JUJUY

El Gobierno renovó el cupo de 10.750 toneladas de tabaco argentino con destino a Estados Unidos

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El Gobierno oficializó el nuevo cupo de exportación de tabaco argentino a Estados Unidos para el ciclo 2025/2026.

El Ministerio de Economía habilitó a cinco empresas del norte argentino a participar del contingente arancelario de 10.750 toneladas previsto en el marco del acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos.

Un acuerdo comercial estratégico que se renueva

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca —a cargo de Sergio Iraeta— formalizó mediante la Resolución 200/2025 la distribución del cupo tarifario anual de tabaco con destino a Estados Unidos correspondiente al ciclo 13 de septiembre de 2025 – 12 de septiembre de 2026.

El cupo surge del Memorándum de Entendimiento bilateral firmado en Ginebra el 9 de agosto de 1995, en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, que asignó a la Argentina 10.750 toneladas anuales de tabaco con acceso preferencial al mercado norteamericano.

Con esta medida, el Gobierno nacional ratifica la vigencia del régimen establecido por la Resolución N° 17/2018 (ex Secretaría de Mercados Agroindustriales) y prorrogado hasta 2026 por la Resolución N° 6/2023, asegurando continuidad a un esquema clave para las economías tabacaleras de Misiones, Jujuy y Salta.

Las empresas habilitadas

El Anexo oficial (IF-2025-107324125-APN-SSMAEII#MEC) publicado en el Boletín Oficial el 13 de octubre de 2025 detalla las cinco firmas autorizadas para exportar dentro del contingente tarifario:

  • Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda.
  • Bonpland Leaf S.A.
  • Comercial Industrial Misionera Argentina S.A.
  • CTM Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda.
  • Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Ltda.

Todas las empresas quedan habilitadas desde el 13 de septiembre de 2025 hasta el 12 de septiembre de 2026. Conforme al período comercial establecido en el acuerdo.

La selección de las firmas se realizó a partir de la verificación de los requisitos exigidos en el Registro de Exportadores de Tabaco. Que regula la inscripción y cumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias y comerciales para acceder al cupo.

Impacto económico y proyección para el sector

La continuidad del cupo tabacalero consolida una de las vías más relevantes de exportación con valor agregado para las provincias tabacaleras del norte argentino. El acceso al mercado estadounidense con arancel preferencial permite sostener los niveles de comercialización externa y la estabilidad de miles de productores que integran el complejo tabacalero argentino. Uno de los sectores agrícolas más tradicionales y con mayor peso en las economías regionales.

El esquema, beneficia especialmente a Misiones, Jujuy y Salta, provincias que concentran la mayor parte de la producción nacional. Y que dependen en gran medida de la exportación para equilibrar sus balanzas comerciales.

Además, la resolución refuerza el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de comercio agroindustrial. Y contribuye a mantener abierta una cuota con alto valor económico y estratégico, en un contexto global de fuerte competencia entre países productores.

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Jujuy: Jujuy Crece se impone en unas legislativas marcadas por la baja participación

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Con el 11% de las mesas escrutadas, los primeros resultados de las elecciones legislativas en Jujuy muestran una clara ventaja del frente oficialista Jujuy Crece, que se alza con el 39,64% de los votos en la categoría de diputados provinciales. En segundo lugar se ubica La Libertad Avanza, con un 19,30%, seguido por el Frente Partido Justicialista, que alcanza el 11,12%. La cuarta fuerza es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, con el 7,7%, y en quinto lugar aparece el Frente Primero Jujuy, con algo más del 5%.

Más allá de los números parciales, el dato político más relevante de la jornada fue la escasa participación ciudadana, que podría convertir a esta elección en la más baja en la historia democrática reciente de la provincia. Según informó el secretario electoral Alejandro Gluck, la participación apenas superaría el 60% del padrón, con un 50% en San Salvador de Jujuy y alrededor del 60% en el interior.

En contraste, en las elecciones provinciales de mayo de 2023 —cuando se eligió gobernador y convencionales constituyentes— la participación había alcanzado el 75% del electorado.

