, su Gobierno llega al 65,3% de desaprobación y el 61,9% dice que votaría por un cambio del Gobierno actual.
Por primera vez desde la llegada de Milei al poder, el descontento empieza a encontrar enfrente una referencia política competitiva.
Y quizás allí esté el dato más incómodo para el oficialismo. Milei conserva un piso electoral duro, pero también construyó un techo de rechazo cada vez más difícil de perforar: Zentrix mide 58,5% de imagen negativa y apenas 30,9% positiva, mientras otras encuestas colocan a Kicillof por encima del Presidente.
Hay otro indicador que completa el cuadro y acaso sea más significativo porque mide algo más profundo que la popularidad de un dirigente: la confianza en el Gobierno. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en apenas 1,94 puntos sobre cinco. Además, el nivel de confianza en el mes 31 de Milei resulta 3,9% inferior al que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su presidencia. La señal se vuelve difícil de relativizar. Ya no es una encuesta adversa ni una mala semana: son distintos termómetros marcando la misma fiebre. El Gobierno conserva poder, iniciativa y un núcleo electoral fiel, pero está perdiendo el activo que hizo posible la experiencia libertaria: la expectativa de que el sacrificio de hoy necesariamente desembocaría en un mañana mejor.
La batalla de los elementos también dejó claro que el Gobierno nacional depende más de los gobernadores que éstos del Presidente.
En Misiones el Gobernador puso fin al alineamiento automático que caracterizó los tiempos de la Renovación en relación con el Gobierno nacional.
Con la implosión de ese espacio, Passalacqua asumió un nuevo liderazgo que prioriza el interés misionero. El nuevo concepto concitó una enorme adhesión, incluso de extrapartidarios, entre ellos varios dirigentes radicales que podrían sumarse en las próximas horas. De todos modos, el tiempo de (re) organización se termina. El próximo lunes, el 17 de agosto, marcará el inicio de una nueva fase que tendrá definiciones y acciones que identificarán el nuevo tiempo. Habrá que estar atentos a las palabras y a la foto.
El Movimiento por lo que viene tendrá un debut legislativo bastante más contundente de lo que sugerían los cálculos iniciales. El nuevo bloque arrancará con 17 diputados provinciales, bajo la presidencia de Juan José Szychowski, cuando el objetivo original era reunir al menos ocho bancas que funcionaran como respaldo político de la gestión provincial. El número final duplica aquella expectativa y convierte al espacio en la primera minoría dentro de la nueva configuración de la Legislatura misionera. Además, la nómina incorpora figuras de procedencias políticas diversas, una señal de que el armado pretende trascender las fronteras partidarias tradicionales.
El bloque estará integrado por Juan Alberto Ahumada, Alejandro Fabián Arnhold -ex presidente del bloque renovador-, Aryhatne Nicold Bahr, Roberto Hugo Benítez, Rudi Samuel Bundziak, Sara Carolina Butvilofki, Anazul Centeno, Rita Marina Flores, Waldovino Enio Lemes, María del Carmen Méndez Ason, Blanca Raquel Núñez, José Luis Pastori, Juan Manuel Rodríguez, Roque Soboczinski, Arabela Azul María Soler, Juan José Szychowski y Alicia Beatriz Zalesak.
El bloque Encuentro Misionero quedará bajo la conducción de Carlos Rovira, con tres legisladores, incluido el presidente de la Legislatura, Sebastián Macías.
Pero la onda expansiva generada por la irrupción del Movimiento, amenaza con extenderse. En el Concejo Deliberante de Posadas, el nombre Encuentro Misionero va camino a diluirse. El intendente Leonardo Stelatto tendrá bloque propio en una alternativa intermedia, el ex presidente del Cuerpo, Jair Dib tiene espacio unipersonal y quedan tres concejales que evalúan su futuro. En Oberá el ex bloque renovador migró masivamente. En el Senado, Sonia Rojas Decut armó un bloque unipersonal denominado Movimiento por Misiones. En Diputados podrían imitarla.
El debut del nuevo bloque, que será presidido por Juan José Szychowski, será con el análisis del Presupuesto provincial diseñado por Passalacqua. Tomará estado parlamentario el próximo jueves y como dato saliente, a diferencia de las políticas nacionales, blinda la inversión social, a la que se destina el 63 por ciento de los recursos. La preocupación de Passalacqua es compartida por la Iglesia: el viernes, en la misa central en homenaje a San Cayetano, el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez no usó eufemismos: “Queremos subrayar que nos genera mucha preocupación que aquellos que tienen responsabilidades de todo tipo en la sociedad, por ahí no entiendan la importancia que tiene el trabajo para el pueblo, para la gente, para los ciudadanos”, planteó.
