La Libertad Avanza

Dictamen exprés en el Senado y buscará aprobar la Reforma Laboral el próximo viernes

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La Libertad Avanza consiguió avanzar en forma exprés en el Senado hacia la aprobación de la Reforma Laboral luego de aceptar la eliminación del artículo 44 -vinculado a las licencias por enfermedad- durante su tratamiento previo en la Cámara de Diputados. Con ese gesto político, el oficialismo aseguró los respaldos necesarios para dictaminar y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Salón Azul del Senado pocos minutos después de las 10 de la mañana para analizar el texto corregido. El debate planteaba dos alternativas: aceptar las modificaciones introducidas por Diputados o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, el bloque oficialista confirmó que avanzaría con el texto reformado, apostando a la sanción definitiva en la sesión prevista para el viernes.

Objeciones por constitucionalidad y procedimiento

Desde la oposición, el tratamiento estuvo atravesado por cuestionamientos reglamentarios y advertencias sobre el impacto de la reforma. El senador Jorge Capitanich sostuvo que su bloque consideraba que existían “violaciones flagrantes” a disposiciones reglamentarias y al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, remarcó que el proyecto afectaría derechos laborales y tendría consecuencias fiscales para provincias y municipios, sin garantizar un efecto positivo en la generación de empleo.

En la misma línea, Mariano Recalde criticó el carácter integral de la iniciativa, al señalar que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, y cuestionó que se haya debatido como un paquete único sin discusión pormenorizada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó durante el plenario.

Otros legisladores opositores denunciaron que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y advirtieron que las reducciones impositivas incluidas en el esquema beneficiarían principalmente a sectores de mayores ingresos.

Cambios en comisiones y estrategia oficial

El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. Desde el PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la Unión Cívica Radical, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con estos movimientos, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para emitir dictamen.

El senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la rapidez del tratamiento y sostuvo que la reforma apunta a modernizar estructuras laborales que consideró “vetustas”. En el mismo sentido, el senador aliado Agustín Moteverde afirmó que el apuro responde a la necesidad de “volver a hacer próspera y grande la Argentina”.

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino advirtió que la celeridad podría derivar en futuras impugnaciones judiciales y cuestionó la eliminación del artículo 44, enmarcando el proceso en un contexto que definió como “lleno de irregularidades”.

Amenazas de judicialización y clima de tensión

Durante el debate, senadores de la oposición anticiparon que podrían recurrir a la Justicia por presuntos incumplimientos del reglamento. Juliana Di Tullio señaló que la citación a comisión no habría respetado los plazos establecidos y advirtió sobre eventuales vicios de inconstitucionalidad.

Carlos Linares cuestionó promesas incumplidas en sectores como el petrolero y llamó a la movilización ciudadana durante el tratamiento en el recinto. El clima se tensó aún más con cruces verbales entre legisladores oficialistas y opositores, reflejando la polarización que rodea a la iniciativa.

Al cierre del plenario, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del procedimiento y sostuvo que la reforma propone avanzar hacia relaciones laborales más flexibles. “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”, afirmó.

Con dictamen favorable y los votos encaminados, la sesión del próximo viernes será decisiva para definir el futuro de la Reforma Laboral, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

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El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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Con la disidencia del misionerismo, Diputados emitió dictamen para bajar la edad de imputabilidad

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En medio de un debate cargado de tensión política y fuertes cruces ideológicos, el oficialismo logró dictamen de mayoría para avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa será llevada este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en busca de la media sanción.

El despacho fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Reunió 78 firmas de los bloques La Libertad Avanza, Pro, Unión Cívica Radical, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas.

Sin embargo, el acompañamiento no fue unánime dentro de los aliados. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, expresó una disidencia vinculada al impacto presupuestario que la norma tendrá sobre las provincias.

La advertencia de Herrera Ahuad

Durante su intervención, el legislador misionero puso el foco en la falta de previsión concreta de recursos para implementar el nuevo régimen.

“Le estamos dando una responsabilidad a las provincias de construir centros, de armar equipos multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”, cuestionó.

Herrera Ahuad recordó incluso un antecedente ocurrido en la misma comisión meses atrás: “En diciembre acá sentados me dijeron que si yo no decía de dónde salía la plata en una ley, iba a ir preso. Hoy le estamos diciendo a los gobernadores ‘hagan esto’ y no decimos de dónde vamos a sacar la plata”.

El ex gobernador sostuvo que la implementación del régimen implicará gasto público que recaerá directamente sobre las provincias. “Esto es una responsabilidad de la Nación y es una responsabilidad de la provincia. Nosotros queremos saber de dónde vamos a sacar los recursos. Esto es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.

