Javier Milei

El Gobierno oficializó el aumento del presupuesto en Defensa y sanciones hidrocarburíferas

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El Ejecutivo nacional ratificó mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial su estrategia de protección de recursos estratégicos en el Atlántico Sur, en el marco de los anuncios brindados por el presidente Javier Milei. A través del DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026, el Gobierno formalizó el incremento presupuestario para el área de Defensa y un esquema de sanciones para empresas extranjeras que exploten recursos en las Islas Malvinas sin autorización.

La oficialización de ambas normativas se produjo tras una cadena nacional del mandatario, en la que se reafirmó la postura sobre la soberanía del archipiélago y la necesidad de consolidar la presencia estatal y el control soberano sobre la plataforma continental argentina.

¿En qué consiste la readecuación presupuestaria para el Ministerio de Defensa?

A través del DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo dispuso la modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. Los puntos centrales de esta medida económica incluyen:

  • Reasignación de partidas: Modificación de fondos orientados a proveer de recursos económicos a las áreas vinculadas directamente a la defensa territorial.
  • Prevención de contingencias: Financiamiento dirigido a garantizar la continuidad de servicios esenciales a cargo del Estado.
  • Marco para reestructuraciones: Definición del esquema de financiamiento aplicable a los organismos que modifiquen su estructura jurídica durante el transcurso del año.

¿Qué sanciones establece el Decreto 868/2026 a las petroleras extranjeras?

Mediante el Decreto 868/2026, se designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como la autoridad de aplicación de la Ley 26.659, la cual establece penalidades por tareas de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizada en la plataforma continental.

El procedimiento administrativo fijado por la reglamentación establece las siguientes pautas:

  • Notificación obligatoria: Los organismos públicos nacionales deben informar a la Cancillería sobre cualquier posible infracción en un plazo de cinco días hábiles.
  • Plazos legales: Se otorga un término de diez días hábiles para la presentación de descargos por parte de las empresas involucradas, e igual plazo para que el ministerio resuelva sobre el archivo o la aplicación de sanciones.
  • Rechazo a proyectos irregulares: La medida apunta directamente contra actividades no autorizadas en la Cuenca Malvina Norte, como el proyecto Sea Lion, calificado por el Ejecutivo como una explotación irregular de recursos no renovables.

Exigencias de declaración jurada en el RIGI y la Ley de Hidrocarburos

La nueva reglamentación impone la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas en todos los trámites vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a la Ley 17.319 de Hidrocarburos.

A través de esta documentación, las firmas solicitantes deberán certificar de manera obligatoria que no incurren en ninguna de las conductas ilegales o no autorizadas que sanciona la Ley 26.659.

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Milei endurece la ofensiva por Malvinas: sanciones a petroleras, juicios en ausencia y una base naval en Tierra del Fuego

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El presidente Javier Milei anunció una ofensiva diplomática, económica y judicial contra las empresas y los actores internacionales que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el mandatario anticipó la firma de un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

El paquete incluirá, además, el envío al Congreso de una serie de proyectos para endurecer las penas contra las compañías que intervengan en actividades petroleras, pesqueras o económicas dentro del área en disputa. Según adelantó Milei, las firmas sancionadas no podrán trabajar en el territorio nacional y sus responsables podrán quedar expuestos a procesos judiciales en ausencia.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó el Presidente al presentar la iniciativa, acompañado por integrantes del Gabinete nacional.

Milei sostuvo que el reclamo diplomático debe estar respaldado por instrumentos concretos capaces de elevar el costo económico y jurídico para quienes participen en proyectos promovidos por la administración británica en las islas.

“No alcanza con sostener nuestro reclamo. El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, señaló.

El objetivo declarado es disuadir tanto a empresas privadas como a Estados extranjeros de intervenir en emprendimientos vinculados con la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales en las Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

Cerca de 180 advertencias a empresas y 29 países

El Presidente reveló que la Cancillería argentina ya envió cerca de 180 notas de desaliento a compañías y gobiernos involucrados directa o indirectamente en proyectos económicos en las islas.

