En el marco de su visita oficial a Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este martes con representantes de fondos de inversión institucionales en la ciudad de Nueva York. Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López.
También participaron el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.
Cuando se conocieron los desalentadores resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), la política argentina reaccionó “con sorpresa” y su habitual lavado de manos. Los malos resultados no deben leerse únicamente en clave local. El problema de la educación es mucho más profundo, transversal a países y sistemas y no exento de controversias. Singapur es el país que lidera las pruebas PISA: su modelo tiene una disciplina estricta y castigos físicos para varones desde los 9 años ante faltas graves. Un tercio de los estudiantes de España no alcanza el nivel 2 de PISA ni en matemáticas ni en lectura.
El diagnóstico de PISA deja pocas zonas grises para la Argentina. Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en la evaluación anterior en las tres competencias centrales y el deterioro no se limita al puntaje promedio: aumentó la proporción de alumnos que no alcanza los conocimientos mínimos. El resultado puede resumirse en tres números: 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Argentina quedó 62° del mundo en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias. Y quedó octava entre los 13 países latinoamericanos en las tres pruebas. Si en Argentina hay crisis, Paraguay está por debajo.
Los peores resultados para la Argentina en 20 años se dieron en 2025, en plena gestión de Javier Milei. Pero obviamente la responsabilidad excede a su gestión, ya que en los adolescentes de hoy, hay responsabilidad de al menos tres gobiernos anteriores: Alberto Fernández, Mauricio Macri y la última etapa de Cristina Fernández. ¿Eso exime a la gestión libertaria? Ni mucho menos. Pretender que no tiene nada que ver con los resultados es una falacia, idéntica a apropiarse de las mejoras en las pruebas Aprender.
La educación en la Argentina está mal desde hace años. No mejorará en el futuro inmediato. El ajuste sobre la educación no es solamente una discusión presupuestaria: expresa una definición sobre el lugar que el Estado nacional pretende ocupar en la formación de las próximas generaciones. Entre 2023 y 2025, la inversión nacional destinada a educación sufrió una caída cercana al 48% en términos reales. La partida de Educación y Cultura pasó de representar alrededor del 1,43% del PBI a ubicarse en torno al 0,75%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.
La retracción ocurrió en prácticamente todos los frentes. Se redujeron transferencias y programas destinados a las provincias, se desplomaron partidas para infraestructura escolar, becas y políticas socioeducativas y desapareció el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que durante años complementó los salarios docentes en todo el país. Al mismo tiempo, universidades nacionales y organismos científicos quedaron sometidos a una fuerte restricción presupuestaria, con partidas de funcionamiento que perdieron poder adquisitivo y recortes que alcanzaron al CONICET y, con especial intensidad, a la Agencia I+D+i.
Pero quizá el cambio más profundo no esté en cuánto dinero se recortó, sino en el paradigma que comienza a construirse detrás de esos números. La eliminación de los pisos legales de financiamiento educativo -entre ellos, la referencia del 6% del PBI- supone abandonar una concepción en la que el Estado asumía compromisos mínimos y explícitos con la educación. Las propuestas oficiales orientadas hacia una mayor libertad de elección, desregulación de formatos y mecanismos de financiamiento vinculados a la demanda profundizan esa transformación.
Por eso, discutir educación únicamente en términos de déficit fiscal sería quedarse con una parte del problema. La pregunta de fondo es qué tipo de país puede construirse cuando el conocimiento, la universidad, la ciencia y la escuela pública dejan de ser considerados una inversión estratégica. “La educación es una inversión fundamental, pero hemos tenido que llevar adelante una reducción del gasto para recuperar el orden público; la estabilidad de precios; una Argentina ordenada”, argumentó el vocero presidencial Adrián Ravier.
El ahorro presupuestario puede contabilizarse en un ejercicio fiscal; sus consecuencias sobre el capital humano, la productividad, la innovación y la movilidad social, en cambio, se pagan durante décadas. Es ahí donde debe ubicarse la responsabilidad libertaria.
En el Congreso se debatió esta semana el impacto de los tarifazos y los recortes en los clubes barriales. El diputado misionero Diego Hartfield fue duramente criticado por decir que los clubes no pueden vivir subsidiados, cuando él mismo había sido becado por el Cenard y recibía apoyos de la Municipalidad de Oberá para costear sus viajes a Buenos Aires, antes de competir en la élite.
El error no forzado no es que Hartfield tenga memoria selectiva. Cualquiera puede cambiar de opinión después de treinta años. El problema es otro: una política económica que combina la quita de subsidios con aumentos brutales de las tarifas eléctricas está empujando al límite a miles de clubes de barrio en la Argentina.
El problema no es solamente cuántos clubes podrán pagar la próxima boleta de luz. Es cuántas oportunidades se apagan con ellos. Porque una política económica que asfixia a los clubes también reduce las posibilidades de que un chico o una chica, en algún pueblo perdido del mapa, encuentre una cancha, una raqueta, un entrenador y una oportunidad.
Tal vez el próximo gran tenista argentino no nazca en una academia de élite. Tal vez esté hoy golpeando una pelota contra una pared en un club de barrio. Y quizá el verdadero costo de apagar ese club no aparezca nunca en una planilla fiscal: será descubrir, dentro de veinte años, que también apagamos la posibilidad de que alguien llegara a enfrentar al Federer del futuro, como pudo hacer el Hartfield del pasado.
