La Libertad Avanza

Milei llevó su pelea con industriales a Nueva York y acusó a Rocca y Madanes de ser “empresarios prebendarios”

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En la apertura de Argentina Week, realizada en Nueva York, el presidente Javier Milei internacionalizó uno de los conflictos económicos más sensibles de su gestión: la disputa con sectores industriales que cuestionan la apertura comercial.

Durante su discurso inaugural, el mandatario apuntó directamente contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios” y acusó de haber operado históricamente en alianza con dirigentes políticos para sostener esquemas de protección estatal. La intervención ocurrió frente a inversores internacionales y funcionarios del propio gabinete, en un evento cuyo objetivo formal es promover inversiones en el país.

El mensaje combinó defensa ideológica de la apertura económica con una señal política hacia el empresariado local. Milei sostuvo que parte del sector industrial se benefició durante años de barreras comerciales que encarecieron productos para los consumidores argentinos. En ese marco, aseguró que su gobierno busca desmontar ese esquema, aun si eso implica la reconversión o desaparición de algunas actividades.

La escena dejó una pregunta implícita en el centro del tablero económico: ¿se trata de una advertencia puntual a determinados grupos industriales o de una redefinición más profunda de la relación entre el Gobierno y el empresariado argentino?

Apertura económica y confrontación con la industria protegida

El presidente enmarcó sus críticas dentro de la estrategia de apertura comercial que impulsa su administración. Según planteó, las barreras arancelarias distorsionan los precios relativos y terminan trasladando costos al conjunto de los consumidores.

En ese sentido, señaló que algunos sectores productivos se sostuvieron gracias a medidas de protección estatal. Entre ellas mencionó las restricciones a importaciones que, según explicó, elevaban los precios internos respecto de los valores internacionales.

Milei sostuvo que, al eliminar esas barreras, los consumidores podrán acceder a bienes más baratos y destinar el ahorro a otros sectores de la economía. Bajo esa lógica, defendió el proceso de liberalización comercial aun cuando implique dificultades para industrias que operaron durante años bajo protección.

En ese contexto volvió a cuestionar a Rocca, titular del grupo Techint, y a Madanes Quintanilla, dueño de Fate y vinculado a Aluar. Según afirmó, ambos empresarios se beneficiaron históricamente de regulaciones favorables.

La acusación de presión empresaria y el conflicto por los 900 trabajadores

El punto más áspero del discurso se concentró en el caso de Madanes Quintanilla. Milei afirmó que el empresario presionó al Gobierno para mantener medidas de protección comercial y aseguró que, ante la negativa oficial, se produjo el despido de 900 trabajadores.

Según relató el Presidente, esa decisión ocurrió un día antes de que el Congreso debatiera la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Para el mandatario, ese episodio representó una forma de presión sobre la política económica del Gobierno.

La acusación busca instalar una narrativa clara: la disputa no sería entre Estado y empresas, sino entre un nuevo modelo de mercado abierto y sectores industriales que —según la visión oficial— dependen de la protección estatal para sostener su rentabilidad.

En ese marco, Milei sostuvo que quienes defienden la industria nacional bajo esquemas de protección lo hacen para preservar privilegios, y vinculó ese sistema con prácticas de corrupción entre empresarios y dirigentes políticos de etapas anteriores.

Mensaje político y consolidación del liderazgo libertario

El discurso también tuvo un componente político interno. Durante su intervención, Milei destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza y agradeció el trabajo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien atribuyó la estrategia política y la organización electoral del espacio.

El mandatario sostuvo que el oficialismo logró quitarle al peronismo la mayoría en ambas cámaras del Congreso y afirmó que su gobierno está avanzando con reformas que —según dijo— no habían sido posibles en administraciones anteriores.

También elogió a varios integrantes del gabinete presentes en el evento, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Salud Mario Lugones.

Entre los funcionarios ausentes mencionó a Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti.

La enumeración no fue casual. En un foro orientado a inversores, el Presidente buscó mostrar cohesión interna del gabinete económico y respaldo político a su programa de reformas.

Riesgo político y escenario económico

Otro de los ejes del discurso fue el impacto del llamado “riesgo político” sobre el financiamiento internacional. Milei afirmó que el riesgo país bajó desde niveles cercanos a los 2500 puntos durante el período electoral hasta alrededor de 550 puntos en la actualidad.