Un oficialismo fortalecido frente a una oposición dispersa

La elección de medio término tiene como objetivo la renovación parcial de la Legislatura provincial, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar su mayoría y reforzar su agenda legislativa. El frente Jujuy Crece, impulsado por el actual gobernador Carlos Sadir, aparece por ahora como el gran vencedor, con una ventaja de más de 20 puntos sobre el espacio libertario.

La performance de La Libertad Avanza confirma la expansión territorial del movimiento liderado por el presidente Javier Milei, aunque sin capacidad aún para disputar el liderazgo provincial. Por su parte, el peronismo jujeño sigue relegado, fragmentado y sin capacidad de recuperación inmediata tras los años de predominio del radicalismo.

Clima electoral apático

Los datos de baja participación encendieron luces de alerta. Pese a un leve repunte en horas de la tarde, la jornada transcurrió con poco movimiento en los centros de votación y un desinterés generalizado que podría impactar en la representatividad del nuevo cuerpo legislativo. Si se confirma la cifra del 60%, se trataría de un piso histórico en términos de concurrencia electoral en la provincia.

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Jujuy imita el modelo fiscal de Misiones para frenar la evasión tributaria

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El Gobierno de Jujuy aclaró hoy que “no existe un nuevo régimen para cobrar el ingreso de mercadería” a la provincia y sostuvo que se mantiene un sistema que viene utilizando desde 2017, aunque se modernizó en una réplica del sistema de controles ruteros y anticipo de Ingresos Brutos, que percibe Misiones sobre la mercadería que se va a comercializar dentro de la provincia.

“Jujuy no implementó ningún régimen nuevo” y ratificó la vigencia del “régimen que se venía utilizando desde 2017 a partir de la Resolución 1476”, sostuvo el subdirector de Rentas de Jujuy, Mariano Merubia, a través de un comunicado.

El funcionario hizo alusión a la resolución publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la provincia sobre el sistema de cobro de impuestos al ingreso de mercadería a Jujuy, que es gobernada por el radicalismo por tercera vez consecutiva.

En ese marco dijo que “se están aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas que tiene la Dirección de Rentas, las cuales facilitan la operatoria de los contribuyentes, haciendo más rápidas las labores, de manera que el sujeto responsable pueda hacer desde su lugar de origen, la carga de toda la documentación”.

“Lo que nosotros hacemos en ruta es el control de la carga, de la información mediante la lectura de un QR también así los medios de pagos digitales disponibles por la repartición”, afirmó Merubia.

Añadió que “esto va en línea de lo que se viene realizando dentro de la repartición, tratando de hacer la menor cantidad de trámites personales y que todos los trámites sean digitalizados”.

“Son muy pocos los trámites que hoy por hoy, requieren la presencia física del contribuyente dentro de la Dirección y no es algo nuevo o algo que se haga solo en Jujuy, sino que, en otras reparticiones de otras provincias, como la de Salta, Formosa y Misiones, tienen el mismo régimen”, detalló.

A esto se debe agregar que Rentas se encuentra en una etapa de información a todos los choferes y a las personas que vayan entrando con mercadería, para que sepan cómo va a hacer la nueva operatoria en cuanto a la parte informática.

“Es un gran esfuerzo que se hace desde la Dirección para adecuar informáticamente el sistema a los nuevos tiempos”, resaltó Merubia finalmente.

Sin embargo, la Resolución General N° 1661 del Boletín Oficial de la provincia de Jujuy publicada el pasado viernes señala que “es objetivo de esta Dirección mejorar el control en determinados sectores de la economía con elevada tasa de evasión tributaria y alto grado de incumplimiento de los deberes formales y sustanciales a cargo de los sujetos pasivos”.

Agrega que “una de las herramientas con la que cuenta este Organismo Fiscal para proteger al comerciante legal y propugnar la igualdad y equidad tributaria, son los Puestos de Control establecidos en las rutas de la Provincia de Jujuy“.