“Cuando se piensa en una Argentina mejor por ahí se piensa en una especie de macroeconomía o de proyectos económicos”, señaló. Y cerró: “Proyectos económicos donde cierran los números, pero donde la gente no está. No nos sirve cuando la gente no está”.
“¿Quién paga la cuenta?”. La pregunta que da nombre al conversatorio que la economista Delfina Rossi protagonizó este viernes en Posadas funciona también como síntesis de su lectura sobre la economía argentina. En diálogo con Economis antes de su exposición, sostuvo que el actual programa económico no constituye una experiencia aislada, sino la continuidad de un ciclo que, a su entender, combina endeudamiento externo, dólar apreciado, fuga de capitales y una transferencia regresiva del ingreso.
La economista, que llegó a Misiones para participar del encuentro “¿Quién paga la cuenta? El lado B del experimento económico argentino”, organizado con auspicio del PJ Misiones, ubicó el punto de partida de su análisis en el programa de endeudamiento iniciado durante la gestión de Mauricio Macri y su posterior continuidad durante el gobierno de Javier Milei. Su tesis central es que el endeudamiento no estaría funcionando como una herramienta destinada a financiar un proceso de inversión y transformación productiva, sino como un mecanismo que permite sostener determinadas condiciones financieras y cambiarias mientras una parte de los capitales se dirige nuevamente al exterior.
“Seguimos en el mismo programa que inició Mauricio Macri en 2018, con el Fondo Monetario y el experimento de Mauricio Macri, con la continuidad de Javier Milei”, planteó Rossi. En su interpretación, el esquema se sostiene sobre un “dólar relativamente barato” y el endeudamiento externo como ancla de las expectativas de inflación, una combinación que termina generando efectos diferentes según el lugar que cada actor ocupa en la economía.
Para la economista, el punto crítico no es únicamente cuánto se endeuda el Estado, sino qué ocurre con los dólares que ingresan y qué destino tienen. Rossi estimó que, desde el comienzo de la administración de Milei, el nuevo endeudamiento externo —incluyendo fondos del FMI, obligaciones negociables emitidas por empresas, deuda provincial y otros organismos internacionales— se aproxima a los US$40.000 millones y sostuvo que ese monto tendría una magnitud comparable con la formación de activos externos durante el período.
“Dólar que entra, dólar que se fuga”, sintetizó. Desde su perspectiva, ese circuito configura una dinámica en la que “la deuda le queda a todos los argentinos y argentinas, mientras que unos pocos disfrutan de llevárselo afuera”.
El planteo adquiere una dimensión particular en Misiones, donde las diferencias cambiarias con Paraguay y Brasil permiten observar de manera cotidiana los efectos de un tipo de cambio que Rossi considera apreciado. El fenómeno aparece en el comercio fronterizo, en la capacidad de compra de los consumidores y en la competencia que enfrentan las actividades económicas locales.
La economista cuestionó, en ese sentido, que la estabilidad nominal pueda ser considerada suficiente para evaluar el éxito de un programa económico. Para Rossi, el desafío consiste en determinar qué estructura productiva y distributiva queda detrás de esa estabilidad y quién absorbe los costos del proceso de ajuste.
“No hay un endeudamiento virtuoso para el desarrollo”, sostuvo, al cuestionar la idea de que la toma de deuda pueda justificarse únicamente por su capacidad para reducir el riesgo país y facilitar posteriormente un mayor acceso al financiamiento.
El Peronismo debería “pedir disculpas” por la inflación
Rossi reconoció que la inflación representa uno de los principales problemas económicos y sociales que enfrenta cualquier gobierno. Incluso planteó que el peronismo debería “pedir disculpas” por los niveles de inflación registrados durante la última gestión de esa fuerza política con Alberto Fernández como presidente. Pero inmediatamente buscó trasladar la discusión hacia sus causas y hacia el diseño institucional que, a su criterio, debería permitir recuperar capacidad de decisión económica.
“La inflación es muy nociva para toda la economía, para cualquiera que quiera planificar, pero sobre todo para aquel que trabaja y no sabe cuántas horas hay que trabajar hoy para ver si mañana puede comprar un litro de leche”, afirmó.