El contrapunto escaló y rápidamente adquirió dimensión nacional. Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones, salió en defensa de quien podría ser su contendiente por la candidatura a gobernador. Para hacerlo, eligió un argumento curioso: sostuvo que en Misiones también se recortaron partidas destinadas a actividades sin fines de lucro y concluyó que, por lo tanto, “el deporte no es una prioridad”.
Pero la frase, antes que una crítica, suena a confesión. Porque si Núñez considera que el recorte presupuestario alcanza para demostrar que el deporte dejó de ser una prioridad en Misiones, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué debería decir entonces del país que gobierna Javier Milei, donde el ajuste sobre clubes, instituciones y asociaciones deportivas tiene escala nacional? El argumento que pretendía ser una acusación terminó funcionando como un espejo.
Hay otra paradoja que ayuda a entender la distancia creciente entre las decisiones para “estabilizar” la macroeconomía y la vida cotidiana. El mismo día y a la misma hora, el INDEC publicó dos fotografías de agosto. Una mostró una inflación mensual del 1,7%, un dato que el Gobierno elige exhibir como evidencia de que el proceso de desinflación continúa. La otra mostró algo bastante menos confortable: tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%.
Los dos datos son verdaderos. Y justamente por eso importa leerlos juntos.
Mientras el índice general de precios avanzó 1,7%, el costo de las necesidades básicas de los hogares aumentó bastante más rápido. En la comparación interanual, la diferencia también resulta significativa: frente a una inflación general del 33,5%, la canasta alimentaria acumuló 39,6% y la canasta total, 38,3%. Para una familia tipo, evitar caer debajo de la línea de pobreza requirió $1.605.497 mensuales; solamente para superar la línea de indigencia fueron necesarios $726.469.
La desinflación existe. Negarla sería tan equivocado como confundirla con una mejora del bienestar. El IPC es un promedio construido sobre una enorme variedad de bienes y servicios, mientras que la pobreza tiene una frontera mucho más concreta: cuánto cuesta cubrir las necesidades elementales de una familia.
Ahí aparece una de las contradicciones centrales del actual programa económico. Se puede estabilizar la nominalidad y, al mismo tiempo, mantener bajo enorme presión el presupuesto de los hogares. Se puede perforar el 2% de inflación mensual y que la comida aumente bastante por encima de ese registro. En el NEA la inflación fue del 1,8 por ciento, pero subió 4% el costo de la energía, vivienda y combustible, un servicio regulado por el Estado.
El INDEC contó, el mismo día, dos dimensiones de una misma economía. El Gobierno naturalmente elegirá destacar aquella que demuestra el éxito de su principal batalla macroeconómica. Pero la otra estadística recuerda que estabilizar no es necesariamente mejorar y que bajar la inflación no equivale, por sí solo, a recuperar el poder adquisitivo.
Porque, al final, la discusión no es solamente cuánto sube el promedio de los precios. Es cuánto cuesta vivir.
Hay otro indicador que obliga a mirar más allá de la desinflación: el endeudamiento de las familias. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua redujo del 39% al 30% el límite de los descuentos voluntarios sobre los haberes de empleados públicos y jubilados y, además, puso topes a las tasas y al costo financiero de los créditos. La decisión no aparece en el vacío: el propio decreto advierte sobre el crecimiento de la morosidad y busca evitar que una porción cada vez mayor del salario quede atrapada antes de llegar al bolsillo. Cuando un Estado necesita establecer cuánto del sueldo debe quedar a salvo de los acreedores, el problema ya no es solamente financiero: habla de familias que recurren al crédito para sostener su economía cotidiana.
Es otra cara de la misma paradoja. La inflación puede bajar y la macroeconomía puede estabilizar algunas de sus variables, pero eso no significa que los hogares hayan recuperado capacidad de consumo. Si aumenta la morosidad, se multiplican las refinanciaciones y es necesario proteger por decreto una parte del salario para evitar el sobreendeudamiento, hay una economía real que todavía está muy lejos de la celebración. La estabilidad de los precios importa, pero pierde buena parte de su sentido social si para llegar a fin de mes las familias necesitan hipotecar por adelantado el salario del mes siguiente.
La distancia entre la macroeconomía y la economía real también se mide en persianas que bajan y empleos que desaparecen. En junio, Misiones tenía 8.399 empresas privadas empleadoras, 862 menos que un año atrás y 1.081 menos que en noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. La caída atraviesa prácticamente todo el entramado productivo: desde entonces, la construcción perdió casi una cuarta parte de sus empleadores, el comercio cerró 495 firmas y la industria, otras 167.
El empleo cuenta la misma historia. Misiones registró en junio 96.330 trabajadores privados formales, 6.089 menos que un año antes y 12.540 menos que en noviembre de 2023. No parece un fenómeno transitorio: la comparación interanual acumula trece meses consecutivos en retroceso.
En todo el país, desde el cambio de Gobierno se perdieron más de 246 mil empleos privados registrados.
Claro que importa el orden fiscal y las cuentas en orden. Pero también el para qué.
