Javier Milei

Kicillof busca ampliar su construcción nacional: “No puede haber una solución provincial para una tragedia nacional”

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Axel Kicillof cerró este sábado en Avellaneda el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en una jornada que buscó darle alcance nacional al espacio político que impulsa al gobernador bonaerense como una alternativa para 2027. Con representantes de distintas provincias y mesas dedicadas a economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo, el encuentro puso el foco en la construcción territorial y en la discusión sobre un proyecto nacional.

La actividad se desarrolló en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico bajo el lema “Organizar la esperanza”. El formato combinó debate temático y cierre político, con una convocatoria que, según medios que cubrieron la jornada, reunió a una importante cantidad de militantes y dirigentes de diferentes puntos del país.

La definición central de Kicillof fue también una síntesis del objetivo político del encuentro: “No puede haber una solución provincial para una tragedia nacional”. Desde esa premisa, el gobernador planteó la necesidad de construir vínculos con gobernadores y representantes de distintos sectores y cuestionó las estructuras políticas diseñadas únicamente desde Buenos Aires hacia el resto del país.

“No me interesa una construcción a control remoto: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”, sostuvo. La frase marcó uno de los ejes del discurso: transformar el despliegue territorial del MDF en una estructura de alcance federal, con presencia y participación en las provincias.

Del armado bonaerense a una estructura federal

El salto de escala fue uno de los datos políticos centrales del plenario. El MDF venía desarrollando durante 2026 distintas actividades sectoriales y territoriales y llegó a Avellaneda con la intención de consolidar una organización que exceda el ámbito bonaerense. La propia agenda del espacio presentó el encuentro como un plenario federal, mientras que dirigentes del movimiento lo definieron como una nueva etapa de construcción política. (Movimiento Derecho al Futuro)

Kicillof buscó asociar esa expansión con una discusión programática. Reivindicó la necesidad de recuperar un “verdadero federalismo”, con infraestructura y oportunidades distribuidas territorialmente, y sostuvo que la Argentina debería contar con un proyecto de desarrollo productivo y con eje en la justicia social.

“Nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo. Ese proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social”, afirmó.

La discusión territorial aparece así vinculada a una cuestión económica concreta: cómo distribuir infraestructura, producción y oportunidades entre las distintas regiones. Para un espacio que busca proyectarse hacia una disputa nacional, el desafío consiste en transformar una identidad política construida principalmente en la provincia de Buenos Aires en una agenda capaz de incorporar problemas y demandas de economías regionales, gobiernos provinciales y sectores productivos diversos.

La disputa dentro del peronismo

El plenario también se inscribe en el reordenamiento interno del peronismo. La convocatoria del MDF fue leída como una demostración de fuerza frente a otros sectores del Partido Justicialista, entre ellos La Cámpora.

Kicillof evitó presentar su convocatoria únicamente como una disputa entre dirigentes. “No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y sus necesidades”, afirmó al plantear la necesidad de conformar una nueva mayoría “desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad”.

La definición apunta a colocar el eje de la discusión en la organización territorial y en la ampliación del espacio político. En paralelo, el gobernador volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y sostuvo que el país necesita cambiar su rumbo económico.

“El problema no es la Argentina, sino que es Javier Milei”, expresó Kicillof, quien también llamó a “resistir”, “luchar” y “aguantar” hasta que termine la actual etapa de gobierno. Se trata de una caracterización política del mandatario bonaerense sobre la situación nacional, enmarcada en su discurso ante la militancia.

Una construcción que busca trascender una candidatura

El discurso de cierre procuró presentar el armado del MDF como algo más amplio que una eventual candidatura. “No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor”, sostuvo Kicillof.

La definición permite identificar el principal desafío que enfrenta el espacio: convertir una convocatoria política en una organización con presencia territorial, capacidad de incorporar demandas provinciales y una propuesta programática nacional. El propio gobernador insistió en que esa construcción no puede depender exclusivamente de una figura individual.

“Ese futuro no lo va a construir un dirigente: lo tenemos que hacer entre todos”, afirmó.

Con ese planteo, el MDF cerró en Avellaneda una jornada que funcionó simultáneamente como instancia de organización, discusión programática y proyección nacional. La cuestión que queda abierta es cómo esa estructura podrá traducir el despliegue territorial en acuerdos concretos con provincias, sectores productivos y actores políticos de distintas regiones, mientras el peronismo continúa atravesando su proceso de reordenamiento.