Su propuesta pasa por recuperar una moneda nacional capaz de funcionar como instrumento de política económica. En esa línea, cuestionó los cambios que el Gobierno impulsa sobre el Banco Central y advirtió que una economía sin moneda propia pierde capacidad para administrar los ciclos de expansión y contracción.
“Necesitamos recuperar una moneda”, sostuvo Rossi, y vinculó esa recuperación con un proceso previo de desendeudamiento. “No es serio pensar que vamos a poder generar una estabilidad macro con estos niveles de endeudamiento y fuga”, afirmó.
El planteo supone una discusión de fondo sobre la política monetaria: no se trata únicamente de controlar la cantidad de dinero, sino de preservar los instrumentos mediante los cuales el Estado puede actuar sobre la demanda, el crédito y la actividad cuando el ciclo económico lo requiere.
Rossi también cuestionó el funcionamiento actual del régimen cambiario, al que definió como un “Frankenstein” en el que conviven restricciones, mecanismos de acceso al mercado de cambios y diferentes grados de intervención sobre los flujos financieros. A su entender, esa arquitectura revela que el esquema todavía no constituye un sistema plenamente consistente y genera diferencias entre las propias empresas a la hora de invertir y acceder a divisas por la exportación de bienes o servicios.
El espejo de Paraguay y la advertencia sobre Misiones
La referencia a Paraguay apareció como uno de los puntos más vinculados con la realidad misionera. Rossi utilizó al país vecino como ejemplo de una economía que puede exhibir estabilidad macroeconómica bajo determinadas condiciones, pero cuya estructura distributiva considera incompatible con el modelo de movilidad social que históricamente reivindica el peronismo.
“Acá en Misiones tenemos el espejo”, planteó durante la entrevista, en referencia a la experiencia paraguaya y a las asimetrías que se observan en la frontera.
La discusión, según su interpretación, no debería reducirse a inflación versus estabilidad. El interrogante central es qué tipo de sociedad se construye detrás de cada configuración macroeconómica. Rossi cuestionó los modelos que, según su mirada, pueden garantizar previsibilidad para los sectores de mayor poder económico mientras restringen las posibilidades de movilidad social para amplios segmentos de la población.
Su crítica se extendió a la idea de que el sacrificio presente necesariamente garantiza bienestar futuro. “Tenés que sacrificarte ahora pero nunca más vas a tener inflación”, resumió, al describir el relato que, según su interpretación, acompaña a determinadas políticas de estabilización.
Frente a eso, planteó una alternativa basada en una macroeconomía equilibrada a partir de la producción y el trabajo. “Nuestro modelo es aquel que reconoce las debilidades macroeconómicas que tenemos, pero que necesita equilibrar la macroeconomía a partir de la producción y el trabajo”, sostuvo.
El Banco Nación como pieza de una estrategia productiva
La conversación también pasó por su experiencia en el Banco Nación y por el rol que, según Rossi, deberían asumir las entidades financieras públicas. En lugar de limitarse a criterios estrictamente financieros, propuso que sus directorios incorporen una mirada representativa de la diversidad productiva del país.
“El directorio tiene que tener los intereses de la economía nacional y su diversidad federal”, señaló. En esa concepción, el sistema financiero público debería contemplar las necesidades del sector agropecuario, las empresas petroleras, las pymes y las familias.
Rossi reivindicó además mecanismos de participación de los trabajadores en las instituciones financieras públicas y planteó la necesidad de reconstruir un esquema de diálogo social que permita compatibilizar esfuerzo, inversión y distribución.
Su crítica apuntó también contra la idea de meritocracia como principio ordenador de la política económica. Frente a ello, propuso recuperar una mirada centrada en “lo humano, la producción y el trabajo”.
“La preocupación no es quiénes son ellos, sino por qué el pueblo argentino se vio reflejado en ese relato”
La dimensión política apareció inevitablemente en el diálogo. Consultada por dirigentes que anteriormente la habían cuestionado y que hoy forman parte del oficialismo o se encuentran vinculados a su estructura, Rossi evitó concentrar su crítica en las trayectorias individuales.
“Mi preocupación no es quiénes son ellos, sino por qué el pueblo argentino se vio reflejado en ese relato y no se siente contenido por nosotros”, afirmó.