Y más adelante precisa que, “como medida de política fiscal es conveniente exigir el ingreso de un pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos a abonar por los contribuyentes y responsables a los cuales el Código Fiscal les atribuya el hecho imponible y que transporten por sí o por intermedio de terceros, productos o mercaderías cuyo destino sea comercial o su posterior procesamiento”.

Asimismo, establece en su primer artículo: “un Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los productos y mercaderías que ingresen o egresen a la provincia de Jujuy o se trasladen dentro de ella, por cualquier medio, para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, o entregas en depósito o en consignación”.

Más adelante precisa que los rubros de productos y mercaderías sujetas al Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por Traslado de Mercaderías son ganado en pie; carne vacuna faenada y sus subproductos; carne porcina faenada y sus subproductos; pollo faenado y sus subproductos; pescados; verduras; frutas.

A la lista se suman oros productos e insumos alimenticios, entre ellos “harinas, huevos, arroz, aceite, cerveza y fideos”; además de “todo tipo de mercadería que ingrese a zonas fronterizas y que provenga de ferias mayoristas o predios de similares características”.

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Los puntos conflictivos de la nueva Constitución de Jujuy: limita la protesta social y los derechos aborígenes

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Impulsada por el gobernador y precandidato presidencial Gerardo Morales, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calles y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada hoy en medio de graves incidentes en las calles de la ciudad capital.

La Carta Magna jujeña, que no era reformada desde 1986, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas que ven con preocupación la quita de derechos conquistados en democracia.

En la Cámara de Diputados, Morales, presidente de la convención constituyente, dirigió el proceso de modificación del texto constitucional, aprobado y jurado entre los convencionales del oficialismo y del Partido Justicialista elegidos el 7 de mayo pasado en las elecciones generales de la provincia.

Desde su nacimiento como proyecto, para ser convertida en Ley a fines de septiembre del año pasado, la iniciativa fue tomada como un caballito de batalla de la actual gestión, convocando a “un gran debate de los jujeños” en sus comienzos.

Se abrió una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opinión en torno a las modificaciones a incluir, pues el nuevo texto abarca más de 60 artículos.

Sin embargo, los cuestionamientos a la reforma fueron en aumento, en especial en este mes, cuando las protestas de los estatales por salarios dignos sumaron a la consigna el “No a la nueva reforma”, ya que sostienen que es “retrógrada y quita derechos”.

Las comunidades originarias fueron las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibilizó con más fuerza en estos días con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma constitucional oficialista.

Frente al conflicto y antes de la jura, Morales dio marcha atrás para revisar dos artículos, el 36 y el 50 (relacionados con derechos de los pueblos originarios), que ya habían sido aprobados y volvieron a la redacción vieja del ’86.

A la vez ratificó el contenido del artículo 67 que limita la protesta social.

“No solo es solo por uno o dos artículos contra nuestros derechos, la lucha es contra toda la reforma”, dijeron a Télam referentes de Nación Kolla que representa a comunidades indígenas de la quebrada y puna jujeña.

La sesión preparatoria de la Convención Constituyente se realizó el 22 de mayo, tras lo cual se habilitó un plazo de tres meses para llevar adelante un debate de la norma, aunque la discusión concluyó en menos de un mes.

Tras quedar reglamentado el funcionamiento del cuerpo, se dio inicio trabajo de las siete comisiones sobre educación, cultura, salud, seguridad, derechos, deberes, garantías, régimen electoral, municipal y de otros temas, incluyendo la comisión redactora.

Un tema que fue apareciendo sobre la marcha y que generó un fuerte rechazo fue la intención del Gobierno y sus constituyentes de suprimir las elecciones de medio término (cada dos años) modificando la Carta Magna, pero esto quedó en el camino ya que ni siquiera se lo presentó como parte de un artículo.

De los 48 constituyentes solo terminaron el debate 40 ya que los restantes presentaron sus renuncias, entre ellos los seis convencionales del Frente de Izquierda disconformes por el funcionamiento de las comisiones con falta de difusión y escasa participación en las consultas, y se firmaron despachos de mayoría y minoría.