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Inocencia Fiscal II: el Senado convirtió en ley el régimen que busca sacar dólares del circuito informal

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El Senado convirtió este jueves en ley Inocencia Fiscal II, la reforma tributaria con la que el Gobierno busca incentivar la incorporación al sistema financiero formal de dólares que permanecen fuera del circuito declarado. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones, y quedó sancionada luego de haber recibido la aprobación de la Cámara de Diputados.

El nuevo esquema modifica el régimen simplificado de declaración del Impuesto a las Ganancias y cambia los parámetros con los que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá cuestionar las declaraciones de los contribuyentes. El objetivo económico de fondo es reducir el costo de formalizar determinados ahorros y otorgar mayor previsibilidad sobre las condiciones bajo las cuales el fisco puede profundizar una fiscalización.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen simplificado. De esta manera, el universo potencial se amplía y deja de estar condicionado por los topes que figuraban en el esquema anterior.

La reforma también redefine qué debe entenderse por una “discrepancia significativa”. ARCA podrá considerar relevante una diferencia cuando implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado. Sin embargo, el nuevo esquema incorpora además un piso nominal para evitar que diferencias de escasa magnitud activen automáticamente las consecuencias más gravosas del régimen.

El texto incorpora, además, una instancia de subsanación. Ante determinadas observaciones, el contribuyente puede rectificar su declaración y regularizar la diferencia dentro de los 15 días hábiles previstos por el régimen, sin que necesariamente se configure la causal que haga caer la presunción de exactitud. La lógica es desplazar parte del sistema desde la sanción automática hacia la posibilidad de corregir inconsistencias antes de una disputa fiscal de mayor alcance.

El límite para funcionarios y personas con exposición pública

Uno de los puntos que atravesó la discusión parlamentaria fue el tratamiento de los funcionarios públicos. La versión sancionada excluye de los beneficios del régimen a quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos públicos durante los cinco años anteriores, aunque el alcance de la norma distingue entre utilizar la modalidad simplificada y acceder a sus beneficios específicos.

La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios de determinada jerarquía, legisladores y magistrados de distintos niveles jurisdiccionales. Durante el debate, sectores de la oposición reclamaron ampliar el concepto hacia las personas políticamente expuestas, una categoría más extensa que la de funcionarios públicos utilizada en el texto.

La discusión refleja uno de los principales puntos de sensibilidad de la reforma: el Estado busca facilitar la exteriorización y formalización de activos de contribuyentes privados, pero al mismo tiempo establece restricciones específicas para quienes tuvieron responsabilidades públicas recientes.

El argumento del Gobierno y la discusión política

Durante el debate, la defensa oficialista vinculó la existencia de dólares fuera del sistema formal con la pérdida histórica de confianza en las instituciones fiscales. Patricia Bullrich sostuvo que los ahorristas llevaron fondos fuera del circuito formal como consecuencia de distintas experiencias de intervención estatal y planteó que la reforma busca reconstruir incentivos para que esos recursos vuelvan al sistema financiero.

Desde el peronismo, José Mayans cuestionó duramente el proyecto y lo caracterizó como un mecanismo que favorecería a evasores. Fernando Salino, por su parte, planteó durante la discusión la necesidad de ampliar las restricciones a las personas políticamente expuestas.

Las posiciones expresan dos diagnósticos diferentes sobre el problema tributario. El oficialismo pone el acento en la necesidad de reducir los incentivos para mantener ahorros fuera del circuito formal y limitar controles considerados excesivos. La oposición cuestiona que una mayor flexibilidad fiscal pueda reducir la capacidad del Estado para detectar incumplimientos y reclama mayores barreras para sectores vinculados con el poder político.

Una apuesta por dólares que hoy están fuera del sistema

El componente financiero es uno de los puntos más relevantes de la nueva ley. El Gobierno apuesta a que una parte de los dólares que los residentes mantienen fuera del circuito financiero pueda incorporarse a cuentas, inversiones y operaciones formales. La norma busca modificar el cálculo del contribuyente: menor exposición a revisiones patrimoniales retrospectivas a cambio de ingresar activos al sistema declarado.

La eficacia de esa estrategia dependerá, sin embargo, de algo que excede la letra tributaria: la confianza en que las reglas se mantendrán estables. La experiencia argentina muestra que la decisión de formalizar ahorros no depende exclusivamente de la presión fiscal, sino también de la percepción sobre la estabilidad monetaria, financiera y jurídica.

