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El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista bajo la órbita de la SIDE para coordinar la lucha contra el terrorismo

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El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista, un nuevo eje estratégico bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado. “No se combate con improvisación”, dijo Patricia Bullrich al presentar el organismo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo creado con el objetivo de articular las políticas de prevención y respuestas ante las amenazas de grupos armados extremistas, las que “no se combaten con improvisación”, consideró la funcionaria.

Según la candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, el CNA “viene a cerrar una brecha histórica” debido a “la falta de coordinación entre organismos” públicos “para responder” a las intimidaciones del Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994), entre otros.

De acuerdo a su explicación, la entidad funcionará bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado, al tiempo que la cartera de Seguridad se encargará de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el territorio nacional.

Por Decreto 717/2025, el Poder Ejecutivo formalizó la creación de un organismo destinado a integrar información, coordinar acciones y diseñar estrategias nacionales frente a las amenazas terroristas. La medida se enmarca en las recomendaciones del GAFI y busca fortalecer la cooperación internacional y la capacidad operativa del Estado argentino.

Un nuevo esquema de coordinación en inteligencia y seguridad nacional

El Gobierno nacional oficializó este 7 de octubre la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con el objetivo de centralizar el análisis, la coordinación y la respuesta frente al terrorismo.

El decreto 717/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior Guillermo Francos, define al CNA como un espacio de integración interinstitucional para recibir, analizar y compartir información estratégica, elaborar lineamientos y protocolos operativos y diseñar políticas específicas de prevención, detección y respuesta ante amenazas terroristas.

El organismo actuará como unidad de comando nacional y coordinará acciones con las fuerzas de seguridad federales, organismos de inteligencia, la UIF, la ARCA y Migraciones, además de ministerios clave como Defensa, Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores.

Según el texto oficial, el CNA contará con “recursos humanos y presupuestarios provistos por la SIDE” y su creación responde a la necesidad de fortalecer la capacidad estatal frente al “ciclo terrorista”, un concepto que comprende las fases de propaganda, radicalización, financiamiento, logística, reclutamiento y ejecución de actos terroristas.

Respuesta a recomendaciones internacionales y antecedentes locales

La medida surge en cumplimiento de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua sobre la Argentina.
El informe del organismo recomendó “desarrollar medios y procedimientos adicionales para identificar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo”, más allá de los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo una coordinación más estrecha entre organismos de inteligencia, justicia y seguridad.

El decreto recuerda también los ataques terroristas contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), aún sin resolución judicial definitiva, y señala que el país “ha adoptado múltiples reformas normativas con escaso resultado operativo”, por lo que se busca ahora institucionalizar un esquema de gestión centralizada para la prevención y respuesta.

En los fundamentos, el Ejecutivo advierte que el fenómeno terrorista contemporáneo se ha complejizado, con redes transnacionales que vinculan el extremismo violento con el crimen organizado, el tráfico ilícito de armas y el financiamiento ilegal. En ese marco, la creación del CNA pretende “incrementar la cooperación internacional y garantizar la vigencia del Estado de Derecho” bajo una estructura especializada.

La norma cita antecedentes internacionales como la creación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (tras los atentados del 11-S) y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista de España (CITCO), instaurado luego del atentado de Madrid de 2004, como modelos de referencia en la materia.

Estructura, integración y funciones del nuevo organismo

El Centro Nacional Antiterrorista estará dirigido por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con una unidad operativa dedicada al diseño de directivas, estrategias y lineamientos técnicos, cuyo titular será designado a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional.

El CNA estará integrado por representantes de diez organismos del Estado nacional:

  • Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)
  • Ministerio de Defensa
  • Ministerio de Seguridad Nacional
  • Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
  • Ministerio de Justicia (a través de la Secretaría de Justicia)
  • Unidad de Información Financiera (UIF)
  • Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
  • Dirección Nacional de Inteligencia Criminal
  • Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar
  • Dirección Nacional de Migraciones

Además, el Ministerio Público Fiscal fue invitado a designar un enlace administrativo, y el CNA podrá convocar a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entidades internacionales cuando sea necesario.