La frase contiene uno de los diagnósticos políticos centrales de su exposición: para Rossi, el problema del peronismo no se resuelve únicamente con la identificación de adversarios, sino con una revisión de sus propios errores y con la construcción de una propuesta capaz de volver a interpelar a una sociedad que cambió sus prioridades.
En ese sentido, planteó que el movimiento nacional debe reconstruir una alternativa política a partir de una discusión sobre el modelo de país y no únicamente sobre candidaturas. “Tenemos que reforzar lo que han sido nuestros errores y la propuesta alternativa que tenemos”, sostuvo.
La economista también vinculó esa reconstrucción con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se revise el fallo en la causa Vialidad, una posición que forma parte de su lectura política sobre el actual escenario argentino.
Más allá de la controversia partidaria, su argumento vuelve a colocar la cuestión distributiva en el centro: para Rossi, la discusión sobre deuda, moneda, Banco Central, tipo de cambio y política productiva termina desembocando en una pregunta esencialmente política: quién captura los beneficios de la estabilidad y quién absorbe sus costos.
Ese es, en definitiva, el sentido de la pregunta que llevó a Posadas: quién paga la cuenta de un programa económico no se define solamente en el resultado fiscal o en el balance del Banco Central. Se define también en los salarios, el crédito, el empleo, el precio de los alimentos, la actividad productiva, la capacidad de consumo y las oportunidades de movilidad social. Y es allí donde Rossi ubica el verdadero “lado B” del experimento económico argentino.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la puerta a un programa estatal de rescate para los clientes bancarios que atraviesan situaciones de mora. Su presidente, Santiago Bausili, ratificó que el Gobierno no utilizará recursos públicos, emisión monetaria ni subsidios de tasas para absorber los incumplimientos y sostuvo que la salida deberá construirse mediante acuerdos entre las entidades financieras y sus clientes.
La definición se produjo este jueves durante una conferencia de prensa realizada en la sede del BCRA, en la que Bausili presentó el Informe de Política Monetaria correspondiente al segundo trimestre del año. Su postura se alineó con las declaraciones previas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes también habían descartado una asistencia oficial frente al incremento de la morosidad.
“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones. Seguimos viendo esto como una conversación entre privados”, sostuvo Bausili.
La definición implica que el Estado no asumirá el costo de las deudas impagas ni creará un mecanismo general para trasladarlo al conjunto de los contribuyentes. En cambio, las condiciones de refinanciación quedarán sujetas a la negociación entre cada banco y sus clientes, en un escenario en el que el sistema financiero ya comenzó a extender plazos y reducir tasas para determinados casos.
Bausili justificó esa decisión a partir de la experiencia histórica de la intervención estatal en contratos entre particulares. “En la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”, señaló.
El titular del Central agregó que las propias entidades financieras prefieren mantener el proceso fuera de una intervención directa del Estado. “Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos”, afirmó.
Desde la perspectiva oficial, además, el nivel actual de incumplimiento no constituye una señal de alarma sistémica. Bausili sostuvo que el ratio de morosidad “está en niveles normales” y “no preocupa”. También planteó que la dinámica de las deudas debe analizarse en períodos más extensos, debido a que los procesos de refinanciación no se resuelven de manera inmediata.
“Es un proceso dinámico en el que las deudas se refinancian a lo largo del tiempo, eso lleva meses”, explicó el presidente del BCRA.
El diagnóstico oficial coloca el problema de la mora en una zona intermedia: no representa, según el Gobierno, un riesgo que justifique un salvataje estatal, pero sí requiere que bancos y clientes encuentren mecanismos para reestructurar obligaciones que dejaron de ser sostenibles bajo las condiciones originales.
En esa línea, el Ministerio de Economía sostiene que las entidades financieras están refinanciando compromisos a tasas más bajas y plazos más extensos. La expectativa oficial es que esa dinámica permita reducir gradualmente el nivel de morosidad sin recurrir a recursos fiscales ni a mecanismos de expansión monetaria.
La postura representa un cambio relevante respecto de los esquemas de asistencia que trasladan al Estado parte del costo de los incumplimientos privados. El criterio elegido por la administración de Javier Milei es preservar la responsabilidad contractual entre las partes y evitar que el Tesoro o el Banco Central absorban pérdidas originadas en créditos otorgados por entidades financieras.
La discusión sobre la mora se produjo, además, en paralelo con un mensaje optimista del BCRA sobre la evolución de la actividad económica. Durante la presentación del informe monetario, Bausili anticipó que la inflación continuará desacelerándose y sostuvo que la expansión económica continuará durante los próximos meses.