Las comunicaciones alcanzaron a actores radicados en más de 29 países y forman parte de la estrategia oficial para advertir sobre las consecuencias legales de operar en una zona cuya soberanía continúa bajo disputa.

El decreto anunciado por Milei buscará darle “mayor celeridad” a la aplicación de la Ley 26.659. Esa norma prevé sanciones para las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin contar con la autorización correspondiente.

La decisión apunta especialmente contra las compañías vinculadas con nuevos proyectos petroleros en el Atlántico Sur. El Gobierno pretende evitar que las demoras administrativas reduzcan la eficacia del régimen sancionatorio y habiliten a las empresas a avanzar antes de recibir una penalización efectiva.

El Ejecutivo también propondrá reforzar las restricciones para que las compañías involucradas no puedan operar, contratar ni desarrollar negocios dentro de la Argentina. La arquitectura definitiva de las penas dependerá de los proyectos que sean enviados al Congreso.

Una base naval para reforzar la presencia en el Atlántico Sur

La segunda pata del anuncio será militar y logística. Milei confirmó que asignará mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La instalación buscará reforzar la presencia argentina en el extremo austral, ampliar la capacidad operativa de la Armada y consolidar la proyección estratégica sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

El anuncio coloca nuevamente a Tierra del Fuego en el centro de la política de defensa. Su posición geográfica resulta determinante para el control de los accesos marítimos, la vigilancia de los recursos naturales y el sostenimiento logístico de las campañas antárticas.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, expresó Milei.

Con el decreto, las reformas legislativas y la futura base naval, la Casa Rosada procura mostrar un cambio de escala en la política sobre Malvinas: sostener el reclamo diplomático, pero acompañarlo con sanciones económicas, acciones judiciales y una presencia más fuerte en el Atlántico Sur.

La implementación efectiva dependerá ahora de tres factores: el contenido final del decreto, el respaldo que consiga el paquete legislativo en el Congreso y los recursos presupuestarios que reciba el Ministerio de Defensa para materializar la infraestructura anunciada.

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Javier Timerman: “El Gobierno está jugando demasiado al borde y es riesgoso subestimar el malestar de la gente”

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La estabilidad puede ser una condición necesaria para crecer. Pero todo depende de qué se entienda por estabilidad. Para Javier Timerman, la Argentina todavía está lejos de haberla conquistado: consiguió ordenar algunos indicadores económicos, moderar la inflación y encaminar una transformación de su estructura productiva, pero aún no logró convencer a los inversores de que esas reglas sobrevivirán al próximo cambio político.

Esa fue la definición central que dejó el asesor financiero, con cuatro décadas de experiencia en el mercado estadounidense, durante el Encuentro de Ejecutivos de Finanzas realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú.

En una entrevista con Economis, Timerman cuestionó la idea de que uno o dos años de calma sean suficientes para considerar estabilizada a una economía marcada históricamente por crisis, cambios abruptos de rumbo y políticas que se desarman con cada nuevo gobierno.

“Primero deberíamos definir qué es estabilidad. Yo creo que con la estabilidad sí alcanza, pero definamos estabilidad. Estabilidad no es que durante un año, un año y medio o dos los indicadores económicos estén estables. Eso significa que hay indicadores económicos estables”, diferenció.

Para el analista, la verdadera estabilidad llegará cuando la comunidad inversora acepte que la Argentina ya no tiene vuelta atrás en determinadas políticas. No será el resultado de una baja temporal de la inflación ni de algunos meses de tranquilidad cambiaria, sino de una acumulación prolongada de confianza.

“Para un país como la Argentina, eso no demanda dos años. Probablemente demande diez”, afirmó.

Timerman sostiene que la estabilidad no puede limitarse a una planilla económica. También requiere acuerdos políticos, instituciones previsibles y un debate público menos violento. El país será estable, explicó, cuando un cambio de gobierno no implique nuevamente la demolición de todas las reglas construidas por la administración anterior.

