LABORAL

Récord de informalidad laboral en Argentina y Posadas no escapa a la crisis

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El último informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, señala que el país registra hoy una destrucción neta de puestos asalariados formales que llevó la proporción de trabajadores registrados al mínimo histórico del 45% del total de ocupados. Paralelamente, la informalidad alcanzó un récord del 48%, lo que significa que casi uno de cada dos trabajadores se desempeña sin derechos ni protección social. Y, más grave aún, nueve de cada diez nuevos empleos creados durante la gestión actual son precarios.

El deterioro es generalizado en todas las regiones del país. Las seis áreas que releva el organismo muestran saldos negativos de empleo formal, y el Gran Buenos Aires encabeza la caída con 82.167 puestos registrados perdidos, un síntoma de una contracción estructural que afecta a sectores productivos clave como la industria manufacturera y la construcción. Al mismo tiempo, se observa dinamismo en actividades de baja productividad, como alojamiento, gastronomía y servicios personales, consolidando un mercado laboral fragmentado y de menor calidad.

Este corrimiento tiene un impacto directo sobre los ingresos. Los trabajadores que pierden su empleo formal y logran reinsertarse lo hacen en condiciones de alta vulnerabilidad, con salarios que son en promedio 50% inferiores a los de un trabajador registrado. La insuficiencia de ingresos se expresa con contundencia en los números: el 72% de los ocupados gana $1.000.000 o menos, por debajo de la Canasta Básica Total, que ascendió a $1.213.799 en octubre de 2025.

La figura del “trabajador pobre” se consolida en este escenario. Aun quienes cumplen una jornada completa de 40 horas semanales no escapan a la pobreza: el 19% está por debajo de la línea de pobreza, proporción que asciende a 41,3% entre asalariados informales. Incluso entre registrados, el 10,5% no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. La respuesta defensiva de los hogares aparece en el crecimiento del pluriempleo -que ya abarca al 12% de la fuerza laboral– y en el aumento en el uso de préstamos bancarios o financieros, que subieron del 10% al 14% en un año.

En Posadas, los datos oficiales muestran que la crisis nacional se replica y se profundiza. La informalidad pasó de 43,4% en el primer trimestre de 2025 a 55% en el segundo, un salto de más de 11 puntos en apenas tres meses, que posiciona a la capital misionera por encima del promedio nacional. El retroceso es transversal a todas las categorías:

  • Asalariados informales: suben de 33,8% a 45,6%.
  • Patrones informales: se duplican, de 18,5% a 34,3%.
  • Cuentapropistas informales: aumentan de 70,3% a 76,8%, consolidando uno de los niveles más altos del país.

Estos números exponen una estructura laboral crecientemente inestable, con una proporción mayoritaria de trabajadores sin aportes, sin cobertura de salud y sin ingresos suficientes para escapar de la pobreza.

En materia de ingresos, Posadas muestra otra señal de deterioro: la proporción de trabajadores que gana menos de un millón de pesos mensuales -considerando solo la ocupación principal- se mantiene en niveles muy altos. Entre los ocupados totales, el indicador pasó de 80,8% en el primer trimestre a 80,4% en el segundo, prácticamente sin mejora pese a la desaceleración inflacionaria. Entre los asalariados, el retroceso es más marcado: quienes ganan menos de un millón bajaron de 79,3% a 73,9%, un movimiento que refleja una leve recomposición en un segmento, pero que aún deja a tres de cada cuatro trabajadores formales por debajo de la Canasta Básica Total. En síntesis, incluso los asalariados con ocupación principal continúan mayoritariamente sin alcanzar ingresos suficientes para cubrir el costo de vida.

Si bien la pobreza por ingresos bajó desde el pico del 55% registrado al inicio de la actual administración hasta el 31,8%, el descenso convive con una estructura laboral crecientemente precaria, que erosiona la capacidad de los trabajadores para transformar recuperación estadística en bienestar real. Con un 67% de la Población Económicamente Activa enfrentando problemas laborales -desocupación, subocupación o inserción en empleos precarios-, la Argentina y ciudades como Posadas consolidan un proceso de expansión del trabajo, pero de baja calidad y baja remuneración.

La foto del mercado laboral 2025 muestra un país donde conseguir trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. La transformación del empleo avanza, pero hacia atrás.

¿Qué nos muestra la serie histórica? Al segundo trimestre de 2023, la tasa de informalidad laboral era del 40% y sostuvo ese nivel hacia el cuarto trimestre de ese año (previo a una leve suba en el tercero cuando llegó al 41%). 