Por eso, el impacto de Inocencia Fiscal II no se medirá únicamente por la cantidad de contribuyentes que adhieran al régimen. También será relevante observar cuánto capital efectivamente ingresa al circuito financiero, qué destino adquiere y si la formalización se transforma en mayor intermediación bancaria, inversión o consumo, en lugar de limitarse a un cambio registral.

La sanción representa además un movimiento relevante para la agenda legislativa del Gobierno. El proyecto consiguió los votos de La Libertad Avanza junto con el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, en una sesión que comenzó con quórum estricto de 37 senadores.

La negociación parlamentaria también estuvo vinculada con otros proyectos de interés económico para las provincias, entre ellos la iniciativa sobre biocombustibles. El acuerdo con sectores aliados permitió al oficialismo avanzar con una reforma tributaria que considera estratégica para captar recursos actualmente fuera del sistema formal.

El verdadero test comenzará con la implementación. Si la reforma logra que los contribuyentes perciban menor riesgo al declarar activos previamente mantenidos fuera del circuito formal, podría ampliar la base de capital disponible dentro del sistema financiero. Si no consigue modificar ese comportamiento, la nueva arquitectura tributaria tendrá un efecto principalmente normativo. La diferencia entre ambos escenarios estará en los dólares que efectivamente abandonen la informalidad y pasen a formar parte de la economía registrada.

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Milei echó a todo el personal civil de Olivos y la Rosada

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El Gobierno de Javier Milei resolvió concentrar en la Casa Militar la responsabilidad integral sobre la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. La transferencia deberá completarse en un plazo máximo de 60 días e incluye los bienes y funciones vinculados con la residencia presidencial. La medida se presenta oficialmente como una reorganización destinada a elevar los estándares de seguridad y eficiencia y a simplificar los procesos administrativos.

El cambio no se limita a la custodia presidencial. El Gobierno también dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control. Según la explicación oficial, esa reorganización permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la residencia.

La decisión adquiere una dimensión adicional por el calendario institucional de los próximos meses. El papa León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba, Luján y Claypole. El Ministerio de Seguridad Nacional ya estableció comandos unificados para coordinar los dispositivos especiales durante la visita, ante la previsión de concentraciones masivas y desplazamientos de personal y autoridades.

El argumento oficial sobre la visita papal no es menor para entender la reestructuración. La Presidencia señaló que el acondicionamiento de los lugares donde se desarrollarán actividades del Pontífice implicará el ingreso de personal ajeno a las residencias y la prestación de servicios adicionales, lo que, según el Gobierno, requiere reforzar los mecanismos de seguridad.

Sin embargo, el cambio tiene una particularidad institucional: la Casa Militar ya posee competencias vinculadas con la protección presidencial. La normativa vigente le asigna la planificación, ejecución y supervisión de las acciones de seguridad del Presidente, su familia y la Residencia Presidencial de Olivos, además de la coordinación de los elementos de seguridad que dependen de ella.

Por eso, el movimiento anunciado puede leerse menos como la creación de una nueva función y más como una concentración de responsabilidades y recursos bajo una estructura que ya tiene entre sus competencias la custodia presidencial. La diferencia relevante estará en el alcance efectivo de la transferencia: no solamente la seguridad, sino también bienes y tareas que hasta ahora se encontraban dentro de una administración específica de la residencia.

El conflicto por el personal civil

La reorganización oficial coincide con versiones periodísticas sobre un fuerte desplazamiento de personal civil que prestaba funciones en Olivos. Página/12 informó que la nueva estructura alcanzaría tareas de la residencia que exceden la seguridad estricta, como cocina y mantenimiento, y vinculó la medida con el reemplazo de trabajadores civiles por personal bajo la órbita de Casa Militar.

Otros relatos difundidos por medios, entre ellos La Política Online, atribuyeron los cambios a una combinación de malestar presidencial por filtraciones, cuestionamientos internos y un episodio de salud de uno de los perros del Presidente. Esas versiones fueron atribuidas a fuentes con acceso a la residencia y no forman parte de la explicación oficial difundida por el Gobierno.

También circularon denuncias políticas sobre contrataciones y servicios de mantenimiento de Olivos. La diputada Marcela Pagano cuestionó públicamente una licitación para el mantenimiento, jardinería y riego de espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno, y planteó posibles vínculos entre oferentes y personas relacionadas con funcionarios. Esas acusaciones requieren distinguirse de los hechos administrativos verificables y, eventualmente, de las conclusiones que puedan surgir de organismos de control.