“Habrá estabilidad cuando el cambio político no altere determinadas reglas de juego, cuando los partidos las acepten, el discurso baje varios decibeles y el péndulo deje de asustarnos”, señaló.

Mientras esas condiciones no aparezcan, la economía continuará atravesando períodos de mayor tranquilidad y otros de renovada desconfianza. Ese movimiento explica, a su entender, por qué muchas compañías mantienen una posición cautelosa a pesar de reconocer los avances macroeconómicos.

El razonamiento del inversor todavía es defensivo: no sabe si las condiciones actuales tendrán continuidad y, por lo tanto, demora proyectos, reduce su exposición o invierte menos de lo que podría. En ese escenario, la estabilidad no está consolidada: apenas hay indicadores que, por ahora, permanecen relativamente ordenados.

“Cuando alguien dice ‘yo no sé qué va a pasar’, entonces no hay estabilidad”, resumió.

La diferencia no es semántica. Define cuánto capital está dispuesto a arriesgar el sector privado, durante cuánto tiempo y en qué actividades. La inversión de largo plazo exige algo más que una foto favorable: necesita la certeza de que el próximo gobierno no volverá a cambiar el tablero.

Timerman reconoce que los indicadores actuales muestran una transformación de la economía argentina. También advierte que una modificación de semejante profundidad inevitablemente produce ganadores y perdedores.

Durante décadas, numerosas empresas operaron dentro de una economía cerrada, sin crédito y con escasa competencia. En lugar de invertir para mejorar su productividad o conquistar mercados, destinaban apenas lo indispensable para mantener la facturación. La apertura encuentra ahora a una parte de ese entramado empresario rezagado, con dificultades para competir y sin certezas sobre su propia supervivencia.

“Cuando se hacen estas transformaciones no se puede esperar que no haya sectores beneficiados y sectores perjudicados. Es imposible evitarlo”, sostuvo.

El problema no se limita a las compañías que quedaron atrasadas. También alcanza a aquellas que podrían desarrollar productos competitivos, incorporar tecnología y buscar nuevos destinos, pero que todavía temen que el péndulo político vuelva a moverse en sentido contrario antes de que sus inversiones maduren.

La Argentina queda así atrapada en una contradicción: necesita inversiones para fortalecer su competitividad, pero la falta de continuidad política desalienta precisamente los proyectos que podrían sostener ese cambio.

La transformación tampoco impacta de manera uniforme sobre el territorio. Mientras sectores como la minería, la energía y buena parte del agro aparecen como los grandes ganadores del nuevo esquema, otras economías regionales enfrentan costos elevados, falta de infraestructura, asimetrías fronterizas y problemas de competitividad que no se resuelven únicamente con estabilidad macroeconómica.

En Misiones, esa discusión adquiere una dimensión concreta. La provincia no cuenta con gas natural, soporta mayores costos logísticos y energéticos y compite diariamente con las economías de Brasil y Paraguay. Tampoco dispone de la escala de las provincias mineras, petroleras o productoras de soja.

Timerman consideró que el programa económico debe reconocer esas diferencias y construir, junto con los gobernadores, políticas capaces de equilibrar las condiciones de provincias e industrias muy distintas.

“El plan económico debería tomar en cuenta las diferencias entre las regiones de la Argentina. Tiene que haber una política acordada con los gobernadores, con ciertos consensos que permitan equilibrar lo que ocurre en las distintas provincias y actividades”, planteó.

El asesor financiero destacó que la Argentina logró volverse atractiva en sectores que años atrás parecían condenados al estancamiento. El caso de la energía demuestra, a su juicio, que es posible transformar ventajas potenciales en actividades competitivas. El desafío consiste en detectar qué otros sectores pueden recorrer un camino similar.

Eso supone revisar también el papel del Estado. Timerman rechazó los dos extremos que suelen dominar la discusión argentina: la idea de que el Estado no sirve para nada y aquella que lo presenta como solución para todos los problemas.