Sin embargo, sostuvo que todavía existe lo que denominó “riesgo kuka”, en referencia a la posibilidad de un retorno del kirchnerismo al poder, factor que —según explicó— sigue influyendo en el costo del financiamiento para la Argentina en el mercado internacional.

De acuerdo con su proyección, si el riesgo país se mantuviera cerca de los 550 puntos, la economía podría crecer entre 4% y 5% anual. Y si descendiera a niveles cercanos a 220 puntos, el crecimiento podría alcanzar tasas de entre 7% y 8%.

En esa hipótesis, sostuvo, el país podría duplicar su producto bruto en menos de una década.

Una señal hacia el empresariado y hacia el Congreso

La intervención en Nueva York dejó algo más que un discurso económico ante inversores. Funcionó también como un mensaje político dirigido a dos frentes simultáneos: el empresariado industrial que cuestiona la apertura comercial y el sistema político que aún debe tramitar reformas estructurales en el Congreso.

La decisión de exponer el conflicto en un escenario internacional revela una estrategia deliberada. Milei no sólo busca convencer a inversores extranjeros de que la Argentina está cambiando su modelo económico; también intenta consolidar un nuevo marco de relación entre el Estado y los grandes grupos empresarios.

La incógnita, hacia adelante, es si esa confrontación se mantendrá en el terreno discursivo o si derivará en un reordenamiento más profundo de las alianzas entre el Gobierno, la industria y el sistema político. En un proceso de reformas todavía en curso, ese equilibrio seguirá siendo uno de los puntos más sensibles del programa económico.

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La Libertad Avanza ordena su estrategia: impulsa Boleta Única y acelera la consolidación territorial

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La Libertad Avanza reunió en la Ciudad de Buenos Aires a sus 24 jefes provinciales y definió una hoja de ruta con dos ejes centrales: impulsar la implementación de la Boleta Única en todo el país y consolidar el partido con estructura propia en cada distrito. El encuentro, encabezado por la presidenta partidaria Karina Milei y el vicepresidente Martín Menem, se realizó en la sede de Avenida de Mayo y funcionó como señal interna tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La decisión no es menor. El oficialismo busca transformar el instrumento de votación de cara a las próximas elecciones y, al mismo tiempo, dejar atrás la dependencia de alianzas locales para fortalecer su identidad política. La pregunta que sobrevuela es si este movimiento consolida liderazgo hacia adentro y ordena la estrategia parlamentaria, o si abre un nuevo frente de tensión con sectores políticos que resisten cambios en el sistema electoral.

Boleta Única y arquitectura institucional: la agenda del Gobierno

El impulso a la Boleta Única aparece como el principal acuerdo político del encuentro. El propio presidente Javier Milei ya había marcado ese objetivo en su discurso ante el Congreso de la Nación Argentina, donde lo vinculó con la transparencia y la modernización del sistema electoral.

Ahora el partido lo traduce en línea orgánica. La conducción nacional pretende avanzar en su concreción e implementación para las próximas elecciones, lo que supone un debate legislativo que requerirá mayorías y acuerdos más allá del núcleo propio.

La reunión también sirvió para repasar el paquete de 90 proyectos de ley que el Ejecutivo planea enviar este año al Congreso. Tras la aprobación en extraordinarias de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, el oficialismo apunta a reformas estructurales: un nuevo Código Penal y una ley de “libertad educativa”, entre otras iniciativas que, según lo expresado por el Presidente, buscan rediseñar la arquitectura institucional del país durante nueve meses consecutivos de impulso legislativo.

En términos políticos, el mensaje es claro: el Gobierno no quiere un año defensivo, sino ofensivo en materia de reformas.

Partido propio y control territorial: el otro frente estratégico

El segundo eje acordado fue acelerar las afiliaciones en cada provincia. La conducción nacional quiere que La Libertad Avanza tenga sello propio en todos los distritos, sin depender de alianzas locales.

Ese movimiento tiene lectura de poder. Un partido con estructura formal en cada provincia fortalece la capacidad de negociación, ordena candidaturas y reduce intermediaciones. También permite disciplinar estrategias electorales y parlamentarias bajo una conducción nacional más centralizada.

En paralelo, amplía la base territorial de un espacio que llegó al Gobierno con armado heterogéneo. La consolidación institucional se convierte así en una condición para sostener la agenda de reformas en el Congreso.

