Una reforma laboral que amplifica la desigualdad de género
Las mujeres no están sentadas a la mesa de negociación de la reforma laboral (en ninguno de los lados del mostrador), ni aparecen sus problemas de empleo y precarización enunciados siquiera en el texto del proyecto. La comunidad LGBTIQ tampoco está incluida en las discusiones que tendrán los funcionarios públicos, sindicatos y el gobierno en torno a las condiciones de empleo que se están proponiendo para los próximos años.
Las mujeres sufren mayores niveles de desempleo (superan el 10%) y precarización laboral, ganan en promedio un 27% menos que sus pares, brecha que se amplía para quienes están precarizadas alcanzando un 40%. Si además consideramos que el 60% de lxs desocupadxs son jóvenes menores de treinta años y, que entre ellxs la mayoría son mujeres (en algunas provincias superan el 25% de desempleo), el panorama no puede ser más desolador. Sin embargo, en el documento borrador que circuló en los últimos días no se observa ningún tipo de reflexión en torno a esta posición desigual de las mujeres en el mercado de trabajo. Incluso, por el carácter mismo de la reforma, se omite al personal de casas particulares, que constituye casi el 20% de las trabajadoras ocupadas y que son quienes sufren los mayores niveles de informalidad y los salarios más bajos de la economía. Las travestis y personas trans, cuyos niveles de inserción laboral son dramáticos, y donde los escasos estudios que hay sobre ellxs muestran que tan solo el 1% de esta población consigue un empleo formal, tampoco tienen un apartado o línea especial que dé cuenta de la situación. A su vez, la definición de trabajo que aparece contenida en el texto no solo iguala a trabajadores y empleadores, como si no hubiese relaciones de fuerza de por medio, sino que además deja de lado el conjunto de los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados, que son la clave de la desigualdad de género. Estas variables que no se consideran a la hora de pensar una reformulación de las condiciones de empleo hacen que la desigualdad solamente se siga reproduciendo y ampliando.
Las propuestas que se encuentran en la reforma laboral presentada por el gobierno incluyen varios elementos que van en contra de los derechos de lxs trabajadorxs. El primer párrafo del documento borrador deja en claro el objetivo: “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas innovadoras, eficientes y competitivas”. ¿Cuáles son los mecanismos regulatorios o distorsivos? ¿En qué consiste la eficiencia y competitividad? La respuesta es bastante simple: se trata de bajar costos laborales y debilitar el poder de los sindicatos. El reduccionismo deja mucho que desear. No se problematizan las condiciones actuales de ocupación, en un país en el cual hace seis años que no se crea empleo ni tampoco se hace referencia al futuro del trabajo en un mundo que tiende a mayores niveles de desempleo producto del avance de la automatización. Se eluden problemas estructurales como el hecho de que la mitad de lxs niñxs viva en hogares pobres y la incidencia que tendrá esta situación en su acceso al mercado de trabajo, por solo mencionar algunos de los tantos tópicos sobre los cuales podríamos estar debatiendo.
El problema de la precarización laboral es una cuestión central en la estructura productiva argentina. Se estima que hay unos 5.7 millones de trabajadores informales (dato EPH, 1er trimestre 2017), quienes representan más de un tercio de lxs trabajadorxs totales. En el Noroeste, la informalidad laboral alcanza el 40%. Las experiencias anteriores de reforma para “incentivar la formalización” a través de descuentos a las patronales no han tenido éxito. Al mismo tiempo, se habilita una especie de puerta giratoria: se puede contratar más fácilmente así como despedir sin mayores costos. La reforma reduce la base sobre la que se calculan indemnizaciones por despidos, propone no pagar horas extras a partir de la generación de un banco de horas, permite la modificación de los contratos por parte de los empleadores y cambia las condiciones en las que el empleador puede decidir discontinuar o constituir un contrato. A su vez, la creación de figuras de trabajadorxs independientes y algunas líneas destinadas a debilitar a los sindicatos trasluce la intención de ir en contra de las negociaciones colectivas. En todo caso, incluso podríamos pensar en que se estarían legitimando nuevas formas de precarización. Los números, que parecen ser la obsesión de muchos, mejorarían en las apariencias aunque las condiciones laborales en sí mismas no mostrarían grandes avances.
En el único apartado en que aparece algo que podríamos retomar desde la perspectiva de género, es el de la licencia por paternidad, la cual se extiende de dos a quince días. Sin embargo, en el marco de una reforma que no contempla el trabajo doméstico no remunerado, que no se propone implementar un sistema de cuidados o brindar herramientas para conciliar la vida familiar y laboral de lxs trabajadorxs, ese aumento tiene gusto a poco y nada. Solo uno de cada dos trabajadores podría acceder a estos beneficios. Por otro lado, los bancos de horas, que se plantean como un recurso flexible en el que los trabajadores pueden acumular jornadas de diez horas un día y luego compensar con seis horas otro día, es una fórmula que atenta no sólo con el pago de horas extra, sino también va en contra de las demandas de jornadas compatibles con las responsabilidades hogareñas de las personas, sobre todo de las trabajadoras mujeres, sobre las cuales recaen asimétricamente los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados.
La perspectiva con que se está abordando esta reforma laboral tanto desde el oficialismo como desde las críticas es sumamente neoclásica (en términos de las perspectivas de teoría económica). Esto es, se entiende al trabajo como un elemento que se desenvuelve en medio de las fuerzas de oferta y demanda, como algo que hay que equilibrar en un eje cartesiano o cuadrito de Excel. Además, rige la vieja idea de la teoría del derrame: si a los empresarios les va bien,entonces los trabajadores estarán mejor. Esas ideas ya mostraron muchas veces que distan de la realidad. En Francia o Brasil, las reformas que se han llevado adelante reproducen las mismas limitaciones. A nivel mundial el futuro del empleo es una incógnita mientras avanza la automatización a pasos agigantados y con ella el desplazamiento de sectores enteros que no encuentran la manera de reinsertarse en el tejido productivo. La respuesta de estos gobiernos, anacrónica y que nos remite a épocas anteriores, es la flexibilización bajo el lema de “bajar costos” y avanzar sobre los derechos de lxs trabajadorxs. Esto no solo es injusto o antiobrero, sino que además no ha dado resultados. Es un parche de corto plazo que no vislumbra soluciones a un problema que solo promete empeorar.
El otro aspecto que no aparece en la discusión pública en torno a la reforma laboral es el hecho de que las mujeres están en una situación desigual en el mercado de trabajo, y esto hace que sus derechos se vean especialmente vulnerados. Ellas realizan el 76% de los trabajos domésticos no remunerados, lo que redunda en que tengan una doble jornada laboral. Una de estas jornadas es no paga,pero tiene grandes costos en términos de las posibilidades para estas mujeres de acceder a empleos de tiempo completo o desarrollarse económicamente. Estas variables no forman parte del imaginario de la economía mainstream o de los ideólogos reformistas, dejando de lado un factor que explica gran parte de los problemas de empleo que enfrenta hoy el 42% de la fuerza de trabajo del país.
El trabajo es una relación social, y quienes lo entendemos de este modo pensamos que la discusión en torno a la precarización afecta no solo al “mercado de trabajo“, sino también a nuestras relaciones sociales. La precarización laboral es la precarización de la vida, y por eso es que necesitamos incorporar otras dimensiones a este debate.