“Hay que evaluar los sectores en los que la Argentina puede ser competitiva y utilizar al Estado para incentivar determinadas industrias, pero hacerlo inteligentemente, como hacen todos los países”, explicó.

El péndulo ideológico impide construir una estrategia productiva de largo plazo. Mientras la discusión permanezca atrapada entre la ausencia total del Estado y su intervención permanente, será difícil diseñar una política capaz de atender a empresas, actividades y provincias con necesidades profundamente diferentes.

El riesgo de una economía de serrucho

La pregunta decisiva es cuánto tiempo están dispuestas a esperar la sociedad y la dirigencia política. Timerman considera peligroso suponer que una economía con avances y retrocesos, ganadores visibles y perdedores persistentes puede mantenerse indefinidamente sin producir consecuencias electorales.

“Es muy riesgoso pensar que esta economía de serrucho, donde hay ganadores y perdedores, no tendrá en algún momento consecuencias políticas. El Gobierno está jugando demasiado al borde de algo que no sabemos cómo puede terminar”, advirtió.

El problema se vuelve más delicado porque, según su mirada, todavía no existe una alternativa política que garantice la continuidad de los avances alcanzados y, al mismo tiempo, corrija los costos de la transición. Si el malestar se traduce en un voto de castigo, la respuesta podría ser otro movimiento violento del péndulo.

Timerman recordó la volatilidad que precedió a las elecciones presidenciales de 2023. Horacio Rodríguez Larreta comenzó aquel año como uno de los principales aspirantes; después apareció Patricia Bullrich; Sergio Massa llegó a ejercer durante algunas semanas una centralidad casi presidencial y finalmente Javier Milei ganó el balotaje.

“No sabemos qué puede pasar. Es riesgoso subestimar que la gente muchas veces diga: ‘Entiendo que la estabilidad de los indicadores es importante, pero si a mí me va mal en lo personal, voto un cambio’”, sostuvo.

La advertencia toca el núcleo del dilema oficial. El Gobierno puede exhibir equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria y ordenamiento de las variables financieras, pero esos resultados no garantizan respaldo político si una parte importante de la sociedad no percibe mejoras en su empleo, sus ingresos o su capacidad de consumo.

Timerman también cuestionó con dureza a la oposición. Aseguró que el peronismo todavía no consiguió construir una agenda que incluya una autocrítica sobre sus gobiernos ni una definición clara frente a los principales debates económicos.

“El peronismo no logra discutir una agenda que contenga cierta autocrítica. Hoy no se sabe qué piensa”, afirmó.

Puso como ejemplo la discusión sobre la independencia del Banco Central. Dentro del mismo espacio conviven dirigentes que rechazan la iniciativa, otros que podrían acompañarla y sectores que ni siquiera explicitan una posición. Esa ambigüedad impide saber si las decisiones responden a convicciones económicas o simplemente a necesidades tácticas.

En el caso de Axel Kicillof, Timerman sugirió que el gobernador bonaerense podría estar priorizando la construcción territorial y la incorporación de intendentes antes que la formulación de una propuesta nacional. Para el analista, el peronismo está concentrado en la competencia política, pero posterga la tarea más importante: ofrecer una alternativa programática.

La diferencia con el oficialismo, observó, es evidente. Se puede coincidir o no con Milei, pero sus funcionarios repiten una orientación reconocible: consideran que la inflación debe continuar bajando, plantean que la mora es una relación entre privados y anticipan que profundizarán las reformas. Del otro lado, en cambio, aparecen grandes objetivos -más empleo, producción o desarrollo- sin políticas concretas para alcanzarlos. “Son objetivos, no políticas”, sintetizó.

Timerman consideró que la oposición cometerá un error si propone regresar al punto de partida. La sociedad puede buscar un gobierno que resuelva los problemas que la gestión de Milei no solucionó, pero difícilmente quiera renunciar a los avances obtenidos en materia de estabilidad de precios y orden macroeconómico.