Misiones desde hace siete años viene cumpliendo parámetros de transparencia fiscal y este año alcanzó 7,55 puntos en el Índice de Transparencia de CIPPEC. Mejoró desde los 7,10 de la medición anterior y quedó segunda en el NEA. El resultado no otorga certificados de transparencia absoluta ni invalida los reclamos por mayor acceso a la información pública. Pero tampoco debería ser descartado simplemente porque incomoda el relato libertario: es una evaluación externa que registra avances concretos en la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria.
El dato adquiere mayor relevancia cuando la Legislatura discute un Presupuesto 2027 superior a los $5,2 billones. Cuanto más grande es el Estado y mayores son los recursos que administra, mayor debe ser también la posibilidad de saber cómo, dónde y para qué los utiliza.
Misiones fue, en menos de una semana, escenario de la discusión política nacional. Primero Milei, quien cerró en Iguazú un foro de ejecutivos de finanzas e ignoró la protesta yerbatera que lo recibió en la ruta. Allí el Presidente se mostró convencido de ser reelecto y avisó: “Abróchense los cinturones”, en un anticipo de más ajuste.
El miércoles vino Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y potencial candidato de un peronismo que todavía no encuentra su unidad. Compartió una intensa agenda institucional con Passalacqua -compró un laboratorio de Biofábrica- y se reunió con productores yerbateros en Apóstoles. Defendió el rol del Estado como regulador de la cadena yerbatera y señaló que “si no se determina un precio que permita distribuir al interior de la cadena a quién le va una parte del ingreso, obviamente el que sufre es el que menos poder tiene”, afirmó.
Kicillof sostuvo que la desregulación no elimina las relaciones de poder sino que fortalece al actor con mayor capacidad de negociación. “Cuando uno la ve en concreto, se trata de que el Estado se corra y entonces quede una especie de imperio del más fuerte”, planteó.
Su argumento fue que los problemas que observa en Misiones se reproducen, con diferentes actividades, en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y otras provincias.
“Este modelo no le sirve a nadie”, resumió al referirse al deterioro industrial. La afirmación surgió después de describir cierres fabriles incluso en pequeñas localidades del interior bonaerense y de señalar que Buenos Aires concentra aproximadamente la mitad de la industria argentina.
¡Impresionante Misiones! Gracias por el cariño, el entusiasmo y las ganas de construir una Argentina distinta y un camino que signifique más producción, federalismo y soberanía para nuestro pueblo”, dijo Kicillof.
Después de reunirse con productores, vino al pasaje político. Kicillof aseguró que “es tiempo de construir una alternativa amplia a Milei”, en la que imagina a estudiantes, investigadores, jubilados, productores e industriales, además de las distintas expresiones políticas que cuestionan el rumbo económico nacional. “No quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo y desde las provincias”, sostuvo.
También se preguntó ¿Qué trajo Milei a Misiones en estos tres años?
“En Argentina venimos de una etapa donde los gobiernos, primero el de Macri, un desastre absoluto, luego un gobierno peronista que también nos dejó en la frustración, y vino Milei a decir que él traía las soluciones y las respuestas para los problemas que teníamos en la Argentina”, sostuvo.
“Hoy vemos que el ajuste y la desgracia recayeron sobre los pobres, los humildes, sobre los trabajadores, sobre los sectores medios, sobre los empresarios nacionales, sobre los productores de toda la Argentina”, enumeró.
La noche cayó en el acto en la sede del peronismo. Hace más de 20 años que no se veía al PJ tan lleno y eso que no estaban los “cristinistas”.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de julio muestra que la gestión presidencial tocó su nivel más bajo desde hace más de un año y la imagen negativa del Presidente trepó al 58,5%. Pero el desgaste no encuentra destinatario: la principal figura opositora arrastra un rechazo casi idéntico, ninguna figura del propio oficialismo ofrece recambio y la proyección hacia 2027 se dibuja, por ahora, sin ganadores claros.
La aprobación de la gestión de Javier Milei cerró julio en el 31,4%, su registro más bajo desde septiembre de 2025 y a más de 13 puntos del 45% que había alcanzado en febrero último, cuando por única vez en el año empató con la desaprobación. Desde ese pico la curva se invirtió sin pausa: el rechazo a la gestión volvió a expandirse hasta el 58,8%, de modo que hoy casi seis de cada diez argentinos desaprueban lo que hace el Gobierno nacional. La distancia entre aprobación y desaprobación —más de 27 puntos— es de las más amplias del año y describe a un oficialismo que perdió la iniciativa sobre el humor social.
El dato no es un traspié aislado sino la consolidación de una tendencia que ya lleva cinco meses. La ventana de febrero, cuando la gestión pareció encontrar un punto de equilibrio, quedó atrás: marzo abrió un ciclo descendente que no tuvo recuperación. La secuencia es elocuente por su regularidad. La aprobación pasó del 45% en febrero al 38,5% en marzo, y de allí a los registros del 33,1% y del 32,2% de los meses siguientes, hasta el actual 31,4. Para una administración que construyó su legitimidad sobre la promesa de un ordenamiento económico, la erosión sostenida del respaldo a la gestión es el síntoma más elocuente de que el consenso inicial se está agotando.
