Javier Milei

Caputo ratificó el rumbo económico y anticipó más reformas: “Los mejores meses están por venir”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para enviar una señal clara al mercado: el Gobierno considera que la etapa más difícil del programa económico quedó atrás y apuesta a consolidar un ciclo de crecimiento sostenido, desinflación y reformas estructurales que, según su visión, permitirán modificar patrones históricos de la economía argentina.

Ante ejecutivos financieros, empresarios y referentes del sector privado, el titular del Palacio de Hacienda defendió los resultados obtenidos durante los primeros dos años y medio de gestión y aseguró que los próximos 18 meses serán mejores que los anteriores. “Esperamos que los mejores meses sean los que vienen”, afirmó, en una exposición atravesada por un mensaje de confianza sobre la evolución de la actividad económica y el proceso de baja de la inflación.

Caputo sostuvo que la economía atraviesa una recuperación sostenida y destacó que la tendencia-ciclo del nivel de actividad acumula 24 meses consecutivos de crecimiento, un comportamiento que, según señaló, no se observaba desde 2011. Para el ministro, la mejora no responde a factores transitorios sino a un cambio estructural derivado del ordenamiento macroeconómico implementado desde diciembre de 2023.

La definición más fuerte de la jornada estuvo vinculada a la perspectiva política y económica de mediano plazo. El funcionario aseguró que espera un 2027 “totalmente atípico” respecto de los años electorales tradicionales en Argentina. Según explicó, el Gobierno proyecta llegar a ese período con crecimiento más acelerado, inflación en descenso y sin las tensiones cambiarias y financieras que históricamente acompañaron los procesos electorales.

El mensaje estuvo dirigido tanto a inversores locales como internacionales. Caputo insistió en que la administración de Javier Milei dispone de información y herramientas que permiten sostener el optimismo sobre la evolución de las variables económicas y remarcó que las proyecciones oficiales no responden a una estrategia comunicacional sino a diagnósticos construidos sobre datos concretos.

En materia de reformas, el ministro reivindicó la reglamentación de la modernización laboral como uno de los hitos más relevantes de la gestión. Consideró que la iniciativa facilitará una mayor formalización del empleo y contribuirá a ampliar la base tributaria sin necesidad de aumentar la presión fiscal.

En paralelo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión del proyecto de “Inocencia Fiscal”, incorporando observaciones realizadas por entidades profesionales. La apuesta oficial es que los ahorros que hoy permanecen fuera del circuito financiero se transformen en inversión productiva y potencien el crecimiento económico.

Caputo vinculó directamente ese proceso con la posibilidad de profundizar la reducción de impuestos. Recordó que la administración nacional ya eliminó o redujo tributos equivalentes a tres puntos del Producto Bruto Interno, unos 20.000 millones de dólares anuales, y aseguró que el objetivo sigue siendo disminuir la carga tributaria y los costos regulatorios para mejorar la competitividad.

Sin embargo, dejó en claro que la transformación impositiva no dependerá exclusivamente de la Nación. El ministro apuntó a las provincias y municipios, particularmente por el peso de Ingresos Brutos y las tasas locales. Aunque evitó confrontaciones, afirmó que observa una creciente predisposición de los gobernadores para acompañar el nuevo esquema económico.

Otro de los temas centrales fue la inflación. Caputo reconoció que durante el último año hubo episodios de volatilidad asociados a shocks políticos internos, pero aseguró que el sendero de desaceleración continúa intacto. Según explicó, el Gobierno espera que mayo confirme una nueva reducción del índice de precios y reiteró que la inflación argentina terminará convergiendo a niveles internacionales.

Para respaldar su argumento, comparó la experiencia local con otros programas de estabilización exitosos de América Latina y sostuvo que Argentina logró una reducción de la inflación más rápida que la observada en casos como Chile, Perú, México o Polonia.

En relación con el debate sobre la dolarización, el ministro aclaró que el objetivo del presidente Javier Milei nunca fue reemplazar completamente al peso sino avanzar hacia un esquema de competencia de monedas. En ese sentido, defendió las medidas destinadas a incentivar la circulación de dólares dentro de la economía formal y anticipó una transición hacia un sistema bimonetario similar al uruguayo, donde conviven pesos y dólares según el tipo de transacción.