Correlación de fuerzas y desafíos legislativos

Impulsar la Boleta Única exige debate parlamentario y construcción de mayorías. Allí se medirá la capacidad del oficialismo para articular con aliados y administrar diferencias con la oposición.

La agenda de 90 proyectos también tensiona el calendario legislativo. Reformas como el nuevo Código Penal o la ley de “libertad educativa” abren discusiones de alto impacto institucional y político. El Gobierno propone avanzar con un paquete de diez iniciativas durante nueve meses ininterrumpidos, un ritmo que exigirá coordinación fina entre el Ejecutivo y el Congreso.

En este contexto, la consolidación partidaria no es solo organizativa. Es una herramienta para respaldar la ofensiva legislativa y sostener cohesión interna ante debates que pueden fragmentar apoyos.

Un movimiento táctico con proyección

La reunión en la sede de Avenida de Mayo dejó una señal doble: orden interno y agenda externa. La Libertad Avanza busca institucionalizar su fuerza y, al mismo tiempo, acelerar reformas que redefinan reglas de juego.

Si la Boleta Única avanza, el sistema electoral argentino podría modificarse de manera estructural. Si la consolidación territorial prospera, el oficialismo llegará a las próximas elecciones con mayor autonomía en cada distrito.

Queda por ver cómo responderán las demás fuerzas en el Congreso y qué nivel de consenso logrará el Ejecutivo para sostener un año legislativo intenso. La estrategia está delineada. Su viabilidad dependerá de la correlación de fuerzas que logre construir en las próximas semanas.

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Dictamen exprés en el Senado y buscará aprobar la Reforma Laboral el próximo viernes

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La Libertad Avanza consiguió avanzar en forma exprés en el Senado hacia la aprobación de la Reforma Laboral luego de aceptar la eliminación del artículo 44 -vinculado a las licencias por enfermedad- durante su tratamiento previo en la Cámara de Diputados. Con ese gesto político, el oficialismo aseguró los respaldos necesarios para dictaminar y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Salón Azul del Senado pocos minutos después de las 10 de la mañana para analizar el texto corregido. El debate planteaba dos alternativas: aceptar las modificaciones introducidas por Diputados o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, el bloque oficialista confirmó que avanzaría con el texto reformado, apostando a la sanción definitiva en la sesión prevista para el viernes.

Objeciones por constitucionalidad y procedimiento

Desde la oposición, el tratamiento estuvo atravesado por cuestionamientos reglamentarios y advertencias sobre el impacto de la reforma. El senador Jorge Capitanich sostuvo que su bloque consideraba que existían “violaciones flagrantes” a disposiciones reglamentarias y al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, remarcó que el proyecto afectaría derechos laborales y tendría consecuencias fiscales para provincias y municipios, sin garantizar un efecto positivo en la generación de empleo.

En la misma línea, Mariano Recalde criticó el carácter integral de la iniciativa, al señalar que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, y cuestionó que se haya debatido como un paquete único sin discusión pormenorizada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó durante el plenario.

Otros legisladores opositores denunciaron que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y advirtieron que las reducciones impositivas incluidas en el esquema beneficiarían principalmente a sectores de mayores ingresos.

Cambios en comisiones y estrategia oficial

El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. Desde el PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la Unión Cívica Radical, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con estos movimientos, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para emitir dictamen.

El senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la rapidez del tratamiento y sostuvo que la reforma apunta a modernizar estructuras laborales que consideró “vetustas”. En el mismo sentido, el senador aliado Agustín Moteverde afirmó que el apuro responde a la necesidad de “volver a hacer próspera y grande la Argentina”.

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino advirtió que la celeridad podría derivar en futuras impugnaciones judiciales y cuestionó la eliminación del artículo 44, enmarcando el proceso en un contexto que definió como “lleno de irregularidades”.

Amenazas de judicialización y clima de tensión

Durante el debate, senadores de la oposición anticiparon que podrían recurrir a la Justicia por presuntos incumplimientos del reglamento. Juliana Di Tullio señaló que la citación a comisión no habría respetado los plazos establecidos y advirtió sobre eventuales vicios de inconstitucionalidad.

Carlos Linares cuestionó promesas incumplidas en sectores como el petrolero y llamó a la movilización ciudadana durante el tratamiento en el recinto. El clima se tensó aún más con cruces verbales entre legisladores oficialistas y opositores, reflejando la polarización que rodea a la iniciativa.

Al cierre del plenario, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del procedimiento y sostuvo que la reforma propone avanzar hacia relaciones laborales más flexibles. “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”, afirmó.