Por eso, estimó que el peronismo debería reconocer los logros del Gobierno y concentrarse en aquello que considera necesario corregir. Allí podría encontrar una agenda propia: administrar la transición hacia una economía más abierta sin destruir la matriz industrial, diseñar políticas de reconversión y contemplar los tiempos que requieren empresas, trabajadores y provincias para adaptarse.

Sería más inteligente que el peronismo reconociera los logros de este Gobierno y apuntara a solucionar lo que todavía no fue resuelto. Pero no lo hace. No discute”, cuestionó.

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Con la estabilidad sola no alcanza: empresarios respaldan el rumbo, pero advierten por los costos de la transición

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Con la estabilidad sola no alcanza. Y ¿qué estabilidad? En el salón de convenciones del Loi Suites quedó revoloteando esa paradoja. El consenso de que con la estabilidad es una condición necesaria, pero por sí sola no alcanza. Y la pregunta sobre qué tipo de estabilidad está parada la Argentina. Entre los ejecutivos de finanzas de las principales empresas del país, no hay dudas de que las reformas macro que impuso Javier Milei son correctas, pero al mismo tiempo, admiten que pueden no ser suficientes para contener a una economía que anda en varias velocidades a la vez y, sobre todo, a quienes son las víctimas necesarias de un proceso de “destrucción creativa”. El mejor ejemplo de esas velocidades es que la visita del presidente Javier Milei -la primera desde que asumió- chocará de lleno con una protesta de productores yerbateros que reclaman por la caída de los precios que impuso la desregulación, pilar de la economía libertaria.

Pese a eso, hay confianza en que la desaceleración de la inflación es clave para fortalecer inversiones. Esa es la principal conclusión de una encuesta presentada con la participación de más de 100 de las principales empresas líderes de la Argentina. Los ejecutivos consultados prevén para el 2026 un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad de sus compañías.   

Con respecto a las inversiones, el 84% de los empresarios destacó que crecerán o permanecerán constantes con relación al 2025. Este año estuvieron enfocadas principalmente en activos fijos, incorporación de tecnología y fortalecimiento del capital de trabajo. 

Pese a la alta expectativa, la primera jornada del encuentro realizado en la ciudad de las Cataratas careció de representantes del Gobierno nacional, aunque se espera que este viernes estén el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el de Economía, Luis Caputo y finalmente, el presidente Javier Milei. Sturzenegger, al igual que Patricia Bullrich, eran esperados este jueves, pero uno no llegó y la senadora optó por esperar la cadena nacional presidencial.

La postal del primer día de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas fue, entonces, la de un empresariado que respalda el rumbo general, pero comienza a ponerle condiciones al entusiasmo. El déficit cero, la baja de la inflación, la eliminación de la maraña cambiaria y la recuperación de estadísticas públicas confiables ya no aparecen como materias de discusión. El interrogante se trasladó a otro terreno: cuánto tiempo puede sostenerse la transición sin que sus costos económicos y sociales terminen debilitando las propias reformas.

Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, lo explicó con la imagen más potente de la jornada: en la Argentina corren dos relojes y no marcan la misma hora.

Uno es el reloj de las reformas estructurales. Allí entran la reforma laboral, el rediseño tributario, la transformación del Estado y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Son decisiones cuyos resultados se miden en años o décadas y que, según Miedziak, pueden definir el perfil productivo del país durante los próximos veinte años.

El otro es el reloj de la caja. No tiene la paciencia de la macroeconomía ni puede esperar a 2030. Es el de la pequeña y mediana empresa que debe pagar los salarios el cuarto día de cada mes, el del productor yerbatero que necesita liquidar la cosecha, el del hotel de Puerto Iguazú que factura en pesos y compite con Brasil o Paraguay y el del comerciante obligado a renovar capital de trabajo con tasas muy superiores a las vigentes en los países vecinos.

La distancia entre ambos tiempos concentra la principal amenaza. Las mismas medidas que podrían generar una economía más competitiva en el largo plazo también pueden acelerar, en el presente, la caída o reconversión de empresas y actividades que no tienen espalda financiera para esperar los beneficios prometidos. No es una impugnación del programa económico. Es el reconocimiento de que el tránsito hacia ese nuevo modelo tiene ganadores, perdedores y plazos que no siempre coinciden.