Respecto del acceso al financiamiento, Caputo explicó por qué el Gobierno continúa sin regresar plenamente a los mercados internacionales. Según detalló, la decisión responde a criterios financieros y no a restricciones de acceso. Argumentó que la Nación puede refinanciar obligaciones mediante organismos multilaterales y emisiones locales a tasas más bajas que las disponibles actualmente en el mercado internacional.

Incluso afirmó que los vencimientos de deuda correspondientes a 2026 y 2027 ya se encuentran cubiertos y destacó el excelente vínculo que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “La relación con el FMI no puede ser mejor”, resumió.

El ministro también dedicó parte de su exposición al escenario internacional. Reconoció que la incertidumbre global representa un riesgo, especialmente por las tensiones geopolíticas, la persistencia de déficits fiscales en economías desarrolladas y los efectos de la inteligencia artificial sobre la demanda energética y las tasas de interés.

No obstante, sostuvo que Argentina enfrenta ese contexto desde una posición mucho más sólida que en el pasado. Destacó que el país exhibe simultáneamente superávit fiscal y superávit energético, una combinación inédita en las últimas décadas que, a su juicio, permite absorber mejor los shocks externos.

La conclusión de Caputo fue también una definición política. Reafirmó que el programa económico actual es distinto a los anteriores porque el orden macroeconómico no surgió de una crisis sino de una decisión política deliberada. Según su visión, esa diferencia marca un punto de quiebre en la historia económica argentina.

“Esta vez es diferente”, insistió. Para el ministro, la estabilización se consiguió respetando contratos y propiedad privada, sin recurrir a confiscaciones, corralitos o pesificaciones forzadas. En esa lógica, atribuyó al presidente Milei el liderazgo y la determinación necesarios para sostener un programa que considera excepcional en la historia reciente del país.

El mensaje final hacia el empresariado fue inequívoco: más disciplina fiscal, más desregulación, más apertura a la inversión privada y una profundización de las reformas estructurales. En palabras del propio ministro, el camino elegido exige “más ortodoxia que nunca”.

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Nuevo triunfo judicial para Argentina en el caso YPF: Burford agota sus recursos y apuesta a una improbable revisión de la Corte Suprema

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La disputa judicial internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo favorable para la Argentina. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración presentado por los fondos demandantes y ratificó el fallo que había beneficiado al Estado argentino, dejando a Burford Capital con una única alternativa procesal: intentar que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso, una posibilidad que especialistas consideran remota.

La decisión representa un alivio para el Gobierno nacional en uno de los litigios de mayor impacto económico heredados de la estatización de la petrolera en 2012. Más allá de las implicancias jurídicas, el fallo fortalece la posición argentina en una causa que podría haber significado compromisos multimillonarios para las cuentas públicas.

El documento firmado por la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe, fue categórico al desestimar la solicitud de revisión en pleno (rehearing en banc) impulsada por los demandantes. Con esa resolución, los jueces descartaron que el conjunto de magistrados del tribunal vuelva a analizar la sentencia emitida el pasado 27 de marzo.

La resolución constituye un duro revés para Burford Capital, el fondo especializado en financiamiento de litigios que adquirió los derechos de reclamo de Petersen Energía y Eton Park y se convirtió en el principal impulsor de la demanda contra la Argentina.

Una estrategia judicial que se queda sin margen

Con la negativa del Segundo Circuito, los demandantes disponen ahora de un plazo de 90 días para presentar una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, tanto analistas privados como exfuncionarios que siguieron el expediente consideran que las posibilidades de que el máximo tribunal estadounidense tome el caso son extremadamente bajas.

El especialista Sebastián Maril, uno de los observadores más activos del proceso judicial, señaló que el próximo paso natural será acudir a la Corte Suprema. No obstante, el exprocurador del Tesoro Sebastián Soler fue aún más contundente al sostener que se trata del último recurso disponible y que las probabilidades de prosperar son prácticamente nulas.

La baja expectativa no responde únicamente a la fortaleza de los argumentos argentinos, sino también al funcionamiento habitual de la Corte Suprema estadounidense, que acepta revisar apenas una fracción mínima de los miles de pedidos que recibe cada año.

Un respaldo político y jurídico para la estrategia oficial

La Procuración del Tesoro interpretó la decisión como un respaldo a la estrategia de defensa desplegada por el Estado argentino durante el proceso de apelación. En un comunicado oficial, el organismo sostuvo que la resolución reafirma la solidez jurídica de la posición nacional y constituye un nuevo hito en la protección de los intereses soberanos del país.