El organismo tendrá la potestad de requerir información a entidades públicas y privadas, celebrar convenios nacionales e internacionales, emitir informes y estadísticas oficiales sobre terrorismo, y proponer reformas legislativas y regulatorias para reforzar las capacidades estatales.

También podrá conformar Comités Especializados permanentes o temporarios, orientados a coordinar la respuesta frente a riesgos específicos o crisis vinculadas al terrorismo.

Un paso hacia una política integral de seguridad estratégica

El Decreto 717/2025 marca un punto de inflexión en la política de seguridad e inteligencia del país. La creación del CNA centraliza la información dispersa en distintos organismos y permite al Estado reaccionar con mayor rapidez y precisión frente a potenciales amenazas.

“El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es exactamente lo que va a hacer este centro”, agregó la ministra, quien remarcó que la Argentina será el primer país de América Latina en implementar una política pública de estas características.

La funcionaria estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva,  el jefe de la SIDE, Sergio Darío Neiffert, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Ernesto Cichello, durante la conferencia de prensa brindada en el barrio porteño de Recoleta.

La iniciativa, alineada con los estándares internacionales en la lucha contra el terrorismo, busca mejorar la capacidad preventiva y operativa del país, reforzando la cooperación interinstitucional y la articulación con organismos internacionales.

El Gobierno nacional sostiene que esta medida es parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y defensa de los valores republicanos y democráticos, en un contexto global donde el terrorismo se presenta bajo formas no convencionales y vinculaciones financieras transnacionales.

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Congreso internacional COPAJU Paraguay-Argentina: “Respetar, proteger y garantizar los DESCA”

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Los capítulos Paraguay y Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) llevarán adelante este 17 y 18 de octubre el congreso internacional “Respetar, proteger y garantizar los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales”.

La actividad, que reunirá a magistradas y magistrados de distintos países, tendrá lugar en la unidad pedagógica que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción posee en la localidad de San Ignacio Guazú, en el departamento de Misiones, a 225 kilómetros de la capital de Paraguay.

Junto a las expositoras y expositores que irán tomando la palabra, el encuentro contará además con las conferencias magistrales que brindarán el juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, en la primera jornada; y el profesor emérito Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los directores del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), como cierre del evento.

Apertura 

El viernes 17, las palabras de bienvenida estarán a cargo de María Esperanza del Puerto Benítez, directora general de la Unidad Pedagógica San Ignacio de la Universidad Católica; del nuncio apostólico Vicenzo Turturro; el Dr. Gallardo; la senadora Lilian Samaniego, coordinadora del Capítulo Paraguay de COPAJU; el juez César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina; y Delio Vera Navarro, presidente del Capítulo Paraguay. 

César Manuel Diesel Junghanns, presidente de la Corte Suprema de Justicia paraguaya, dará apertura al encuentro, cuya moderación y coordinación quedaráN en manos del Dr. Camilo Javier Cantero, integrante del Capítulo Paraguay.

El programa

La primera de las mesas presentará a Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quien expondrá sobre el “Desafío de la Justicia Penal en relación a los Derechos Sociales”; al asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno, secretario de COPAJU y vocal de su Capítulo Argentina, que se ocupará de “La exigibilidad de los derechos sociales en los adolescentes”; y a Genoveva Ferrero, vocal titular de la Asociación Civil Instituto Fray Bartolomé de las Casas y secretaria general de Administración y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la disertación “Estado, discapacidad y derechos sociales”.