La diferencia entre ambos planos resulta central. Por un lado está una decisión formal de reorganización del Estado, con plazos, organismos involucrados y objetivos explícitos. Por otro, existen denuncias y versiones sobre las razones políticas o personales que habrían acelerado el proceso. Convertir esas versiones en hechos comprobados supondría ir más allá de la documentación oficial disponible.

Una reestructuración con efecto administrativo

El punto de fondo es que Olivos funciona simultáneamente como residencia presidencial, instalación sometida a protocolos de seguridad y estructura administrativa. Centralizar su conducción operativa en Casa Militar modifica esa arquitectura y concentra en una misma órbita una mayor cantidad de responsabilidades.

La medida también reduce la cantidad de estructuras diferenciadas dentro de la residencia. La disolución de la Administración General de Olivos implica que habrá que determinar cómo se reasignarán funciones, bienes, personal y procedimientos administrativos durante los 60 días previstos para completar la transferencia.

El desafío será que la reorganización no quede reducida a un cambio de organigrama. Si el objetivo declarado es mejorar eficiencia y seguridad, la evaluación concreta deberá observar cómo se administran los recursos, cómo se delimitan las responsabilidades y qué mecanismos de control quedan establecidos sobre las nuevas funciones.

La visita de León XIV agrega presión operativa y un calendario preciso. El Estado argentino ya comenzó a montar dispositivos especiales de seguridad para Buenos Aires, Córdoba, Luján y Claypole, con participación de organismos nacionales y coordinación con autoridades locales.

En ese contexto, la reorganización de Olivos forma parte de una agenda más amplia de seguridad presidencial y coordinación estatal. Pero también abre una discusión sobre gestión pública: cuánto se concentra, qué estructuras se eliminan, qué personal se reemplaza y cómo se controla el uso de los recursos de una residencia que pertenece al Estado.

La transferencia deberá completarse antes de mediados de noviembre si se utiliza el plazo máximo anunciado, prácticamente en coincidencia con la visita papal. El resultado permitirá observar si la centralización consigue traducir el argumento oficial de mayor eficiencia y seguridad en una estructura administrativa más clara, con responsabilidades identificables y mecanismos de control igualmente visibles.

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Presupuesto 2027: el impuesto a los combustibles crecería 59,3% y presiona sobre el costo del surtidor

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El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional deja una señal concreta sobre uno de los precios que atraviesan toda la economía: los combustibles. La recaudación conjunta del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) está proyectada en $12,2 billones para el próximo año, con un incremento nominal del 59,3%. La tasa más que duplica el crecimiento previsto para el conjunto de los tributos nacionales, estimado en 27,9%.

La diferencia no se explica solamente por una mayor actividad económica. El principal factor identificado en el proyecto es la actualización de las sumas fijas que componen estos impuestos. A diferencia de otros tributos que se calculan como porcentajes, el ICL y el IDC se determinan sobre montos fijos por unidad de combustible que deben actualizarse periódicamente de acuerdo con la evolución del IPC.

Ese mecanismo quedó parcialmente rezagado durante los últimos años. El Gobierno fue aplicando de manera escalonada actualizaciones correspondientes a períodos anteriores y, mediante el Decreto 829/2026, volvió a postergar hasta el 1 de octubre la entrada en vigencia de los incrementos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026.

El dato fiscal, por lo tanto, funciona también como una señal para el mercado de combustibles. Si el Estado espera recaudar $12,2 billones por estos impuestos, la normalización de los montos fijos pendientes constituye una pieza central de esa estimación. No implica que el impuesto sea el único componente que determine el precio final en el surtidor, pero sí que tendrá un peso creciente dentro de la estructura tributaria de las naftas y el gasoil.

La diferencia con el resto de la recaudación resulta significativa. Para 2027, el proyecto contempla un aumento de 28,2% en IVA, 30,5% en Ganancias, 39,2% en Derechos de Importación y Tasa de Estadística, 41,3% en Derechos de Exportación y 25,8% en Créditos y Débitos. En Seguridad Social, el incremento previsto es de 19,7%, mientras que Bienes Personales crecería apenas 7,5%. Frente a ese escenario, el 59,3% de Combustibles aparece como una variación particularmente elevada.

La explicación oficial combina la actualización de los gravámenes con las hipótesis macroeconómicas generales del Presupuesto: mayor actividad, crecimiento de los volúmenes de comercio exterior, aumento de las remuneraciones imponibles y del empleo, evolución de precios y tipo de cambio, además de una mayor recaudación asociada a los regímenes de facilidades de pago.