La noticia fue celebrada además por el presidente Javier Milei, quien destacó el fallo en sus redes sociales como un nuevo éxito judicial para la Argentina en Nueva York.

Detrás de la celebración oficial existe también una lectura económica. La causa YPF se transformó durante años en uno de los principales focos de incertidumbre para los inversores y para la propia estrategia financiera del Estado. Cada avance favorable de los demandantes reactivaba el debate sobre potenciales pasivos contingentes y eventuales impactos sobre la percepción de riesgo argentino.

El conflicto judicial tiene su origen en la expropiación del 51% de YPF dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Los demandantes sostienen que el Estado argentino incumplió con obligaciones establecidas en el estatuto de la compañía al no extender una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas minoritarios.

Esa interpretación dio lugar a una extensa batalla legal en los tribunales de Manhattan que, durante años, expuso al país a reclamos multimillonarios.

La reciente decisión del Segundo Circuito no cierra definitivamente el expediente, pero sí reduce significativamente las herramientas procesales disponibles para Burford. En términos prácticos, la posibilidad de revertir el escenario favorable a la Argentina se volvió considerablemente más compleja.

Impacto político y económico

Para la administración de Javier Milei, el fallo llega en un momento donde la consolidación fiscal, la reducción del riesgo país y la búsqueda de inversiones externas forman parte del núcleo de su estrategia económica. Un desenlace favorable en uno de los litigios internacionales más relevantes fortalece la narrativa oficial sobre la recuperación de la credibilidad jurídica argentina.

Al mismo tiempo, la resolución reabre una discusión más profunda sobre la relación entre soberanía económica, seguridad jurídica e inversiones. La expropiación de YPF fue una de las decisiones políticas más trascendentes de la última década, pero también una de las que generó mayores consecuencias judiciales internacionales.

Por ahora, la Justicia estadounidense volvió a darle aire a la Argentina. El próximo movimiento dependerá de Burford Capital, que enfrenta el desafío de convencer a una Corte Suprema que históricamente interviene en muy pocos casos y que, según coinciden especialistas y exfuncionarios, aparece como una puerta cada vez más difícil de abrir.

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Crisis libertaria por el veto a una candidata a jueza: Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei

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La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.

El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.

Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.

La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.

Un bloque en estado de deliberación

La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.

Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.

La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.

Señales para la oposición dialoguista

Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.

La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.

Críticas a la estrategia de la Casa Rosada

Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.

También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.

La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.

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El Gobierno busca desactivar el conflicto universitario antes del fallo de la Corte

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La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en una etapa decisiva. Mientras la Corte Suprema analiza la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada acelera negociaciones para alcanzar un acuerdo político y presupuestario que permita cerrar el conflicto antes de una eventual sentencia adversa.

La preocupación del Ejecutivo no es menor. En caso de que el máximo tribunal falle a favor de las universidades, el Estado nacional debería afrontar un desembolso estimado en 2,5 billones de pesos, una cifra que impactaría de lleno sobre el equilibrio fiscal que el gobierno de Javier Milei considera el principal activo de su programa económico.

Por esa razón, la administración nacional evalúa convocar en los próximos días a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una negociación integral que abarque salarios docentes, becas estudiantiles, financiamiento operativo y recursos para hospitales universitarios.

La estrategia combina negociación política y defensa jurídica. Mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezan las conversaciones con los rectores, la Procuración del Tesoro trabaja sobre un esquema legal que garantice que cualquier acuerdo implique la suspensión o retiro de las acciones judiciales actualmente en trámite.

El equilibrio fiscal frente a la presión universitaria

Detrás de la discusión presupuestaria se esconde uno de los principales dilemas de la gestión Milei: cómo sostener el ajuste fiscal sin profundizar conflictos con sectores considerados estratégicos.

Desde la llegada del actual Gobierno, las universidades nacionales se transformaron en uno de los focos de mayor resistencia a la política de recorte del gasto público. Las multitudinarias movilizaciones universitarias realizadas durante el último año lograron instalar el tema en la agenda pública y forzaron sucesivas instancias de negociación.

El oficialismo intentó responder con un proyecto alternativo de financiamiento enviado al Congreso en febrero. La propuesta buscaba reconocer parcialmente la pérdida salarial de los docentes durante 2025, aunque evitaba incorporar la fuerte caída de ingresos acumulada entre diciembre de 2023 y fines de 2024, uno de los principales reclamos de los gremios universitarios.

Esa diferencia continúa siendo el principal punto de conflicto.

