Sintonía verde
La teatralización del speaker Martín Tetaz en la mesa de la nieta de la diva televisiva, con una pistolita que dispara miles de pesos falsos, desnudó la obscena abstracción de una política que está alejada de los problemas de la sociedad. El economista de Cambiemos, especialista en errar casi todos sus pronósticos, quería graficar la “falta de un plan” económico y la idea de la “platita” en el bolsillo. Los invitados, todos amarillos, a carcajadas festejaron la gula. El lujo, es vulgaridad.
La bobería no es exclusividad de los bufones de un lado de la grieta. El revenant Aníbal Fernández, traído al gabinete para aportar experiencia y dinamismo a un área sensible, bravuconeó en redes sociales en defensa de los (correctos) subsidios a los viajes de egresados que dará Axel Kicillof. Pero, ya en el barro, el flamante ministro de Seguridad no tuvo mejor argumento que dar a conocer el colegio al que van los hijos de un conocido artista antik. El Estado –el Estado que debe brindar seguridad– donde no debe estar, revelando datos privados. Un ministro de la Nación, perdiendo tiempo valioso en una discusión por redes sociales, termómetro minúsculo del humor social.
La política berreta del golpe por golpe se libra en un cuadrilátero que no se sale de las dimensiones geográficas de Capital Federal, pero cuyas consecuencias se extienden por todo el territorio marcando ritmos de agendas que nada tienen que ver con los problemas y las soluciones que requieren quienes viven más allá de la General Paz.
Le pasó a Jorge Capitanich, el gobernador de El Chaco, objeto de burla por emocionarse en la inauguración de una red de agua potable que llegó, por fin, a una lejana localidad chaqueña. “Lloró por una canilla”, fue la síntesis absurda de los medios porteños y tuiteros picantes que hicieron viral el momento. La otra realidad bien podría ser que un gobernador, después de 107 años de existencia de una localidad, cumplió con su deber de brindar un servicio básico, pero eso no suma clicks. Para quien vive en la ciudad, puede no significar nada, pero poder abrir una canilla, para alguien que nunca tuvo agua, es un cambio de vida.
Fortalecer las autonomías, que no es sinónimo de separatismo, debe ser el norte de la política lejos de esa tensión permanente que agranda la grieta. Por eso es vital alimentar debates como los que impulsa el Gobierno de Misiones y al que deberían sumarse las fuerzas opositoras, aún cuando deben obedecer la verticalidad de la Nación.
Misiones hoy se planta en demanda de recursos y leyes con una autonomía inédita. Por un lado, una compensación de 144 mil millones de pesos por el cuidado de la biodiversidad, con argumentos clave que le ponen valor económico a un esfuerzo que atraviesa generaciones. El monte vale, el agua vale. Y cobra mucho más valor con el nuevo argumento que pone la Provincia en la demanda ante la administración de Alberto Fernández: con el cuidado de la última reserva relevante de bosque atlántico, Misiones está garantizando la humedad que hace rica a la Pampa húmeda, millonaria en soja y carne de exportación.
No hay que ser un experto ambiental para entender las consecuencias de no hacerlo. Los incendios y el avance de la deforestación del Amazonas, con la complacencia de Jair Bolsonaro, están provocando una desertificación al sur de Brasil que se expande a un ritmo acelerado.
Pero es la Pampa húmeda, la zona núcleo de la Argentina, la que goza de mejor infraestructura, de subsidios al combustible, de energía barata y de gas natural. Misiones carece de gas y paga la nafta más cara del país. Tampoco tiene subsidios a la energía para abaratar el uso obligado de aires acondicionados en los sofocantes veranos.
El bolsillo del misionero también es castigado por la ineficacia en domar a la inflación, que carcome salarios. La inflación de los últimos años se devoró alevosamente al poder adquisitivo y a la capacidad de consumo de los trabajadores. Los asalariados privados registrados perdieron en 4 años el equivalente a 6,3 salarios mensuales (de agosto 2017), los empleados públicos 7,5 salarios y los trabajadores informales 9,1 salarios.
Con 3,5% de inflación de septiembre, se quebró la tendencia de cinco meses consecutivos de disminución, con una gran distorsión de precios relativos: mientras la inflación de alimentos de los últimos 4 años supera en 5.8% a la general, la de servicios públicos está 23.3% abajo. Eso complejiza las operaciones de las empresas que deben arreglarse y especialmente las que están más lejos de los grandes centros de consumo.
Por ejemplo, la yerba mate está hoy pendiente de la definición de su nuevo precio. Pero la desbocada suba de precios, que no tiene nada que ver con Misiones, pone en jaque a la producción y a la industria por igual.
El nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, llamado de urgencia para intentar contener los precios ante la pasividad que significó la gestión de Paula Español, amenaza con congelar precios hasta enero. Pero esa negociación con las grandes alimenticias, seguramente derivará en un laudo muy bajo de acuerdo a las expectativas de los productores, y al mismo tiempo en una nueva traba a la suba del producto en góndola, que requieren los industriales, muchos de ellos asfixiados por deudas bancarias, para poder adquirir la materia prima, cuyo valor de mercado está bastante por encima de los precios oficiales. En esto, la tradición no cambia: cada vez que la Nación tuvo que laudar, tiró para abajo los precios de la yerba mate.