La jornada inicial concluirá con una segunda mesa integrada por María Elodia Almirón, representante de los jueces, que reflexionará en torno a “Las garantías constitucionales en el estado social de derecho”; Sonia Sanguinés, en representación del Ministerio Público, cuya intervención estará dedicada a “La defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de los derechos sociales”; José Félix Fernández Bilbao, por parte de la Defensa Pública, quien expondrá acerca del “Derecho ambiental en el Paraguay desde el punto de vista constitucional”; y Joy Lobrano, jueza de apelaciones del Cuarto Circuito de Luisiana y presidenta del Capítulo Estados Unidos de COPAJU, con una disertación sobre “Trata de personas: enfoque integral de prevención, protección y justicia”.

Por su parte, Lucas Ciarniello Ibáñez, secretario académico del IFBC, presentará los ejes de la propuesta del Instituto, tanto en materia de formación como de investigación.

Ya el sábado 18, la tercera mesa estará compuesta por el Dr. Jiménez, que expondrá sobre “La violencia infantil y los derechos sociales en la región”; Manuel Ramírez Candía, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quien se ocupará de “La administración de justicia bajo la mirada de la doctrina social”; y el también ministro de la Corte y superintendente de la Circunscripción Judicial de Misiones, Víctor Ríos Ojeda, con la disertación “El concepto de dignidad humana en la Constitución paraguaya”.

Descargar programa

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Passalacqua solicita acuerdos legislativos para designaciones judiciales en Eldorado e Iguazú

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El Poder Ejecutivo de Misiones elevó a la Cámara de Representantes dos pedidos de Acuerdo Legislativo para la designación de magistrados en la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en las ciudades de Eldorado y Puerto Iguazú.

Por medio del expediente P.E. 11234/25, el Ejecutivo propone al doctor César Humberto Lirussi para ocupar el cargo de Juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción N.° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Eldorado.

De manera complementaria, también se remitió la solicitud de designación de la doctora Rosa Raquel Dionisia Mazal para desempeñarse como Juez de Paz Letrado de Primera Categoría de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú.

Ambos nombramientos deberán ser analizados y ratificados por el Parlamento provincial, en el marco del procedimiento constitucional que exige el Acuerdo Legislativo para la designación de jueces en Misiones.

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Lorenzetti reafirmó el derecho a la libertad de expresión: “Es central para la democracia”

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También se pronunció en contra de la ampliación de miembros de la Corte. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reafirmó el derecho a la libertad de expresión, aseguró que el Máximo Tribunal tiene una amplia jurisprudencia en su defensa y enfatizó que no la cambiará.

“Es central para la democracia”, aseguró Lorenzetti y añadió que “si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga”.

El cortesano se excusó de profundizar el tema, haciendo alusión a las últimas denuncias del gobierno y fallos judiciales para no caer en prejuzgamiento.

Lorenzetti también se pronunció en contra de la ampliación de miembros de la Corte.

“Si se aumenta la cantidad de miembros, cambia la jurisprudencia y eso generará incertidumbre en la vida económica. Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”, explicó.

Lorenzetti se presentó este miércoles en el ciclo “Diálogos” que está desarrollando la Fundación Mediterránea en Buenos Aires.

El presidente de la Corte Suprema sostuvo que “la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y subrayó que “no hemos cambiado la jurisprudencia y no las vamos a cambiar”.

En relación con temas de fondo, Lorenzetti destacó que “la Argentina necesita un cambio profundo en las instituciones y muy relevante en las instituciones”.

Explicó que la situación actual provoca que “los grandes temas no se solucionen, se trasladen”.

Describió que “Argentina tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos”. Lorenzetti resaltó que “como país vivimos de fracaso en fracaso”.

El presidente de la Corte insistió en la necesidad de “defender la democracia el estado de derecho”.

Afirmó que “la función del poder judicial es mantener la estabilidad para que todos se sientan seguros y protegidos”.

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Seguridad laboral: autorizan a Experta ART a usar notificaciones digitales con validación biométrica y blockchain

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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) oficializó la validación de la plataforma de notificaciones electrónicas presentada por Experta ART, que permitirá a trabajadores y empleadores acceder a comunicaciones formales mediante canales digitales, con estándares de seguridad basados en blockchain y encriptación avanzada. La medida, plasmada en la Disposición Conjunta 1/2025, marca un hito en la modernización del sistema y en la reducción de los tiempos y costos administrativos.