Con el artículo 50, bajo el título “Derechos y Garantías de las Comunidad de los Pueblos Indígenas”, el Gobierno anunciaba una nueva Constitución ampliando derechos que protegen la identidad, la cultura, la espiritualidad y los modos de vida ancestrales, además de garantizar la propiedad comunitaria.

En sus enunciados fijaba que la Constitución “reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”.

El punto 2 establecía: “El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia en la Nación”.

En el 3. El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y el 4. Ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos.

Asimismo, el artículo en su inciso 5. “El Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.

Mientras que el Artículo 50 se mantiene con el texto “Garantiza la protección a los aborígenes”, con lo cual “la provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.

Tampoco se modificó el Artículo 36 que reconoce el derecho a la propiedad privada que marca que “la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley”, entre otros aspectos.

En cambio, se ratificó el Artículo 32 “Derecho de Reunión y Manifestación” que expresa: “Queda asegurado a todos los habitantes de la provincia y sin permiso previo el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas”.

Por otro lado, la Convención constituyente ratificó en su plenitud el Artículo 67, titulado “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, y al cual se apunta porque “cercena” los derechos a la protesta y manifestación callejera.

En los incisos se marca que: “Todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación”.

Además, que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras” y que “la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica”.

En ese contexto, se incluyó la “reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación, ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público, o la libre circulación de las personas…”.

Quedó expresado también “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.

Estos cambios relacionados con el derecho a la protesta generaron el repudio de los sectores sindicales especialmente al entender que se trata de “una imposición más del Gobierno contra los trabajadores”.

“Esta constitución no reúne toda la legalidad ni la legitimidad que tiene que tener un cuerpo normativo de esta entidad”, expresó hoy la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismo de Control (Apoc) Susana Ustárez, y afirmó que el gobernador “está poniendo en riesgo el control público en la provincia”.

“Está creando una auditoría con alcance y funciones totalmente disminuidas”, por encima del Tribunal de Cuentas, dijo, con lo cual este organismo “va a dejar de existir”.

Además con la nueva constitución, hay “graves declaraciones contra la protesta social criminalizándola y cercena derechos a casi todo los espacios laborales y en particular los organismo de control reduciendo su alcance y funciones”.

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Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich justificaron la represión ordenada por Morales en Jujuy

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Con la presencia de los precandidatos a presidente de Pro, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la cúpula nacional de Juntos por el Cambio dará una conferencia de prensa en respaldo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por los disturbios que hay en su provincia a partir de la reforma de la Constitución local.

Más de 70 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 31 detenidos era el saldo hasta las últimas horas de esta tarde de una violenta represión policial que se extendió hoy en Jujuy por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada hoy en la Legislatura local.

El avance policial comenzó poco después de las 11 contra una nueva y multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna local.

Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, respondiendo al lanzamiento de piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se mantenía hasta esta tarde por diversas arterias.

Durante los incidentes, la policía arrojó capsulas de gas lacrimógeno, piedras con hondas y balas de goma, lo que provocó una gran cantidad de heridos integrantes de distintos sectores.

Asimismo, a la represión se sumaron efectivos del Grupo Especial Motorizado, mientras se agudizaban los enfrentamientos, pero esta vez en calles más alejadas de la Legislatura provincial.

Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní- fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria.

Mamaní fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado “con pronóstico reservado” señaló a Télam Gladys Aramayo, integrante del MAR, quien reclamó: “Ojalá todo salga bien porque en único responsable de todo esto es Gerardo Morales”.

Además, en los incidentes resultaron heridos varios periodistas, entre ellos el camarógrafo de Télam Daniel Bello, quien resultó lesionado en la cara por el impacto de una bala de goma policial.

Por otra parte, organismos provinciales de derechos humanos denunciaron la detención de varios integrantes de la agrupación HIJOS-Jujuy, como Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza, y Ana Uro, quienes participaban de la marcha.

Desde el colectivo HIJOS advirtieron que tanto Arroyo como Uro son testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad que tramita la Justicia federal en la provincia de Jujuy.