El contexto macroeconómico proyectado por el Gobierno también ayuda a dimensionar la apuesta. Para 2027, el Presupuesto contempla un crecimiento del PBI del 4%, una inflación de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y una inflación promedio de 21,1%. El salario medio nominal subiría 25,4%, mientras que el dólar tendría una referencia de $1.847,6 para diciembre y de $1.728 como promedio anual.

En materia fiscal, la administración de Javier Milei proyecta mantener un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo de 0,2%. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el objetivo es encadenar cuatro años consecutivos de superávit financiero sin que la Argentina se encuentre en default. Se trata de una de las principales anclas del esquema presupuestario oficial.

La cuestión relevante para empresas y consumidores es cómo se absorberá el mayor componente tributario de los combustibles. El impacto no queda circunscripto al automovilista: el gasoil es un insumo directo para el transporte de cargas, la producción agropecuaria, la construcción y buena parte de las actividades que dependen de logística terrestre. En una economía regional como la del NEA, donde las distancias hacia los principales mercados agregan peso al costo logístico, cualquier incremento sostenido del combustible puede trasladarse a estructuras de costos más amplias.

La propia normativa contempla un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al área de influencia patagónica, integrada por Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de Patagones y Malargüe. Ese régimen muestra que el diseño del impuesto reconoce que el impacto territorial del combustible no es uniforme.

El Presupuesto, además, proyecta exportaciones de bienes por US$133.984 millones e importaciones por US$118.424 millones durante 2027, con un saldo comercial de bienes de US$15.560 millones. La apuesta oficial combina crecimiento, expansión del comercio exterior y disciplina fiscal, pero parte de esa ecuación dependerá de cómo evolucionen los costos internos, entre ellos los energéticos.

Por eso, el salto de 59,3% en la recaudación de Combustibles debe leerse más como una señal sobre la recomposición de un impuesto atrasado que como una simple proyección de mayor consumo. El punto económico decisivo será cuánto de esa actualización queda absorbido por las empresas, cuánto se traslada a precios y cuánto termina impactando sobre la actividad. Para 2027, el surtidor vuelve a quedar conectado directamente con la política fiscal y con el costo de producir y transportar en la Argentina.

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Milei reforma el régimen de personal de la SIDE desde 2027

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El Gobierno de Javier Milei aprobó el nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), una reforma que apunta a ordenar desde el ingreso y la formación hasta los ascensos, las remuneraciones, el régimen previsional y las sanciones disciplinarias de los agentes. El nuevo esquema comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y constituye una pieza central en la reorganización del sistema de inteligencia impulsada por el Poder Ejecutivo.

El decreto 1021/2026, firmado el 15 de septiembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, reemplaza un marco estatutario que, según los fundamentos oficiales, había sufrido modificaciones sucesivas durante la última década como consecuencia de la creación, transformación e intervención de organismos de inteligencia. La nueva normativa busca establecer un régimen de personal estable que permita construir una carrera profesional y favorecer la incorporación de perfiles especializados. El Estatuto alcanza a todo el personal de la SIDE y a la totalidad de sus órganos.

La apuesta institucional está puesta en transformar al recurso humano en uno de los componentes centrales de la modernización de la inteligencia estatal. El régimen establece como principios de la carrera la idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito, transparencia y profesionalización. En particular, dispone que los procedimientos de acceso, evaluación y ascenso deben sustentarse en criterios objetivos y verificables, con trazabilidad de las decisiones.

Uno de los cambios más relevantes está en la construcción de una carrera con etapas y requisitos definidos. El ingreso ordinario tendrá como puerta de entrada una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia, cuya aprobación será condición necesaria para incorporarse a la carrera profesional. Luego existirá una etapa de planta condicional, con un vínculo de hasta un año, antes de una eventual confirmación en la planta permanente. Esa confirmación no será automática y quedará sujeta a las condiciones y políticas de personal vigentes.

El esquema también incorpora una clasificación en tres cuadros profesionales. El cuadro A estará destinado principalmente a perfiles universitarios o superiores, además de determinados integrantes retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; el cuadro B contempla formación terciaria o intermedia universitaria y determinados perfiles retirados; mientras que el cuadro C requiere educación secundaria completa. Cada cuadro se divide en categorías con remuneraciones básicas y tiempos mínimos de permanencia.