Durante el año 2024, la informalidad presentó subas hacia el primero y el segundo trimestre (43% y 46% respectivamente), pero entre el  tercero y cuarto exhibió una muy importante baja (pasó al 44% primero y luego al 38%), una situación que se mantuvo hacia el primer trimestre de este 2025, donde llegó al 34%.  

Sin embargo, hacia el segundo trimestre de 2025 se vio una fuerte disparada llegando finalmente al 46%. 

En resumen, si bien la informalidad se mantuvo estable al segundo trimestre de 2025 respecto a igual período del 2024 (en 46% para ambos casos) presentó una suba fuerte en los últimos tres meses y se mantiene en un máximo para los últimos tres años.  

En este marco, ¿Cómo se ubica Posadas respecto a la región? El aglomerado misionero  mostró la mayor tasa de informalidad laboral del NEA, ubicándose por encima de Corrientes  (42%), Formosa (41%) y Gran Resistencia (33%) mientras que la media regional marcó  40%; a su vez, a nivel nacional la informalidad llegó al 38% al segundo trimestre del año. Si vemos la variación respecto a igual trimestre de 2024, la informalidad laboral se mantuvo estable en Posadas, en Formosa y en la media regional NEA. Por su parte, Gran Resistencia la incrementó en 1 punto porcentual y Corrientes la disminuyó en igual nivel. 

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La Afip detectó explotación laboral y trabajo infantil en campos de Salta

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), detectó en establecimientos rurales de la provincia de Salta a 31 personas en condiciones de explotación laboral y 3 niños que serían presuntamente víctimas de trabajo infantil. Los operativos se llevaron adelante en campos dedicados a la producción de hortalizas y de caña de azúcar, y contaron con la participación de fuerzas federales y dependencias públicas nacionales y locales.

Los procedimientos se realizaron en los departamentos salteños de Anta y de San Martín, y dieron como resultado la detección de indicios compatibles con la trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre y trabajo infantil, en un marco de extrema vulnerabilidad y condiciones laborales y habitacionales sumamente precarias.

En el campo dedicado a la producción de caña de azúcar, los trabajadores se trasladaban con sus familias desde una localidad limítrofe ubicada en Bolivia para trabajar y vivir allí de lunes a viernes. Se desempeñaban en la cosecha, corte y carga de la caña de azúcar en camiones. Debían atravesar un río a pie o en camión para llegar al establecimiento rural. Las presuntas víctimas realizaban sus necesidades en la intemperie ya que carecían de sanitarios, agua corriente o potable. Las mujeres solían utilizar un pozo tipo letrina, con pequeñas carpas y bolsas que rodeaban un agujero en la tierra. No contaban con espacio de duchas, ni algún lugar para poder refrescarse e higienizarse luego de las largas jornadas laborales.

En el segundo campo, dedicado a la producción de hortalizas, las personas relevadas trabajaban de lunes a sábados durante extensas jornadas. Los agentes de la DGSESO constataron condiciones de hacinamiento en la pequeña vivienda provista por los empleadores. Pernoctaban en colchones en el suelo apoyados sobre una base de cajones de madera. 

En ambos operativos se pudieron identificar niños de 14 años de edad que realizaban las mismas tareas que los adultos.

Ante los evidentes indicios compatibles con los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre y trabajo infantil, la AFIP radicó dos denuncias penales ante las justicia federal salteña.

Por otro lado, fue realizada la derivación pertinente a la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).

Formaron parte del operativo miembros de Gendarmería Nacional, de la Dirección Nacional de Migraciones, y de la Secretaría de Trabajo provincial.

AFIP posee la línea de atención gratuita 0800-999-3368 (opción 3) para denunciar indicios de trata laboral, reducción a la servidumbre, trabajo infantil y contratación de migrantes irregulares y el mail tratalaboral@afip.gob.ar. La denuncia puede ser anónima.

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Preocupación de la CAC por el proyecto de creación de comités mixtos en el ámbito laboral

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A través de una nota cursada a la diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación respecto de la situación actual del proyecto de creación de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos del trabajo.

En relación a las comisiones mixtas, la Entidad considera que son “una herramienta valiosa en el mundo del trabajo, pero a la vez está convencida de que, tal como está planteada, la iniciativa resulta perjudicial e ineficaz, ya que implicaría costos económicos significativos para empresas que ya se encuentran en una situación muy delicada, y atentaría contra competencias emanadas de la negociación colectiva”, según se explica en el documento. 