Para Miedziak, si ambos relojes no consiguen encontrarse, el peligro es el regreso del péndulo argentino: un nuevo salto desde una economía cerrada y regulada hacia una apertura extrema, o viceversa. La sustentabilidad de las reformas dependerá, por lo tanto, de que comiencen a producir resultados visibles en la vida cotidiana.

“No hay reforma sostenible sin resultados que la gente vea e impacte en su realidad personal y familiar”, planteó. La definición condensó el tono del encuentro: respaldo al rumbo, pero también un pedido para que el orden macroeconómico deje de ser solamente una promesa futura y empiece a convertirse en inversión, empleo y mejora de los ingresos.

Empresas resistentes, pero todavía cautelosas

La encuesta anual sobre financiación e inversión elaborada por EY Argentina y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas expuso esa mezcla de confianza y prudencia. El relevamiento, que alcanza a más de cien compañías líderes, mostró que el proceso de estabilización todavía avanza de manera heterogénea.

Durante el último año, el 51% de las empresas indicó que sus ventas aumentaron, una proporción inferior al 62% registrado en el relevamiento anterior. En el otro extremo, el 32% informó una caída. La rentabilidad tampoco mostró un resultado uniforme: mejoró para el 32%, permaneció estable para el 30% y empeoró para el 34%.

La expectativa mejora cuando las compañías miran hacia 2027. El 68% prevé un crecimiento de sus ventas y el 53% espera una mayor rentabilidad. Casi la mitad proyecta aumentar sus inversiones, principalmente en bienes de capital e incorporación de tecnología, dos destinos que concentraron el 70% de las respuestas. Otro 19% planea reforzar el capital de trabajo.

La inversión, sin embargo, todavía depende demasiado de los recursos propios. La autofinanciación representa el 31% de las fuentes utilizadas por las compañías, seguida por los bancos y entidades financieras locales, con el 22%, y los aportes de las casas matrices, con el 15%. Para el 69% de los ejecutivos, las necesidades de financiamiento no cambiaron respecto del año anterior, un dato que también revela cautela frente al endeudamiento.

Alejandro Kelman, socio de EY Argentina, explicó que la autofinanciación continúa funcionando como el refugio natural de las empresas mientras se consolida el orden macroeconómico. El desafío será recuperar el crédito estructurado y el mercado de capitales para financiar proyectos de una escala que los balances empresarios difícilmente puedan sostener por sí solos.

Energía, agro e infraestructura encabezan las expectativas

La energía volvió a destacarse como el sector con mayor potencial de crecimiento, con el 37% de las menciones. Le siguieron los agronegocios, con el 23%, y la infraestructura, con el 17%. Son, precisamente, tres sectores que exigen inversiones de largo plazo, financiamiento abundante y reglas que sobrevivan a los cambios de gobierno.

Para mejorar la competitividad, el 61% de los ejecutivos reclamó una simplificación tributaria y administrativa. Otro 19% pidió acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas. Entre los incentivos fiscales, el 29% se inclinó por reducir alícuotas a cambio de reinvertir utilidades y el 28% propuso bajar las cargas sociales cuando se genere nuevo empleo.

La confianza necesaria para invertir sigue atada a tres demandas centrales: un plan económico claro y sustentable, mencionado por el 27%; una reforma tributaria que estimule la inversión, elegida por el 25%; y una política cambiaria estable, señalada por el 20%.

El respaldo al rumbo, en consecuencia, no equivale a un cheque en blanco. Los empresarios valoran la reducción de la inflación y la normalización de variables básicas, pero quieren saber si esas condiciones podrán sostenerse y si estarán acompañadas por impuestos más simples, crédito, infraestructura y reglas previsibles.