Conviene subrayar lo que estos números significan en clave política. No se trata de una desaprobación coyuntural asociada exclusivamente a una medida puntual, sino de un desgaste que se sostiene en el tiempo y convive con un rechazo presidencial consolidado. En julio, Javier Milei alcanzó un 58,5% de imagen negativa, mientras su imagen positiva cayó al 30,9%, profundizando una tendencia de deterioro que se observa desde comienzos de año.
En este escenario, la dimensión económica aparece como uno de los principales factores explicativos del malestar social. El 61,8% evalúa negativamente la situación económica del país, el 42,8% hace lo propio con su situación personal, el 61,9% tomó algún tipo de deuda en los últimos seis meses y el 66% agota sus ingresos antes o hasta el día 20 del mes. La pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento para sostener gastos básicos configuran una experiencia cotidiana de restricción que trasciende la percepción individual y se transforma en un diagnóstico colectivo. Este descontento económico, más que los episodios políticos puntuales, parece estar consolidándose como uno de los principales canales a través de los cuales el malestar social termina trasladándose al gobierno de Javier Milei.
El deterioro de la gestión se refleja, casi en espejo, en la imagen personal del Presidente. Milei cerró julio con casi 28 puntos de diferencial negativo y así se convierte en la figura con el balance más desfavorable de todo el relevamiento. Gestión e imagen ya no se distinguen: quien desaprueba lo que hace el Gobierno también rechaza al Presidente, y viceversa. La positiva, que en febrero llegaba al 47%, perdió 16 puntos en el transcurso del año sin que el rechazo diera un solo respiro.
La segmentación revela con precisión dónde resiste y dónde se profundiza el rechazo a Milei. Por edad, conserva su mejor desempeño entre los menores de 40 años, donde la imagen positiva alcanza el 38%. A partir de esa franja, el rechazo se ubica por encima del 58% y llega al 59,6% entre los mayores de 60 años. Esta distribución etaria resulta significativa porque muestra que el deterioro de la imagen presidencial no es homogéneo: mientras el núcleo que aún sostiene al Presidente es predominantemente joven, los segmentos de mayor edad presentan los niveles más elevados de desaprobación.
El cruce con las variables económicas permite profundizar esta lectura. Entre los jóvenes, el endeudamiento, la situación laboral y la capacidad de los ingresos para sostener los gastos cotidianos presentan los niveles más críticos. El 77% afirma haber tomado deuda en los últimos seis meses, principalmente para cubrir gastos básicos y tarifas, mientras que el 42,7% manifiesta algún grado de dificultad para afrontar esas obligaciones, desde atrasos en algunas cuotas hasta la imposibilidad de pagarlas. A su vez, el 82,5% señala que sus ingresos familiares se agotan antes o hasta el día 20 del mes. El dato adquiere mayor relevancia al observar el mecanismo de financiamiento: mientras el 19,6% del total de los encuestados declara haberse endeudado mediante prestamistas o financieras informales, entre los jóvenes este porcentaje asciende al 35,8%. El cuadro que surge es claro: un segmento que enfrenta mayores dificultades laborales y de ingresos, no llega a fin de mes y recurre crecientemente al endeudamiento —en una proporción significativa, dentro del circuito informal— para sostener el consumo y cubrir gastos básicos. La persistencia de estas condiciones abre una pregunta central hacia adelante: si el deterioro de empleo, ingresos y endeudamiento continúa, ¿cuánto tiempo podrá sostenerse el respaldo político del electorado joven al Gobierno?
La brecha de género es todavía más filosa. Entre varones la positiva alcanza el 36,8%, pero entre mujeres cae al 25,1% y la negativa escala hasta el 65,9%: casi 15 puntos de diferencia según el sexo del encuestado, una de las grietas más pronunciadas de todo el estudio. La geografía completa el mapa: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) lo castiga con un 63,6% de imagen negativa, muy por encima del interior del país, donde su rechazo es sensiblemente menor. El perfil de mejor imagen del Presidente queda así nítidamente dibujado —varón, menor de 40 años, del interior— y el de peor es su reverso exacto: mujer, mayor de 40, del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Esa polarización sociodemográfica es, en sí misma, un dato político: define con precisión quirúrgica dónde el oficialismo conserva base y dónde la ha perdido casi por completo.
El desgaste presidencial no encuentra heredero
Si el oficialismo se desgasta, la hipótesis más intuitiva sería que la oposición recoge ese descontento. Los datos de julio la desmienten con claridad: el rechazo a Milei no se transfiere a ninguna figura alternativa. El desencanto es transversal y alcanza a todo el arco dirigencial, sin excepción. Ninguno de los dirigentes medidos —ni de la oposición ni del propio oficialismo— logra perforar el umbral del 50% de rechazo, lo que configura un escenario de desconfianza generalizada antes que de recambio.
Axel Kicillof, la principal referencia opositora medida, registró un 51,5% de imagen negativa contra un 35,4% de positiva, el segundo diferencial más adverso del informe. Su estructura de apoyo es, sin embargo, casi el negativo fotográfico de la de Milei: donde el Presidente se hunde, el gobernador bonaerense mejora. Su positiva crece con la edad —del 21% entre los más jóvenes al 41% entre los mayores de 60— y rinde claramente mejor entre mujeres (43%) que entre varones (28%, con un 58% de negativa). Geográficamente su terreno es el AMBA, con un 41% de positiva, coherente con parte del territorio que gobierna, mientras que en el interior del país el rechazo trepa al 56%. Ese perfil, anclado con fuerza en su propio electorado, es a la vez su fortaleza y su límite: le garantiza un piso, pero le impide proyectarse como alternativa de alcance nacional.