Esa misma continuidad se refleja en la reticencia de la Nación en atender y entender las demandas de Misiones en relación con la economía de las fronteras. El año de la pandemia, con las fronteras cerradas, sirvió para demostrar que la riqueza que se fugaba por los puentes o pasos habilitados, representaba un enorme potencial que transformó a la provincia en una de las pocas que pudo crecer y generar empleo en medio de la recesión que la crisis sanitaria profundizó. Pero en el fondo, las mismas condiciones estructurales que favorecían la fuga, siguen existiendo y no hubo siquiera un amago de la administración Fernández de corregir algunas distorsiones.
Los impuestos nacionales significan el 83 por ciento de la presión tributaria que impacta en los precios, bastante más que en Paraguay, lo que perjudica especialmente a Misiones.
Por caso, el IVA en Argentina es del 21. En Paraguay, entre 5 y 10 por ciento. Ganancias se paga el 30 por ciento en Argentina y sólo 10 o 15 en la vecina orilla. Las cargas sociales representan para el empresario un 24 por ciento extra, mientras que en Paraguay solo 16,5%. Entonces, más allá de que hoy el tipo de cambio provocará que sean los guaraníes los que ingresen a comprar a la Argentina -la nafta está casi el doble que en Posadas-, la diferencia estructural sigue existiendo. Eso es lo que motiva la insistencia de Misiones en conseguir la zona aduanera especial, proyecto que los diputados de la Renovación tienen la misión de incluir en el Presupuesto nacional 2022 con el texto justo para contrarrestar cualquier zancadilla de las otras provincias y, sobre todo, un nuevo veto de Alberto Fernández.
“Misiones es un yaguareté negociando, hambriento. Hacemos valer derechos como nadie. Misiones consiguió la sanción de una ley que es inmodificable. El resto es una facultad del Presidente. Pero la ley está votada. Solo puede ser reemplazada por otra ley. Acá hay alta jerarquía política, que discute lo que quiere la gente. Por eso fuimos con boleta corta, porque es la que lleva la agenda de los misioneros, mientras las oposiciones responden a la verticalidad de Buenos Aires”, aseguró el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. El conductor de la Renovación habló el jueves en la previa de la sesión de la Cámara de Diputados, donde dio a conocer que Misiones entró formalmente al mercado global de los bonos de carbono en la búsqueda de generar ingresos que sirvan para mejorar la protección de la biodiversidad.
Fue una negociación silenciosa y de largo aliento. El gobernador Oscar Herrera Ahuad firmó un acuerdo con Mercuria Energy Trading, una firma especializada en la transacción de commodities a nivel global, para la compra de créditos de carbono derivados del servicio que presta la selva misionera.
El acuerdo implica un estudio para identificar el capital ambiental que tiene la provincia, para después implementar un Programa Provincial de Reducción de las Emisiones de la deforestación y la degradación de bosques nativos (REED). El objetivo final es la venta de reducciones de emisiones o certificados de reducción de emisiones al mercado de carbono.
También están avanzadas las negociaciones con BP plc (British Petroleum), la compañía británica que paga por las emisiones de su negocio de gas y petróleo. La petrolera asumió hace un año la meta de convertirse en cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Ese acuerdo además abre las puertas a otros jugadores en la explotación del gas y petróleo en Vaca Muerta.
Rovira consideró que Misiones está ante una oportunidad global, porque el mundo acelera medidas para frenar el cambio climático, con China y Europa como principales motores de esas acciones. El Papa Francisco es uno de los promotores de un capitalismo más amigable con el ambiente y un aliado clave de la tierra roja en esta búsqueda de financiamiento. El documento de demanda de la compensación a Nación, apunta justamente a esto: el presidente Alberto Fernández aboga por un canje de deuda por servicios ambientales de la Argentina. ¿Cómo no atender el pedido de la provincia que más hace por proteger la biodiversidad?
La demanda ambiental y la entrada al mercado de bonos de carbono marcan un nuevo estadio en la política misionera. Los diputados nacionales jugarán un rol clave para conseguir la reivindicación y la concreción de la zona aduanera especial. Los de la Renovación -y los candidatos Claudia Gauto y Carlos Fernández- tienen el mandato de gestionar para que el Presupuesto 2022 contenga esas reivindicaciones.
Las oposiciones andan en las suyas. El radical Martín Arjol, ahora en dupla con Pedro Puerta, busca votos para “derrotar al kirchnerismo”. La agenda de la nueva alianza no deja de ser la que le marcan desde Buenos Aires: flexibilización laboral y rebaja de impuestos para las empresas. Nada que no se haya probado y ya no haya fracasado en la Argentina y en el mundo.
Del otro lado, Isaac Lenguaza intenta recomponer la tropa k para al menos no perder más votos.
En la Renovación intensificaron la tarea política en las últimas semanas y entienden que noviembre seguramente tendrá un resultado distinto, ya que en junio se hizo sentir el voto bronca contra el gobierno de Alberto Fernández y ahora la sociedad pondrá más en la balanza la situación provincial.
Con una sociedad que ya recuperó casi toda la normalidad prepandemia, Carlos Fernández y Claudia Gauto, junto a Fernando Meza, ahora relanzaron la campaña y las reuniones muestran un intercambio distendido de ideas con el dueño del voto.