La tecnología aparece como otra frontera decisiva. El 28% de los consultados señaló a la inteligencia artificial como una de las tendencias con mayor impacto sobre sus negocios, mientras que el 26% manifestó preocupación por la irrupción de competidores no tradicionales. Para pasar de la estabilidad al crecimiento, el 30% priorizó aumentar la productividad mediante la integración de inteligencia artificial y tecnología, y el 29% volvió a reclamar reglas básicas que permitan planificar a largo plazo.

La microeconomía, la deuda pendiente

El economista Daniel Artana llevó la discusión hasta el núcleo del problema. La inflación, advirtió, afecta negativamente el crecimiento, pero derrotarla no resuelve por sí sola los déficits acumulados durante décadas. La macroeconomía puede encaminarse mientras la micro continúa atrapada entre baja productividad, informalidad, escasa innovación, deterioro del capital humano y una infraestructura insuficiente.

La inversión argentina apenas supera el 17% del producto, un nivel demasiado bajo para sostener una expansión robusta y prolongada. El rezago no nació con el actual Gobierno, sino que es consecuencia de lo que Artana definió como una “larga siesta de décadas”. Mientras el mundo atraviesa la revolución de la inteligencia artificial, la Argentina todavía debe reconstruir condiciones elementales para competir.

La salida implica asumir costos. Algunas empresas conseguirán reconvertirse; otras quedarán en el camino. Esa dinámica genera tensiones económicas, sociales y políticas que no pueden descartarse como un daño colateral sin importancia. La pregunta de largo plazo, señaló Artana, es qué dolor está dispuesta a soportar la sociedad para modificar una estructura que lleva dos décadas con la productividad estancada.

Allí reaparece la paradoja que atravesó toda la jornada. La estabilidad es imprescindible porque sin ella no hay cálculo posible, no existe crédito de largo plazo y cualquier inversión queda rehén de la próxima crisis. Pero la estabilidad también debe ser examinada por su calidad: puede haber equilibrio fiscal con empresas sin financiamiento, calma cambiaria con sectores incapaces de competir y menor inflación con familias cuyos ingresos todavía no alcanzan.

El empresariado reunido en Puerto Iguazú no pidió abandonar el programa ni volver atrás. Al contrario, consideró que las reformas deben sostenerse. Pero dejó una advertencia: el orden de las grandes variables solamente será políticamente durable si consigue bajar hasta la economía real.

En el Loi Suites hubo confianza, aunque sin euforia. Las empresas creen que pueden vender más, mejorar su rentabilidad e invertir. También saben que el crédito sigue siendo escaso, que la presión tributaria reduce competitividad y que no todos llegarán con la misma fortaleza al final del ajuste.

El Gobierno propone pasar de la estabilidad al crecimiento. Los ejecutivos financieros coinciden con ese destino. La discusión que quedó abierta en Puerto Iguazú es cómo atravesar el camino sin que el reloj de las reformas termine quedándose sin empresas, trabajadores y respaldo social antes de marcar la hora prometida.

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Milei condicionó su reelección a los resultados y rechazó flexibilizar la economía

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El presidente Javier Milei reconoció que el futuro electoral de La Libertad Avanza dependerá de su capacidad para mostrar resultados concretos y descartó cualquier flexibilización de la política fiscal o monetaria con el objetivo de mejorar sus chances de reelección. “Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar”, admitió durante el cierre del evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.

La definición expone uno de los principales desafíos políticos del Gobierno hacia 2027: sostener el programa económico mientras busca que la estabilización se traduzca en mejoras visibles para los hogares y en una recuperación que pueda consolidarse en el tiempo. Milei sostuvo que distintos sectores le reclaman moderar la política fiscal y monetaria para llegar mejor posicionado a las elecciones, pero aseguró que no seguirá ese camino.

“Nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, afirmó. Para el Presidente, la consistencia del programa constituye también su principal activo electoral. “Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas”, sostuvo.

En paralelo, Milei planteó un escenario electoral favorable para el oficialismo. Aseguró que espera repetir en octubre un resultado similar al de la última elección y proyectó que una victoria permitiría a La Libertad Avanza alcanzar la mayoría en Diputados y quedar a dos bancas de la mayoría en el Senado. “Yo confío en los argentinos y creo que vamos a ganar”, afirmó.

