LA SALADA

El Gobierno prometió a Estados Unidos que en junio fiscalizará a La Salada y las ventas por internet

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La Cancillería y la Secretaría de Comercio aseguraron que la nueva gestión de Milei hará cumplir la ley pero que necesita tiempo para instrumentar un plan nacional de controles.

El gobierno argentino acusó recibo de las observaciones sobre los desafíos a la propiedad intelectual que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos -2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement- reiteró en su último informe.

Incluye de nuevo a la feria de La Salada como mercado de productos falsificados y piratería tanto en Lomas de Zamora como el el Once y a lo largo de todo el país.

Hace también referencia al comercio irregular online de esa mercadería, a través de las redes sociales, así como al crecimiento de la piratería en internet, y se queja de la “casi inexistente” legislación penal que sancione esa práctica.

La Cancillería reaccionó ante el llamado de atención, que se repite todos los años, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, comprometió que la fiscalización se hará a partir de junio, aduciendo que el cambio de gobierno obligó a reestructurar organigramas y la agenda oficial de actividades.

“Está el tema de La Salada, de la venta por internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley”.

En ese aspecto, la Secretaría de Comercio se encuentra asimismo en pleno desarrollo de un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior.

La cuestión de las patentes va más allá del enorme mercado informal que funciona paralelamente pero a la vista, y la industria nacional farmacéutica tradicionalmente se enfrentó con las presiones de los lobbies norteamericanos para que se cumplieran las prácticas vigentes en el Hemisferio Norte.

Sobre el particular, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) emitió un comunicado en el que destaca que “si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, el gobierno de EEUU ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas”.

La lista negra

Si se observa la lista de países suministrada por la Administración Biden salta a la vista que la observación excede esos desafíos de larga data a la propiedad intelectual achacados a nuestro país.

Figuran Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. Y en la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.

El gobierno norteamericano lleva más de una década mencionando sistemáticamente al complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como “uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica” de comercio irregular.

Pero incorpora a la lista la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet, que adjudica a la “casi inexistente” legislación penal que sancione esa práctica.

Reitera la poca respuesta del Estado ante estos delitos. 

“La policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias“, lamenta el informe.

El organismo norteamericano señala como otro desafío actual que “los innovadores sectores químico y del agro tienen una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y frente a las filtraciones de tests y otros datos generados para obtener la aprobación de productos“.

En ese sentido, se alude a las limitaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que, según los norteamericanos, “continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que desafían la contratación y retención” de personal.

“La Argentina hizo un progreso limitado en materia de protección y cumplimiento de propiedad intelectual en 2023″, insiste el informe.

La evaluación de EEUU sobre propiedad intelectual, marcas y patentes se hace en contacto con cada uno de los países mediante una comisión mixta (TIFA, por sus siglas en inglés) y el foro de innovación, donde cada parte da su punto de vista y hace consideraciones sobre los temas planteados.

La visión institucional

Mario Grinman, presidente la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), había dicho que “en los primeros meses del año se observa una pequeña reducción de la venta ilegal, tanto en la comparación intermensual como en relación al mismo período de 2023. La cantidad de puestos de venta ilegal disminuyó en promedio en el bimestre febrero-marzo de 2024 un 6,3% respecto al mismo período de 2023, pero se concentra particularmente en algunas zonas, como Once y la Avenida Avellaneda. Estos barrios concentran las 10 cuadras más afectadas por la venta ilegal en toda la Ciudad de Buenos Aires”. 

Enumera.”Si nos enfocamos en piratería, en cambio, experimentó un fuerte crecimiento, destacándose Once como la zona de mayor influencia. Esta área de la Ciudad encabezó las falsificaciones en los rubros de Indumentaria y calzado, y de óptica, fotografía, relojería y joyería”, agrega.

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Rechazan desde la CAC posibles nuevas “saladitas” por considerarlas “competencia desleal”

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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó hoy su rechazo a la posible apertura de nuevas ferias internadas, comúnmente denominadas “saladitas” en la zona de la autopista Rosario-Córdoba por considerarlas “competencia desleal” para el resto de los comercios.

“Ante la información que trascendió en diversos medios locales respecto de la posible instalación de nuevas ferias en algún punto del trazo de la autopista Rosario-Córdoba (tanto en la provincia de Córdoba como en la de Santa Fe), es importante recordar los efectos adversos que dichos establecimientos provocan sobre la actividad económica legalmente establecida”, indicó la CAC en un comunicado.

Señaló que “la instalación y expansión de las ferias mencionadas han generado severos perjuicios al comercio local tradicional, constituyendo una forma de competencia desleal –dado el flagrante incumplimiento de obligaciones tributarias, previsionales y de otra índole que registran aquellas–, y han afectado también al Estado y a los consumidores, al vulnerar sus derechos y garantías”.

La entidad afirmó que “entre los males asociados a estos establecimientos pueden mencionarse la informalidad laboral, el ‘trabajo esclavo’, la evasión fiscal, el fraude marcario, el contrabando de mercaderías y la falta de controles, incluyendo los sanitarios”.