El ascenso deja así de estar planteado exclusivamente como una cuestión de antigüedad. Para avanzar en la carrera será necesario cumplir los tiempos mínimos de permanencia, aprobar la capacitación obligatoria y obtener las calificaciones de desempeño requeridas, además de otros requisitos que pueda establecer la normativa complementaria. La formación también podrá generar puntaje académico para acelerar los tiempos de carrera, aunque el Estatuto aclara que ese mecanismo no genera un ascenso automático ni un derecho adquirido.

La evaluación del personal será anual, como mínimo, y deberá medir de manera sistemática las aptitudes, conocimientos, habilidades y desempeño. El sistema contempla experiencia, formación académica, conducta, capacidad para desarrollar las tareas asignadas, aptitudes comunicacionales y cumplimiento de los deberes establecidos por el Estatuto. La evaluación deberá realizarse antes del proceso anual de ascensos y también tendrá incidencia en el pasaje de la planta condicional a la permanente.

La capacitación adquiere un lugar estratégico dentro del nuevo diseño. La Escuela Nacional de Inteligencia tendrá a su cargo la matriz académica destinada a desarrollar las competencias requeridas por la Secretaría, mientras que la formación podrá articularse con universidades y otras instituciones educativas. Todos los agentes deberán completar una formación común obligatoria, complementada por capacitación específica vinculada con las funciones que desempeñen.

El nuevo régimen también intenta cerrar espacios de incompatibilidad y conflictos de intereses. Los agentes deberán mantener confidencialidad incluso después de abandonar la Secretaría, declarar su situación patrimonial y excusarse cuando exista riesgo de parcialidad o incompatibilidad. Además, se restringe la prestación de servicios para empresas y personas vinculadas con sectores como seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, información comercial, publicidad, periodismo, estudios de mercado o vigilancia.

El Estatuto establece, al mismo tiempo, un régimen de derechos para los agentes, que incluye estabilidad una vez confirmados en planta permanente, retribución conforme a escalas, capacitación, licencias, asistencia social, jubilación, posibilidad de formular reclamos y derecho a rechazar una orden manifiestamente ilegal o violatoria de los derechos humanos. Ese último punto convive con un fuerte deber de obediencia respecto de las órdenes de servicio que reúnan las formalidades correspondientes.

En materia salarial, el nuevo esquema busca vincular remuneración, categoría y responsabilidad, con una estructura de conceptos básicos, bonificaciones, compensaciones, reintegros, asignaciones e indemnizaciones. Los conceptos salariales podrán ser actualizados en función de los incrementos que el Poder Ejecutivo homologue para la Administración Pública Nacional o de aquellos que se determinen específicamente para el personal de la SIDE.

El régimen previsional mantiene una característica diferencial: el personal queda afiliado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. El Estatuto establece además que el haber jubilatorio ordinario no podrá ser inferior al 82% de los haberes asignados para la categoría respectiva, mientras que las pensiones serán equivalentes al 85% del haber previsional que percibía o le hubiera correspondido al agente fallecido.

También se fortalece el componente disciplinario. Las investigaciones estarán a cargo de la Inspectoría General de Inteligencia y deberán observar principios como tutela administrativa efectiva, proporcionalidad, celeridad, economía procesal y prohibición de doble punición. Las sanciones previstas van desde el apercibimiento y la retención de haberes no reembolsable hasta la suspensión, cesantía y exoneración. Los agentes sometidos a sumario tendrán derecho a ejercer su defensa con asistencia letrada.

La cuestión más sensible será ahora la implementación. El Estatuto no entra plenamente en funcionamiento de manera inmediata: comenzará a regir el 1° de enero de 2027. Antes deberá instrumentarse un régimen de transición para adaptar las situaciones existentes, contemplando la antigüedad, los tiempos de permanencia, los requisitos de ascenso y los trámites de ingreso, confirmación o cambio de cuadro que estén en curso.

La reforma, por lo tanto, no se limita a ordenar un escalafón interno. Construye una arquitectura de recursos humanos para una SIDE que pretende operar con mayores niveles de especialización técnica, capacitación permanente y evaluación sistemática. El desafío institucional será que esos principios —mérito, transparencia, profesionalización y trazabilidad— se traduzcan en procedimientos efectivos y previsibles, especialmente en un organismo cuya actividad, por su propia naturaleza, exige preservar información sensible y al mismo tiempo sostener controles sobre el uso del poder estatal.

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