El punto central de su exposición, sin embargo, estuvo en la relación entre gestión y respaldo político. El mandatario reconoció que las ideas necesitan traducirse en resultados para sostener el acompañamiento social y defendió la necesidad de combinar “batalla cultural”, capacidad política y gestión. En su lectura, la política económica no puede separarse de la construcción electoral porque el Gobierno debe demostrar que su programa produce efectos concretos.

Milei utilizó buena parte de su discurso para repasar los indicadores que considera más favorables de su administración y compararlos con los resultados de gobiernos anteriores. El primer eje fue la inflación. Según los datos expuestos por el Presidente, el IPC pasó de una tasa del 3% al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner a 8,5% al finalizarla; durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner pasó de 8,5% a 26,9%; con Mauricio Macri, de 25,9% a 53,85%; y durante la administración de Alberto Fernández, de 53,8% a 211,4%.

Sobre su propia gestión, Milei afirmó que la inflación se redujo un 85%, al pasar del 211,4% al 30% en los dos años y medio considerados en su exposición. El dato ocupa un lugar central en la estrategia oficial porque la desaceleración de los precios constituye uno de los resultados más directamente perceptibles por la población, aunque su impacto sobre el poder adquisitivo depende también de la evolución de salarios, empleo, tarifas y otros componentes del gasto familiar.

El Presidente también puso el foco en la pobreza. Recordó que la tasa había alcanzado el 53% en el primer semestre de 2024 y destacó su descenso al 28% en el segundo semestre de 2025. A partir de esa comparación, sostuvo que las políticas aplicadas por su administración permitieron sacar a 14 millones de personas de la pobreza.

En materia de actividad, Milei afirmó que la economía argentina acumulaba 12 años consecutivos sin crecimiento cuando asumió La Libertad Avanza. Para su primer mandato proyectó una expansión acumulada del PBI del 17% si se cumplen las hipótesis de mercado utilizadas por su Gobierno. Según planteó, ese crecimiento permitiría además elevar el PBI per cápita y superar el ritmo de expansión de la OCDE.

El tercer eje fue el mercado laboral. Milei contrastó la reducción del empleo público con la generación de puestos en el sector privado. Según sus cifras, el Estado redujo más de 70.000 empleados mientras que el sector privado incorporó más de 600.000 trabajadores. La comparación forma parte de la narrativa económica oficial: achicar el peso del Estado y ampliar el empleo privado aparecen como dos caras de un mismo proceso de transformación.

El desafío para el Gobierno será convertir esas variables agregadas en una percepción sostenida de mejora. La inflación puede desacelerarse y la pobreza puede reducirse, pero la consolidación política del programa dependerá de que la recuperación alcance al empleo, los ingresos y el consumo sin comprometer el equilibrio fiscal que Milei presenta como condición innegociable.

Ese punto resulta especialmente relevante de cara a las elecciones. El propio Presidente admitió que el acompañamiento no está garantizado por la sola estabilización macroeconómica. La sociedad deberá percibir resultados suficientes para volver a respaldar el rumbo. En términos políticos, la ecuación que enfrenta el oficialismo combina estabilidad, crecimiento y capacidad de transformar esos indicadores en bienestar cotidiano.

Milei también vinculó su proyecto con un cambio político regional y celebró el avance de gobiernos de derecha en América Latina. En ese marco, proyectó incluso una eventual victoria de ese espacio político en Brasil y presentó el proceso como parte de una transformación más amplia del mapa político continental.

La apuesta oficial queda así definida: preservar el equilibrio fiscal y monetario aun durante el ciclo electoral y competir políticamente con los resultados de la gestión. La pregunta que queda abierta no es solamente si el Gobierno podrá sostener sus metas, sino si la mejora de los indicadores macroeconómicos tendrá suficiente profundidad y duración para convertirse en una recuperación económica que la mayoría de los hogares pueda reconocer en su vida diaria.

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