Junto con el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, afirmó que el crecimiento comenzará a extenderse hacia distintos sectores de la economía y destacó la recuperación del consumo luego del denominado “shock monetario de 2025”.
La apuesta oficial es que una economía con menor inflación y mejores condiciones de crédito contribuya a recomponer la capacidad de pago de hogares y empresas. En ese escenario, la reducción de tasas y la extensión de plazos aparecen como herramientas privadas para contener la mora sin necesidad de una intervención estatal.
Para los deudores, sin embargo, el esquema implica que no habrá una solución general financiada por el Estado. La alternativa dependerá de la capacidad de cada persona o empresa para negociar con su entidad financiera condiciones compatibles con sus ingresos y compromisos, mientras los bancos deberán administrar el equilibrio entre recuperar créditos y evitar que una reestructuración termine profundizando los incumplimientos.
El Gobierno, en tanto, busca que la normalización se produzca dentro del propio sistema financiero. Bausili dejó así definida la hoja de ruta: sin emisión para cubrir morosidad, sin fondos fiduciarios y sin subsidios de tasas, pero con refinanciaciones privadas como mecanismo para absorber gradualmente el problema.
La decisión representa un cambio de estrategia del Ejecutivo. Apenas una semana después de impulsar una desregulación orientada a flexibilizar el acceso al mercado del practicaje, el Gobierno optó por restablecer transitoriamente el régimen anterior a través del Decreto 716/20026 para desactivar una crisis que comenzaba a impactar sobre uno de los engranajes más sensibles de la logística argentina.
El practicaje constituye un servicio esencial para la navegación comercial. Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes en el ingreso y egreso de buques en ríos, puertos y canales nacionales, especialmente en la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. Cualquier interrupción de este servicio puede traducirse en demoras operativas, mayores costos logísticos y pérdidas económicas para exportadores, importadores y terminales portuarias.
Según explica el decreto, la reforma aprobada mediante el Decreto 690/2026 buscaba eliminar regulaciones consideradas obsoletas y reducir barreras de ingreso para nuevos prestadores del servicio. Sin embargo, la implementación provocó medidas de fuerza por parte del sector, generando una situación que el propio Gobierno calificó como una “crisis” para el funcionamiento del sistema de practicaje y pilotaje.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad Nacional convocó a representantes del sector para negociar una salida. De ese encuentro surgió un consenso que incluyó cuatro compromisos: normalizar inmediatamente la prestación del servicio, suspender la aplicación del nuevo decreto, crear una mesa intersectorial para redactar una nueva regulación y avanzar en una reducción del 20% de las tarifas vigentes del practicaje y pilotaje.
Aunque el nuevo decreto oficializa la suspensión del régimen aprobado la semana pasada y restablece la normativa previa, la rebaja tarifaria consensuada durante la negociación todavía no fue incorporada en el articulado. Es decir, el Gobierno reconoce ese entendimiento en los fundamentos de la medida, pero deberá instrumentarlo posteriormente mediante la normativa correspondiente.
La nueva Mesa de Trabajo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y reunirá a funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector privado. El objetivo será consensuar una regulación que combine mayor competencia con previsibilidad operativa, evitando nuevos conflictos que afecten la actividad portuaria.
La decisión también evidencia un cambio de enfoque frente a un sector estratégico para la economía. Mientras el Decreto 690 había privilegiado una rápida liberalización del mercado, la nueva medida reconoce que cualquier modificación regulatoria requiere acuerdos con los actores involucrados para garantizar la continuidad de un servicio considerado crítico para el comercio exterior.
Desde una perspectiva económica, la resolución busca minimizar uno de los mayores riesgos para la cadena exportadora: la paralización o ralentización del tránsito de buques en plena campaña comercial. La Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y constituye un activo estratégico para la generación de divisas. En ese contexto, evitar interrupciones operativas se convierte en una prioridad tanto para el Estado como para el sector privado.
En términos de periodismo de soluciones, el decreto no implica el abandono de la intención oficial de modernizar el sistema de practicaje. Por el contrario, propone reemplazar una reforma unilateral por un proceso de construcción de consensos entre organismos públicos y operadores privados, con el objetivo de elaborar una regulación técnicamente sólida, jurídicamente estable y capaz de garantizar simultáneamente seguridad en la navegación, competencia económica y continuidad del servicio.