La Corte Suprema como factor de presión

La posibilidad de una resolución judicial desfavorable modificó el escenario político.

En la Casa Rosada reconocen que una sentencia que obligue a cumplir plenamente la ley vigente podría generar un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y abrir un precedente para otros reclamos presupuestarios de organismos y sectores afectados por el ajuste.

Por eso, el Gobierno busca llegar a un entendimiento previo que neutralice la disputa judicial.

La tarea quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que trabaja en los aspectos técnicos de un eventual acuerdo. El objetivo es garantizar que cualquier transferencia extraordinaria de recursos tenga como contraparte la suspensión de la cautelar que actualmente espera resolución en el máximo tribunal.

Las universidades, sin embargo, mantienen cautela. Desde el CIN sostienen que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal y esperan definiciones concretas antes de pronunciarse sobre posibles alternativas.

Salarios, becas y hospitales universitarios

Las conversaciones no se limitan al presupuesto general.

La agenda de negociación incluye la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios, áreas particularmente afectadas por la aceleración inflacionaria registrada desde fines de 2023.

El reclamo salarial aparece como uno de los puntos más sensibles. Los sindicatos universitarios sostienen que los incrementos otorgados por el Gobierno quedaron muy por debajo de la evolución de los precios y denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo.

La situación también repercute en la capacidad operativa de las universidades, especialmente en aquellas ubicadas fuera de los grandes centros urbanos, donde los costos de funcionamiento aumentaron por encima de los recursos disponibles.

Para provincias como Misiones, donde la universidad pública constituye un actor central en la formación profesional, la investigación científica y la vinculación con sectores productivos, el resultado de estas negociaciones tendrá implicancias que trascienden el debate presupuestario nacional.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras continúan las conversaciones, los gremios universitarios mantienen el estado de alerta.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realizó recientemente un paro nacional de 24 horas y ya anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza durante el inicio del segundo cuatrimestre si no existen avances concretos en materia salarial y presupuestaria.

La Universidad de Buenos Aires también volvió a visibilizar el conflicto mediante clases públicas frente al Palacio de Tribunales, en una señal política dirigida tanto al Gobierno como a la Corte Suprema.

En ese contexto, la negociación que impulsa la Casa Rosada excede el plano educativo. Se trata de una pulseada que combina equilibrio fiscal, gobernabilidad y estrategia judicial. El desenlace determinará no solo el futuro inmediato del sistema universitario nacional, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico frente a uno de los sectores con mayor capacidad de movilización institucional y social del país.

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Caputo apuesta a un ciclo de crecimiento acelerado y afirmó que “lo peor ya pasó” para la economía argentina

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En una exposición de fuerte contenido económico y político ante empresarios reunidos en el CAMBRAS Business Day 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una defensa integral del programa económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la Argentina atraviesa una transformación estructural que permitirá consolidar un ciclo prolongado de crecimiento, inversión y generación de empleo.

El mensaje estuvo dirigido principalmente al sector privado, al que convocó a acelerar decisiones de inversión en un escenario que, según su visión, ya dejó atrás los principales riesgos macroeconómicos heredados de la gestión anterior. “La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de explosión económica”, sintetizó el titular del Palacio de Hacienda.

La presentación se produjo en un contexto donde el Gobierno busca consolidar señales de recuperación tras más de dos años de ajuste y reordenamiento macroeconómico. Caputo destacó que la recaudación comenzó a recuperarse, que la inflación continúa desacelerándose y que los salarios volvieron a mostrar mejoras reales. Además, remarcó que la reglamentación de la reforma laboral debería impulsar una mayor formalización del empleo.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la evolución de la actividad económica. Según explicó, la serie de tendencia-ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra 24 meses consecutivos de crecimiento, una dinámica que, aseguró, no se registraba desde hace más de quince años.

“¿Significa que todo está bien? No. Pero sí significa que vamos bien. Y si tenemos en cuenta de dónde venimos, diría que vamos extremadamente bien”, afirmó.

Caputo insistió en que la administración Milei no está ejecutando una corrección coyuntural sino un cambio profundo de régimen económico.

Según describió, el modelo anterior se sustentaba en una economía cerrada, con escasa competencia, baja inversión, salarios deprimidos y precios elevados. En contraposición, sostuvo que el nuevo esquema se apoya en tres pilares: inversión, exportaciones y competencia.