A ellos se suman Claudia Ayarde, Ana Arroyo, Cintia Díaz, Analía Vilca, Sara Pérez, Juan José Flores, Mayra Vilca, Carolina Luna, Enzo Cruz, Agustina Gasparovic, Elsa Ochoa, Noemí Torres, e Irma Ramos.

La lista se completa con Malena Tolay, Karen Tolay, Any Romero, Brian Torres, Georgina Valero, Marcela Díaz, Inés Quispe, Ayelen Ruiz, Cecilia Cano, Andrea Martínez, Luis Pietro, y Cintia Díaz.

La mayoría fue trasladada a las unidades penales 3 y 7 del barrio Alto Comedero, en el acceso sur a la capital jujeña, bajo las carátulas “atentado y resistencia a la autoridad”, “daños de bienes de uso público” y “atentado y resistencia a la autoridad en grado de tentativa” por orden del fiscal Walter Rondón, precisaron a Télam abogados de derechos humanos.

Ante esta situación, los mismos asesores legales confirmaron la presentación de la ampliación de dos habeas corpus ante la justicia provincial a favor de las personas encarceladas con el objetivo de conseguir su libertad.

En relación a los heridos, el número superaba las 70 personas, entre ellos docentes, integrantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y policías provinciales.

“Tenemos unos 70 heridos por las manifestaciones y enfrentamientos, uno de los cuales es de gravedad”, afirmó a Télam, Pablo Jure, director del Same en la provincia de Jujuy, quien agregó que las personas lastimadas eran atendidas en el hospital Pablo Soria, San Roque, el Centro de Especialidades Norte y en el puesto médico del Same.

“Hay muchos heridos de balas de goma y por los piedrazos que arrojó la policía apuntando a la cabeza”, indicó Fernando Acosta, integrante de ATE quien fue agredido con una cápsula de gas en la sien.

Previamente, algunos manifestantes ingresaron al edificio de la Legislatura y prendieron fuego algunas de sus instalaciones, luego de que, en el interior del edificio, los convencionales constituyentes votaron y juraron el nuevo texto.

La Policía local no pudo contener a los activistas, algunos de los cuales entraron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas al recinto.

En ese mismo momento, los convencionales oficialistas junto a los del Frente Justicialistas a puertas cerradas dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.

“Habiendo jurado la nueva Constitución de la provincia de Jujuy, los señores y señoras convencionales y presidentes de los tres poderes del Estado y habiendo sido aprobada la nueva Constitución de la provincia, la misma entra en vigencia partir de su publicación. Con esto damos por finalizada la tarea de la convención constituyente, damos por aprobada y jurada la nueva Constitución de Jujuy”, expresó Morales.

En la sesión ordinaria, los convencionales constituyentes que responden a Morales aprobaron la marcha atrás en dos artículos vinculados a los pueblos originarios, como había prometido el gobernador, pero se mantuvo la prohibición de cortes de calles y rutas.

Los incidentes sucedían mientras docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales, organizaciones sociales y sindicales avanzaban por las calles de San Salvador de Jujuy con un “banderazo”, portando banderas argentinas.

Las protestas en la provincia se replican con al menos 22 cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Susques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmamarca, donde el pasado sábado hubo represión contra comuneros indígenas.

Tras el brutal accionar policial de este martes, los gremios que componen la Intergremial de Jujuy, convocados frente a la Casa de Gobierno local, pidieron a Morales “el inmediato cese de la represión” y le exigieron que “actúe con conciencia ciudadana de respeto”.

Además, avanzaron en anunciar un paro total de actividades para mañana miércoles y demandaron que la medida se extienda a nivel nacional.

Por otro lado, reclamaron saber el número de heridos y señalaron que “hay por lo menos uno en situación de gravedad, que le tiraron un cartucho de gas en la cabeza”, refirió Santiago Seillant, dirigente del Seom.

“Hacemos un llamamiento a dirigentes de sindicatos y de partidos políticos; a organismos de derechos humanos; a funcionarios del Gobierno nacional, que vengan a Jujuy porque está siendo un laboratorio de represión para llevar como modelo a nivel nacional”, expresó, y advirtió que seguirán resistiendo en las calles.

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