Con dictamen favorable y los votos encaminados, la sesión del próximo viernes será decisiva para definir el futuro de la Reforma Laboral, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

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El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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Con la disidencia del misionerismo, Diputados emitió dictamen para bajar la edad de imputabilidad

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En medio de un debate cargado de tensión política y fuertes cruces ideológicos, el oficialismo logró dictamen de mayoría para avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa será llevada este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en busca de la media sanción.

El despacho fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Reunió 78 firmas de los bloques La Libertad Avanza, Pro, Unión Cívica Radical, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas.

Sin embargo, el acompañamiento no fue unánime dentro de los aliados. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, expresó una disidencia vinculada al impacto presupuestario que la norma tendrá sobre las provincias.

La advertencia de Herrera Ahuad

Durante su intervención, el legislador misionero puso el foco en la falta de previsión concreta de recursos para implementar el nuevo régimen.

“Le estamos dando una responsabilidad a las provincias de construir centros, de armar equipos multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”, cuestionó.

Herrera Ahuad recordó incluso un antecedente ocurrido en la misma comisión meses atrás: “En diciembre acá sentados me dijeron que si yo no decía de dónde salía la plata en una ley, iba a ir preso. Hoy le estamos diciendo a los gobernadores ‘hagan esto’ y no decimos de dónde vamos a sacar la plata”.

El ex gobernador sostuvo que la implementación del régimen implicará gasto público que recaerá directamente sobre las provincias. “Esto es una responsabilidad de la Nación y es una responsabilidad de la provincia. Nosotros queremos saber de dónde vamos a sacar los recursos. Esto es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.

En ese sentido, pidió incorporar un capítulo específico de asignación de fondos: “Yo pido que podamos incorporar un capítulo de asignación de los recursos específico y taxativo para las provincias”.

Herrera Ahuad aclaró que no se trata de construir más cárceles, sino de fortalecer centros especializados y políticas de contención juvenil: “No para construir cárceles, sí para construir centros modelo y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política pública: la contención de nuestros jóvenes”.

También describió la situación actual en Misiones: la provincia cuenta con una sola unidad carcelaria federal con 200 internos, pero otros 50 se encuentran alojados en cárceles provinciales y otros 50 en dependencias diversas, incluyendo calabozos de fuerzas federales.

Oficialismo: “Es una deuda de la democracia”

Desde el oficialismo, el libertario Manuel Quintar defendió el proceso legislativo y afirmó que el tema fue ampliamente debatido con especialistas. “Es un tema que la sociedad está reclamando”, sostuvo.

La diputada Silvana Giudici explicó que el dictamen contempla un artículo de asignación presupuestaria para comenzar la implementación, aunque reconoció que el despliegue total demandará tiempo. Además, sostuvo que el proyecto adecua la normativa a estándares internacionales.

Cristian Ritondo (Pro) afirmó que se trata de “una cuestión pendiente desde 1983” y sostuvo que un adolescente de 14 años “tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo”.

Desde la Unión Cívica Radical, Diógenes González respaldó la norma al considerarla “la herramienta adecuada para este momento”.

Fuerte rechazo opositor

El bloque Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen.

Victoria Tolosa Paz cuestionó el procedimiento y denunció improvisación: “No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental”. Sostuvo que el proyecto es regresivo y criticó la consigna “igual delito, igual pena” por desconocer el principio del interés superior del niño.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, calificó la iniciativa como una expansión del poder punitivo del Estado y negó que exista una “ola delictiva juvenil”.

Otros legisladores opositores señalaron supuestas inconsistencias constitucionales y reclamaron mayor tiempo de análisis.

El trasfondo

El proyecto impulsa la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, en línea con propuestas que, según el oficialismo, existen en más de una decena de iniciativas previas presentadas en el Congreso.

Mientras el oficialismo argumenta que busca terminar con la impunidad y adecuar el régimen a estándares regionales, la oposición advierte que la norma prioriza el castigo por sobre la reinserción.

La sesión especial prevista para este jueves definirá si el nuevo Régimen Penal Juvenil obtiene media sanción y avanza hacia el Senado.

En el centro del debate quedó expuesta una tensión estructural: quién financia la implementación del nuevo sistema y cómo se articula la responsabilidad entre Nación y provincias. Allí, la disidencia misionera marcó un límite claro dentro del esquema de apoyos.

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