En ese sentido, pidió incorporar un capítulo específico de asignación de fondos: “Yo pido que podamos incorporar un capítulo de asignación de los recursos específico y taxativo para las provincias”.

Herrera Ahuad aclaró que no se trata de construir más cárceles, sino de fortalecer centros especializados y políticas de contención juvenil: “No para construir cárceles, sí para construir centros modelo y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política pública: la contención de nuestros jóvenes”.

También describió la situación actual en Misiones: la provincia cuenta con una sola unidad carcelaria federal con 200 internos, pero otros 50 se encuentran alojados en cárceles provinciales y otros 50 en dependencias diversas, incluyendo calabozos de fuerzas federales.

Oficialismo: “Es una deuda de la democracia”

Desde el oficialismo, el libertario Manuel Quintar defendió el proceso legislativo y afirmó que el tema fue ampliamente debatido con especialistas. “Es un tema que la sociedad está reclamando”, sostuvo.

La diputada Silvana Giudici explicó que el dictamen contempla un artículo de asignación presupuestaria para comenzar la implementación, aunque reconoció que el despliegue total demandará tiempo. Además, sostuvo que el proyecto adecua la normativa a estándares internacionales.

Cristian Ritondo (Pro) afirmó que se trata de “una cuestión pendiente desde 1983” y sostuvo que un adolescente de 14 años “tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo”.

Desde la Unión Cívica Radical, Diógenes González respaldó la norma al considerarla “la herramienta adecuada para este momento”.

Fuerte rechazo opositor

El bloque Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen.

Victoria Tolosa Paz cuestionó el procedimiento y denunció improvisación: “No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental”. Sostuvo que el proyecto es regresivo y criticó la consigna “igual delito, igual pena” por desconocer el principio del interés superior del niño.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, calificó la iniciativa como una expansión del poder punitivo del Estado y negó que exista una “ola delictiva juvenil”.

Otros legisladores opositores señalaron supuestas inconsistencias constitucionales y reclamaron mayor tiempo de análisis.

El trasfondo

El proyecto impulsa la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, en línea con propuestas que, según el oficialismo, existen en más de una decena de iniciativas previas presentadas en el Congreso.

Mientras el oficialismo argumenta que busca terminar con la impunidad y adecuar el régimen a estándares regionales, la oposición advierte que la norma prioriza el castigo por sobre la reinserción.

La sesión especial prevista para este jueves definirá si el nuevo Régimen Penal Juvenil obtiene media sanción y avanza hacia el Senado.

En el centro del debate quedó expuesta una tensión estructural: quién financia la implementación del nuevo sistema y cómo se articula la responsabilidad entre Nación y provincias. Allí, la disidencia misionera marcó un límite claro dentro del esquema de apoyos.

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El Gobierno negocia la reforma laboral, pero se niega a cambiar Ganancias

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El Gobierno nacional mantiene una posición firme frente a la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese al reclamo de los gobernadores, mientras habilita una revisión parcial del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. La discusión se intensificó durante un intercambio de mesa chica realizado el jueves pasado, convocado el miércoles a última hora en las oficinas del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no hay definiciones cerradas.

La estrategia oficial combina resistencia fiscal y flexibilidad política selectiva. Mientras la baja de Ganancias para sociedades —con impacto directo en la recaudación provincial— aparece como una línea roja, el Ejecutivo evalúa ceder en algunos puntos de la Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios en el Congreso, en la antesala de su tratamiento legislativo.

Ganancias, gobernadores y una línea roja fiscal

Según trascendió del encuentro, la posición predominante dentro del círculo reducido que rodea al Presidente es no retroceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese a las advertencias de los mandatarios provinciales por el efecto sobre los recursos locales. “Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, admitió uno de los participantes del intercambio, que tuvo lugar en la planta baja del Ministerio del Interior.

La decisión de no ceder en Ganancias para sociedades se consolida como el eje de mayor tensión en la negociación política. En el oficialismo reconocen, sin embargo, la necesidad de conformar a los gobernadores para sostener el andamiaje legislativo del proyecto general, en un escenario de equilibrios frágiles y respaldos condicionados.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de receptar los reclamos provinciales y ofrecer soluciones limitadas, con el objetivo de sumar adhesiones que permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo parlamentario.

Reforma Laboral: disposición a revisar el articulado

A diferencia del capítulo fiscal, la Reforma Laboral muestra mayor margen de negociación. La mesa política se muestra dispuesta a revisar parte del articulado, aunque el debate interno gira en torno a qué puntos ceder sin desnaturalizar el espíritu del proyecto, diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

En la articulación legislativa también intervienen la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes mantienen contactos con legisladores aliados que expresaron reparos públicos sobre algunos aspectos del texto.