Patricia Bullrich, desde el oficialismo, tampoco ofrece una imagen capaz de descomprimir el desgaste presidencial: acumula un 50% de imagen negativa frente a un 36,6% de positiva. Su rasgo distintivo es la estabilidad. A diferencia del resto de las figuras medidas, su valoración se mantiene pareja en torno al 35-38% en los tres tramos etarios, sin gradiente por edad, lo que sugiere una dirigente ya plenamente conocida y catalogada por el electorado, con escaso margen de sorpresa en cualquier dirección. Mejora entre varones —donde queda casi en empate, con un 41% de positiva— y en el interior, mientras que entre mujeres el rechazo asciende al 56% y en el AMBA alcanza el 58,1%. Su figura confirma que el problema de imagen del oficialismo no se agota en el Presidente.
Myriam Bregman constituye la única excepción del tablero: es la única dirigente con diferencial de imagen positivo, con un 43,1% de positiva frente a un 40% de negativa. Su fortaleza tiene un epicentro claro en el género —entre mujeres alcanza el 53% de imagen positiva, el registro más alto de cualquier dirigente en cualquier segmento de todo el informe— y se distribuye de forma pareja por edad, con un leve pico incluso entre los mayores de 60, lo que desmiente la idea de que su valoración sea un fenómeno exclusivamente juvenil. Rinde mejor en Buenos Aires y en CABA, no así en el interior. Su caso, sin embargo, encierra una paradoja que se despliega en la proyección electoral: la buena imagen no se traduce, todavía, en volumen de voto.
Rumbo al 2027: pisos bajos y techos que no despegan
La proyección de voto para 2027 confirma y profundiza el diagnóstico de estancamiento. Milei exhibe el perfil más polarizado del tablero: combina el piso más firme —24,1% declara que “seguro lo votaría”— con el techo de rechazo más duro, un 57,1% que asegura que “jamás lo votaría”. Es el retrato de un votante fiel pero encapsulado: su núcleo resiste con convicción, aunque el rechazo que lo rodea le impone un límite temprano a cualquier ampliación. En términos estratégicos, Milei conserva capital propio, pero carece de la disposición latente necesaria para crecer.
Enfrente, el cuadro no es más alentador. Kicillof aparece apenas por encima en disposición positiva —26,2% de “seguro lo votaría”— pero arrastra a la mitad del electorado (50,7%) que “jamás lo votaría”, un techo que delata las dificultades del peronismo para trascender su propio núcleo territorial. Bregman es, a la vez, la mejor valorada del informe y la menos votada: su intención de voto duro es la más baja de los cuatro, apenas un 12,3%, con un rechazo del 50% que la confina al terreno de la simpatía sin conversión electoral. Es la paradoja típica de las figuras de nicho —despierta adhesión sin volumen— y explica por qué su buena imagen no altera el mapa competitivo.
La conclusión política del bloque es contundente. La Argentina de julio no exhibe un traspaso de poder en marcha sino un desgaste generalizado de la representación: cae el oficialismo, no sube la oposición y el electorado, lejos de migrar ordenadamente hacia una alternativa, reparte rechazos en todas las direcciones. Ninguna figura, oficialista u opositora, muestra hoy un techo competitivo de cara a 2027. El escenario es de desencanto sin destinatario, y en esa ecuación reside la principal incógnita del ciclo político que se abre: la caída de Milei está a la vista de todos, pero por ahora nadie logra convertir ese desgaste en construcción propia.
Sobre el estudio
Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en la Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de julio incluyó 1.468 casos válidos con cobertura nacional y se realizó entre el 21 y el 30 de julio de 2026. Se hizo mediante un diseño muestral ponderado por región, edad, sexo y voto declarado (balotaje presidencial de 2023 y elecciones legislativas de octubre de 2025) según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y posterior depuración de registros inválidos. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.
A partir de entrevistas televisivas, el diputado nacional peronista y referente entrerriano, Guillermo Michel, envió un mensaje directo al gobernador bonaerense Axel Kicillof respecto del armado de la oposición: “El gobernador de la Provincia de Buenos Aires tiene que pensar en no llevar la interna que está teniendo en la provincia al resto del país y concentrarse en gobernar”. El legislador nacional remarcó la necesidad de construir consensos y unidad respetando las identidades territoriales: “En el interior se hace política de otra forma, la sociedad no está toda politizada como en Buenos Aires; por eso hay que hacer el ejercicio de entender que se puede convivir entre todos los sectores”.
En ese sentido, Michel advirtió sobre el impacto del programa económico del Gobierno nacional y cuestionó el modelo que, según indicó, está provocando una caída de la actividad, una pérdida del poder adquisitivo y un fuerte deterioro del consumo. “Son 12 meses consecutivos de caídas del IVA que muestra el consumo de los argentinos”, sostuvo. Además, relativizó la mejora registrada en la recaudación del Impuesto a las Ganancias al considerar que no refleja una recuperación genuina de la economía: “Subió Ganancias por una cuestión anecdótica que es cuando cambiaron los vencimientos de deuda”.