En tal sentido, la CAC señala como principales inquietudes “el hecho de que los integrantes del comité por la parte trabajadora sean determinados por el sindicato y exclusivamente entre los delegados gremiales”; y “que se permita acceso a los delegados a información que podría resultar sensible para la empresa”, lo cual “pareciera no respetar el deber de confidencialidad de la información, dando lugar a una nueva fuente de conflictos colectivos de trabajo”. Por otra parte, en la presentación efectuada se plantea “que la injerencia estatal en estas cuestiones colisiona con la autonomía colectiva y la libertad de negociar de las partes, lo que resulta contrario a los principios defendidos por la Entidad y a la generación de un clima de negocios que incentive la inversión”.

Por los motivos mencionados, la CAC concluye que “de aprobarse la iniciativa legislativa, debe discutirse en profundidad la competencia de estos comités para tratar las cuestiones vinculadas a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Incluir esta facultad en el ámbito de competencia de los comités mixtos en esta etapa puede resultar contraproducente y convertirlos en focos de conflictividad laboral, dada la falta de  claridad normativa sobre el asunto y de formación de aquellos en la materia”.

Por último, la Entidad destaca la necesidad de que exista una articulación entre los sectores público y privado, a fin de “concretar políticas legislativas sostenibles”; y reafirma su voluntad de “aportar al debate con la esperanza de alcanzar los mejores consensos en el ámbito parlamentario”. 

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Una reforma laboral que amplifica la desigualdad de género

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Las mujeres no están sentadas a la mesa de negociación de la reforma laboral (en ninguno de los lados del mostrador), ni aparecen sus problemas de empleo y precarización enunciados siquiera en el texto del proyecto. La comunidad LGBTIQ tampoco está incluida en las discusiones que tendrán los funcionarios públicos, sindicatos y el gobierno en torno a las condiciones de empleo que se están proponiendo para los próximos años.

Las mujeres sufren mayores niveles de desempleo (superan el 10%) y precarización laboral, ganan en promedio un 27% menos que sus pares, brecha que se amplía para quienes están precarizadas alcanzando un 40%. Si además consideramos que el 60% de lxs desocupadxs son jóvenes menores de treinta años y, que entre ellxs la mayoría son mujeres (en algunas provincias superan el 25% de desempleo), el panorama no puede ser más desolador. Sin embargo, en el documento borrador que circuló en los últimos días no se observa ningún tipo de reflexión en torno a esta posición desigual de las mujeres en el mercado de trabajo. Incluso, por el carácter mismo de la reforma, se omite al personal de casas particulares, que constituye casi el 20% de las trabajadoras ocupadas y que son quienes sufren los mayores niveles de informalidad y los salarios más bajos de la economía. Las travestis y personas trans, cuyos niveles de inserción laboral son dramáticos, y donde los escasos estudios que hay sobre ellxs muestran que tan solo el 1% de esta población consigue un empleo formal, tampoco tienen un apartado o línea especial que dé cuenta de la situación. A su vez, la definición de trabajo que aparece contenida en el texto no solo iguala a trabajadores y empleadores, como si no hubiese relaciones de fuerza de por medio, sino que además deja de lado el conjunto de los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados, que son la clave de la desigualdad de género. Estas variables que no se consideran a la hora de pensar una reformulación de las condiciones de empleo hacen que la desigualdad solamente se siga reproduciendo y ampliando.

Las propuestas que se encuentran en la reforma laboral presentada por el gobierno incluyen varios elementos que van en contra de los derechos de lxs trabajadorxs. El primer párrafo del documento borrador deja en claro el objetivo: “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas innovadoras, eficientes y competitivas”. ¿Cuáles son los mecanismos regulatorios o distorsivos? ¿En qué consiste la eficiencia y competitividad? La respuesta es bastante simple: se trata de bajar costos laborales y debilitar el poder de los sindicatos. El reduccionismo deja mucho que desear. No se problematizan las condiciones actuales de ocupación, en un país en el cual hace seis años que no se crea empleo ni tampoco se hace referencia al futuro del trabajo en un mundo que tiende a mayores niveles de desempleo producto del avance de la automatización. Se eluden problemas estructurales como el hecho de que la mitad de lxs niñxs viva en hogares pobres y la incidencia que tendrá esta situación en su acceso al mercado de trabajo, por solo mencionar algunos de los tantos tópicos sobre los cuales podríamos estar debatiendo.