Mientras tanto, los interlocutores del Ejecutivo intensifican la militancia política del proyecto, no solo en reuniones con gobernadores, senadores y diputados, sino también a través de actividades destinadas a despejar dudas de los sectores involucrados. En ese contexto, LLA impulsó un conversatorio el jueves pasado para responder inquietudes de actores que manifiestan resquemores, en particular del sector empresarial.

Agenda legislativa y próximos pasos

De cara al calendario parlamentario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el lunes. El encuentro se realizará en la previa al tratamiento de la ley previsto para el miércoles 11 de febrero.

Así, el Gobierno encara una semana clave con una hoja de ruta definida: defender el núcleo fiscal del proyecto, negociar ajustes puntuales en la Reforma Laboral y sostener un delicado equilibrio político para avanzar con una de las iniciativas centrales de la agenda presidencial.

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Crisis de la producción yerbatera: sin libertarios, diputados buscan respuestas alternativas

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En un contexto de caída de precios, pérdida de rentabilidad e incertidumbre en toda la cadena productiva, el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Horacio Macias, reunió, a pedido del PAyS, este lunes 26 de enero a una mesa de diálogo extraordinaria con los diputados provinciales para abordar la crisis del sector yerbatero y evaluar herramientas legislativas y políticas. La ausencia de La Libertad Avanza (que fue invitada y estaba al tanto de la reunión) fue el dato político central de la jornada.

El encuentro se realizó en el edificio anexo de la Legislatura Misionera y tuvo como objetivo abrir un espacio institucional de debate frente a los efectos de la desregulación nacional del mercado yerbatero, una medida que impactó de manera directa en pequeños productores, cooperativas y actores industriales de la provincia. La convocatoria buscó construir un diagnóstico común y comenzar a delinear alternativas desde el ámbito legislativo provincial.

Una mesa de diálogo ante la caída de precios y la pérdida de rentabilidad

Durante la reunión, cada bloque y representante contó con un espacio de locución para exponer su mirada sobre el escenario actual del sector. El intercambio permitió detallar la profundidad de la crisis yerbatera, marcada por precios deprimidos, pérdida de rentabilidad y una creciente incertidumbre en la cadena productiva, factores que encendieron alertas en toda la provincia y demandan una respuesta política coordinada.

“El sector yerbatero se ha visto afectado por la desregulación del precio y otras medidas. Desde la Legislatura abordamos esta agenda para abrir espacios de diálogo, que amplíen la propuesta para ser parte de las soluciones, con todos en la mesa”, expresó Macias al término del encuentro. El presidente de la Cámara remarcó además que la iniciativa apunta a sumar actores más allá del ámbito legislativo, con el fin de enriquecer las herramientas que se comiencen a analizar.

La crisis del mercado yerbatero se consolidó así como uno de los temas centrales de la agenda política e institucional de Misiones, en un contexto de fuerte preocupación social y productiva, especialmente en las zonas donde la actividad constituye la principal fuente de ingresos.

Participación plural y un dato político: la ausencia de La Libertad Avanza

De la mesa participaron representantes de casi todo el arco parlamentario provincial. Estuvieron presentes Alejandro Arnold, Arabela Soler y Juan José Szychowski, del Frente Renovador de la Concordia; Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Göring, del PAyS; Walter Ríos, de Por la Vida y los Valores; Analía Labandoczka, del PRO; Santiago Koch, de la UCR; Juan Ahumada, ex Activar; y Ramón Amarrilla, de Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores.

Desde La Libertad Avanza, en tanto, informaron que “no fueron notificados de la reunión” y no enviaron representantes. La ausencia del espacio libertario fue leída como un dato político relevante, en momentos en que la desregulación impulsada a nivel nacional es señalada como uno de los factores centrales detrás de la crisis que atraviesa el sector.

La presencia del resto de los bloques permitió avanzar en un diagnóstico compartido sobre la situación del mercado yerbatero y las consecuencias que el nuevo escenario económico tiene sobre productores primarios, cooperativas y economías locales.

Agenda abierta y próximos pasos legislativos

Desde el Frente Renovador de la Concordia remarcaron la necesidad de sostener el diálogo institucional y de defender a los productores misioneros frente a los efectos de la desregulación. La mesa de trabajo que se inició este lunes fue definida como el primer paso de un proceso que continuará en el corto plazo.

Según se informó oficialmente, la mesa volverá a reunirse “a la brevedad” para avanzar de manera responsable en la definición de una agenda legislativa específica sobre la temática. El objetivo es que las conclusiones del debate se traduzcan en iniciativas políticas y legislativas que permitan amortiguar el impacto de la crisis yerbatera y aportar previsibilidad a una de las actividades productivas más relevantes de la provincia.

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