La iniciativa se enmarca en la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, que otorga a la SRT la potestad de supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Desde la Resolución SRT N° 82/20, el organismo viene impulsando la digitalización de las notificaciones en las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y en las interacciones entre ART, empleadores y trabajadores, priorizando celeridad, economía y eficacia en los trámites.

Experta ART había presentado en 2021 una primera propuesta tecnológica, pero su implementación fue postergada. Recién en abril de 2025 la compañía informó que estaba en condiciones de poner en marcha una nueva plataforma ajustada a los estándares exigidos por la normativa. Tras un proceso de revisión técnica y de control prestacional, la SRT confirmó que la solución cumple con los requisitos de seguridad, integridad de datos e identificación de usuarios, exigidos por la Resolución 82/20.

Blockchain, biometría y encriptación

El anexo técnico (DI-2025-92952723-APN-GT#SRT) detalla las condiciones de la plataforma aprobada:

  • Voluntariedad: la adhesión es opcional para los trabajadores, quienes pueden darse de baja en cualquier momento.
  • Validación de identidad: combina verificación de DNI, captura biométrica (foto y video) y reconocimiento facial con prueba de vida.
  • Certeza de recepción: utiliza la Blockchain Federal Argentina para registrar emisión, recepción y lectura de notificaciones, garantizando inalterabilidad de los datos.
  • Seguridad e infraestructura:
    • Hosting en AWS o Google Cloud Platform.
    • Cifrado AES-256 en reposo y TLS en tránsito.
    • Segmentación “Zero Trust” y backups diarios replicados durante al menos 10 años.
  • Plan de contingencia: si un usuario no completa el alta digital, la notificación se envía por carta documento en soporte papel.

Con estas características, la SRT destacó que la plataforma reúne “niveles de seguridad adecuados a la finalidad perseguida y acordes a las exigencias establecidas en el art. 10 de la Resolución SRT 82/20”.

El proceso fue analizado por la Gerencia Técnica y la Gerencia de Control Prestacional de la SRT, que emitieron dictámenes técnicos favorables. Además, la Gerencia de Asuntos Legales intervino para validar la conformidad regulatoria.

Los gerentes firmantes de la disposición, Iván Luis Lorenzo y Leandro Manuel Punte, subrayaron que la aprobación se limita al marco normativo vigente y que la SRT se reserva la facultad de auditar el funcionamiento de la plataforma en el futuro, pudiendo requerir modificaciones.

La medida tiene efectos directos en la eficiencia del sistema de riesgos del trabajo:

  • Para los trabajadores, facilita el acceso rápido y seguro a comunicaciones clave sobre reclamos, prestaciones médicas o dictámenes de comisiones médicas.
  • Para las ART, reduce costos operativos asociados a envíos postales y tiempos de gestión.
  • Para el sistema judicial y administrativo, fortalece la trazabilidad de las notificaciones, disminuyendo riesgos de nulidad o controversias por falta de comunicación fehaciente.

El uso de blockchain y validaciones biométricas coloca a la SRT en línea con estándares internacionales en materia de gobierno digital y ciberseguridad, consolidando una tendencia hacia la despapelización y la eficiencia administrativa en organismos públicos y privados.

Si bien la plataforma de Experta ART es la primera en recibir aprobación formal bajo esta modalidad, se espera que otras aseguradoras sigan el mismo camino, impulsando un efecto multiplicador en la digitalización del sistema de riesgos del trabajo.

La SRT anticipó que continuará con auditorías periódicas y exigirá que cualquier cambio en la infraestructura tecnológica sea previamente comunicado y validado. La adopción de estos mecanismos podría, en el mediano plazo, convertirse en un estándar obligatorio en el sector.

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