Tiempo de ajuste
El debate por las tarifas en el Senado fue el telón de fondo de una disputa que comienza a delinear el escenario para 2019. No estaba en juego el valor de la electricidad ni el gas, sino un primer tanteo entre oficialismo y oposición en el que el usuario y las provincias tenían poco y nada que ver. Un juego del gato y el ratón entre Cambiemos y el peronismo, en todas sus variantes, en el que ninguno perdió del todo.
Las encuestas revelan que el presidente Mauricio Macri salió mejor parado de la contienda, porque más allá del descontento por las tarifas, la sociedad cree que la oposición “no le está dando gobernabilidad”. No es poco, en momentos en que la imagen del Presidente está en sus peores niveles y los modelos “espejo” hacen agua.
En Brasil, Michel Temer pasa su peor momento con políticas de ajuste similares a las aplicadas en la Argentina, que desataron la furia de los camioneros que paralizaron el país. Su socio político, Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados e impulsor del impeachment a Dilma Rousseff fue condenado a 24 años y diez meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y violación de secreto funcional en la megacausa LavaJato, que tiene salpicaduras con varias empresas constructoras en la Argentina.
Del otro lado del océano, la caída de Mariano Rajoy en medio de un escándalo por corrupción en España significó un duro golpe para Macri, que hace poco tiempo lo puso como “ejemplo” a seguir. La justicia española estableció en una sentencia la semana pasada que en el Partido Popular de Rajoy funcionó durante años una contabilidad paralela en dinero negro procedente de donaciones de empresarios, y condenó a varios de los antiguos responsables de la formación política. Se trataba de una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el PP en diversas partes de España. Lo lograban a cambio de sobornos a los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos e incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones del propio PP, según la Justicia española. Un LavaJato a la europea.
En la pulseada por las tarifas, el panperonismo logró demostrar que la unidad no es tan descabellada si el objetivo es recuperar poder -o porciones-.
Nunca estuvo en disputa frenar el aumento de tarifas, ya que se sabía de antemano que el Presidente iba a vetar cualquier iniciativa en ese sentido y el proyecto opositor tenía fallas insalvables, como la falta de propuesta de financiamiento y la conculcación de derechos adquiridos por parte de las distribuidoras eléctricas.
Por eso, buena parte de los gobernadores decidió correrse de la puja. No es que, como pretendió Macri, estuvieran de acuerdo con el nivel de los aumentos, sino que, en el marco de la “gobernabilidad”, advertían que no es el Congreso el que debe fijar el valor de las tarifas, facultad del Ejecutivo. Tampoco aceptaban la propuesta “alternativa” que hizo Macri a las apuradas de reducir el IVA a las tarifas. La generosidad era con billetera ajena y redundaría en una mayor desfinanciación de las arcas provinciales, ya que se trata de un impuesto coparticipable.
¿Conclusión? Las tarifas siguen estando por las nubes, los usuarios seguirán pagando caro y el Gobierno mantiene firme su política económica. “Los argentinos no quieren volver hacia atrás”, esgrime el Presidente, con la grieta como arma. La figura de Cristina es una herramienta de contraste, pero cada día con menos efectividad.
“Aplicar la ley significaría suspender la Asignación Universal por Hijo por el resto del año”, argumentó Macri, ofreciendo una única falsa opción.
Hay otros muchos lugares donde el Estado puede echar mano para cubrir el déficit que no sea el mínimo ingreso de chicos y adolescentes o por lo menos para recuperar ingresos que achiquen el rojo financiero.
En cualquier caso, ofrecer esa única alternativa a menoscabar la rentabilidad de las empresas eléctricas, revela qué es lo que privilegia el Gobierno. Las tarifas eléctricas aumentaron exponencialmente desde 2015, muy por encima de los índices salariales y de la inflación. La asignación universal se licúa por la suba de precios y la devaluación.
La pérdida de poder adquisitivo va de la mano de una enorme transferencia de recursos desde los sectores bajos y medios hacia las grandes empresas eléctricas con una mejora sustancial en su rentabilidad.
Es en los resultados económicos donde más se concentra la desilusión de la sociedad. Un estudio de la consultora Gustavo Córdoba & Asociados revela que la inflación es la principal preocupación de los argentinos, con un crecimiento de seis puntos porcentuales respecto a mayo y que el 45,3 por ciento advierte que la situación económica estará peor dentro de un año.
El impacto de las políticas económicas se siente más, paradójicamente, en el sector medio, base electoral de Cambiemos. a diferencia de la clase baja, que todavía mantiene programas sociales y un bajo nivel de consumo, son familias que perdieron subsidios -servicios, transporte, combustible- y deben pagar mucho más para sostener un nivel de vida cada más caro producto de la inflación que no detiene su marcha y que volverá a tomar envión después de la última corrida contra el peso. La pérdida de poder adquisitivo, vía devaluación, llega al 56 por ciento en los últimos doce meses.
El bolsillo y la heladera no suelen mentir. Son más sinceros que las convicciones políticas.
“No existe una solución alternativa a que cada uno pague la energía que consume”, defendió el Presidente, planteando nuevamente una falsa dicotomía.
No se pone en dudas que hay que pagar lo que se consume. Lo que se pone en cuestionamiento es el elevado valor que hoy tiene lo que se consume –y que seguirá en aumento-.
Es una forma elocuente de tomar partido. Es ideológico, un modo de pensar que excede al Presidente. “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”, se preguntó, lacónica, María Eugenia Vidal. “Todos los que estamos acá”, hace a un sentido de pertenencia: jóvenes del Rotary reunidos en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde pocos entran.