En la misma línea, el dirigente entrerriano alertó sobre el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones sobre la industria nacional y el empleo argentino. Al respecto, advirtió: “Vemos que va cayendo la actividad económica, los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo y tenemos una apertura indiscriminada de importaciones que ya está afectando no solo a la tecnología, los textiles, sino también a los alimentos”. En ese sentido, cuestionó que “en Argentina estamos importando naranjas, pechugas de pollo y leche”. Y ejemplificó con un caso en su ciudad: “En Gualeguaychú, una fábrica de baterías acaba de despedir 100 trabajadores, conozco a tres. Uno tiene 50 años y los otros dos 52. ¿De qué consiguen laburo a esta edad con una economía que se está achicando?”.
Finalmente, Michel desmintió el equilibrio fiscal defendido por el Gobierno nacional calificándolo como “un superávit trucho y ficticio que se sostiene con la falta de pago a los proveedores, con una deuda flotante de 3 billones de pesos y con las rutas del país destruidas”. Y cerró alertando que el rumbo actual de gestión conduce a una “economía peruanizada: con la mitad de la clase media a punto de desaparecer y con un modelo sin industria nacional”.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que el malestar económico ya no se expresa sólo como una evaluación negativa sobre el país, sino como una experiencia directa sobre la vida cotidiana de los hogares. El 59,5% considera que la situación económica nacional es mala o muy mala, pero el dato más delicado aparece cuando esa mirada se traslada al plano personal: el 42,4% también evalúa negativamente su propia situación económica. Esa diferencia es clave porque la economía del país puede ser leída como diagnóstico general, pero la economía personal se mide en ingresos, consumos, cuentas a pagar y capacidad para sostener el mes. Cuando casi la mitad de la población ya ubica su situación individual en terreno negativo, el ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica y pasa a formar parte de la administración diaria del hogar.
El informe también marca una fuerte distancia entre los datos oficiales y la percepción social de los precios. El 70,6% de los encuestados considera que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 85,1% afirma que su salario no le está ganando a la inflación. La combinación de ambos datos muestra que el problema no es únicamente la inflación, sino la relación entre precios, ingresos y credibilidad. Para una mayoría el salario sigue corriendo detrás del costo de vida y eso debilita la capacidad del dato oficial para ordenar la experiencia económica. La percepción de pérdida se vuelve todavía más visible según los estratos sociales: 50,7% se identifica como clase baja o media baja, lo que implica que más de la mitad de los encuestados se percibe en los segmentos más vulnerables de la estructura social.
La presión sobre la economía doméstica también aparece en la capacidad de llegar a fin de mes. Según el MOP, el 64,4% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos, lo que refleja que la restricción no se concentra solamente en los últimos días del mes, sino que se instala antes y obliga a reorganizar consumos, postergar gastos y ajustar decisiones familiares. Incluso entre los votantes oficialistas de 2025, el 66,2% sostiene que su salario no le gana a la inflación, un dato políticamente sensible porque muestra que el malestar económico atraviesa también al propio electorado de La Libertad Avanza. La diferencia no está en la existencia del problema, sino en su interpretación: mientras en la oposición tiende a transformarse en rechazo al rumbo económico, dentro del oficialismo todavía puede convivir con apoyo político, aunque bajo una tolerancia cada vez más condicionada.
Rumbo al 2027
El MOP también muestra que el debate sobre el rumbo económico empieza a proyectarse directamente sobre el escenario presidencial de 2027. Ante la pregunta sobre qué debería hacer el Gobierno con el plan económico actual, el 63% de los encuestados respondió que debería cambiarlo, mientras que el 34,8% sostuvo que debería mantenerlo. La lectura política es clara: el plan conserva una base de apoyo relevante, pero enfrenta una mayoría social que ya demanda algún tipo de corrección. No se trata necesariamente de un rechazo completo al Gobierno, sino de una señal de desgaste sobre la estrategia económica vigente, en un contexto donde el malestar cotidiano aparece asociado a salarios que no alcanzan, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para llegar a fin de mes.
Proyectando hacia 2027, esa discusión empieza a transformarse en criterio electoral. El 28,3% afirma que definirá su voto por la situación económica del país, el 17,9% por el cambio de rumbo y el 14,2% por la situación económica de su hogar. En conjunto, esos factores muestran que más de 6 de cada 10 electores miran la próxima presidencial desde una clave económica, ya sea por el rumbo general, por el impacto sobre su economía personal o por la expectativa de una corrección del modelo. La continuidad del gobierno actual, en cambio, aparece como principal factor para el 15,8%, lo que confirma que la elección no se perfila únicamente como una disputa de liderazgos o pertenencias partidarias, sino como un plebiscito sobre resultados económicos concretos.
De cara a las reformas electorales que comenzarán a debatirse en el Congreso de la Nación, el 46,1% de los encuestados considera que las PASO deberían eliminarse, mientras que otro 14,6% cree que deberían mantenerse, pero sin carácter obligatorio. El dato marca una señal relevante: existe una mayoría social abierta a revisar el funcionamiento del sistema electoral, ya sea por rechazo directo a las PASO o por una demanda de menor obligatoriedad y menor carga institucional sobre el votante.