En cuanto a la falta de controles sanitarios, agregó que “este punto es especialmente crítico puesto que afecta la salud de los consumidores, teniendo en cuenta que las mercaderías que se comercializan incluyen alimentos y animales vivos”

Asimismo, la CAC recordó “la crítica situación que atraviesa el sector desde hace años, agravada por la pandemia de Covid-19 y las restricciones asociadas en todo el país, que ha hecho que muchos comercios hayan tenido que cerrar de forma definitiva sus puertas”.

“Es por todo ello que la entidad insta a las autoridades pertinentes a que actúen en defensa del comercio legal para que pueda llevar a cabo sus actividades en igualdad de condiciones, disminuyendo de forma progresiva la informalidad y la competencia desleal; a la par que expresa su apoyo a las cámaras, federaciones y confederaciones de empresarios de todo el país que trabajan en igual sentido”, concluyó.

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Desde CAME consideran positivos los allanamientos en la Salada

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó los allanamientos realizados hoy en La Salada para detectar fraude marcario. “Este operativo en apoyo al comercio legalmente establecido constituye un paso positivo para terminar con la venta clandestina”, manifestó el presidente de la entidad, Fabián Tarrío.

Detrás de la venta ilegal hay un sistema diseñado por mafias organizadas que desarrollan trabajo esclavo e informal, trata de personas en talleres clandestinos -en especial de inmigrantes carentes de documentación impedidos de ingresar en la formalidad laboral-, contrabando, robo y piratería de mercadería, inseguridad, narcotráfico, competencia desleal y corrupción.

El último relevamiento del “Mapa de la Argentina ilegal” estima que hay 662 saladitas y 86.728 vendedores informales a lo largo del país que movilizan más de 70 mil millones de pesos por año. El dato corresponde a una muestra de 465 ciudades del territorio nacional que detectó 110 localidades con formatos tipo “saladitas”. (Link web: MAPA DE LA ARGENTINA ILEGAL: HAY 662 SALADITAS Y 86.728 VENDEDORES INFORMALES)

Cabe recordar que La Salada fue caracterizada como la feria ilegal más grande del mundo por la Unión Europea (UE), emblema del comercio y la producción de mercadería falsificada, hecho advertido también por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative- USTR), que incluye al país en la llamada “lista de vigilancia prioritaria” por la práctica “desleal” de estos mercados que afectan derechos sobre marcas y patentes.

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Apoyo de CAME al avance contra el comercio ilegal

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Los allanamientos realizados anoche en la feria Urkupiña de La Salada para erradicar los puestos ilegales, junto a la detención de su administrador, Enrique Antequera, constituye otro paso positivo para terminar con este flagelo que azota al comercio legal y organizado, como viene denunciando la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) desde hace varios años.

Anteriormente, en el mes de junio, fue detenido Jorge Castillo, administrador de Punta Mogotes, quien aún continúa detenido. Ambos operativos estuvieron a cargo del fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, quien además lleva adelante las investigaciones contra las organizaciones delictivas que funcionan en La Salada. Es por ello que CAME expresa su fuerte respaldo al accionar judicial y a la decisión política de avanzar contra la venta ilegal, que encubre un sistema diseñado por mafias organizadas que se dedican al trabajo esclavo e informal, trata de personas en talleres clandestinos -en especial de inmigrantes carentes de documentación impedidos de ingresar en la formalidad laboral-, contrabando, robo y piratería de mercadería, inseguridad, narcotráfico, competencia desleal y corrupción.

Es por ello que, en mayo de 2015, CAME se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga la existencia de talleres clandestinos que proveerían de mercadería ilegal a La Salada.

El último relevamiento del “Mapa de la Argentina ilegal” estima que hay 662 saladitas y 86.728 vendedores informales a lo largo del país que movilizan más de 70 mil millones de pesos por año. El dato corresponde a una muestra de 465 ciudades del territorio nacional que detectó 110 localidades con formatos tipo “saladitas”. (Link web: MAPA DE LA ARGENTINA ILEGAL: HAY 662 SALADITAS Y 86.728 VENDEDORES INFORMALES)

Cabe recordar que La Salada fue caracterizada como la feria ilegal más grande del mundo por la Unión Europea (UE), emblema del comercio y la producción de mercadería falsificada, hecho advertido también por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative- USTR), que incluye al país en la llamada “lista de vigilancia prioritaria” por la práctica “desleal” de estos mercados que afectan derechos sobre marcas y patentes.

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Dictan la prisión preventiva para “El rey de la Salada” por liderar una asociación ilícita

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El juez consideró que Jorge Castillo amenazaba y extorsionaba a puesteros.

El juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, dictó la pidió la prisión preventiva del empresario Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”, al considerarlo líder de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros en los alrededores de esa feria de la localidad de Ingeniero Budge, informaron hoy fuentes judiciales.

La medida, dispuesta ayer por la tarde y que había sido solicitada por el fiscal Sebastián Scalera el 21 de julio, también alcanzó a otros 22 imputados incluídos en el expediente y a quienes se acusa de ser “miembros” de la organización delictiva con distintos niveles de importancia.

Esta decisión del juez implica que todos continuarán detenidos, excepto dos de ellos, a quienes se les dictó la falta de mérito y recuperaron la libertad.

Respecto de Castillo, además de acusarlo de ser uno de los jefes de la organización, el fiscal le imputó la “tentativa de homicidio” de uno de los policías que lo fue a detener el 21 de junio último a su casa, ubicada en un country del partido de Luján.

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