Una mirada de clase en la que los derechos son innecesarios si son de los otros. Una mirada de clase que encuentra muchos adeptos, especialmente entre aquellos que nunca necesitaron de una mano. Algo así como: “El pobre es pobre y nunca saldrá de esa condición”. O, ¿para qué tantas universidades si no se garantiza calidad? Van algunas respuestas. Quizás nunca llegaron porque nunca tuvieron acceso. ¿Cómo medir calidad en universidades con un par de años de funcionamiento? Los datos oficiales contradicen a Vidal, entre 2008 y 2015 la matrícula en universidades nacionales en el quintil más pobre del Conurbano bonaerense creció 47 por ciento, y el quintil siguiente, creció un 95 por ciento. El quintil de más altos ingresos creció 21%, y el que le sigue en ingresos, creció un 28 por ciento. Buenos Aires tiene 22 universidades nacionales públicas. De ese total, diez fueron creadas en los últimos 15 años durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
En tiempos de ajuste, cualquier “gasto” de “los otros” es innecesario. La necesidad de mostrar señales se hace urgente en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Las tarifas son parte de esa señal de “fortaleza” que va dirigida a los mercados. El recorte de “gasto” público es otra premisa pedida por el Fondo.
El superministro Nicolás Dujovne anunció un paquete de ajuste enfocado sobre los “privilegios” de los empleados públicos. “A todos nos va a doler un poco”, dijo, compungido. No serán todos.
Se recortarán viáticos, horas extra y premios de los empleados públicos. Se prohibirán los choferes 24 horas y los vuelos en clase ejecutiva para los que no tengan rango de ministro y se realizarán ajustes de “funcionamiento” para ahorrar entre el 15 y 30 por ciento en todos los ministerios. Por ahora nada cercano al recordado 13 por ciento, pero con la misma finalidad. Con esto, se pretende ahorrar unos 20 mil millones de pesos. Suena a mucho. No lo es tanto. Es apenas el tres por ciento del déficit fiscal y uno por ciento del gasto total. A ese ritmo, el déficit seguirá siendo eterno.
Se apunta a cumplir con una de las demandas del FMI: congelar ingresos al Estado durante 24 meses y más despidos en empresas públicas, pese a que el empleo público es hoy más elevado que en 2015.
El decálogo anunciado por Dujovne -imitado por Federico Sturzenegger en el Banco Central, que reducirá el sueldo de los 20 choferes que trabajan para la entidad monetaria-, tiene como paradoja revelar que “el cambio” nunca pasó por recortar el gasto. “Los privilegios del sector público se tienen que terminar”, dice, ahora, al mismo tiempo que revela que pasaron más de dos años sin tocar ningún “privilegio”.
Las “medidas” de apuro contrastan con las decisiones tomadas en Misiones como modelo de gestión. La Provincia está entre las cinco con menor cantidad de empleo público por cada mil habitantes y en 2016 el gobernador Hugo Passalacqua firmó el decreto para congelar el ingreso a la planta del Estado, salvo en las áreas esenciales, como Educación, Salud y Seguridad.
El contraste se extiende si se amplía la mirada al estado de las cuentas públicas. A diferencia de la Nación que aumenta su déficit por exceso de gastos y endeudamiento, Misiones dejó de endeudarse desde 2003 y en 2017 recuperó un superávit operativo superior a los 2.500 millones de pesos. Son pocas las provincias que pueden exhibir esos resultados.
La diferencia de modelos es evidente. Lejos de la deuda y la especulación, Misiones mantiene una obsesión por generar empleo y potenciar la economía local. Ese modelo, incipiente, bautizado misionerismo, tiene la ratificación en las urnas cada vez que es momento de elegir. El viernes hubo una elección de las ligas menores, pero que fortalece una forma de ver la política: los candidatos renovadores se impusieron en las elecciones de consejeros de la Rama Pasiva del Instituto de Previsión Social por el doble de votos de la lista apadrinada por el puertismo y Cambiemos.
Passalacqua eligió una frase que distingue a la tierra colorada del mapa nacional: “Misiones, chiquita, marginal, es la única provincia que logra traer una inversión genuina, cuando la timba financiera está en la tapa de todos los diarios”, dijo el jueves al presentar el plan de luminarias Leds que se pondrá en marcha con la fábrica polaca Lug, que comenzará a producir en un mes en el Parque Industrial de Posadas.
“Lug es una firma polaca que no fue a otro lugar del país, vino acá, porque ellos observaron que el misionero tiene una estirpe especial en sus ganas de trabajar y progresar”, señaló Passalacqua.
“Esto es producto de que nuestra provincia tiene una característica especial. Siempre pensamos desde la Renovación que el Estado provincial tiene que estar presente”, dijo Passalacqua, al tiempo que pidió valorar que esto se da en días de mucha dificultad, cuando el país está en una situación complicada y por supuesto, la provincia también”.
“Misiones no va a parar de crecer por más crisis que haya, no va a parar…y eso es mérito de la gente, mérito de una conducción política, mérito de nuestras ideas, de nuestras convicciones de que hay que estar cerca de la gente y trabajando a destajo, fuera de hora, 24 sobre 24…esa es nuestra actitud. Cuesta mucho juntar la plata, le cuesta al municipio y a la Provincia también le cuesta mucho; y sin embargo lo hacemos, porque la actitud es ir hacia adelante, a veces con pasos largos, a veces con pasos cortos; pero la dirección que tiene el misionero y este modestísimo espacio político es ir siempre hacia adelante; no importa el largo del paso, lo que importa es la dirección del paso. En este marco de dificultades donde algunos discuten el pasado, nosotros tratamos a veces con éxito, a veces no, tener siempre políticas proactivas, políticas públicas hacia adelante”, manifestó.