La división aparece con más fuerza cuando se observa el corte político. Entre votantes oficialistas, la eliminación de las PASO encuentra mayor adhesión, en línea con una mirada más favorable a simplificar el calendario electoral y reducir instancias de competencia previa. Entre votantes opositores, en cambio, crece la resistencia a eliminarlas, probablemente porque las primarias son vistas como una herramienta para ordenar candidaturas, ampliar participación y evitar decisiones cerradas por las dirigencias partidarias. Así, el debate sobre las PASO deja de ser sólo una discusión técnica y pasa a expresar una diferencia política más profunda sobre cómo debería organizarse la competencia de cara a 2027.
INDEC
En mayo, la distancia entre la inflación informada y la inflación percibida se mantiene en niveles altos y deja de aparecer como un salto aislado. El 70,6% de los consultados considera que el dato del INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, prácticamente en línea con el 70,3% registrado en abril y muy por encima del 56,4% de enero. La serie muestra que el problema ya no es sólo una reacción puntual frente a un mes determinado, sino una desconfianza más estable sobre la capacidad del dato oficial para representar la experiencia económica de los hogares. Cuando 7 de cada 10 personas no validan el índice como reflejo de su realidad cotidiana, el Gobierno enfrenta un problema que excede la comunicación económica, porque la desaceleración estadística pierde fuerza si no logra ser reconocida socialmente.
Esa desconfianza se explica mejor cuando se cruza con la evolución del salario. En mayo, el 85,1% afirmó que su salario no le ganó a la inflación, apenas por debajo del 86,6% de abril, pero todavía en un nivel extremadamente alto. El dato muestra que el núcleo del problema no está únicamente en si la inflación baja o sube, sino en si los ingresos recuperan capacidad de compra frente a los precios que las personas enfrentan todos los días. Para la mayoría, la inflación no se evalúa mirando el índice, sino midiendo cuánto dura el sueldo, qué gastos se recortan y hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos. Por eso, mientras el salario siga siendo percibido como insuficiente, el dato oficial puede ordenar el discurso macroeconómico, pero no alcanza para reconstruir confianza en la economía cotidiana.
Principales preocupaciones
El MOP muestra que la agenda de preocupaciones públicas combina malestar económico, deterioro material y pérdida de confianza política. La incertidumbre económica aparece como el principal tema señalado por los encuestados con el 58,1%, seguida por la corrupción con el 52,9% y los ingresos y salarios con el 46,5%. Más atrás aparecen el desempleo con el 39,9% y las deudas con el 31,9%. El orden de las respuestas muestra que la preocupación social ya no se concentra en un solo problema económico, sino en un cuadro más amplio donde el ingreso, el empleo, la deuda y la credibilidad pública aparecen conectados. La inflación sigue pesando, pero no aparece aislada: forma parte de una percepción más general de incertidumbre sobre la capacidad de sostener la economía cotidiana.
El corte por voto 2025 muestra dos formas distintas de ordenar ese malestar. Entre votantes oficialistas, las principales preocupaciones son la incertidumbre económica con el 21%, la corrupción con el 18,2% y los ingresos y salarios con el 18,6%. Esto indica que incluso dentro del electorado que acompaña al Gobierno hay preocupación por el rumbo económico y por la credibilidad institucional. Entre votantes opositores, en cambio, la agenda aparece más asociada al costo material directo: las deudas con el 20%, la corrupción con el 13,8%, la incertidumbre económica con el 13,4%, el desempleo con el 12,2% y la inflación con el 10%. La diferencia central no está en que unos estén preocupados y otros no, sino en cómo se organiza la preocupación: el oficialismo combina apoyo político con dudas sobre economía y corrupción, mientras que la oposición traduce el malestar en una lectura más dirigida al impacto económico concreto sobre la vida diaria.
Imágenes políticas
En mayo, la imagen de Javier Milei continuó en terreno negativo y confirmó que el deterioro registrado en los meses previos no fue un movimiento aislado. Su imagen positiva se ubicó en el 35,6%, mientras que la negativa alcanzó el 59,6%, con un diferencial adverso de 24 puntos. El dato político más relevante es que la figura presidencial parece haber dejado atrás la zona de equilibrio que había mostrado a comienzos del año y empieza a estabilizarse en un nivel de rechazo alto. En un contexto donde la mayoría evalúa negativamente la situación económica del país, gran parte de los hogares siente que su salario pierde contra la inflación y crece la demanda de cambios en el plan económico. Así, la imagen presidencial queda cada vez más atada a los resultados concretos de la economía cotidiana.
Hacia los próximos meses, el escenario muestra poco margen para una recuperación espontánea si no aparece una mejora visible en los ingresos, en el consumo y en la capacidad de llegar a fin de mes. Con este nivel de preocupación y de pesimismo sobre el presente económico, Milei parece sostenerse principalmente sobre su núcleo más firme, asociado al electorado más antiperonista y más dispuesto a tolerar el costo del ajuste. El riesgo aparece en el electorado más blando, que acompañó por expectativa de ordenamiento, por rechazo al pasado o por promesa de mejora económica, pero que es mucho más sensible a los resultados materiales. Si esa franja no percibe una recuperación concreta, la imagen presidencial puede seguir perdiendo capacidad de expansión y quedar cada vez más encerrada en su base dura.
