El Congreso ante las reformas del Ejecutivo
La reforma laboral fue congelada en el Senado por decisión de los legisladores peronistas y los líderes sindicales. El bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto decidió poner la pelota en la cancha gremial, suspendiendo su tratamiento “hasta que los dirigentes gremiales se pongan de acuerdo en la materia”. Esto equivale a poner un tiempo indefinido al tratamiento del proyecto, ya que los líderes sindicales no están de acuerdo y es difícil que eso vaya a cambiar.
En cambio, el pasado jueves 30 de noviembre dio media sanción al proyecto de movilidad jubilatoria. En esta ocasión, el bloque FPV-PJ no apoyó en forma unificada la iniciativa del Ejecutivo, pero aportó nada menos que 20 votos afirmativos. Ahora pasará a Diputados, donde hay incertidumbre. Monzó va a esperar a que asuman los nuevos diputados el 10 de diciembre para llevar el proyecto al recinto: a partir de esa fecha, Cambiemos contará con 108 bancas propias. Necesita 22 votos. Todo indica que será un a votación ajustada, pero Monzó dice que los números le dan. Es un tema de alta sensibilidad y se oponen tanto el bloque del Frente para la Victoria como el Frente Renovador (que queda menguado pero tiene entre sus referentes a Mirta Tundis, una defensora de los jubilados), el Movimiento Evita, los puntanos que responden a Rodríguez Saá; están en duda los neuquinos.
¿De dónde saldrán los 22? El gobierno tiene para pescar entre los justicialistas antikirchneristas del bloque que lidera Diego Bossio. Perro en este caso tiene una restricción: Bossio, ex director de la ANSES, es el autor de la ley que se quiere modificar, y se opone. No puede hacer otra cosa. Pero hay otros diputados, alineados con los gobernadores de Salta, Entre Ríos, San Juan y Tucumán, que pueden ser los aliados de Cambiemos en esta. Lo mismo aplica a los diputados que responden a los gobernadores de Misiones y Santiago del Estero. Con esta aritmética, el oficialismo descuenta que antes de fin de año estará vigente el nuevo marco previsional.
Ambos casos dicen bastante acerca del Congreso que se viene en 2018. Finalizando el 2017, una de las características extrañas de la política argentina es que aún no estamos en condiciones de proyectar, con suficiente precisión, cómo será el Congreso por venir. Sabemos algunas cosas básicas, como que Cambiemos incrementará sus dos bancadas -sin llegar a la mayoría en Diputados, y alcanzando finalmente el tercio en Senadores- y que el peronismo menguado tenderá a la división. Pero aún no se han resuelto algunos detalles.
En Diputados, Cambiemos hoy tiene una situación cómoda. Tal como mencionamos, tras haber superado el 40% en las últimas elecciones nacionales, tendrá 108 bancas a partir del 10 de diciembre. A pocas de alcanzar el quórum. Esta comodidad, y el hecho de que tiene bastante de donde pescar -el archipiélago de los peronismos y los partidos de distrito- lo liberan de acuerdos más permanentes, como el que mantuvo con el Frente Renovador en 2016. El partido de Massa, quien se despide del Congreso el 10 de diciembre, no tiene senadores. Vuelve al llano, y se transforma en una isla más del archipiélago. Ahora, Monzó necesita una veintena de diputados para arrancar las sesiones y los puede obtener de varios lugares. Lo probable, como consecuencia de esto, es que Cambiemos termine manejando la mayoría de las comisiones: no necesita hacer favores.
En el Senado, en cambio, ni Cambiemos ni el bloque peronista tendrán el control. Cambiemos, por obvias razones aritméticas. Algunos ya tienen fantasías sobre el crecimiento del bloque en 2019. Mientras tanto, hay dos años por delante de una situación ambigua.
Pero Pichetto tampoco será el jefe indiscutido de ese grupo numeroso de senadores afiliados al PJ. Su rol será el de un coordinador parcial. Hay cuatro perfiles de senador peronista. El primero es el de los senadores alineados con sus gobernadores; en este se cuentan muchos de los que formarán parte del “bloque de Pichetto”. El segundo es el de los “sin tierra”, que provienen de provincias no gobernadas por el peronismo; allí también se cuentan algunos que tienen pretensiones gobernatoriales, como Omar Perotti en Santa Fe, que no son kirchneristas pero tampoco acompañaron la reforma previsional. ¿Para qué pagar costos políticos antes sus electorados? El tercero es el de los senadores que no se deben a sus gobernadores, aun cuando vienen de provincias con mandatario peronista; este perfil está subestimado por el análisis político, que tiende a ver al Senado como un ejército de levantamanos sin bucear en las complejidades de la política provincial. Y hay un cuarto subgrupo, que es el de los cristinistas. En este último sector está, en principio, la propia Cristina. No sabemos aún cuántos más la seguirán, pero la votación del 30 de noviembre permite suponer que unos 9 o 10 senadores podrían alinearse con la ex presidenta.
Esta fragmentación del Senado peronista expresa, en buena medida, la ausencia de un liderazgo general del peronismo. Algo que solo se resuelve, en la Argentina, desde el ejercicio del Poder Ejecutivo por parte del peronismo. Por varias razones, que suelen confluir en dos: plata y votos. Plata para gobernar -llevarse bien con la Casa Rosada suele ser una precondición para poder gobernar una provincia- y una lista nacional potente que arrastre votos en las elecciones locales. Dado que estar en la oposición no brinda esas cosas, el archipiélago peronista es lógico y esperable. El sistema funciona así.
Tal vez, Pichetto logre mantener adentro a una mayoría de senadores peronistas. Para eso, necesitará mantenerlos contentos, ya que de lo contrario se verán tentados a formar monobloques. Y ahí, el archipiélago estratégico antes descrito se volverá visible y formal. Un bloque partido en varios pedazos, imagen de época.
Pero más allá de la forma más o menos fragmentaria que adquiera este Senado peronista, lo cierto es que habrá mucha negociación. El pacto fiscal abrió un paraguas de gobernabilidad entre la Casa Rosada y los gobernadores, que tendrá un segundo capítulo en la reforma tributaria. Pero los gobernadores también tienen su agenda. El cogobierno no es automático, ni hegemónico. En cualquier momento, si una de las partes se considera poco satisfecha puede volver a discutir. Algo parecido viene ocurriendo con el campo: el gobierno le dio mucho a este sector, pero su agenda de pedidos no se acaba. Lo vemos, ahora, con el caso del impuesto inmobiliario. Un tema menor, comparado con las retenciones. Los lobbies no cesan.
Es esperable, también, que un gobierno que se siente todopoderoso trate de imponerse sobre el archipiélago peronista. Algo de eso está ocurriendo con la Procuración vacante. Semanas atrás, todo indicaba que ese lugar podía ir para el Senado peronista, con la precandidatura de Rodolfo Urtubey. Pero recientemente la cosa cambió hacia un perfil más judicial. Sabemos que Macri es ahora el centro del sistema, y que los gobernadores van a orbitar a su alrededor. Pero para orbitar, la ecuación tiene que cerrar a cada vuelta de rosca.