El problema de la precarización laboral es una cuestión central en la estructura productiva argentina. Se estima que hay unos 5.7 millones de trabajadores informales (dato EPH, 1er trimestre 2017), quienes representan más de un tercio de lxs trabajadorxs totales. En el Noroeste, la informalidad laboral alcanza el 40%. Las experiencias anteriores de reforma para “incentivar la formalización” a través de descuentos a las patronales no han tenido éxito. Al mismo tiempo, se habilita una especie de puerta giratoria: se puede contratar más fácilmente así como despedir sin mayores costos. La reforma reduce la base sobre la que se calculan indemnizaciones por despidos, propone no pagar horas extras a partir de la generación de un banco de horas, permite la modificación de los contratos por parte de los empleadores y cambia las condiciones en las que el empleador puede decidir discontinuar o constituir un contrato. A su vez, la creación de figuras de trabajadorxs independientes y algunas líneas destinadas a debilitar a los sindicatos trasluce la intención de ir en contra de las negociaciones colectivas. En todo caso, incluso podríamos pensar en que se estarían legitimando nuevas formas de precarización. Los números, que parecen ser la obsesión de muchos, mejorarían en las apariencias aunque las condiciones laborales en sí mismas no mostrarían grandes avances.

En el único apartado en que aparece algo que podríamos retomar desde la perspectiva de género, es el de la licencia por paternidad, la cual se extiende de dos a quince días. Sin embargo, en el marco de una reforma que no contempla el trabajo doméstico no remunerado, que no se propone implementar un sistema de cuidados o brindar herramientas para conciliar la vida familiar y laboral de lxs trabajadorxs, ese aumento tiene gusto a poco y nada. Solo uno de cada dos trabajadores podría acceder a estos beneficios. Por otro lado, los bancos de horas, que se plantean como un recurso flexible en el que los trabajadores pueden acumular jornadas de diez horas un día y luego compensar con seis horas otro día, es una fórmula que atenta no sólo con el pago de horas extra, sino también va en contra de las demandas de jornadas compatibles con las responsabilidades hogareñas de las personas, sobre todo de las trabajadoras mujeres, sobre las cuales recaen asimétricamente los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados.

La perspectiva con que se está abordando esta reforma laboral tanto desde el oficialismo como desde las críticas es sumamente neoclásica (en términos de las perspectivas de teoría económica). Esto es, se entiende al trabajo como un elemento que se desenvuelve en medio de las fuerzas de oferta y demanda, como algo que hay que equilibrar en un eje cartesiano o cuadrito de Excel. Además, rige la vieja idea de la teoría del derrame: si a los empresarios les va bien,entonces los trabajadores estarán mejor. Esas ideas ya mostraron muchas veces que distan de la realidad. En Francia o Brasil, las reformas que se han llevado adelante reproducen las mismas limitaciones. A nivel mundial el futuro del empleo es una incógnita mientras avanza la automatización a pasos agigantados y con ella el desplazamiento de sectores enteros que no encuentran la manera de reinsertarse en el tejido productivo. La respuesta de estos gobiernos, anacrónica y que nos remite a épocas anteriores, es la flexibilización bajo el lema de “bajar costos” y avanzar sobre los derechos de lxs trabajadorxs. Esto no solo es injusto o antiobrero, sino que además no ha dado resultados. Es un parche de corto plazo que no vislumbra soluciones a un problema que solo promete empeorar.

El otro aspecto que no aparece en la discusión pública en torno a la reforma laboral es el hecho de que las mujeres están en una situación desigual en el mercado de trabajo, y esto hace que sus derechos se vean especialmente vulnerados. Ellas realizan el 76% de los trabajos domésticos no remunerados, lo que redunda en que tengan una doble jornada laboral. Una de estas jornadas es no paga,pero tiene grandes costos en términos de las posibilidades para estas mujeres de acceder a empleos de tiempo completo o desarrollarse económicamente. Estas variables no forman parte del imaginario de la economía mainstream o de los ideólogos reformistas, dejando de lado un factor que explica gran parte de los problemas de empleo que enfrenta hoy el 42% de la fuerza de trabajo del país.

El trabajo es una relación social, y quienes lo entendemos de este modo pensamos que la discusión en torno a la precarización afecta no solo al “mercado de trabajo“, sino también a nuestras relaciones sociales. La precarización laboral es la precarización de la vida, y por eso es que necesitamos incorporar otras dimensiones a este debate.

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