Por su parte, Axel Kicillof muestra una recuperación relevante de imagen y logra salir del momento más débil de la serie reciente. Después de haber tocado en febrero un piso de imagen positiva, en mayo volvió a ubicarse cerca de los 40 puntos, mientras que su imagen negativa se mantuvo elevada, en el 53%. El dato no alcanza para hablar de una consolidación plena, porque el diferencial sigue siendo negativo, pero sí marca un cambio de tendencia políticamente significativo: en un contexto de creciente descontento con el Gobierno nacional, Kicillof recupera volumen como figura opositora y aparece en el informe como el principal líder de la oposición con 32,3%.
Esa mejora parece apoyarse menos en una adhesión plenamente consolidada y más en un corrimiento del clima político frente al desgaste del oficialismo. La presión sobre la microeconomía de los hogares, la percepción negativa sobre la situación del país y la demanda de cambios en el rumbo económico abren espacios para dirigentes opositores con perfil de gestión y capacidad de representación institucional. En ese escenario, Kicillof empieza a afirmarse como una de las figuras con mayor capacidad para canalizar el malestar, aunque todavía enfrenta un límite claro: su crecimiento convive con niveles altos de imagen negativa y con una oposición que sigue fragmentada, sin una conducción única ordenada de cara a 2027.
Mientras tanto, Patricia Bullrich logra sostener una imagen positiva relevante y muestra una resistencia mayor al desgaste que hoy afecta a otras figuras del oficialismo. En mayo alcanzó el 40,6% de imagen positiva frente al 54,2% de negativa, un diferencial adverso, pero menos crítico que el de otros nombres asociados al Gobierno nacional. Su perfil aparece relativamente menos golpeado por la coyuntura inmediata, algo que puede leerse en relación con el lugar político que ocupa: su figura queda más asociada a una idea general de orden, autoridad y firmeza que a la gestión económica cotidiana. En ese marco, los problemas de la microeconomía parecen afectarla menos que a los dirigentes más directamente vinculados con la conducción diaria del oficialismo.
Más que como ejecutora directa del presente económico, Bullrich sigue siendo leída por una parte del electorado como una expresión política de rumbo, control y decisión. Esa diferencia le permite preservar mejor su capital simbólico en un contexto general de desgaste, aunque sin quedar fuera del clima negativo que atraviesa al oficialismo. Su imagen sigue siendo mayoritariamente desfavorable, pero conserva un piso competitivo que la distingue de figuras más expuestas al costo económico, a la dinámica interna del Gobierno y a las tensiones reputacionales que hoy golpean con más fuerza al núcleo presidencial.
Por su parte, Myriam Bregman aparece como una de las novedades más significativas del escenario político. En un contexto de ajuste, desgaste del relato oficial y creciente malestar frente al rumbo económico, su figura empieza a expandirse como canal de una oposición más frontal a Javier Milei. Con 44,6% de imagen positiva y 43,4% de negativa, es la única figura medida que presentó diferencial favorable. El dato es políticamente relevante porque muestra que el descontento no está siendo capitalizado únicamente por perfiles opositores con mayor volumen institucional, como Axel Kicillof, sino también por referencias con una identidad ideológica más nítida y una crítica más directa al oficialismo.
Ese crecimiento no implica todavía una centralidad electoral consolidada, pero sí marca un cambio en el clima opositor. A medida que se acumulan las tensiones por la economía cotidiana, la pérdida de poder adquisitivo y la demanda de cambios en el plan económico, también empieza a abrirse espacio para discursos que no plantean sólo una corrección del rumbo, sino una impugnación más amplia del proyecto libertario. En ese sentido, Bregman parece captar una parte del malestar que no busca únicamente alternancia de gestión, sino confrontación política, económica y simbólica con el mileísmo.
En el caso de Manuel Adorni, el deterioro aparece todavía más pronunciado y lo ubica como el principal foco de vulnerabilidad reputacional del oficialismo. Con apenas 17,9% de imagen positiva y 73,6% de negativa, registró el diferencial más adverso entre las figuras medidas por el MOP. El dato se vuelve especialmente sensible por el contexto político que lo rodea: los escándalos vinculados a presuntos hechos de corrupción, las dudas sobre su evolución patrimonial y el hecho de que todavía no haya presentado su declaración jurada lo colocan en una zona de alta exposición pública. Para una fuerza que construyó buena parte de su legitimidad sobre el discurso anticasta, el problema excede a la figura individual de Adorni y golpea sobre la credibilidad moral del oficialismo.
Finalmente, Diego Santilli queda ubicado en una zona intermedia del tablero político. Como ministro del Interior, su figura tiene hoy un rol central en la articulación política del Gobierno con gobernadores y Congreso de la Nación, pero su imagen todavía no aparece plenamente asociada al núcleo más expuesto del oficialismo. Con el 36,7% de imagen positiva y el 50,6% de negativa, conserva un nivel de conocimiento y competitividad relevante, aunque con diferencial adverso. Su caso muestra una tensión particular: puede funcionar como puente político para ampliar gobernabilidad y ordenar acuerdos, pero también corre el riesgo de quedar alcanzado por el desgaste general del rumbo económico si la gestión nacional no logra resultados concretos.