Para ilustrar esa transformación recordó que a fines de 2023 gran parte de los salarios se ubicaban en torno a los 300 dólares mensuales, mientras que bienes básicos para la producción y el consumo se encontraban entre los más caros de la región.

“El problema no era que protegíamos industrias exitosas. Lo que se protegían eran negocios financiados por consumidores que pagaban precios exorbitantes”, señaló.

En esa línea, aseguró que la apertura económica comenzó a generar una reducción de precios relativos en sectores como indumentaria, calzado, equipamiento para el hogar y medicamentos, mientras los salarios recuperan capacidad de compra.

El fin de la “restricción externa”

Uno de los conceptos históricos de la economía argentina que el ministro buscó desmontar fue el de la denominada “restricción externa”.

Durante décadas, distintos gobiernos justificaron controles cambiarios, restricciones a las importaciones y cepos financieros argumentando la insuficiencia de dólares para sostener el crecimiento.

Caputo afirmó que esa lógica quedó atrás.

“Hoy hay dólares para importar, para girar dividendos, para ahorrar y aun así el Banco Central sigue comprando divisas”, aseguró.

El ministro destacó que la autoridad monetaria acumula reservas a un ritmo cercano a los 100 millones de dólares diarios y afirmó que la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional ya se encuentra prácticamente cumplida.

La explicación, sostuvo, radica en la recuperación de sectores exportadores estratégicos y en el potencial que comienza a desplegarse en energía y minería.

Energía, minería y el nuevo motor de divisas

Uno de los pasajes más optimistas de la exposición estuvo vinculado al potencial exportador de la Argentina.

Caputo aseguró que hacia 2031 el saldo comercial conjunto de energía y minería podría alcanzar los 60.000 millones de dólares anuales, cifra que consideró incluso conservadora frente a la magnitud de los proyectos actualmente en ejecución.

Según precisó, cuando se realizaron las primeras estimaciones existían proyectos por unos 85.000 millones de dólares. Hoy, afirmó, la cartera supera los 140.000 millones, con una participación creciente del sector energético.

A ello sumó indicadores positivos en exportaciones industriales, agroindustriales, servicios y ventas externas de pequeñas y medianas empresas.

Para el funcionario, la combinación de estabilidad macroeconómica, reducción de regulaciones y menor presión tributaria terminará generando un salto de competitividad capaz de acelerar significativamente el crecimiento económico.

La disputa por la velocidad de la recuperación

Aunque reconoció que la economía ya crece a tasas cercanas al 4% anual, Caputo consideró que el país podría expandirse entre 7% y 8% por año si logra acelerar el proceso de reconversión productiva.

En ese punto identificó como principal obstáculo la persistencia de cierto escepticismo en empresarios e inversores, producto de décadas de inestabilidad económica.

Por ello insistió en transmitir previsibilidad sobre la continuidad del programa económico y aseguró que las bases fiscales, monetarias y financieras construidas durante los primeros años de gestión permiten proyectar una expansión sostenida.

“La economía va a seguir mejorando porque en economía no hay casualidad. Hay causalidad. Si hacés las cosas bien, los resultados llegan”, afirmó.

El componente político: críticas al kirchnerismo y respaldo a Milei

La parte final de la presentación estuvo marcada por definiciones políticas contundentes.

Caputo descartó cualquier posibilidad de retorno del kirchnerismo al poder y sostuvo que la sociedad argentina ya identificó al modelo económico anterior con una etapa de crisis y deterioro.

“El kirchnerismo no es una opción para la mayoría de los argentinos”, afirmó.

Incluso planteó que, aun frente a eventuales shocks externos o dificultades económicas, no visualiza condiciones para una reversión política del rumbo actual.

En ese contexto destacó el liderazgo de Javier Milei como garante de la continuidad del programa económico y atribuyó al Presidente el coraje político necesario para sostener las reformas.

Más allá de los indicadores coyunturales, el mensaje central del ministro estuvo orientado al mediano plazo.

Caputo aseguró que la Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica y sostuvo que el país podría convertirse en una de las economías de mayor crecimiento del mundo durante las próximas décadas.

Con una visión marcadamente optimista, afirmó que 2027 mostrará una realidad económica muy diferente a la que hoy proyecta gran parte del mercado y consideró que la combinación de equilibrio fiscal, expansión exportadora, inversiones récord y estabilidad monetaria permitirá consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.

“Estamos viviendo un cambio de época. Argentina va a ser el país que más oportunidades ofrezca durante los próximos treinta años”, concluyó.

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